Imparable, la guerra mafiosa entre mototaxistas y taxistas por el lucrativo negocio...

Imparable, la guerra mafiosa entre mototaxistas y taxistas por el lucrativo negocio del pésimo transporte urbano de pasajeros, que tan mala imagen ofrece en el Estado más turístico de México

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A finales del pasado agosto, un video grabado en Playa del Carmen le dio la vuelta al mundo. En él se observa a un grupo de taxistas amenazando al conductor de un mototaxi. De pronto, otro grupo de presuntos choferes –con más pinta de matones que de tales- llega en un vehículo particular y arroja una bomba molotov a la unidad de tres ruedas. El vehículo se incendia sin que la autoridad policial tome cartas en el asunto. “No fuimos nosotros, pero queremos dejar en claro que no los vamos a tolerar”, amenazaron, más tarde, los líderes sindicales de los taxistas, aludiendo al hecho criminal, y añadiendo que cada vez más mototaxis operan en las barriadas y vecindarios más alejados y empobrecidos de las principales ciudades de la entidad, lo que merma sus ganancias hasta en un 30 por ciento. Sin embargo, y aunque bajo muchas restricciones, la nueva Ley de Movilidad abre la puerta a este tipo de transporte, lo que podría cambiar las reglas de un juego que cada vez se vuelve más lucrativo y disputado gracias al incontenible y caótico crecimiento urbano y a la falta consecuente de todo tipo de servicios fundamentales, entre ellos de vehículos y camiones de transporte colectivo. Como siempre, quienes más ganan son los concesionarios de los mototaxis, entre quienes se encuentran, por ejemplo, expresidentes municipales como Juan Manuel Parra López y Gabriel Carballo Tadeo, de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, respectivamente, quienes aprovecharon su posición de poder como alcaldes serviles al entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso, para asignarse a sí mismos‘permisos municipales’ a sabiendas de que la Sintra tolera este servicio en sus demarcaciones, pese a que las unidades son inseguras, sobre el argumento –válido- de que son más económicas y útiles para los usuarios pobres en distancias cortas (y, acaso, el de que las otras unidades no se caracterizan precisamente por la pericia, la buena conducta y la responsabilidad de sus conductores, y de que tan mafias toleradas por la autoridad pueden ser las unas como las otras, en ciudades que se colonizan y se extienden en arrabales ingobernables y sin ley, donde los planes de ordenamiento son documentos de burla y las autoridades municipales lo son sólo para hacer negocios con la ilegítima investidura que portan). En las ciudades turísticas de mayor crecimiento en el país, como las del Caribe mexicano, el transporte urbano de pasajeros sigue estando controlado por bandas gremiales que operan como el crimen organizado; y es por eso,por la facilidad del acceso a las drogas, y por la violencia y la inseguridad que ese mercado y la corrupción institucional promueven, que cada vez más turismo adicto y de la peor clase global es el que se sigue animando a llegar al Estado, y por lo que en el Estado caribe las ciudades se degradan al ritmo en que lo hacen sus medios natural y social, a pesar de contar con uno de los ámbitos más ricos en recursos para el aprovechamiento económico, el bienestar y el desarrollo humano.

Armando Galera

El video, grabado el pasado 22 de agosto, dura menos de un minuto. En el principio se puede observar a un par de taxistas advirtiendo a un conductor de mototaxi con que “o se van a chingar a su madre o se van a joder”. Los testigos, vecinos de la Avenida Azulejos, gritan a los agresores que dejen trabajar al agredido y a sus compañeros de gremio.

De repente, tres sujetos llegan en un vehículo de color blanco y arrojan una bomba molotov al vehículo de tres ruedas, incendiándolo en el acto. Huyen enseguida, auxiliados por otro par de taxis que les facilitan el paso. Quienes estaban en el lugar identifican como taxistas a los incendiarios o pistoleros de la organización criminal.

Lo ocurrido fue apenas dos semanas después de que alrededor de 80 mototaxis comenzaran a brindar el servicio en el Fraccionamiento Villas del Sol, uno de los más poblados de la ciudad de Playa del Carmen, ‘urbe’ que sigue los pasos de la anarquía poblacional, la ingobernabilidad y la violencia de Cancún, del mismo modo que, detrás de ella y al mismo ritmo, lo hace Tulum, con un mercado de drogas accesible a cualquier hora y en cualquier parte, y guerras, entre las bandas que se lo disputan, cada vez más cruentas, inhumanas y atizadas por la complicidad de los mandos policiales y la inmovilidad o la complacencia de las autoridades políticas.

