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La detención y eventual extradición de Torres López, cómplice de los hermanos Moreira, pone a temblar a una larga lista de exfuncionarios no sólo de Coahuila sino del pasado Gobierno federal

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Entre todo el grupo de exgobernadores priistas que en los últimos años han sido acusados o detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses de lavado de dinero, asociación delictiva y otros delitos propios de quienes no se conformaron con el ejercicio del poder político y lo usaron para delinquir con el máximo riesgo de perderlo todo, destacan los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés, quienes con el apoyo del interino Jorge Torres López ocasionaron un desfalco de 146 millones de dólares al erario de Coahuila, mediante una red de empresas fantasma, y recibieron, además, enormes sumas de dinero del Cártel de Los Zetas, grupo delictivo al que protegieron en el curso de sus gestiones estatales. Aunque Humberto sería el principal beneficiario de la corrupción que imperó en esos Gobiernos, al grado de que la Revista Forbes lo ubicó en 2013 en el número 7 de las personas más corruptas en México, el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto no sólo nunca intentó perseguirlo, sino que lo ayudó en 2015 cuando fue detenido en España acusado de transferir dinero ilegalmente a ese país. Desde entonces, Humberto y Rubén Moreira siguen libres y activos en la política mexicana, pues mientras el primero buscó en 2017 una diputación local con un partido que había creado –hecho que provocó que el PRI lo expulsara, aunque éste protestó y finalmente le devolvieron la militancia-, el segundo fue designado secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional priista. Ha sido Jorge Torres, sin embargo, quien ha sido imputado por las autoridades estadounidenses, las cuales durante cinco años lo tuvieron como uno de los criminales más buscados. Con su detención el pasado 5 de febrero, su defensa de inmediato consiguió que se suspendiera temporalmente su extradición al país del norte, ante el temor de que una vez ahí finalmente ‘suelte la sopa’ y dé nombres y fechas de muchos delitos cometidos tanto por los hermanos Moreira como por exfuncionarios federales que les brindaron protección. Y así, la Fiscalía General de la República, encabezada desde hace unas semanas por Alejandro Gertz Manero, estaría dando su primer golpe contra los políticos corruptos.

Javier Ramírez

El pasado 5 de febrero, la Fiscalía General de la República dio a conocer la detención, en Puerto Vallarta, Jalisco, de Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila, luego de cinco años de estar en la lista de los más buscados por la DEA estadounidense, que lo acusa de diversos delitos, como fraude y asociación delictuosa.

Representantes del Gobierno federal de inmediato afirmaron que su aprehensión desencadenaría un ‘efecto dominó’ que podría llevar a la detención de más exfuncionarios involucrados en el desvío de recursos registrado en la entidad del norte, como los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés, quienes a pesar de haber incrementado la deuda de Coahuila y ser señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada, nunca fueron investigados por el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, dos días después de su traslado a un reclusorio de la Ciudad de México, un juez suspendió el proceso de extradición en su contra argumentando que era necesario esperar los informes de las partes involucradas para evitar posibles “afectaciones a derechos fundamentales de imposible reparación en perjuicio del acusado”.

Gobierno corrupto

Para entender mejor el caso de Torres López es necesario remontarse al Gobierno de su padrino político, el también exgobernador Humberto Moreira Valdés, con quien trabajó desde que éste fungió como presidente municipal de Saltillo. Así, pasó de ser contralor municipal a secretario estatal de Finanzas y de Desarrollo Social, cuando Moreira se convirtió en gobernador en el año 2005.

Si bien la administración de Humberto Moreira tuvo algunos aciertos, como haber logrado entre los años 2006 y 2008 la mayor disminución de los índices de pobreza y marginación social sobre el resto de los Estados del país (de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.), tras finalizar su gestión, la deuda de dicha entidad rebasó los 30 mil millones de pesos. En agosto de 2011, el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resultara responsable de la adquisición del millonario adeudo.

Para entonces, Moreira ya había pedido licencia a su cargo como gobernador para buscar la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, sólo alcanzó a dirigir al partido entre marzo y diciembre de ese año, pues cuando la Auditoría Superior de Coahuila dio a conocer que los 30 mil millones de pesos se adquirieron en 2008, renunció para enfrentar las denuncias.

Pero en noviembre de 2012, la PGR se desistió de incriminarloy argumentó no haber podido encontrar evidencias suficientes para acusarlo formalmente de desvío de recursos, pese a que en ese mismo mes se difundió un video en el que Moreira y el exadministrador general de políticas públicas del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, Sergio Ricardo Fuentes, discutían sobre créditos irregulares con los bancos Santander y BanBajío por mil millones de pesos.

Enlace de los Moreira

Tras las licencia de Humberto Moreira, el Congreso del Estado designó en enero de 2011 a Jorge Juan Torres López –quien meses antes había regresado a la administración de Moreira como secretario de Desarrollo Social luego de dos años en los que fungió como alcalde de Saltillo- como gobernador interino. Torres López concluyó su gestión en noviembre de ese mismo año tan sólo para pasar la estafeta a Rubén Moreira, hermano de Humberto, quien dejó a la entidad como la sexta más endeudada del país, al pagar durante su gestión 21 mil millones de pesos a los bancos de puros intereses, sin bajar ni un centavo el adeudo.

