Impune, la casi totalidad de los delitos ambientales en Quintana Roo cometidos...

Impune, la casi totalidad de los delitos ambientales en Quintana Roo cometidos por la corrupción pública y empresarial durante su corta historia turística, y que lo tienen en una encrucijada irreversible

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“Cancún es un ejemplo mundial de que con una maleta llena de dinero puedes devastar las áreas naturales para construir un hotel de lujo y quedar impune”, afirma el director general del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, Salvador Muñúzurri, quien en entrevista con este semanario explica que ni siquiera el 3 por ciento de los delitos ambientales cometidos en el Estado durante los últimos 10 años han sido castigados. Y tan absoluta impunidad –sobre la que el dato referido de una década sólo es una muestra de todos los tiempos de la historia turística de Quintana Roo, de apenas menos de medio siglo- no es más que la continuidad invicta de una corrupción política y empresarial omnímoda, simbiótica y casi sin excepciones, que en tan poco tiempo ha patrocinado todo género de catástrofes urbanísticas, ecológicas y ambientales, en uno de los entornos bióticos de todo el planeta más ricos, más frágiles y más vulnerables y susceptibles al crecimiento económico y poblacional descontrolado –como el de las urbes turísticas y de mayor desmesura demográfica e inmigración indigente que más crecen en el mundo entero-, hasta poner por fin, en un punto de quiebra terminal, la sustentabilidad y la viabilidad integral del ya nada promisorio Caribe mexicano.Porque empezando por Cancún –cuyas inversiones siguen arrasando manglares y áreas ecológicas prohibidas, y los planes de ordenamiento ecológico y territorial siguen moviéndose según los intereses inversores y los de sus sociedades de negocios con el poder político-, su marginalidad, su insalubridad y su descomposición biológica y social no parecen tener término, y sus límites conurbados con el Municipio de Isla Mujeres se siguen llenando de asentamientos irregulares precaristas al mismo ritmo en que se multiplican las firmas hoteleras depredadoras con la complicidad de los funcionarios de ocasión de todos los niveles de Gobierno que debieran impedir esa devastación de los ámbitos naturales y los equilibrios ambientales. Cancún es la negación absoluta del discurso fundacional de sus creadores, el de una ciudad integralmente planificada y sustentable, cuyo pernicioso ejemplo han seguido Playa del Carmen y Tulum –y apenas en su incipiente incorporación a la actividad turística, también Bacalar-, una Riviera Maya donde sus grandes empresarios turísticos extranjeros hacen a sus anchas lo que en sus países tienen prohibido o les costaría la cárcel realizar.Hace 45 años que Cancún fue fundado como un centro turístico de bajo impacto, pero hoy su zona hotelera está sobredensificada, y saturada hasta el colmo, también, su zona urbana, por todo tipo de áreas habitacionales masivas, arbitrariamente construidas y sin municipalizar; congestionada por irremediables atrofias viales y paralizada por la movilidad urbana más lenta e imposible del país. El “Centro turístico integralmente planificado”está sobreexplotado y con el riesgo de perder todas sus riquezas y atractivos naturales en los próximos quince años (la Riviera Maya 10 años después), descontando que ya sus dunas costeras fueron abatidas y sus playas son artificiales, que la abundancia de sus humedales hace muchos años que es historia –como lo son sus áreas naturales de descarga de aguas urbanas y los accesos al mar-, y que su acuífero está en gran medida contaminado. La devastación del Malecón Tajamar y más recientemente del predio donde se construirá el Hotel Gran Solaris Cancún, provocaron la indignación de cientos de activistas, quienes se movilizaron para interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República con el fin de detener ambos desarrollos, pero hasta el momento ninguno de los responsables ha sido llamado a comparecer, y difícilmente lo harán, pues éstos han aprovechado la discrecionalidad con la que el Ayuntamiento de Benito Juárez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno federal, entregan cambios de usos de suelo, licencias de construcción y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) al mejor postor. El Programa de Desarrollo Urbano, que en teoría debe impedir que los hoteles sobrepasen los pisos permitidos, se construyan en áreas naturales protegidas o tapen accesos al mar, es modificado de acuerdo con la entera conveniencia de las autoridades municipales en turno, que siempre estarán dispuestas a permitir la destrucción de especies protegidas y la ruina total de los espacios urbanos saludables para la convivencia humana, a cambio de recibir los millones de dólares de los inversionistas, casi todos por fuera de las arcas públicas.

