La decisión de un juez federal de absolver al principal operador de...

La decisión de un juez federal de absolver al principal operador de César Duarte, es otra decisión presidencial impuesta al Poder Judicial de la Federación para evitar que se impute a Beltrones, Videgaray y Peña Nieto por el desvío de cientos de millones de pesos para campañas del PRI; Peña debe ser carne de presidio, según acusa Corral, y censura a la Suprema Corte por sumisión y complicidad

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A escasos meses de que finalice el sexenio de Enrique Peña Nieto, los casos de corrupción en los procesos penales que se siguen en México contra exgobernadores se han tornado más cínicos merced a la perversión de los mismos desde la Presidencia de la República, con la complicidad, en el caso de los priistas, del Poder Judicial, y con la cobarde renuncia a la imputación, por parte de la PGR, en el del panista queretano Ricardo Anaya. Fue en mayo pasado cuando el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, denunció en un video publicado en redes sociales que el Gobierno de Peña Nieto, por conducto de un juez federal, trataba de absolver por todos los medios posibles al exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional en aquella entidad, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado y detenido el año pasado por el desvío de 250 millones de pesos que realizó en complicidad con el entonces gobernador César Duárte Jáquez y otros de sus excolaboradores. La razón, dijo el mandatario, es que Gutiérrezera pieza clave en el esquema que utilizó dicho partido para transferir recursos públicos de aquel Estado a las campañas electorales de 2016. Y es que con cada día que Gutiérrez pasa en la cárcel, se incrementa la posibilidad de que éste termine involucrando como sus cómplices al expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones –quien decidió ampararse-; al ahora canciller y exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; y al mismo Peña Nieto, jefe de la trama en el caso de los financiamientos ilegales al PRI y a sus candidatos desde Gobiernos locales priistas como los de los Duarte y el de Borge, y protector de los vastos excesos y los múltiples crímenes de poder de éstos, en beneficio sólo de sí mismos y de sus redes de colaboradores cómplices y prestanombres, muchos de los cuales siguen gozando de entera libertad. Durante los meses siguientes, el Gobierno de Corral peleó en los tribunales la permanencia tanto de Gutiérrez como de los otros dos acusados en el desvío, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, al grado de que el director del penal de Chihuahua fue multado por desacatar una orden federal para que los tres fueran trasladados al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde quedarían en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) y bajo el juicio de tribunales federales. Finalmente, el pasado 31 de agosto, un juez federal determinó dejar en libertad a Gutiérrez con el argumento de que la Fiscalía General de Chihuahua no aportó elementos de prueba suficientes para acusarlo. La PGR, del mismo modo que hizo con el exgobernador Duarte, de Chihuahua, en marzo, liberándolo de todos los cargos, solicitó el sobreseimiento de la causa penal porque el delito de peculado no se configuraba debido a que Gutiérrez no se desempeñaba como funcionario público y demandó su libertad. De inmediato, el consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua informó que se buscaría el amparo para evitar que surtiera efecto la resolución emitida, mientras que el gobernador Corral calificó las afirmaciones de la PGR como “cínicas, vergonzosas y desproporcionadas”, reiterando que se trataba de una operación de encubrimiento y protección. Convencido de que el Gobierno de Peña Nieto dejará un legado de impunidad, dijo confiar en que la corrupción será un tema que sí atenderá, en cambio, el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador –lo que todo indica que ocurrirá, al confirmarse que Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido de la Fepade en octubre pasado por denunciar presiones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, y consignar algunos de los delitos electorales en Chihuahua, será jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP-,y que éste establecerá las medidas necesarias para que no se siga dañando la imagen de Chihuahua. Mientras esto sucede, una investigación ciudadana dada a conocer por el periódico Reforma reveló que tres policías del Estado de México están involucrados en el desvío de 246 millones de pesos, mediante contratos que el Gobierno estatal del chihuahuense César Duarte les asignó en su momento por cursos que nunca fueron impartidos.

Javier Ramírez

Como se ha expuesto en pasadas entregas de este semanario, el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, es uno de los principales y más ilustrativos ejemplos de corrupción que se produjeron y solaparon durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en cuya exoneración de cargos penales y complicidades ha contado, violando la soberanía estatal, con la sumisa colaboración del Poder Judicial federal.

