¿La amenaza del exgobernador veracruzano Javier Duarte de revelar información ‘valiosa’ podría...

¿La amenaza del exgobernador veracruzano Javier Duarte de revelar información ‘valiosa’ podría apresurar la caída de los intocables?

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Al exgobernador César Duarte, de Chihuahua, acaban de levantarle la canasta de la impunidad federal que por encargo del expresidente Peña Nieto le había obsequiado la Suprema Corte, y el Gobierno de ese Estado puede ahora ponerlo tras las rejas por los escandalosos abusos de poder de que lo acusa y en cuya causa penal, del mismo modo que ahora lo hace su excolega y presidiario veracruzano, Javier Duarte, no sería extraño que soltara la lengua para implicar al expresidente y a otros personajes que fueron importantes figuras del que fuera el partido de ambos, el PRI, al amparo de los cuales saqueó a su entidad y desvió enormes cantidades de dinero y otros recursos de la administración estatal a su cargo, para favorecer candidatos e intereses políticos particulares o compartidos en su momento con la más alta élite política nacional. Mientras tanto (escenas paralelas de la vasta corrupción de la que creyeron vivir siempre a todo lujo los exgobernadores bajo proceso y quienes fueran sus jefes políticos y protectores), en la semana que acaba de terminar, el exgobernador veracruzano Javier Duarte, quien cumple una condena de nueve años de prisión tras declararse culpable de diversos delitos vinculados también con el abuso del poder durante su gestión gubernamental, declaró en una entrevista que su entrega a las autoridades en 2017 fue parte de un pacto realizado con el Gobierno federal de Enrique Peña a cambio de protección para él y su familia. Dicho arreglo, que incluyó haber recibido dinero del mismo expresidente para pagar sobornos a las autoridades judiciales, fue encabezado por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y por el ahora exprocurador, Arturo Elías Beltrán, quienes por supuesto negaron tal acusación. Ahora Duarte de Ochoa amaga con dar a conocer a las actuales autoridades federales “información privilegiada” que pudiera ser útil para las investigaciones en contra de altos funcionarios de la administración peñista. El tema no causa sorpresa a nadie, pues era cuestión de tiempo para que alguno de los exgobernadores del PRI detenidos, incluido el quintanarroense Roberto Borge Angulo, decidiera abrir la boca para poder obtener algún beneficio en sus respectivas investigaciones o alguna reducción de condena, o cuando menos no pagar solos sus atropellos. Pero lo que pudieran revelar quienes alguna vez fueron llamados “lo mejor del nuevo PRI”, podría servir para poner cabezas muy grandes en las estacas de la justicia de la ‘Cuarta transformación’, empezando por la del mismo Enrique Peña Nieto, quien camina en la cuerda floja de los diversos casos penales en los que de un modo o de otro ha tenido que ver, como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el del abogado Juan Collado y el del exgobernador de Coahuila, César Duarte, a quien un juez ha vuelto a girar una orden de arresto. Las estacas esperan a las cabezas mayores. Y puede tratarse de otro gran circo político o del advenimiento de una justicia verdadera.

Javier Ramírez

El pasado 8 de julio, las redacciones de diversos medios de comunicación recibieron una carta del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. En ella, aseguró que se entregó a las autoridades bajo un pacto hecho con el Gobierno que encabezaba Enrique Peña Nieto, y que además tenía en su poder información que podría resultar valiosa para las autoridades federales.

Horas después, en sendas entrevistas telefónicas, reafirmó la acusación y agregó que el mismo Peña le entregó una fuerte suma de dinero para que pudiera resolver su situación jurídica. Ese dinero, dijo, lo utilizó para pagar sobornos a varios funcionarios de la antigua PGR, incluido quien era su titular, Arturo Elías Beltrán.

Los presuntos involucrados, por supuesto, rechazaron las aseveraciones del exgobernador, quien estaría buscando protección para su familia y alguna posible reducción de su condena.

Pacto con el Gobierno federal

Las cartas que Javier Duarte envió a varios medios eran copias de una sola dirigida a la Fiscalía General de la República en la que aseguraba que atendiendo al “deber ciudadano” de colaborar en la investigación de delitos, comparece ante la referida dependencia para señalar que cuenta con “información valiosa y detallada en contra de diversos exfuncionarios, misma que pudiera ser de utilidad para la integración de las indagatorias ya referidas”.

Duarte solicitaba así que un agente del Ministerio Público federal acudiera a las instalaciones del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para que le tomara una declaración.

Al día siguiente, varios reporteros lo contactaron vía telefónica. A uno de ellos, Ciro Gómez Leyva, le reveló que fue víctima de una extorsión en la que se vio obligado a entregarse a las autoridades a cambio de que permitieran a su familia salir del país.

Señaló que en 2017 sus abogados negociaron con funcionarios de la administración anterior, pertenecientes a la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Gobernación (Segob) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para que se entregara antes de las elecciones realizadas en el Estado de México, en junio de ese año.