Impune, la casi totalidad de los delitos ambientales en Quintana Roo cometidos por la corrupción pública y empresarial durante su corta historia turística, y que lo tienen en una encrucijada irreversible

 

Armando Galera

“En la última década fueron iniciadas 687 averiguaciones previas federales en Quintana Roo (una cada cinco días en promedio) por temas que van desde relleno de manglar, hasta devastación de áreas naturales protegidas. Sin embargo, sólo se ejerció acción penal en 25 casos y todos los responsables salieron libres bajo fianza”, dice Salvador Muñúzurri, director general del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA).

Refiere que ese desastre se debe a tres razones principales: primera, la obvia corrupción que permea entre las autoridades locales; segunda, la falta de una ley de responsabilidad ambiental que permita detener, reparar o compensar el daño provocado al medio ambiente; “y, por último, y derivada de esta ausencia de una regulación que establezca reglas claras, existe una disparidad de criterios entre los jueces para consignar averiguaciones previas por delitos ambientales”.

Añade queal no haber jueces federales especializados en delitos ambientales, por una parte, y existir, en cambio, entre los juzgadores, una diversidad de criterios, los expedientes no llegan a buen puerto. En un Estado se consigna un expediente y el juez libera la orden de aprehensión, pero en otro Estado, con un expediente idéntico, el juez la niega.

“Uno pregunta: ‘¿por qué aquí me la dieron y acá me la niegas, juez?’, y el juez responde que son los criterios de ese Circuito. Es en esa diversidad de criterios donde muchas veces se nos caen los asuntos. La repercusión de esto es que los delitos quedan impunes en Quintana Roo”, lamenta.

El paraíso de la depredación ambiental

Estosdías entrevistó a Miguel Ángel Nadal, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) estatal, sobre la situación en la Zona Norte del Estado, y sus declaraciones son todo lo contrario de alentadoras.

De acuerdo con el funcionario, Cancún fue fundado hace 45 años para ofrecerun destino de playas paradisiacas y bellezas naturales. Estaba destinado al turismo de alto poder adquisitivo y se planeaba un mínimo impacto ambiental.

“Pero por culpa de su propio éxito, Cancún pasó de ser una de las planeaciones más extraordinarias en América Latina a cargo del Banco de México y Fonatur, a un monstruo devastador de cadenas hoteleras: en estos 45 años ha perdido el 77 por ciento de sus selvas, el 64 por ciento de sus dunas costeras, y el 68 por ciento de sus humedales”, puntualiza.

Nadal explica que las playas, el principal atractivo turístico de Cancún, han disminuido en 97 por ciento, pasando de 308 mil 892 metros cuadrados de arena, a sólo 8 mil 243.

“Y esto no sólo como consecuencia de dos huracanes, sino más bien por la construcción de más de 100 hoteles sobre la duna costera y el relleno de manglares”.

La discrecionalidad y la permisividad para la liberación de cambios de usos de suelo y de licencias de construcción, así como de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), provocaron la sobreexplotación de Cancún, y es el mismo destino de la Riviera Maya, de Puerto Morelos a Playa del Carmen y a Tulum.

Sólo en los últimos 10 años, la zona de la Riviera Maya perdió 25 por ciento de su selva, así como el 30por ciento de sus zonas de playas.

De acuerdo con el funcionario estatal, de seguir esta situación se espera que a Cancún se le terminen todas sus riquezas naturales en los próximos 15 años y a la Riviera Maya en 25.

La voracidad de las cadenas hoteleras

La activista Fabiola Cortés ha denunciado en varias ocasiones la corrupción y opacidad que caracteriza a los procedimientos para otorgar las licencias de construcción, los cambios de uso de suelo y los permisos ambientales, lo que permite que los hoteles sobrepasen los pisos permitidos en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que se construya en espacios de áreas naturales protegidas, o se tapen los accesos al mar.

“Donde quiera que se mire sale esta situación de irregularidad en el otorgamiento de licencias de construcción. Muchos hoteles, incluso, hacen ampliaciones en su número de cuartos de manera ilegal, y en lugar de que el Gobierno exija cumplir con los lineamientos, simplemente colocan unos sellos de clausura por unas cuantas semanas, mientras aplican una sanción de unos cuantos miles de pesos”, sentencia.

Salvador Muñúzurri, de la CEJA, precisa por su parte que la devastación del área de Tajamar es un ejemplo claro de que en Quintana Roo no existe preocupación alguna por el medio ambiente.

La madrugada del 16 de enero de 2016, más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, en Cancún, protegidos por elementos de las policías municipal y federal, mientras alrededor de 20 activistas resguardaban el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de devastar.

