La destitución de Santiago Nieto en la FEPADE ensucia el proceso electoral...

La destitución de Santiago Nieto en la FEPADE ensucia el proceso electoral antes de que siquiera empiece, y pone otro clavo en la cruz presidencial hacia el 2018

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La remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la PGR, trajo una vez más el recuerdo de las viejas prácticas del PRI en los tiempos del autoritarismo y el recordatorio de que la democracia mexicana sigue estando a años luz de un democracia civilizada. El fiscal se había convertido en una figura incómoda para el Gobierno federal desde que comenzó a investigar el presunto soborno que recibió el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para obtener beneficios en contrataciones públicas y, al parecer, financiar la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia en 2012. Santiago Nieto, un acreditado especialista en materia de transparencia electoral, había dado muestras de vocación institucional autónoma y autogestiva, a diferencia del entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, quien había sido designado por el propio Peña Nieto para investigar las operaciones de compra-venta entre la empresa Higa y la primera dama, Angélica Rivera, y el posible conflicto presidencial de intereses en el caso, por lo que aprovecharon una entrevista que éste había otorgado al periódico Reforma -en la que mencionó que Lozoya le pidió exonerarlo públicamente de las acusaciones-, para asegurar que había violado el código de ética de la PGR y por lo tanto debía ser removido. El tiro les salió por la culata a los perseguidores presidenciales, pues la acción fue tomada por la opinión pública como una orden directa de Los Pinos para dar ‘carpetazo’ a uno de los más grandes casos de corrupción a nivel federal. Ahora el futuro de Santiago Nieto está en manos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, donde ni siquiera se han puesto de acuerdo para decidir si votarán de manera abierta o secreta en torno de su restitución. En caso de no hacerlo antes del 3 de noviembre, se habrá dado un golpe más de tantos contra la credibilidad del Gobierno federal, que tendría el camino libre para imponer a un fiscal ‘a modo’ de cara al ya cercano proceso electoral del 2018.

La destitución de Santiago Nieto en la FEPADE ensucia el proceso electoral antes de que siquiera empiece, y pone otro clavo en la cruz presidencial hacia el 2018

Javier Ramírez

El pasado 20 de octubre, apenas cuatro días después de haber sido designado encargado de la Procuraduría General de la República (PGR) tras la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, removió a Santiago Nieto Castillo de la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) con el argumento de que había violado el código de conducta de la PGR al declarar al periódico Reforma que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia de las acusaciones de que había recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial del PRI en 2012. La noticia provocó la inmediata reacción de los partidos opositores al PRI y al Gobierno federal priista, los cuales afirmaron que se trata de una clara muestra de corrupción, al intentar hacer a un lado al primer fiscal que actuó en contra de gobernadores y funcionarios corruptos, entre éstos el veracruzano Javier Duarte y el quintanarroense Roberto Borge.

Ante la polémica, el Senado de la República decidió que la Junta de Coordinación Política fuese la que resolviera si Santiago Nieto era restituido o no en el cargo, por lo que ambas partes fueron llamadas a comparecer. Sin embargo, hasta el momento los senadores no han conseguido acordar la manera en que votarán la decisión, pues los del PRI están respaldando la decisión de la PGR.

Y mientras eso sucede, Lozoya aprovechó para presentar dos denuncias en contra del exfiscal por “abuso en el ejercicio de sus funciones”.

La entrevista a Reforma

El pasado 18 de octubre, el periódico capitalino Reforma publicó una entrevista con Santiago Nieto Castillo, quien en su calidad de titular de la FEPADE confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, le había enviado una carta para exigirle que hiciera un pronunciamiento público sobre su inocencia en el desvío de recursos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que, como se recordará, en agosto de este año la FEPADE inició una carpeta para investigar  si una parte de los 10 millones de dólares que Lozoya habría recibido por parte de la compañía brasileña Odebrecht fue destinada al financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Al verse amenazado, Lozoya envió la referida misiva junto con su currículum, en el que le dice quiénes son sus padres. De acuerdo con Santiago Nieto, dicha carta reflejó en gran medida la impunidad a la que aspiraba a partir del mensaje de que “soy una figura pública”, y “la autoridad se tiene que disculpar”.

La destitución

Tras la publicación de la entrevista, Elías Beltrán, quien había sido designado encargado de la PGR en lo que el Senado definía al siguiente titular tras la renuncia de Raúl Cervantes -quien aseguró que legisladores y políticos habían utilizado su nombre y sus aspiraciones como una excusa para no avanzar en la aprobación de leyes que mejoraran la procuración de Jjusticia en el país-, anunció mediante un comunicado la remoción de Santiago Nieto de la FEPADE.

La noticia provocó una oleada de críticas, tanto de políticos como de analistas, por lo que a todas luces representaba una orden proveniente de Los Pinos para dar carpetazo al caso Odebrecht y dejar impunes a quienes participaron en el desvío de recursos.