“Si te entregas antes de la elección del Estado de México, dejamos a tu familia en paz para que pueda irse a un lugar seguro, un lugar donde pueda establecerse. El acuerdo es que vas a ser detenido y vamos a ver las mejores condiciones en las que puedas estar”, dijo Duarte que le propusieron.

Afirmó que el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue quien le pidió que se separara del cargo debido al clima de crispación que existía entre él y Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue su sucesor en la gubernatura de dicha entidad. Según Duarte, Osorio le pidió renunciar, porque el Gobierno federal quería una transición tersa y con su presencia en el Gobierno local eso no iba a ser posible.

A cambio, Duarte pidió que le ‘amarraran’ las manos a Yunes Linares, quien sólo quería vengarse de él. A esta petición, el secretario le prometió que lo iban a cuidar, “que no habría ningún problema”.

Responde Osorio

Quien fuera el encargado de la política interna del país, negó las acusaciones del exgobernador, indicando que no tenía absolutamente nada que ver con Duarte o sus abogados, aunque aceptó que la última vez que lo vio fue en la Secretaría de Gobernación, donde le sugirió que enfrentara las acusaciones en su contra ante la Procuraduría General de la República. “No hubo ningún acuerdo, ningún pacto, y por supuesto que desde el Cisen y la Segob nos urgía detener a este delincuente, a este presunto delincuente”, dijo.

El actual coordinador de los diputados federal del PRI exigió al veracruzano que presentara pruebas de lo que estaba diciendo, pues además no fue ni el entonces Cisen ni la Segob quienes lo encontraron, sino la hoy desaparecida PGR, dependencia que hizo todo lo que correspondía con el Gobierno de Guatemala para su extradición.

Pago de sobornos

En una segunda entrevista, ahora con el periódico Reforma, Duarte de Ochoa aseguró que el entonces presidente Enrique Peña Nieto le entregó dinero “porque tenía cargos de conciencia”, pero que ese dinero lo tuvo que usar para pagar sobornos al entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y otros funcionarios judiciales que lo extorsionaron.

Según Duarte, el dinero entregado por Peña lo recibió su hermano, Cecil Duarte, en una casa de la Ciudad de México.

Dijo que cuando a su hermano le dieron el dinero también le entregaron el siguiente mensaje: “(el presidente Enrique Peña) está muy consternado, está muy triste por la situación que vive su hermano y ojalá esto le sirva para poder resolver algo de lo que tiene ahí”.

El dinero “que me dio el expresidente Enrique Peña Nieto, me lo entregó a través de un amigo, quien se lo dio a mi hermano, pues por el cargo de conciencia que tiene, todas las chingaderas que me hicieron, es dinero que yo no tengo, que no he tenido, que no puedo darme el lujo de tener, que no puedo darme el lujo de pagar, pero tampoco es una cantidad estratosférica, tampoco pienses eso”, aseveró.

Al final, dijo, ese dinero lo usó para pagar sobornos a Elías Beltrán y a Felipe Muñoz Vázquez, quien hasta junio pasado fungió como subtitular de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República.

“Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esto es una extorsión, me extorsionaron, fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que fabricaron en mi contra”, acusó Duarte.

“Me entregué a cambio de que dejaran de molestar a mi familia. Yo puedo aguantar lo que sea. Cuando uno entra a la esfera pública, está consciente de la exposición a la que puedes estar sometido, pero la familia nada tiene que ver. Ni Karime ni mis hijos fueron funcionarios públicos”, señaló.

“Negocié y me ofrecieron quitarme el delito de delincuencia organizada, a cambio de que les diera dinero”, reiteró.

Responde Elías Beltrán

Al igual que lo hizo Osorio Chong, el exencargado de la PGR rechazó lo dicho por Javier Duarte, asegurando que nunca recibió dinero alguno por algún proceso judicial, ni por el del exgobernador ni por algún otro.

El exfuncionario aseguró que la reclasificación del delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, por el que fue detenido Duarte, se realizó en un procedimiento abreviado que solicitó la propia defensa legal del exmandatario veracruzano.

A principios de este mes, el exprocurador se unió a la lista de los exfuncionarios investigados por la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero, pues de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto Castillo, en enero pasado, tras constituir la firma MCRELL Consultores junto con Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos y Rafael Sánchez, de inmediato recibió un depósito por 324 mil 800 pesos de Kuchle y Asociados, propiedad de su esposa, Marcela Kuchle López, despacho fundado en 2016, cuando él se desempeñaba como como director de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con Santiago Nieto, el despacho de Kuchle López recibió, desde junio de 2016 hasta la fecha, 98.08 millones de pesos. Pero lo más sospechoso es que un tercio de esa cantidad (31.8 millones de pesos) lo recibió de CL Abogados, firma para la que trabajó la esposa del exfuncionario y donde cobró entre 2015 y 2016, 11.95 millones de pesos por concepto de servicios, pese a que no tiene cuenta con el registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.

Cabe recordar que fue Elías Beltrán quien despidió a Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a petición del hoy prófugo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de recibir dinero de Odebrecht para encausarlo a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

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