Inaplazable reforma urbana

Inaplazable reforma urbana

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Signos

Hemos abundado en este espacio sobre el tema del caos y la ruina urbanas que ha significado la reforma federal del 83, a propósito de la autonomía y la autogestión municipales para el ordenamiento territorial.

El desorden y la expansión arbitraria de las ciudades ha sido la consecuencia de reformas constitucionales de ese tipo: politiqueras, retóricas y sin compromisos verdaderos con regulaciones de auténtico interés público y para el bien general.

Los Ayuntamientos se han convertido en parte fundamental de los más inescrupulosos negocios inmobiliarios. Alcaldes, funcionarios y regidores de las mayorías de los Cabildos participan de la ganancia privada que significa la colonización inmoderada, la urbanización de asentamientos irregulares, la autorización de múltiples y masivos fraccionamientos en zonas prohibidas, los cambios arbitrarios de uso de suelo y densidades de construcción, la ocupación de zonas críticas por su elevada fragilidad ecológica y sus peligros para la protección civil, y todas esas malformaciones que implican hacinamiento, saturación vehicular, contaminación, perturbaciones medioambientales irreversibles, agotamiento del hábitat de especies animales y vegetales, y descomposición terminal de la calidad de vida, de la cultura y de la convivencia humana civilizada.

Los negocios inmobiliarios promovidos desde las cúpulas de decisión municipal y con la complicidad de autoridades estatales y federales (planes de ordenamiento a largo plazo, por ejemplo, que duran lo que el interés inmediatista del siguiente Gobierno quiere), han sido y son culpables de la vertiginosa e incontenible conversión de las ciudades en sus antípodas estéticas y culturales: entornos de ingobernabilidad, de violencia, de envilecimiento espiritual y moral, de barbarie…

Las ciudades de apariencia más armónica y con una identidad histórica e idiosincrática más propicia para la solidaridad y la convivencia comunitaria, se han ido transformando en sitios cada vez más invivibles, conurbados y presas del descontrol inmigrante, la delincuencia y la inseguridad.

Y las urbes más grandes, de mayor poblamiento, más vulnerables a los fenómenos naturales de alto riesgo (terremotos, huracanes, incendios forestales…), y por tanto más necesitadas de controlesinstitucionales capaces de inhibir en ellas el crecimiento desmedido y patológico, y con ello la posibilidad de saldos catastróficos mayores y de víctimas que pudieran evitarse, siguen creciendo e incrementando su potencial de letalidad y de coexistencia social en el inframundo gracias a la incompetencia, la improvisación y la corrupción ilimitada de las autoridades que, en lugar de armonizar el poblamiento humano y el desarrollo urbano, hacen de la urbanización y la inversión inmobiliaria, la mejor fuente de ingresos particulares de su paso por la vida pública.

Y es así que las ciudades de mayor renta económica y social, como las industriales y las turísticas, terminan siendo las más peligrosas, las más inhabitables, las de mayor marginalidad y desigualdad, las menos solidarias y más inhumanas, las menos viables y más proclives al abatimiento terminal de sus recursos, como las de mayor inmigración indigente, las de mayor colonización irregular, las de mayor inseguridad pública y jurídica, las de mayor descomposición social, las de los mayores vicios y el mayor mercado de drogas, y, en general, las más ingobernables del país y de buena parte del mundo entero, como son las principales ciudades del Caribe mexicano, empezando por Cancún y Playa del Carmen, y siguiendo con Tulum y hasta con Bacalar -que empieza a crecer como un sitio turístico, pero fuera de todo ordenamiento urbano y medioambiental, es decir: al margen de todo principio de sustentabilidad; en un ámbito natural tan rico, tan frágil y tan indefenso frente a las presiones de la demografía y la falta de infraestructura sanitaria, como es todo el entorno del Caribe mexicano-.

Mucho turismo, mucho turismo de mala calidad, pésimas y corruptas e incompetentes administraciones municipales, y sostenida insolvencia fiscal y política para controlar la colonización y evitar el desbordamiento de todos los males del hacinamiento y la aglomeración.

Sí, habría que atacar la industria inmobiliaria y urbanizadora que enriquece de manera prohibitiva a empresarios constructores y turísticos, y a autoridades municipales cómplices y otras asociadas que destruyen, diría José Alfredo, ciudades y costumbres.

Pero emprender una reforma urbana estatal que acabe con esos negocios municipales puede encontrar trabas de inconstitucionalidad y otras resistencias locales, además de que una previsible transferencia de potestades republicanas difícilmente inhibiría una correspondiente transferencia de posibilidades de corrupción.

Pero lo cierto es que una reforma urbana que intente ordenar el crecimiento de las ciudades y evitar su desaforado y catastrófico gigantismo, es tan urgente, como cierto es que la destrucción ambiental, social y cultural de las urbes del Caribe mexicano parece tan avanzada como irreversible.

SM

eatosdias@gmail.com

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