A diferencia de otros exmandatarios emanados del PRI, como el quintanarroense Roberto Borge Angulo y el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quienes hoy están tras las rejas, Duarte, a pesar de todas las denuncias en su contra interpuestas tanto por organizaciones ciudadanas como por el Gobierno de su sucesor Javier Corral, continúa libre e incluso todavía milita en las filas del Revolucionario Institucional. La razón es simple: con la ayuda de varios cómplices ayudó a desviar cientos de millones de pesos del erario estatal a las arcas del PRI nacional, que en aquel entonces era presidido por Manlio Fabio Beltrones, y se ocupó de documentar muy bien sus sociedades criminales al más alto nivel presidencial, de modo de seguir siendo un distinguido militante del tricolor y un criminal de lujo, como el presidente de la República y el exdirigente nacional de su partido, casi reducido a cenizas por el fuego de esa corrupción de incomparables dimensiones globales.

Pero el plan, que habría recibido el visto bueno del entonces secretario federal de Hacienda, Luis Videgaray Caso, no sirvió de nada cuando, en junio de 2016, el PRI sufrió la peor derrota de su historia al perder el control de seis entidades, incluidas Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas, donde ningún otro partido político había obtenido la gubernatura y donde exgobernadores suyos están presos –y otros, como Egidio Torre, Eugenio Hernández y Manuel Cavazos Lerma, en Tamaulipas, o Félix González y Joaquín Hendricks, en Quintana Roo, o Fidel Herrera en Veracruz, deberían estarlo merced a su sociedad criminal con ellos- por convertir a esas entidades en territorios gobernados por el hampa, como lo hicieron el veracruzano Duarte, el quintanarroense Roberto Borge y el tamaulipeco Tomás Yarrington. Una vez que el panista Javier Corral tomó las riendas en Chihuahua, las denuncias contra César Duarte tomaron forma.

Caen sus cómplices

El 27 de marzo de 2017, las investigaciones contra César Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades,dieron sus primeros frutos; frutos que ya han caído del árbol gracias a los auxilios presidenciales y a la complicidad en ellos del Poder Judicial federal.

Las autoridades estatales pusieron en marcha la llamada ‘Operación justicia para Chihuahua’ y lograron la detención de Javier Garfio Pacheco, Gerardo Villegas Madriles y Ricardo Yáñez, extitulares de las secretarías estatales de Obras Públicas, de Hacienda y de Educación, respectivamente. El primero estaba acusado por un quebranto de 328 millones de pesos relacionados con la venta de predios del Municipio Labor de Terrazas. Villegas fue inculpado por el desvío de recursos públicos por 250 millones, derivados de la simulación de contratación de bienes y servicios, y Yáñez fue acusado del desvío de recursos públicos por 246 millones de pesos, por la simulación de contratación de diversos servicios que nunca fueron prestados. Las sumas documentadas del desfalco, hasta aquí, eran cercanas a los mil millones de pesos.

Ese mismo día, Javier Corral anunció que se había librado orden de aprehensión contra César Duarte, quien aparentemente había escapado a El Paso, Texas.

El 7 de mayo de ese mismo año fue detenido Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones y uno de los principales operadores financieros de Duarte, por el desvío de 120 millones de pesos.

La investigación de la Fepade

Pero la detención más importante ocurrió luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en ese entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo, descubrió que la administración de Duarte ordenó descontar a los empleados gubernamentales el 10 por ciento de su salario para destinarlos al PRI estatal. Un total de 700 trabajadores resultaron afectados con la retención de ese porcentaje, el cual se concentraba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda. Cada mes se expedía un cheque que era entregado al tesorero de dicho partido, sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral u otra instancia local. El monto total de los recursos desviados durante seis años ascendería a más de 79 millones de pesos. Santiago Nieto advirtió que en el delito no sólo estaría involucrado César Duarte, sino también los líderes del partido que recibieron el dinero, es decir, los dirigentes estatal y nacional Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente. Este último interpuso un recurso de amparo para evitar ser detenido y emitió un comunicado en el que rechazó haber firmado convenios con los Gobiernos estatales para transferir recursos federales a las campañas de su partido.  El 9 de enero de este año, una juez federal suspendió de manera provisional cualquier orden de aprehensión en contra de Beltrones.

