La ausencia de lo esencial en los debates electorales

La ausencia de lo esencial en los debates electorales

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Signos

El irreversible trauma de la democracia nacional: Sobran la farsa y la impostura, la demagogia iletrada y disléxica, la oquedad conceptual y pedagógica, la improvisación y el parloteo politiquero de barriada, la intrascendencia y el giro interminable sobre lo accesorio y lo insustancial. Faltan los temas capitales, los diagnósticos radiográficos inconfundibles, la precisión retórica sobre lo fundamental, la noción estratégica del país que se aspira a gobernar, la civilidad crítica de liderazgos de altura, y los compromisos y las sentencias particulares –sobrias, pero enfáticas y resueltas- sobre todo el peso de la ley que habría de caer, sin atenuantes ni tramposas mediatizaciones leguleyas, a los culpables de las peores y más atroces tragedias que le han pasado al país-por obra y gracia de la corrupción y la degradación moral del Estado y sus impunes cúpulas dirigentes con todas sus alternancias-, denunciados, emplazados y amenazados con sus nombres y apellidos.

El primer debate directo entre los actuales candidatos presidenciales no dio luces de esperanza alguna como tal, y como los sectores no militantes y más objetivos lo esperaban; pero todas las discusiones posteriores en los incontables foros de la opinión pública–cafetera, vecinal, digital y hasta impresa, ese fantasma en extinción- en torno del mismo, no fueron ni han sido ni serán mejores. Menudea el dato anecdótico, la referencia circunstancial, los dimes y diretes, el prejuiciado intercambio de subjetividades preferenciales, la trinchera emocional, las adherencias correligionarias, las satanizaciones viscerales, y el mexicanísimo pitorreo sobre el naufragio de dislates y despropósitos que amenizaron el circo en lugar de tesis, réplicas y contrarréplicas cifradas en ideas, probanzas y acusaciones serias, contundentes y libres de boomerangs, pecados de omisión y primeras piedras contra el cretinismo de los falsos inquisidores.

El candidato del PRI, por ejemplo, José Antonio Meade, no incorporó en su arsenal de guerra los proyectiles fiscales y penales con los que hubiera pulverizado al candidato del PAN, Ricardo Anaya, el más beligerante e incisivo de todos los contendientes, y también el más cínico y veleidoso. A partir del encono profundizado entre el grupo de poder de Anaya –significado por el ‘Jefe Diego’ Fenández de Cevallos y el expresidente Carlos Salinas de Gortari- y el del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que quiso eliminar de esa contienda al queretano Anaya y provocó el alzamiento en su contra, la Procuraduría General de la República ha montado un caso penal en torno del panista con toda suerte de evidencias incontrovertibles de enriquecimiento ilícito –a través de prestanombres de su círculo familiar-, lavado de dinero y otros delitos graves, que, durante el debate, Anaya desvirtuó apenas con una arenga incolora de tres o cuatro frases de contradenuncia en las que de imputado se convirtió en víctima y en acusador de un plan perverso del poder presidencial que atenta, dijo, contra sus derechos políticos fundamentales. Y Meade no dijo ni esta boca es mía, tras que a los cuatro vientos había declarado en la víspera que Anaya era un evasor fiscal y un delincuente mayor que debía ser procesado bajo cargos de operaciones inversoras fraudulentas por demás probadas. ¿Y quién más calificado y mejor documentado que él, Meade, para señalar al panista de criminal, conocedor de primera mano, como secretario federal de Hacienda que fue, de las cuentas y de los evasores fiscales, y que, como candidato presidencial del partido en el poder del Estado y adversario político de Anaya, se entiende que tiene a la mano –además de toda la que la PGR y el Sistema de Administración Tributaria del Gobierno de la República del que procede y cuyos intereses políticos encarna, le avituallarían- y debería usar como recurso capital para levantar una candidatura que no termina de pisar fondo, al tiempo de poner la de Anaya en la picota. Nada dijo, en cambio (de haberlo hecho le habrían cerrado la boca con el caso del exgobernador chihuahuense prófugo César Duarte, que desvió toneladas de recursos públicos para sí mismo y para su partido con el conocimiento del propio Meade y de quien lo puso en el candelero de la sucesión presidencial, su antecesor en Hacienda y amigo e implicado en esos enjuagues, el hoy canciller Luis Videgaray), y su silencio dio luz verde al panista para involucrarlo en la trama en su contra, y a un sector de la opinión pública para especular a propósito de un hipotético plan b según el cual, y ante el peligro que López Obrador representa para los intereses de los grupos de poder detrás de Anaya y de Meade –que son los más ricos, influyentes y depredadores de México-, el segundo, ante la imposibilidad de ganar algo más que burlas y descrédito en lo que resta de la campaña electoral, declinara y sumara sus votos, a final de cuentas, en favor del primero, a riesgo de que éste, claro, mezquino y traicionero, como muchos de quienes le conocen dicen que es, además de frío y calculador, termine por no respetar pacto ninguno con sus iguales de las coaliciones partidistas y los grupos de poder de ambos, y ya como presidente se asuma como el diminuto patriarca autoritario que se empeña en parecer, construya su propio imperio económico y político, y empiece por meter a la cárcel al ya para entonces expresidente Peña y, si se puede, al mismo López Obrador.

