La decadencia municipal

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La decadencia municipal

Las municipalidades se han convertido en México, para sus munícipes, en una industria del despojo.

En Quintana Roo, esa rapacidad es de proporciones inauditas.

Ayuntamientos con la mayor capacidad de ingreso y financiamiento fiscal han sido saqueados e hipotecados por generaciones sin control ninguno y con toda la impunidad del mundo.

A la rapiña se ha sumado la colosal irresponsabilidad y el mayor dolo de sus gobernantes contra sus demarcaciones.

Los Municipios de mayor crecimiento turístico son también los de la mayor demografía y el más elevado crecimiento de la inmigración indigente y el crimen. Son los del mayor poblamiento precarista y los de la mayor fragilidad ambiental.

(La gran porosidad del suelo lo hace el más vulnerable del planeta a la masividad del fecalismo, las aguas negras, la contaminación y demás pestes ambientales, y sus extremas riqueza y delicadeza biótica son también presas fáciles de la aglomeración inmobiliaria y vial, la expansiva marginalidad, el caos urbano y la falta de regulaciones de todo tipo.)

Los munícipes han destrozado los bienes patrimoniales que debieran administrar. Han saturado y permitido la colonización inmoderada de los territorios que debieran ordenar. Han degradado o permitido la descomposición de sus entornos naturales y sociales. Han prostituido sin fronteras la función de gobernar.

En un ámbito tan complejo como el del Caribe mexicano –de tanta inversión real y potencial, tan propenso a la atracción y el poblamiento de la miseria expulsada por otras entidades, y tan expuesto a las catástrofes ambientales a partir de las debilidades ecológicas del medio- no podía haber peor contradicción que la de ser gobernado por liderazgos municipales tan rupestres, tan iletrados y tan rufianes como los que operaron durante los sexenios gubernamentales de Félix González Canto y de Roberto Borge –legado por aquél, preso por robarse parte de los bienes del Estado, y a punto de salir de la cárcel gracias al intervencionismo presidencial en el Poder Judicial, en pago por las contribuciones del exgobernador a algunas de las campañas y candidaturas de su partido en el país con dinero del erario-, los doce años de mayor atraco a las arcas públicas estatales y municipales, de la mayor malversación y el más impune financiamiento de candidaturas partidistas y particulares con recursos presupuestarios prohibidos, del mayor endeudamiento y el mayor déficit estatal y municipal, y de la mayor corrupción y la mayor ineficiencia administrativa y política en el ejercicio del poder de todos los tiempos.

¿Y qué hacían las muy autónomas, nutridas de burócratas, costosas y muy rigurosas instituciones fiscalizadoras, de rendición de cuentas, de transparencia y anticorrupción, cuando los munícipes y los gobernadores sepultaban en deudas a sus Municipios y al Estado (porque Beto Borge no se fue al ‘bote’ gracias a los buenos y responsables oficios de dichas instituciones, sino porque la Presidencia priista de la República estaba urgida de pillos para perseguir como parte de la propaganda de lavarse las manos y quitarse la mugre del rostro tricolor, más embijado que nunca por el presidente Peña y sus cómplices dentro y fuera del poder, y ver si de ese modo y desviando miles de millones de pesos para su candidato a gobernador y con la mejor disposición de las instituciones electorales, ganaba, como ganó, las elecciones pasadas en el Estado de México, y Beto Borge era uno de eso pillos más a la mano para el efecto)? Pues esos organismos tan autónomos y ciudadanizados erigidos sobre el argumento de adecentar la vida pública y vigilar el comportamiento de las autoridades de los tres Poderes del Estado, hacían lo que saben hacer: hacer como que operaban para impedir las operaciones ilegales en el Gobierno estatal y en los municipales.

Beto Borge se fue al bote porque para el Gobierno federal era conveniente su procesamiento penal y porque su partido perdió las elecciones en Quintana Roo al término de su periodo, algo que alguna vez tenía que ocurrir, luego de tanto ultrajar al erario imponiendo candidaturas con toneladas de dinero negro que ni la institucionalidad electoral ni ninguna otra anticorrupción pudo impedir. Porque las instituciones ‘autónomas’ electorales, de transparencia y de fiscalización, del mismo modo que el muy soberano Poder Legislativo del Estado –presidido mucho tiempo por Chanito Toledo, candidato fallido de la coalición opositora al PRI para el Ayuntamiento cancunense, y antes candidato fallido de Beto Borge para sucederlo en el poder gubernamental priista-, estaban a merced del entonces gobernador Beto Borge, del mismo modo que antes y de manera incondicional estuvieron al servicio de Félix González Canto, que hizo gobernador a Beto Borge.

De modo que, con la complicidad de todas las instituciones de transparencia y rendición de cuentas, y con la venia de la Auditoría Superior y del Congreso del Estado, al ritmo en que los gobernadores saqueaban y endeudaban a la entidad, los alcaldes, a su amparo y con su ejemplo, hacían lo propio en ‘sus’ municipalidades.

Porque la democracia era el nuevo orden en que cualquiera en el poder podía hacer lo que le viniera en gana.

Beto Borge mandaba en Cancún pagándole millones de pesos mensuales al alcalde Paul Carrillo para que cumpliera sus órdenes. Solidaridad, el segundo Municipio turístico más rentable del país, fue convertido en un garito mafioso y, luego, su alcalde, Mauricio Góngora, en candidato a gobernador y en presidiario, como Beto Borge, por dejar el Municipio en quiebra y ahogado en deudas, debido a la voracidad propia y de los grupos de poder de Félix González y de Beto Borge, patrocinadores de su candidatura gubernamental.

Las vastas deudas municipales sólo explican los niveles de la corrupción política y la onerosa e inútil existencia de las instituciones electorales y anticorrupción, esa industria del dispendio y el aval de la ilegitimidad política y administrativa, nacida de los intereses partidistas de los legisladores de turno, de los que dependen las cúpulas que deciden el destino y las decisiones de todas las instituciones autónomas de Estado.

Y así, las autonomías municipales y las complicidades de la institucionalidad para la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas tienen a los Municipios turísticos más ricos del país y a todos los de Quintana Roo quebrados financiera y fiscalmente, incapaces de solventar sus deudas, y, a los de mayor crecimiento poblacional, acosados por la demanda de servicios básicos, la descomposición ambiental, los rezagos sociales, las aberraciones urbanas y humanas, la indigencia, el ‘narco’ y la inseguridad.

Más munícipes llegan y peores son los problemas rurales y urbanos; más mal se vive en las ciudades y los pueblos. Parece que la mayor parte de los problemas derivan de sus malos gobiernos. Y no parece que en las instituciones de la democracia mexicana y en sus procesos electorales esté la solución de esos problemas.

SM

estosdias@gmail.com

 

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