La “Ciudad de los Palacios” y el colapso perpetuo por su imparable...

La “Ciudad de los Palacios” y el colapso perpetuo por su imparable gigantismo urbano y la falta de decisiones para regularlo y contenerlo

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La Ciudad de México sobrevive desde hace décadas en el colapso. Integra una de las megalópolis más pobladas y anárquicas del mundo en uno de los sitios más inviables y más peligrosos para la vida humana, donde elementos vitales como el agua son cada día de más difícil abasto pero las inundaciones están a la orden del día, y donde la vialidad y el transporte son del mismo modo imposibles e irresolubles, pero donde nada se hace, sin embargo, desde el Estado, para impedirle seguir creciendo de manera tan desordenada y caótica, aunque ese crecimiento signifique mayor vulnerabilidad e indefensión ante desastres naturales tan recurrentes como los terremotos. La Ciudad de México es, entonces, la ciudad de la reincidencia catastrófica. Su subsuelo es y será tan movedizo como el sedimento milenario del lago que fue y sobre la que fue asentada, y su condición sísmica es cada vez más letal mientras las experiencias amargas de los desastres no sirven de nada para tomar decisiones institucionales definitivas contra los factores humanos de riesgo evitables que posibiliten inhibir los saldos en víctimas humanas. En la Ciudad de México no se dejan de alentar las tendencias del poblamiento migratorio, la dinámica inmobiliaria y la saturación del espacio. Se siguen multiplicando las infraestructuras a pesar de un crecimiento y una creciente masividad conurbada que impulsa la movilidad cero. Crece y crece, con sus enormes desigualdades de ingreso –entre los ricos más ricos y los pobres más pobres de la Tierra-, sobre valles y laderas antes remotos, y se extienden en ella hasta el absurdo las distancias entre fuentes de trabajo y domicilios de los trabajadores. Absorbe pueblos y acaba con los recursos naturales que la rodean, como bosques, ríos y cerros. Padece inundaciones continuas en épocas de tempestades, cuyas afectaciones se incrementan con las adversidades del cambio climático, que paralizan la actividad productiva e impiden el desplazamiento de millones de personas, debido a la saturación de su sistema de drenaje, aunada a las toneladas de basura que todos los días es arrojada a las calles. El terremoto ocurrido el pasado 19 de este mes, a 32 años exactos del más devastador de la historia nacional, fue el clímax de una serie de desastres que han sacudido al país. Más de 140 personas murieron y miles más se quedaron sin hogar. Ahora los Gobiernos federal y capitalino, encabezados por Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, deberán verificar las estructuras de cientos de edificios con el fin de salvar más vidas y prevenir mayores saldos de víctimas, así como llevar a cabo las tareas de reconstrucción, una vez terminados los trabajos de rescate. En medio de todo, los ciudadanos han exigido a los partidos políticos que destinen los recursos que utilizarían en sus campañas a la ayuda de los damnificados, una propuesta que el líder del Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo el pasado 14 de este mes, y que le valió la crítica de diputados y senadores del PRI, del PAN y del PRD, quienes aseguraron que por ley no pueden ‘desviar recursos’. Sin embargo, tres días después de este último sismo, el dirigente del PRI, Enrique Ocha Reza, anunció que su partido renunciará al 25 por ciento de su presupuesto para campañas. Como era de esperarse, el PAN y el PRD lo secundaron, pese a que días antes exhortaron a López Obrador a no “lucrar” con la desgracia. Muy bien: pero nada se ha dicho en torno de las grandes problemas estructurales de la ciudad y de la expansiva megalópolis de la que forma parte, cuya inmovilidad sigue provocando en buena medida que las tragedias naturales provoquen más víctimas de las que podrían evitarse. Seguirá la construcción de un aeropuerto que es de los más grandes del mundo, seguirán autorizándose desarrollos inmobiliarios en todos los ámbitos urbanos, seguirán incrementándose las obras viales y los vehículos que las transitan, se mantendrán las atrofias y los desplazamientos irracionales de horas y horas entre la casa y el trabajo, y nada cambiará, porque nada se ha dicho que vaya a cambiar en lo fundamental, para racionalizar la manera de coexistir en el DF. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en cambiar de residencia los Poderes federales, cambiar la capital del país, y quitarle esa carga demográfica y de servicios a la ciudad? Además de limpiarla en buena medida de tantos políticos y funcionarios perniciosos, la urbe se movería mejor, dejaría de recibir una vasta cantidad de población flotante, se ocuparía mejor de sus propios problemas, y la nueva capital tendría un mejor espacio de movilidad y de servicio para la nación entera. Esa idea tomó vuelo tras el terremoto del 85, pero, como siempre, después de la tragedia y el duelo, todo siguió y seguiría como si nada, hasta la próxima ocasión qué lamentar.

