La denuncia del panista Javier Corral contra el Gobierno de Enrique Peña...

La denuncia del panista Javier Corral contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha exhibido el basurero de los financiamientos electorales con dinero público y ha puesto en la picota al PRI, pero está tapando, también, la cara sucia del ahora precandidato presidencial panista, el queretano Anaya, que tampoco ‘canta mal las rancheras’ de la corrupción y de la impunidad mexicanas

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El último de los escándalos políticos hizo su aparición apenas una semana después deiniciado el año, cuando el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto detuvo en diciembre pasado la entrega de recursos a su Estado en represalia por la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno de los priistas más poderosos de esa entidad, acusado de desviar recursos del erario hacia las campañas electorales del PRI durante la administración de César Duarte Jáquez, antecesor de Corral y otro de los exgobernadores priistas acusado de delincuente, aunque éste sigue prófugo. Tal desvío de recursos habría quedado acaso sólo enel ámbito local, pero la investigación sacó a la luz los nombres del exlíder nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y del entonces secretario federal de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, por lo que de inmediato se encendieron las luces rojas en el Gobierno federal. Corral Jurado exhortó al presidente Peña Nieto a demostrar que no protege a Duarte Jáquez, recordándole que el Gobierno de Chihuahua está haciendo “lo que le corresponde” y que no cederá ante represalias y amagos.

La denuncia del panista Javier Corral contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha exhibido el basurero de los financiamientos electorales con dinero público y ha puesto en la picota al PRI, pero está tapando, también, la cara sucia del ahora precandidato presidencial panista, el queretano Anaya, que tampoco ‘canta mal las rancheras’ de la corrupción y de la impunidad mexicanas

Javier Ramírez

Chihuahua fue durante décadas unode los Estados más prósperos, gracias a su fuerte actividad industrial, que agrupa a casi el 13 por ciento de las plantas maquiladores de México. Su capital homónima y Ciudad Juárez llegaron a ocupar el primero y el noveno lugar en calidad de vida en el país. Ante toda esa abundancia, los gobernantes y los grupos de poder han concebido a la entidad como una fuente de riqueza propia, unos más que otros, como todos cuantos tienen la sartén por el mago en el país, pero ninguno ha hecho por ella y por su pueblo lo que en tan poco tiempo al frente del Gobierno y con tanta cabalidad hizo el casi analfabeto general Francisco Villa en medio de la borrasca revolucionaria y sobre todo en el aspecto educativo (porque si una revolución con todos sus muertos no hace posible que un pueblo se eduque y se transforme, esa revolución no sirve y esos muertos habrán caído en vano, diría el caudillo más emblemático de la Revolución Mexicana cuando fue gobernador, luego de haber sido bandolero y no al revés, como todos cuantos llegan al poder sólo para asaltar las arcas a su cargo).

Pero entre los que más han esquilmado a Chihuahua han sido los de la era de la democracia, y entre ellos muy especialmente César Duarte Jáquez, quien llegó a la gubernatura en 2010 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante su administración, designó a amigos y familiares en diversos cargos, la mayoría en instituciones educativas o como asesores, lo que le valió una fuerte crítica por su nepotismo. Además utilizó su cargo para comprar –a través de prestanombres, como es práctica común, y sin pudor ni límites para el saqueo, como todos los exmandatarios presos o en fuga-grandes extensiones de tierra a precios muy inferiores a su tasa comercial, entre éstos uno denominado El Saucito, de seis kilómetros cuadrados, en apenas 716 mil pesos. Los viajes al extranjero, utilizando aeronaves oficiales del Estado, también fueron frecuentes.

Estado endeudado

Poco antes de terminar su periodo como gobernador envió al Congreso local una iniciativa que incluía una nueva deuda por más de seis mil millones de pesos, que se sumarían a los 43 mil millones ya existentes, así como un ‘paquete de impunidad’ que afectaría al Gobierno del entonces gobernador electo Javier Corral Jurado. La propuesta fue finalmente aprobada con 23 votos a favor y ocho en contra. De esta manera la deuda estatal se elevó a 55 mil millones y fue comprometida a ser saldada con los bonos generados por las próximas administraciones.

Como sucedió en varias entidades del país, incluida Quintana Roo, el PRI perdió la gubernatura a manos de un contendiente panista, en este caso Javier Corral, quien apenas asumió la gubernatura en octubre del 2016 anunció que emprendería una serie de investigaciones en contra de su antecesor, basándose en la entrega-recepción de las dependencias y la denuncia penal de Jaime García, además “de lo que fuera saliendo”.

Fue en marzo del año pasado cuando las autoridades panistas pusieron en marcha la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, con la que en cuestión de horas se logró la detención de los extitulares de las secretarías estatales de Obras Públicas, de Hacienda y de Educación Pública, acusados de un quebranto total de 824 millones de pesos mediante la simulación de contratos de bienes y servicios.

El 27 de marzo, Javier Corral confirmó que se había librado orden de aprehensión en contra de César Duarte, quien aparentemente había escapado hacia El Paso, Texas.

Mientras tanto, las investigaciones y las detenciones continuaron. De esta manera cayeron el exdirector de Adquisiciones, el exauditor del Estado y la exdirectora de Administración de la Secretaría de Educación.

