Jan de Nul, empresa envuelta en escándalos internacionales de corrupción, sería...

Jan de Nul, empresa envuelta en escándalos internacionales de corrupción, sería cómplice de otro saqueo de recursos del Gobierno de Peña Nieto mediante el mismo esquema de recuperación de playas en Quintana Roo, cuyo financiamiento desaparecido en los Gobiernos de Félix González y Roberto Borge fue incorporado a la deuda pública

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En 2006, el Gobierno federal del panista Felipe Calderón y el estatal del priista Félix González Canto establecieron un fideicomiso para recuperar las playas de Quintana Roo, prácticamente desaparecidas por la erosión que dejó a su paso el huracán Wilma, pero sobre todo por la nociva planeación y edificación de la infraestructura hotelera a ‘pie de ola’, lo que tarde o tempano arruinaría la duna costera y la haría más vulnerable al impacto de fenómenos climáticos como tempestades y ciclones, lo que ha dejado sin playas a buena parte del Caribe turístico mexicano y con muchos millones a quienes han tenido que ver con la acción de rellenarlas. Todo parecía estar bien, de no ser por el millonario desvío de recursos en que se convirtió el proyecto: Los Gobiernos municipales de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, así como el estatal, solicitaron un crédito por más de 500 millones de pesos para invertir en las obras de recuperación, el cual se pagaría con lo recaudado por los impuestos obtenidos de la llamada Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Pero al final, el 70 por ciento del dinero que sería destinado para el pago de la deuda, simplemente ‘se esfumó’. Ante los problemas de corrupción y falta de transparencia, en 2014, durante el Gobierno estatal del ahora presidiario Roberto Borge,su entonces secretaria de Turismo, Laura Fernández Piña, hoy alcaldesa verde de Puerto Morelos, anunció la desaparición del Fideicomiso de Recuperación de Playas, como si así desapareciera también toda la deuda (lo que obviamente no sucedió, sólo se legó). Hoy, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intenta revivir este esquema en un nuevo proyecto de recuperación de playas y de desaparición –de gran parte- del dinero para hacerlo. ¿Porqué?,porque representa una manera rápida de desviar hacia las cuentas particulares de los principales involucrados, muchos millones de pesos del erario. Si no lo cree, investigue sobre la empresa belga Jan de Nul, encargada de todos los trabajos playeros en Quintana Roo. En todos los países donde ha operado, se ha visto envuelta en grandes líos de corrupción, inflando los costos de las obras hasta 10 veces, y permitiendo que algunos de los más altos funcionarios en turno se roben millones de dólares a través de financiamientos bancarios que nunca se pagan y se cargan a las deudas públicas de los Gobiernos. ¿Le suena familiar? Fue lo mismo que hicieron en Quintana Roo durante el sexenio de Felipe Calderón, y que Enrique Peña Nieto intenta replicar.

Jan de Nul, empresa envuelta en escándalos internacionales de corrupción,  sería cómplice de otro saqueo de recursos  del Gobierno de Peña Nieto mediante el mismo esquema de recuperación de playas  en Quintana Roo, cuyo financiamiento desaparecido en los Gobiernos de Félix González y Roberto Borge fue incorporado a la deuda pública

Armando Galera

El sector hotelero y la actividad turística en general exigen un nuevo programa de recuperación de playas para el norte del Estado, para hacer frente a la acelerada erosión ocasionada por la equívoca planeación y la masiva instalación de moles hoteleras a la orilla de la playa, lo que ha destruido las dunas y ha hecho que migren las arenas –sobre todo en tiempos de tempestades-, y que la vida turística penda en gran medida de playas postizas, cuya densidad es mayor que la de los arenales originarios y por lo cual se forman los feos desniveles playeros en algunas zonas costeras del Caribe mexicano.

Desde el Gobierno federal se habla de reactivar el Fideicomiso para la Conservación y Limpieza de Playas, creado en 2010 y abandonado en 2014 por falta de transparencia y muy sólidas sospechas de desvío de dinero.De hecho, aún no se ha aclarado el destino de al menos el 50 por ciento de los recursos que ingresaron a ese fideicomiso (casi 450 millones de pesos que simplemente no aparecen, sin que hasta el momento algún implicado en su manejo haya rendido cuentas de ello).

Pero si este esquema de trabajo ha demostrado ser fácilmente corrompible y apto para los negocios sucios del poder político, ¿por qué insiste el Gobierno de Enrique Peña Nieto en utilizarlo de nuevo justo en este momento? La respuesta es simple: por ser una manera rápida de desviar millones de dólares, utilizando una de las empresas implicadas en algunos de los mayores escándalos globales de corrupción, como es la belga Jan de Nul, otra de las preferidas por el entorno presidencial mexicano para intermediar vastos dividendos particulares.