Andrés Manuel, por su parte, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional y el enemigo a vencer en el proceso electoral en curso, dejó pasar, también, tan crucial asunto; tan nuclear y tan distintivo sobre todo para él, por cuanto a la causa de la refundación moral de la vida pública del país se refiere, como su principal bandera de propaganda y de gobierno. Debió dejar constancia de su energía vital, vertical y muy concreta contra la corrupción, señalando con el dedo a Anaya como un presunto culpable de graves daños patrimoniales contra la nación, y cuyo perfil político delictivo es inconcebible en un candidato al puesto de responsabilidad más alto en la defensa de la ética pública y del Estado de Derecho al que pretende representar. Si la prestigiada exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, es la propuesta de López Obrador para conducir la política interior y la agenda institucional de las prioridades y los asuntos legislativos y judiciales del próximo Ejecutivo Federal, el candidato presidencial del Morena debió dejarle en claro a su adversario panista –que además tanto y con tan meridiana y particular consistencia y seguridad lo atacó y lo combate sin pausa, asumiéndose como el único rival al que López Obrador debe temer, lo que además es cierto, como el país entero debiera del mismo modo entender y asumir- que perseguiría sin tregua sus malos pasos empresariales y fiscales; que revisaría a fondo las acusaciones emprendidas y el expediente en proceso de integración de la PGR en su contra; y que, en caso de ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan o se le pudieran acreditar y comprobar, no habría poder político alguno que pudiera salvarlo del contundente y ejemplar castigo que la ley dictaminase, y que dicho ejercicio de la Justicia penal sería uno de los primeros y más elocuentes e ilustrativos testimonios de que con el nuevo mandato nacional ya no habría más impunidad para los grandes beneficiarios de la corrupción y el abuso del poder político en perjuicio del pueblo mexicano,porque, en efecto, habría comenzado la nueva era de una democracia vindicativa y en franco proceso de refundación moral y de verdadera gestión constitucional. Eso, o promesa o amenaza parecida, debió asestarle López Obrador a la conciencia de su sobrado enemigo queretano y colgarlo en el perchero del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, de los pendientes inmediatos por acometer desde la próxima Presidencia de la República. ¿Que esa embestida podría revivir la imagen de apóstata pendenciero y de faccioso activista de la izquierda radical de la que un López Obrador más cercano que nunca a la máxima encomienda republicana se quiere deshacer para evitar desafecciones y desalientos de última horaque le compliquen la toma de Los Pinos?, no; por el contrario: los menos crédulos y los más críticos de los ciudadanos y los electores que terminan por asumir que a falta de liderazgos y candidatos más competitivos y solventes, el tabasqueño del Morena es la mejor o la menos peor de las opciones presidenciales o la alternativa única de un mandato de Estado con posibilidades de contener la omnipresente y devastadora fuerza de la corrupción política que amenaza con derrumbar de manera definitiva e irreversible la vida pública y la viabilidad democrática del país, exigen respuestas concretas acerca del cómo y del cuándo y sobre qué casos y causas específicas y con qué tipo de iniciativas y disposiciones abriría fuego el mandato lópezobradorista contra los delincuentes políticos mayores que han esquilmado la vida nacional y la han elevado al rango de las más viciadas y percudidas del orbe; y si entre esos casos y esas causas, y si a partir de todas las evidencias disponibles y las que nuevas investigaciones arrojen sobre su conocido proceder de malversador de la investidura y de los patrimonios y atribuciones bajo su administración, el ahora presidente Peña, por ejemplo, también sería imputado y procesado como una ejemplar puesta en marcha del proyecto y el compromiso de moralización y regeneración de la vida pública y del renacimiento cultural y político de México.