Desvío a favor del PRI

Fue en junio del 2017 cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó la detención de Duarte, tras integrar un expediente con suficientes pruebas que demostraban que desvió recursos públicos a favor del Revolucionario Institucional. De acuerdo con las investigaciones, durante su administración ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal. Un total de 700 trabajadores resultaron afectados con la retención de ese porcentaje, el cual se concentraba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda. Cada mes se expedía un cheque que era entregado al tesorero de dicho partido, sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral u otra instancia local. El monto total de los recursos desviados durante seis años ascendería a más de 79 millones de pesos.

El entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, advirtió que en el delito no sólo estaría involucrado César Duarte, sino también los líderes del partido que recibieron el dinero, por lo que Corral Jurado no quitó el dedo del renglón.

Como parte de las investigaciones, el 20 de diciembre pasado dio a conocer la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado de participar en una red que desvió 240 millones de pesos de fondos públicos de Chihuahua para favorecer las campañas electorales del tricolor en 2016.

Al día siguiente, el 21 de diciembre, tras la celebración de una audiencia, fue formalmente vinculado a proceso y trasladado al Centro de Reinserción Social de Chihuahua. El pasado 2 de enero de 2018 fue vinculado a proceso por segunda ocasión por una nueva acusación de peculado en perjuicio del Gobierno de Chihuahua al simular servicios que nunca fueron prestados, por lo que se le dictó por segunda ocasión prisión preventiva. Dentro de su declaración, Alejandro Gutiérrez confirmó que los montos desviados de la Federación fueron avalados por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

De igual manera, durante la audiencia, un testigo protegido afirmó que Alejandro Gutiérrez le dijo que existió desvío de dinero en seis entidades, con ‘blindaje’ del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que no podían devolver el dinero desviado desde Chihuahua.

Se ampara Beltrones

Al saber que la Justicia inevitablemente iría por él, quien fuera el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso un recurso de amparo para evitar ser detenido. Además, emitió un comunicado en el que rechaza haber firmado convenios con Gobiernos estatales para transferir recursos federales a las campañas de su partido.Y remató: “Lo que es verdaderamente grave es que se está cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades del Estado de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico”. Dijo desconocer el expediente de las acusaciones en su contra y que el amparo interpuesto tenía la finalidad de saber los pormenores de la averiguación y de poder defenderse en consecuencia.

Finalmente, el pasado 9 de enero una juez federal suspendió de manera provisional cualquier orden de aprehensión que exista en contra de Beltrones, así como el uso de la fuerza pública para obligarlo a comparecer ante el Ministerio Público.

El enfrentamiento con Peña

El pasado lunes 8 de enero, Javier Corral reveló en conferencia de prensa que, como represalia a su administración, la Secretaría de Hacienda se ha negado a cumplir con los acuerdos para la entrega de 700 millones de pesos de recursos extraordinarios, por lo que solicitó al presidente Enrique Peña que rectifique esta decisión dentro de la relación institucional y que dé curso a la solicitud de extradición de Duarte Jáquez.

Horas más tarde, en gira por Jalisco, el presidente le respondió que de ninguna manera el Gobierno de la República se opone al combate a la corrupción, y advirtió que la conferencia de Corral pareció más un acto político. Aseguró que la Secretaría de Hacienda, en la medida de su posibilidad y alcance, ha brindado apoyo y respaldo tanto al Gobierno de Chihuahua como a los del resto del país. “Y si no, que se lo pregunten a los varios gobernadores, sea del partido al que yo pertenezco o a quienes tengan otro origen partidario, si no han tenido respaldo y apoyo del Gobierno de la República”, aseveró.

En su mismo discurso, Javier Corral indicó que el actual secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le notificó que Chihuahua había sido la única entidad del país en no recibir recursos para el financiamiento financiero, argumentando que no había dinero por falta de recaudación.

Según Corral, días después González Anaya confirmó que el motivo por el que se dejaron de depositar los recursos era por la investigación que el Gobierno del Estado estaba realizando contra la corrupción.

Corral cuenta, por lo pronto, con el respaldo de más de 400 empresarios y ciudadanos en su reclamo. “Es evidente que voluntades ajenas e inclusive contrarias al desarrollo de Chihuahua, manipulan y constriñen procesos para que exfuncionarios acusados de corrupción eviten enfrentar la ley y las consecuencias del despojo perpetrado contra el patrimonio de los chihuahuenses y la traición de su confianza”, indicaron en un texto publicado hace unos días en medios de comunicación.

De igual manera, el fiscal general de la entidad, César Peniche, llamó a los ciudadanos a estar informados ante el sistemático saqueo de los recursos y el intento de descalificar el trabajo realizado por profesionales en la materia para exhibir este delito.

Mientras tanto, el hoy canciller Luis Videgaray hace mutis en torno a las acusaciones, aunque en uno de sus últimos actos públicos exhortó a los embajadores y cónsules de México en el mundo a “ser imparciales y a enfatizar los valore democráticos que rigen a nuestra nación”.

Como era de esperarse, este caso encendió las luces rojas en la política nacional, pues no se descarta que en los próximos meses el Gobierno federal , por medio de sus instituciones y gobernadores, intenten desviar más recursos y, lo que es peor, amagar a quienes no se alineen con él de cara a la elección presidencial.

Pero también este caso hizo posible que se dejaran de enfocar los reflectores en contra de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción que tanto habían llovido, con sobradas pruebas pero sin causas judiciales que las sustentaran (es decir que se le ha acusado de bandido pero no de imbécil, como hubiese dicho Luis Cabrera), sobre el ahora precandidato presidencial del partido de Jurado, Ricardo Anaya, que ahora grita a voz en cuello ‘al ladrón, al ladrón’, en medio del barullo contra la impunidad priista procedente de Chihuahua.

 

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