La Comisión Permanente del PAN consideró que la remoción del fiscal es un acto autoritario y contrario al interés nacional de contar con una procuración de Justicia imparcial y objetiva, además de que enrarece el ambiente de cara al proceso electoral del próximo año, pues da la impresión de que el Gobierno federal pretende poner un titular “a modo”.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, aseguró que con esta clase de decisiones “vamos directito a una elección de Estado”.

En contraste, el PRI aprobó la decisión de Elías Beltrán, pues Santiago Nieto “violó la ley y no debe permanecer al frente de la institución”. Los priistas, sin embargo, consideraron “dar la oportunidad” a Nieto Castillo de exponer los argumentos en los que basó su solicitud al Senado para objetar la decisión de la PGR.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, informó entonces que tanto Elías Beltrán como Santiago Nieto comparecerían ante el pleno de la Cámara alta para escuchar sus versiones y así votar si restituyen a este último o avalan la decisión de la PGR.

Las versiones de ambas partes

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Alberto Elías Beltrán mencionó que la salida de Santiago Nieto no obedeció a una orden externa de la PGR, sino que fue una decisión que se tomó al analizar el actuar de éste, “desde que empezó a brindar la información a diversos medios de comunicación”, y se operó “hasta que tuve la certeza” de violaciones al debido proceso.

Aseveró que “todo esto impacta de manera directa al código de conducta ética de la Procuraduría, y precisamente es por eso que se hace la remoción de Santiago. El hecho de que violente esos principios puede dejar en libertad al presunto responsable. Nosotros no nos podemos permitir dar información reservada a un medio de comunicación, ni en ésa ni en cualquier otra circunstancia que pueda poner en riesgo un caso y que los presuntos responsables queden en libertad”.

Posteriormente, entrevistado por Carlos Loret de Mola, Santiago Nieto aseguró que no violó ningún código de conducta o normatividad de tipo penal o administrativa como para que fuera despedido. “A pregunta expresa del reportero (de Reforma) contesté que la Fiscalía tiene la fortaleza institucional para enfrentar cualquier caso. Fue en ejercicio de su libertad de expresión que el reportero interpretó lo que le contesté y lo respeto absolutamente”.

Refirió que en tres ocasiones le dijo que no le podía dar datos sobre la investigación que abrió la FEPADE por presuntos sobornos que habría recibido la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

El exfiscal electoral comentó que acudiría al Senado a fijar su postura sobre el despido que sufrió. “Es importante que el Senado se pronuncie y yo acataré la decisión. Soy un hombre de leyes y creo que es importante seguir trabajando en términos constitucionales y de Derecho”, expresó.

Lozoya denuncia

Mientras ambas partes se enfrentaban, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, informó que fueron interpuestas dos denuncias en contra de Santiago Nieto, la primera ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR por violar la Ley de Amparo, y la segunda ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, también de la PGR, por uso indebido del servicio público tras revelar información de una carpeta de investigación.

El litigante aseguró que Nieto Castillo es “protagónico y mentiroso, y por eso debe ser sancionado”, y acusó que sus mentira puso en riesgo la investigación en contra de su defendido.

Aseguró que días antes Lozoya Austin acudió a las instalaciones de la FEPADE para declarar luego de haber obtenido la suspensión provisional, pero no lo dejaron entrar ni le mostraron la carpeta de investigación. Tras comunicárselo al juez, se le concedió la suspensión definitiva.

Decisión será de la Jucopo

El lunes 23 de este mes, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, informó que sería la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, encabezada por Ana Lilia Herrera Anzaldo, el órgano que decidiría el procedimiento en torno al futuro de Santiago Nieto. De esta manera, al día siguiente, los senadores acordaron que fuese mediante el voto como se resolviera el asunto, lo que sería tratado finalmente el miércoles 25.

Pero tanto el miércoles como el jueves las sesiones fueron ‘reventadas’ por los grupos parlamentarios del PAN, el PRD y el PT, al no existir acuerdo por el método de votación respecto a la restitución. El bloque del PRI-PVEM busca el voto en cédula o secreto, mientras que los opositores optan por el voto abierto, es decir mediante tablero electrónico.

Los coordinadores del PAN, Fernando Herrera; del PT, Manuel Bartlett; y del PRD, Luis Sánchez, aseguraron que no daría marcha atrás en su posición, en tanto el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, dijo que ni el PRI ni el PVEM se iban a dejar chantajear por nadie. “El tricolor votó hace dos años por Santiago Nieto, porque creímos en su trabajo, pero ahora le hemos perdido la confianza”, sentenció.

Finalmente, la semana concluyó sin que los senadores se pusieran de acuerdo. El problema es que ya habían transcurrido cinco de los días 10 días hábiles que tiene la Jucopo para decidir el futuro de Nieto Castillo, por lo que si no consiguen hacerlo antes del 3 de noviembre, éste será finalmente destituido.

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