De eso debió hablarse en el debate como asunto toral. Y de eso debió versar López Obrador más que nadie. De los financiamientos prohibidos a las campañas priistas, como la del Estado de México y el virtual golpe de Estado que significó, con la complicidad de las autoridades electorales –onerosas, dispendiosas; erigidas para garantizar la transparencia del sufragio y la legitimidad de las representaciones populares emergidas de las urnas, y un fracaso costoso y rotundo de la democracia mexicana-, debió hablarse en el debate de los candidatos presidenciales y en las discusiones posteriores en los multitudinarios foros reales y virtuales en torno del debate. De eso debió hablarse y de eso debe hablarse en los debates que vienen y en todos los escenarios de la campaña electoral en curso. Porque Peña está insultando y se está burlando de la institucionalidad democrática, de la opinión pública, de la autonomía de los Poderes del Estado y de las atribuciones, en particular, del Poder Judicial, salvando el pellejo carcelario de contumaces delincuentes del poder político como los exgobernadores de Chihuahua y Veracruz, César y Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge; en el caso del primero -prófugo de la Justicia pero con un proceso penal políticamente mediatizado y negociado desde la Presidencia de la República para que el criminal que destrozó la finanzas de su entidad en su beneficio personal y en el de su partido y el de los candidatos que desde el supremo poder del Estado se le pidió financiar-, para que no sea puesto tras las rejas, y los excolaboradores que fueron sus compinches y siguen encerrados, salgan de ellas; y en los casos del veracruzano y el quintanarroense –culpables de los mismos delitos de lucro personal y político- para que queden libres como el viento y sin medida cautelar ninguna en próximas fechas, y antes de que pudiera ganar las elecciones venideras y el poder presidencial, Andrés Manuel López Obrador, con el cual, acaso, no volverían en mucho tiempo a ver desde la calle la luz del día. De eso no se ha hablado, y de eso se tendría que hablar de manera pormenorizada. Y López Obrador tendría que ser quien más pusiera el dedo en la llaga; porque los procesos judiciales favorables a la excarcelación o la exoneración de los exgobernadores criminales y de quienes han sido sus secuaces, son infamias en curso contra las que ahora mismo y aun de manera retórica tendría que combatir y a propósito de las cuales debía adelantar recursos políticos y legales que adviertan que no procederá la impunidad. Tendría que hacerlo. Y tendría que estimular a los candidatos de su partido para que defendieran esa causa en sus respectivas entidades; sobre todo en las de Anaya, de Peña, de los Duarte, de Borge y de otros criminales políticos de alto perfil: libres e impunes, o presos y prófugos, y en proceso de dejar de serlo.

Y no: El crecimiento económico de alto impacto social, la multiplicación masiva del empleo bien remunerado, la supresión objetiva de la brecha de la desigualdad en el ingreso, la elevación consistente de los beneficios laborales, y el mejoramiento progresivo de los indicadores estructurales del bienestar y la calidad de vida no pueden alegarse como estrategias contra la violencia y la inseguridad. Por supuesto que, en términos históricos, la calidad educativa y la justicia social son condiciones eficientes de la estabilidad pública y de la paz social. Pero en el orden lógico de las cosas, sin los elementos tácticos apropiados y adecuados a las circunstancias y las contingencias, los factores históricos, estructurales, seguirán siendo utopías y, los ordenamientos constitucionales, entelequias. La violencia reglamentaria y el poder coercitivo del Estado tienen que actuar contra los delincuentes en la víspera del Adviento de la bonanza económica, la productividad, el empleo y la justicia social. Y de eso tampoco se ha hablado. No se ha hablado de la verticalidad y la coordinación necesaria en la toma de las decisiones anticrimen, más allá de las diferencias partidistas y de las conveniencias sectarias y autoritarias de los gobernantes locales. Es obvio que el mejoramiento de la calidad de vida mejora la seguridad pública. Lo que es bastante menos obvio y ha sido el perseverante fracaso contra la inseguridad es lo relativo a la funcionalidad integral del sistema en materia penal, penitenciaria y de operaciones estratégicas. La defensa de los derechos humanos de los criminales y del ‘debido proceso’, y la idea de “no combatir el fuego con fuego”, está muy bien, dentro de los presupuestos del discurso democrático y las garantías individuales. Lo que no está claro es cómo garantizar el procesamiento penal y el castigo carcelario merecido contra cada uno de los miles de sicarios culpables, por cuenta propia, de decenas o centenares de víctimas, y cómo atrapar a los malditos homicidas para llevarlos, uno a uno, a los tribunales, cuando se atrincheran o atacan con las más sofisticadas y poderosas armas de guerra y a lo que menos están dispuestos es a que los capturen y lo que más difícil resulta cuando los aprehenden es comprobar cada uno de los muchos y muy diversos y graves delitos de los que son autores cabales. Ésa, es la cuestión. Y entre ella y el idealismo hay un gran trecho de doble vía: el de entregar cuentas inmediatas sobre dilemas históricos, la mar de dilatados y complejos, o el de morir en el intento perdiendo a los partidarios de las soluciones prometidas y cumplidas a cualquier precio.

SM

estosdias@gmail.com

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