Muchos de sus habitantes celebraron la llegada de la alternativa de los mototaxis, pues significa un servicio de transporte barato (entre 10 y 20 pesos) que pueden costear fácilmente. Las autoridades de la Secretaría estatal de Infraestructura y Transporte (Sintra), por su parte, señalaron que las unidades de tres ruedas son inseguras e ilegales, y que no serían toleradas en esa ni en ninguna otra parte del Estado.

Los taxistas, por su parte, amenazaron con la ‘guerra’ a todo aquel que significara una competencia a su monopolio, una industria que opera con las leyes del crimen organizado porque está inmersa, también, en los negocios del crimen organizado, y puede, por eso, amenazar y atacar con entera impunidad y al amparo de las autoridades.

Las mafias sindicales de taxistas amedrentan y cumplen sus promesas de escarmiento. En los últimos tres años se han registrado choques de diversa intensidad entre los gremios de taxistas y mototaxistas, principalmente en los Municipios de Solidaridad y Benito Juárez, donde incluso sus ‘choferes’ han sido heridos por armas de fuego.

De acuerdo con la información oficial, tan sólo en Cancún, por ejemplo, desde 2016 se tiene conocimiento de ocho altercados y sucesos sangrientos en los lugares donde los mototaxistas han ingresado y se han atrevido a operar contra las advertencias: Villas del Mar, Casas del Mar, Villas Otoch Paraíso, Las Palmas, Prado Norte, Paseos del Mar y Urbi Villas.

Sus tarifas oscilan entre los 10 y los 20 pesos, aunque sólo pueden circular dentro del fraccionamiento donde operan. Aún así, su bajo costo les permite competir fácilmente contra la tarifa de 35 a 40 pesos de los taxistas, quienes alegan que esta modalidad les hace perder el 30 por ciento de sus ganancias.

De acuerdo con William Conrado Alarcón, titular de la Sintra, a pesar de que es su dependencia la que otorga la facultad de este servicio, los Ayuntamientos se encargan de dar permisos temporales para la utilización de mototaxis, aunque carecen de validez.

¿Violan la ley los Municipios, entonces?; pues no, porque son autoridades legalmente constituidas. Lo que ocurre es que no hay vigilancia ni sanción ni controles legislativos ni judiciales a propósito de las fronteras constitucionales. Se llama ingobernabilidad, y sobre ese territorio de nadie se produce toda suerte de excesos justificados como lícitos, democráticos y soberanos.

Como ocurre en los tan politizados gremios del transporte, todos ellos se han regido desde el principio por los usos y costumbres de sus relaciones con los poderes políticos estatal y municipal; una historia de contubernios, de vicios y de nexos de corrupción, donde la política partidista ha acudido a sus clientelas transportistas, y las clientelas transportistas han sido pagadas con todo género de concesiones y prebendas ‘vitalicias’ de los jefes en turno de la política partidista.

Ilegales, tolerados, y próximamente regulados

“La entrega de permisos temporales a los mototaxis en algunas Alcaldías de Puerto Morelos y Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres, no significa que está regulado este tipo de servicio en el Estado”, señala en entrevista con este semanario el titular de la Sintra, William Conrado Alarcón.

“No vamos a otorgar concesiones para que los dueños de mototaxis puedan operar en las ciudades del Estado, porque la ley lo prohíbe. Se trata de un servicio que tradicionalmente es tolerado en las zonas rurales, pero que en las ciudades, por el tráfico, pone en riesgo a los usuarios y a terceros”, expresó.

Añadió que desde 2016 han realizado operativos para decomisar tales unidades, y que hasta el momento mantienen en el corralón a 27 de ellas, las cuales no han sido reclamadas por sus dueños. (Y aunque no lo refiere el entrevistado, es seguro que no las reclaman porque las multas que se deben pagar por ellas pueden ser más altas que el costo mismo de los vehículos.)