Un proyecto necesario que se desvirtuó

Antes de la llegada del ser humano, las playas del Caribe mexicano se extendían por varios metros de blanca y fina arena tierra adentro de la última línea de las olas. Sin embargo, el boom del turismo y sus inevitables consecuencias (el acelerado desarrollo inmobiliario no tan integralmente bien planificado en la zona de playas, donde las dunas fueron severamente lastimadas porque no quisieron cuidarse con vistas al largo plazo, como sí se ha hecho y se hace de manera sustentable en otros desarrollos turísticos costeros, donde la infraestructura no se siembra a la orilla misma del mar para que los arenales playeros no pierdan su consistencia y se conserven) afectaron el flujo natural del viento y las mareas, magnificando su erosión.

Si bien desde 2002 ya comenzaba a notarse el impacto negativo de la construcción de hoteles en las zonas de playas, el paso del huracán Wilma en el 2006 se encargó de desaparecer casi el 70 por ciento de los arenales.

Fue entonces cuando el Gobierno federal del panista Felipe Calderón hizo el primer rescate de playas, con una inversión conjunta de casi 400 millones de pesos y más de 2.8 millones de metros cúbicos de arena para 12 kilómetros de playas en el tramo del Hotel Camino Real hasta Playa Delfines, así como en otros cuatro kilómetros en Playa del Carmen.

La empresa belga, Jan de Nul, a través de su filial Dragados Mexicanos, se encargó de dragar el fondo marino de Cancún, Isla Mujeres y Cozumel.

Pero el gusto no duró mucho. Para 2008, el oleaje y los vientos ya habían erosionado nuevamente el 30 por ciento de los nuevos arenales.

No sería sino hasta el año 2010 cuando se pondría en marcha un nuevo programa de rescate de playas, creando para esta ocasión un Fideicomiso para la Conservación y Limpieza de Playas, en el cual sólo el Gobierno federal invirtió 400 millones de pesos, mientras que la administración estatal (en aquel entonces bajo la responsabilidad de Félix González Canto) aportaría otros 200 millones y los Municipios de Solidaridad y Benito Juárez 102 y 230 millones de pesos, respectivamente, a través de créditos de entre 10 y 15 años signados con Banobras.

Fueron aproximadamente 900 millones de pesos los que en total se destinaron para que cinco mil 600 millones de toneladas de arena fueran vertidas en playas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel,y otra vez a cargo de la empresa belga.

En teoría, los más de 500 millones de pesos que les correspondía aportar al Gobierno del Estado y a los Municipios beneficiados, serían cubiertos con el 25 por ciento de los impuestos que se recaudan vía la Zona Federal Marítimo Terrestre, además de las aportaciones de los hoteleros.

¿Y el dinero del fideicomiso?

Pero no tardaron en surgir los problemas: en 2012, empresarios hoteleros denunciaron la falta de transparencia en la administración de dicho fideicomiso, entre cuyos responsables se encontraban Édgar Ordóñez Durán (hoy coordinador general del Observatorio Ciudadano Municipal) y la entonces secretaria estatal de Turismo y hoy presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, así como el Gobierno en turno.

Cada año, los administradores del Fideicomiso recibían, se entiende, casi 60 millones de pesos por concepto de impuestos recaudados de la Zofemat. De este recurso, 40 millones serían para el pago de la deuda contraída con Banobras y el resto para proyectos de investigación y conservación de playas.

“Sospechamos que el dinero no estaba siendo utilizado para lo que debería de ser”, dice Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, en entrevista para Estosdías.

Refiere que para 2014 ya era evidente el saqueo de las finanzas del Fideicomiso de Recuperación y Limpieza de Playas por la administración del entonces gobernador Roberto Borge. Casi 200 millones de pesos que simplemente se erosionaron bajo la tempestad de la rapiña.

“La ley prevé que los hoteles puedan tramitar sus aportaciones para proyectos individuales o en conjunto, así que muchos aportamos económicamente al proyecto de mantenimiento de playas del Fideicomiso, a través de recursos que entregamos a la Zofemat.

Fueron casi 40 millones de pesos en dos años, pero cuando pedimos cuentas de los proyectos nos daban largas y alegaban que no había recursos. Fue entonces que se solicitaron informes detallados de sus finanzas, y comenzaron a surgir las evidencias de corrupción”, acusa.

Para 2014, de casi 410 millones de pesos que debieron ser destinados al pago del crédito con Banobras, sólo se habían cubierto 35 millones; del resto del dinero nadie sabía nada. Y para arreglar el problema de los pasivos, Laura Fernández, quien estaba al frente de la Secretaría estatal de Turismo, simplemente decidió ‘disolver’ el fideicomiso, heredando la deuda a las administraciones municipales de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, y al propio Gobierno del Estado hoy en ejercicio.

Pero esto no evitó que continuaran los desvíos. Hace unas semanas, la Auditoría Superior del Estado detectó un faltante de 93 millones de pesos que el entonces Ayuntamiento de Solidaridad, presidido entonces por el hoy también presidiario Mauricio Góngora Escalante, recibió de la Zofemat, pero que no fue destinado para pagar los compromisos financieros por la recuperación de playas sino para fines desconocidos y acaso vinculados al tipo de delitos que hoy tienen tras las rejas al exmunícipe.