En su momento, ciudadanos y activistas acusaron como responsables a quienes fueran entonces el gobernador Roberto Borge Angulo y el edil de Benito Juárez, Paul Michell Carrillo de Cáceres, de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y calificaron el hecho como un ecocidio. Hasta el momento, ninguna persona ha sido llamada a comparecer por este hecho, mucho menos ha pisado la cárcel.

También vale recordar que el 18 de diciembre de 2015, el Grupo RIU obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el permiso de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales para edificar 565 cuartos y 15 niveles de altura de obra, en Punta Nizuc, lo que impactaría negativamente en la zona, poniendo en riesgo un polígono vasto en recursos naturales, reservorio no sólo de manglar, sino de más de 230 especies de aves, reptiles, algas y vegetación marina, además de manatíes, tortugas y otras especies de sistemas costeros bajo régimen federal de protección o declarados en vías de extinción.

Hasta ese momento no había sido presentado algún proyecto arquitectónico para el predio de 2.9 hectáreas, una condición establecida en los contratos de venta del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en 2005 (el mismo año de la privatización de terrenos como los de Puerto Cancún, Tajamar, San Buenaventura y El Table, en el norte del polo turístico).

De acuerdo con lo dicho por Muñúzurri, todo fue posible porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Hotel RIU presentaba información falsa al omitir la presencia de manglar en el predio y señalar en su lugar la de selva mediana subperenifolia, con menor valor y no protegida, que no es el caso de los diversos tipos de mangle.

Actualmente, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizan una inspección en el predio donde se pretende construir el Hotel Gran Solaris, en el kilómetro 17 de la Zona Hotelera-es decir en la ventana al mar más importante de Cancún-, por presuntas irregularidades.

Se trata de la respuesta federal a las denuncias interpuestas por posibles daños ambientales durante las obras de delimitación del predio donde se construirá el hotel.

En el área sujeta a “inspección y verificación” se construirá el referido Hotel Gran Solaris Cancún, un proyecto turístico que consta de un edificio de 14 niveles, planta baja y sótano, con 449 habitaciones, una suite, lobby, sport bar, restaurantes, snack, alberca, teatro, kids club, juniors club, salones, spa, gimnasio, cancha deportiva multiusos, pool bar, pabellón de bodas y jacuzzi, todo ello distribuido en un lote con una superficie de 18 mil 844 metros cuadrados.

Una ley de responsabilidad ambiental pionera

“Por esta razón es necesario que Quintana Roo cuente con una ley de responsabilidad ambiental que permita detener, reparar o compensar el daño provocado al medio ambiente”, dice Muñúzurri, quien estuvo en Cancún en días pasados junto con el subprocurador jurídico de la Profepa, Gabriel Calvillo Díaz, precisamente para abordar dicho tema con la diputada panista Eugenia Solís.

En el encuentro enfatizaron que Quintana Roo es uno de los primeros cinco Estados del país con mayor número de delitos ambientales, principalmente en la Zona Norte. Prácticamente todo el tiempo somos testigos, dijeron, de problemas ambientales en Cancún.

“Esta propuesta de ley es pionera en muchos sentidos, pues contempla acciones encaminadas a la reparación del daño. Incluso abre la posibilidad de llegar a demoler la construcción que afecte al medio ambiente”, dice Muñúzurri.

Las autoridades federales han señalado que tal iniciativa no va a inhibir las inversiones en el Estado, sino que será puntual sobre lo que se puede hacer y qué está prohibido.

“Hoy sólo tres Estados cuentan con un ordenamiento enfocado a la responsabilidad ambiental: Tabasco, Ciudad de México y Michoacán. Si Quintana Roo logra trabajar en esta ley, los alcances serían enormes: por primera vez las autoridades locales podrán ser investigadas y sancionadas por aprobar programas de Desarrollo Urbano que dañen el medio ambiente, mientras que los jueces tendrán la capacidad de imponer sanciones más severas a las empresas que incurran en tal tipo de irregularidades, obligándolas a reparar el daño e incluso a demoler la construcción que hayan edificado”, dice el especialista a este semanario.

“Porque hasta ahora, es muy común que una empresa llegue, devaste una zona natural, y diga: ‘bueno, ya está dañada el área, ponme una sanción económica y déjame construir un hotel si ya no existe nada que lo impide’.

Pero con una ley de este tipo, si destruyen un área de manglar protegido, por ejemplo, además de la sanción económica te van a obligar a derribar cualquier edificación que hayas realizado, y además hacer todo lo necesario para recuperar el equilibrio ambiental. Así se lo van a pensar dos veces”, concluye.

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