Sin embargo, aún existe una esperanza para salvar el servicio de los mototaxis. Porque, de acuerdo con William Conrado, con la Ley de Movilidad se impusieron medidas de control para este tipo de servicios públicos de transporte, además de la reglamentación que señale el nuevo Instituto de la Movilidad.

“Los sindicatos de mototaxistas, para ser autorizados, deberán pasar por una estricta evaluación y estudios a cargo del Instituto, tanto para los conductores como para sus unidades, por el riesgo de no cumplir con todos los lineamientos establecidos”, dice.

Claro que esta posibilidad de competencia, por vigilada y restrictiva que sea la operación del transporte motorizado de tres ruedas, no cayó nada bien a los sindicatos de taxistas, que siempre han defendido con fiereza y sin menoscabo de la violencia, a su monopolio. Durante todo el proceso de creación y aprobación de la nueva Ley de Movilidad, sus dirigentes no sólo se negaron a la posibilidad de permitir la entrada de Uber y otras empresas similares y alternativas de transporte al Estado, sino que también se han negado tajantemente a la regulación de los mototaxis.

Un lucrativo servicio que crece voraz y velozmente

Desde 2013, el número de mototaxis se ha incrementado de manera exponencial, principalmente en la Zona Norte de la entidad, al ritmo del crecimiento de la inmigración, de la colonización, de la irregularidad, de la marginalidad y el precarismo, y por tanto de la demanda, del rezago y de la falta de todo tipo de servicios, entre ellos, claro, el del transporte, y sobre todo del transporte a la medida de las posibilidades de ingreso de la expansiva pobreza.

Tan sólo por citar un ejemplo, durante ese año se tenía conocimiento de la existencia de 120 de dichas unidades en Benito Juárez. En el corte de mayo pasado, su número se había incrementado a 450. Tal es la consecuencia del ritmo frenético de la colonización de la miseria y de la carencia absoluta de programas y políticas poblacionales, fiscales, ambientales, urbanas y de seguridad, para contener y ordenar la demografía con criterios de sustentabilidad, de viabilidad, de convivencia social y de consideración de las garantías constitucionales primarias y de los derechos humanos.

En Solidaridad, los mototaxis no rebasaban las 20 unidades en 2014, y su circulación estaba limitada a las periferias de Playa del Carmen, la cabecera municipal. Otro centenar de estos vehículos fueron ‘tolerados’ por la Sintra y el Gobierno municipal para operar en la Delegación de Puerto Aventuras, ante la falta de otras opciones de transporte.

Hoy, casi 200 mototaxis circulan en Playa del Carmen, principalmente en las colonias más alejadas, y se espera que ingresen otras 250 unidades para el Fraccionamiento Villas del Sol, uno de los más poblados de la ciudad.

 En 2013 existían siete organizaciones de servicio de transporte de moto en todo Quintana Roo, con 320 miembros registrados, de los cuales más de la mitad estaban en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

Pero para septiembre de 2016 ya había 16 organizaciones -la mayoría afiliadas a la CROC- y más de tres mil 400 miembros. El mayor incremento se registró en los últimos dos meses del Gobierno de Roberto Borge, cuando la administración estatal y las municipales de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad elevaron el número de dichas unidades, como pago de favores políticos y gratificaciones al servilismo a partir de ‘ingresos extras’.

En José María Morelos, por ejemplo, a los cuatro sindicatos y las dos cooperativas ya existentes (con 33 socios cada una) se les sumaron cinco sindicatos más de junio a agosto de 2016, hasta hacer un total de 449 motos, lo que significó un aumento de 250.

Al expresidente municipal de esa demarcación, Juan Manuel Parra López, se le adjudican 15 concesiones de taxi y al exsíndico Rodolfo Poot Pat otras 10, y el exsecretario general de la Comuna, Alejandro Flota Becerra, cuenta con ocho “permisos municipales” para operar igual número de unidades.

En Felipe Carrillo Puerto, ocho personas, integrantes de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos de Quintana Roo (CIOAC), controlan 268 de las 690 unidades de mototaxis que operan en el Municipio, la mayoría en las comunidades rurales. Se sabe que la mayoría pertenece a exfuncionarios de la administración del expresidente municipal Gabriel Carballo Tadeo, pues en su último mes de Gobierno -septiembre de 2016- aprobó el aumento de 320 vehículos.

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