Sobre él pesaron señalamientos por no haber investigado ni a su hermano ni a Torres López por la mega deuda, ni los nexos que habría tenido el primero con el Cártel de Los Zetas, grupo delictivo del que habría recibido sobornos. (La complicidad de Humberto con el ‘narco’ habría ocasionado el asesinato en 2012 de su hijo, José Eduardo Moreira Rodríguez, al parecer por una venganza resultante de la ejecución de Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el ‘Z-40’, líder de los Zetas.)

En 2016, la bancada del PAN en el Senado acusó a Rubén ante la PGR por el presunto desvío de 160 millones de pesos de las arcas estatales a empresas fantasma que no aparecían en el padrón de proveedores del Gobierno de Coahuila. Además, un integrante de los Zetas, identificado como Adolfo Efrén Tavira, declaró ante una Corte federal de San Antonio, Texas, que el gobernador recibió en 2012 una camioneta llena de dinero proveniente del referido grupo criminal.

Pese a todas las acusaciones, al igual que su hermano, Rubén fue ‘premiado’ por el PRI al convertirlo en diputado federal y secretario general del partido (y aunque renunció a este último al cabo de un mes, en 2018 el exdirigente nacional Enrique Ochoa Reza lo nombró secretario de Organización).

Protegido por Peña

Pero mientras las autoridades mexicanas nunca tuvieron interés en actuar contra los tres exgobernadores, los Gobiernos de Estados Unidos y España habían iniciado sus propias investigaciones. Así, en enero de 2015, Humberto Moreira fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, por blanqueo de dinero, cohecho y asociación criminal, entre otros delitos.

La Justicia de España había iniciado una investigación contra el exgobernador a petición judicial de Estados Unidos, centrada en delitos de malversación durante el tiempo que encabezó al Gobierno de Coahuila, pues en el año 2013 había hecho transferencias de dinero a España por unos 200 mil dólares.

Moreira había comenzado a radicar en Barcelona para comenzar a estudiar. Ahí llevó una vida de lujos, instalado en una residencia de seis habitaciones, seis baños y piscina, mientras se desplazaba en un coche de alta gama. El exgobernador se defendió asegurando que vivía de una beca del sindicato de maestros y de sus ahorros.

Mientras radicaba en España, la Corte Federal del Distrito Sur de Texas había iniciado un proceso contra dos integrantes de su antiguo gabinete: su extesorero Héctor Javier Villarreal Hernández, y el exsecretario de Desarrollo Social, Jorge Juan Torres López, por ser cómplices en la transferencia de 35 millones de dólares del erario de Coahuila a cuentas particulares de Texas y las Bermudas.

Según la investigación, con ese dinero adquirieron propiedades en San Antonio, Brownsville y la Isla del Padre. En este proceso, la Corte Federal le confiscó a Torres López 2.8 millones de dólares que tenía depositados en las Bermudas junto a su esposa.

Villarreal se declaró culpable y quedó preso en Texas, pero Torres consiguió escapar. En febrero de 2016, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo ubicó en la lista de los delincuentes más buscados a nivel mundial.

La detención de Moreira suponía un gran avance en el proceso que se seguía en Texas, pero a los pocos días salió en libertad negando los delitos de los que se le acusó y regresó a México. Un juez español lo había dejado libre luego de que los abogados del exgobernador presentaron documentos que acreditaron las transferencias bancarias de México a España.

Lo cierto es que el Gobierno del entonces presidente Peña Nieto había puesto a disposición de Moreira toda la maquinaria diplomática y legal para conseguir su libertad lo más pronto posible, como quedó en evidencia al comprobarse que la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez González, habían entablado comunicación con su homóloga española, la fiscal general Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles.

Suspenden extradición

Luego de cinco años prófugo, Torres López fue capturado mientras caminaba en una plaza comercial de Puerto Vallarta, Jalisco, y de inmediato fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en lo que los Gobiernos de México y Estados Unidos iniciaban los trámites para su extradición por los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.

Pero dos días después, el juez décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Leopoldo Vargas, concedió la suspensión provisional del proceso de extradición solicitada por Torres López, argumentando que esperará los informes justificados de las partes para determinar si concede o no la suspensión definitiva.

Tras quedar preso, el exmandatario promovió el amparo 111/2019 contra dicho juicio de extradición, y contra cualquier acto de incomunicación, tortura o malos tratos por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias.

Se espera que el proceso continúe en las próximas semanas y finalmente sea trasladado a Estados Unidos, pero lo cierto es que fuertes intereses harán lo posible para evitarlo, pues es alto el riesgo de que el exgobernador ‘cante’ ante las autoridades estadounidenses e involucre tanto a los hermanos Moreira como a exfuncionarios federales que los protegieron mientras dejaban endeudado al Estado de Coahuila.

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