También en Cozumel, el exalcalde Fredy Marrufo Martín-uno de los alfiles del club de la ‘nueva generación’, como dio en llamarse el grupo de jóvenes rapaces que hundieron al Estado en la mayor y más definitiva de sus catástrofes financieras y que llegaron al poder estatal legados por el señor de los más grandes negocios privados a costa de las prerrogativas y los patrimonios públicos de la entidad, Joaquín Hendricks, y liderados por su incondicional sucesor, Félix González Canto- fue denunciado por un hecho similar, pero por la cantidad de 43 millones de pesos.

Del Ayuntamiento cancunense presidido por el empleado borgista Paul Carrillo (cobraba una suma enorme de dinero para no meter las manos o para autorizar todos los negocios municipales de su jefe político, el entonces gobernador hoy preso), aún no se tienen datos.

Jan de Nul, entre escándalos de corrupción

Pero con tantas evidencias de corrupción, ¿por qué revivir el fideicomiso? Simple: porque representa un millonario negocio para el Gobierno federal que ya va de salida y este año, como cada uno de los últimos de toda gestión pública en México, es el llamado ‘año de Hidalgo’, o friéguese –por decirlo así- quien deje algo.

En todos los proyectos de recuperación de playas, tanto en el Caribe mexicano como en otras partes del país, una sola empresa acapara los contratos más importantes: la empresa belga Jan de Nul.

Dicha transnacional ha protagonizado escándalos de corrupción por donde quiera que mantiene operaciones. En 2012 fue acusada de sobornar a autoridades argentinas y uruguayas para ganar las obras de dragado y profundización del Canal Martín García, en el Río de la Plata. Es lo mismo que la brasileña Odebrecht, sólo que en el caso de las turbiedades de Odebrecht, el único país de funcionarios sobornados por el consorcio para obtener contratos petroleros donde no ha sido consignado penalmente ninguno de ellos a pesar del cerro de evidencias que los incriminan, es México, donde se gasta más dinero del erario que ningún otro en instituciones anticorrupción, que nunca contribuyen a poner a los grandes saqueadores de los patrimonios públicos tras las rejas, con la complicidad de un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio donde robar al país no es un delito grave.

De acuerdo con la información oficial, para dichos trabajos se había proyectado una inversión de 25 millones de dólares. Sin embargo, de ‘último momento’ Jan de Nul logró arrebatarle la licitación a la empresa Boskalis por ofrecer mejores condiciones a menor precio, aunque al final el costo aumentó a 140 millones de dólares.

En 2007, Jan de Nul llegó a Nicaragua contratada por Alejandro Navarro, entonces presidente de la Nacional Portuaria de ese país, durante la Presidencia de Enrique Bolaños Abaunza.

 La empresa belga fue contratada (sin licitación de por medio) para realizar dragados en el Puerto de Corinto y la Bahía de Bluefields, con una inversión conjunta de más de 350 millones de dólares, financiados a través del banco alemán KFW.

En 2014 se descubrió que los costos de la obra fueron inflados en 10 veces por Jan de Nul y que además recibió la cantidad completa (los 350 millones de dólares) de Alejandro Navarro (con recursos públicos, claro está), permitiendo al entonces presidente Bolaños recibir el dinero del préstamo alemán, que continúa siendo pagado por los nicaragüenses, quienes en total perdieron 700 millones de dólares en estas ‘maniobras’.

En 2016, Jan de Nul propuso un costo de 154 millones de dólares para dragar cuatro millones de toneladas de material en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, casi 80 millones de dólares más que su más cercano competidor, la estadounidense International Underground Corporation.

Curiosamente, y a pesar de ofrecer las peores condiciones de contrato, Jan de Nul ganó la licitación.

Y el modus operandi fue el mismo que en otros países: además de inflar los costos de operación, la empresa recibía su pago ‘en una sola exhibición’ y con recursos públicos, en tanto que la autoridad en turno solicitaba créditos para financiar los trabajos, dinero que ‘desaparecía’ (pues la empresa ya había sido finiquitada).

En México aún no ha sido investigada a fondo la filial de Jan de Nul, Dragados Mexicanos, pero es prácticamente un hecho que también está inmersa en la corrupción. Tan sólo en Quintana Roo se ha demostrado que las administraciones pasadas nunca destinaron los recursos que se recaudaban para pagar las deudas adquiridas con el objeto de financiar las obras de recuperación y limpieza de playas.

Sí, las playas del Caribe mexicano necesitan urgentemente trabajos de rescate y mantenimiento. Pero a través del fidecomiso, el Gobierno de Enrique Peña Nieto podría estar realizando alguno de sus últimos millonarios negocios. La preferencia por Jan de Nul, con tantos antecedentes negros en su desempeño global, no advierte nada bueno

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