La “Ciudad de los Palacios” y el colapso perpetuo por su imparable gigantismo urbano y la falta de decisiones para regularlo y contenerlo

Javier Ramírez

El pasado 19 de septiembre, la Ciudad de México vivió uno de los peores momentos en su historia al ser sacudida por un sismo de 7.1 grados en la Escala Richter que derrumbó decenas de edificios y provocó la muerte de alrededor de 200 personas, muchas de ellas niños, de acuerdo con cifras preliminares que se han ido actualizando. Asimismo, además de quienes se quedaron sin techo por los derrumbes, miles más han padecido la intemperie al detectarse grietas en inmuebles ubicados en diversas zonas. Autoridades capitalinas y federales están llevando a cabo la verificación de las zonas afectadas para evitar más desplomes, acción que tomará varias semanas. Y hasta el momento no se ha dado a conocer algún plan de ayuda a los damnificados, quienes permanecen en refugios o con familiares, y con el miedo de haber perdido su patrimonio o su trabajo o ambas cosas.

Este evento, que también afectó a otras cuatro entidades del país, puso de nuevo en evidencia el imparable y patológico gigantismo urbano de la Ciudad de México en uno de los peores sitios geológicos y ambientalmente prohibitivos para crecer. En los últimos meses, por ejemplo, ha venido padeciendo, además, severas inundaciones, debido a la mala planeación, la insuficiencia y el colapso del sistema de drenaje. Se trata de un problema que no parece tener soluciones técnicas más que contingentes, aparte de que, hoy día, las autoridades capitalinas, presididas por el perredista Miguel Ángel Mancera, parecen estar más enfocadas en la antesala del proceso electoral federal del próximo año, invirtiendo en dádivas y subsidios el recurso público que debería ser destinado a mejorar la infraestructura y definir nuevos estándares de ordenamiento urbano.

Breve historia de la Ciudad de México

Los libros sitúan la fundación de la entonces Tenochtitlán en el año 1345, cuando los sacerdotes mexicas decidieron asentarse en el Valle de México. Debido a la riqueza natural del lugar, los habitantes aumentaron la densidad poblacional mediante diques, acequias, calzadas, puertos y canales con los que modificaron el entorno.

Tras la caída del imperio azteca, los españoles comenzaron a demoler estructuras prehispánicas para dar paso a un concepto urbano y arquitectónico que llevó a conocer a la capital del país como “La ciudad de los palacios”.

Pero no fue sino hasta la década de 1920 cuando el crecimiento urbano se acelera, por lo que en cuestión de 10 años la ciudad alcanza el millón de habitantes. Para 1970, la zona urbana de la capital contaba con casi nueve millones de habitantes, por lo que era urgente la creación de un plan que normara el crecimiento de la ciudad.

La respuesta fue el Plan de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal aprobado en noviembre de 1976. En él se establece por primera vez la zonificación de uso de suelo en el Distrito Federal, se formula el Reglamento del Uso de Suelo para garantizar la densidad de construcción y de población o la altura de los edificios, etcétera. Además, con el fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más desprotegidos, el Gobierno federal proveyó de servicios como agua, energía eléctrica y transporte, además de dar educación y asistencia social gratuita, a más de dos tercios de la población.

Parteaguas

La Ciudad de México sufrió su peor catástrofe la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando un sismo de 8.1 grados en la Escala de Richter provocó la muerte de al menos tres mil personas, mientras que 250 mil se quedaron sin casa y otras 900 mil tuvieron que abandonar sus hogares debido que fueron más de 68 mil estructuras las que presentaron grietas. Los daños fueron calculados en ocho mil millones de dólares y las tareas de rescate se prolongaron un mes. Los efectos fueron tan grandes, que hoy día aún existen campamentos o albergues de personas afectadas.

El Gobierno federal puso en marcha un plan a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la entonces Secretaría General de Obras del que fuese Departamento del Distrito Federal, coordinó las acciones para el rescate de las numerosas víctimas, donde participaron casi todas las dependencias del Gobierno, empresas descentralizadas, instituciones privadas y la población en general.  Asimismo, se construyeron viviendas de interés social para los afectados, se tuvo que revisar el estado físico de los edificios más antiguos, y se debió demoler algunos.