Quien no tuvo la misma suerte fue Gutiérrez Gutiérrez. El 20 de diciembre del año pasado fue detenido por fiscales de Chihuahua y al día siguiente vinculado a proceso. A principios de este año acusó a la Fiscalía de haber sido torturado sicológicamente, lo que fue respaldado por el entonces candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. La defensa solicitó entonces que Gutiérrez fuera trasladado a un penal federal, pero el Gobierno estatal lo impidió al asegurar que se trataba de una treta de la PGR ordenada por Peña y secundada por el Poder Judicial federal, y de la defensa de éste para lograr su libertad.

El carpetazo 

El 14 de marzo de este año la PGR llegó al extremo de determinar no ejercer acción penal en contra de César Duarte sobre la denuncia en contra de éste hecha por el abogado y activista Jaime García. Javier Corral respondió diciendo que “el manejo de la PGR desde la Presidencia de la República ya es vergonzoso, está provocando al pueblo de México en su irritación y pone en riesgo la gobernabilidad del país”.

Mientras tanto, los tres cómplices de Duarte continúan en una cárcel local y el Gobierno de Chihuahua mantiene un abierto enfrentamiento con las autoridades federales y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado 29 de agosto ordenó a las autoridades de esa entidad que les entregara, a la PGR, a Gutiérrez Gutiérrez, Tarín Garcia y Villegas Madriles.

Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte indicaron que el recurso promovido en mayo pasado por el Gobierno de Chihuahua contra la decisión emitida por el magistrado presidente Luis María Aguilar Morales es improcedente y “deberá ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables”.

El punto final se dio la noche del viernes 31 de agosto, cuando el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, del Reclusorio Norte, determinó dejar en libertad a Alejandro Gutiérrez, toda vez que la PGR solicitó el sobreseimiento de la causa penal 24/201 en contra de éste, debido a que “la Fiscalía de Chihuahua no aportó elementos de prueba suficientes”.

Durante la audiencia, los agentes del Ministerio Público manifestaron quelas acusaciones en contra de Gutiérrez estaban basadas en testimonios de tres testigos protegidos que habían incurrido en una serie de contradicciones y que por lo tanto no se había podido acreditar que éste participó en la red de funcionarios que desviaron recursos públicos que estaban destinados a la educación de esa entidad.

Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, informó que se buscará el amparo contra la resolución emitida por el juez federal, además de que se interpondrán denuncias penales en contra de los agentes del Ministerio Público de la Federación que decidieron no acusar al detenido y quejas administrativas ante la Función Pública y los órganos de control que correspondan.

Involucran a expolicías en desvío

Unos días después de darse a conocer la resolución del juez federal, el periódico Reforma presentó una investigación de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual revela que tres exagentes del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), detenidos en octubre de 2016 por intento de asalto, participaron en el desvío de 246 millones de pesos en Chihuahua, que fueron utilizados para las campañas electorales del PRI.

De acuerdo con el reportaje, fue por medio de cuatro compañías, creadas y operadas por el policía José Juan Saliano González, que el Gobierno de César Duarte transfirió en abril de 2016 los 246 millones de pesos, mediante cuatro contratos que el Comité de Adquisiciones de Chihuahua firmó con dichas empresas para que impartieran cursos de capacitación a padres y maestros, los cuales nunca se dieron.

Los depósitos se concretaron el 7 de abril de ese año y posteriormente el dinero se dispersó en decenas de operaciones, principalmente a favor de otras siete empresas y tres personas físicas, compañeros de Saliano González en el Cusaem: Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya.

La investigación de MCCI revela que un exfuncionario de Chihuahua declaró a la PGR que el dinero fue a dar a campañas electorales por instrucciones de César Duarte y de Alejandro Gutiérrez, además de que desde diciembre de 2015 había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda “para que a través de los Estados de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua” se apoyara la campaña electoral, a nivel nacional, de 2016.

Así, los 246 millones de pesos habrían sido utilizados en las campañas del PRI en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango.

Por lo pronto, Javier Corral anunció que hay cinco nuevas órdenes de aprehensión en contra de César Duarte, pero que éstas serán entregadas a la PGR una vez inicie la administración de Andrés Manuel López Obrador, ante la desconfianza hacia las actuales autoridades “que están al servicio de los delincuentes”.

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