Una ciudad colapsada

Fue a comienzos de este siglo que la expansión urbana de la capital se redujo, debido a que la población rural dejó de llegar y se enfocó en migrar hacia los Estados Unidos. Pero para ese entonces la llamada Zona Metropolitana del Valle de México albergaba a poco más de 18 millones de habitantes en un área de mil 400 kilómetros cuadrados, y los Gobiernos comenzaron la construcción de los famosos ‘segundos pisos’, con el fin de agilizar el transporte. Como consecuencia de toda esta urbanización, arroyos y ríos desaparecieron y decenas de pueblos y cerros fueron absorbidos. Y las obras viales caducan al cabo en sus servicios con la multiplicación demográfica y vehicular.

En el último año la capital del país ha sufrido una serie de inundaciones que la han paralizado debido al colapso del sistema recolector de agua de lluvia, que tiene más de 50 años de haber sido creado.

Miguel Carmona, director de Drenaje del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, destaca que no es sólo el hecho de que las lluvias de ahora sean más intensas que las de hace cinco décadas, sino también la enorme cantidad de basura que es arrojada a las calles y que termina tapando el drenaje. Menciona que, mientras tanto, el Gobierno de la capital realiza un programa de cambio de tuberías viejas en la red primaria y secundaria del drenaje, además de que cuadrillas de desazolve trabajan para evitar que haya basura que provoque afectaciones mayores. Pero evidentemente es una solución temporal, en tanto las autoridades no hagan una inversión fuerte para aumentar la capacidad del drenaje y el alcantarillado, y tomen providencias históricas inéditas contra el desbordamiento poblacional.

El fantasma del 85

El terremoto del pasado 19 de septiembre puso a prueba lo aprendido por las autoridades tras lo sucedido en 1985, y si bien esta vez el número de víctimas fue menor, como menor diez veces fue la intensidad del sismo –en el orden proporcional de las magnitudes entre grados medibles-, de nueva cuenta miles de habitantes se han quedado sin hogar. Tocará ahora a las autoridades capitalinas revisar la estructura de cientos de edificios para corroborar que no presenten daños que pongan en peligro la vida de personas, además de las labores de remoción de escombros y reconstrucción.

Hasta el momento, las autoridades encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto se han enfocado en llevar a cabo el Plan MX, que coordina las labores de todos los órdenes de Gobierno para salvaguardar a la población; y con la ayuda de miles de voluntarios, la mayoría jóvenes, y de personal experto proveniente del extranjero, se lleva a cabo el rescate de personas en edificios desplomados.

La demanda de ayuda

Sin embargo, la Ciudad de México no es la única en desgracia en el país. Ciudades de Puebla, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Morelos y hasta Veracruz, tienen a miles de damnificados por este y otros sismos, así como por los recientes embates de fenómenos meteorológicos. Por esta razón, miles han llamado a los partidos políticos a destinar los recursos de sus campañas para la ayuda nacional.

La respuesta de los políticos fue contundente: no pueden hacer tal cosa porque esos recursos están etiquetados para las campañas. Desviar un peso a los damnificados sería ir contra la ley, aseguraron, y la ley es la ley, está para regir el interés público y no está para violarse bajo ninguna circunstancia, por extraordinaria que pueda ser, y menos pueden hacerlo ellos, faltaría más, que son los legítimos representantes de los intereses del pueblo.

El primer partido que anunció que brindaría ayuda fue el Morena, incluso mucho antes del sismo del 19 de este mes. Su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, propuso destinar el 20 por ciento de los recursos públicos del gasto de campaña del partido, aproximadamente unos 40 millones de pesos, para los damnificados por el terremoto ocurrido el 14 de los corrientes, y por el huracán Katia. Además, anunció la integración de una comisión de diputados federales del Morena para atender a los Estados afectados.

Esto le valió el repudio de los militantes del PRI, del PAN y del PRD, quienes aseguraron que López Obrador sólo buscaba lucrar con la desgracia de los mexicanos, además de que lo que proponía era contra la ley, al ser recursos etiquetados.

Ante la reprobación ciudadana que se manifestaba en las redes sociales, finalmente el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció que su partido renuncia al 25 por ciento del financiamiento anual que le otorga el Instituto Nacional Electoral (INE), exigiendo que el recurso se entregue a los “damnificados de manera transparente y sin tintes políticos”, directamente en la Tesorería de la Federación.

El líder del PAN, Ricardo Anaya, no quiso quedarse atrás, aunque no dio cantidades, y reiteró que “cualquier reajuste a los presupuestos de los partidos políticos debe hacerse sin protagonismos”.

Por su parte, López Obrador informó que eel sábado 23 propondría ante el Consejo General del Morena destinar el 50 por ciento del gasto de campaña del próximo año a los damnificados.

Mientras tanto, el consejero del INE, Benito Nacif Hernández, quien en febrero de este año impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reducción de su salario, aseguró que trabaja en una ruta legal para que los partidos puedan concretar esa entrega de recursos.

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