La elección del próximo ombudsman estatal seguirá siendo un mero trámite anecdótico...

La elección del próximo ombudsman estatal seguirá siendo un mero trámite anecdótico si la institución ‘autónoma’ que presidirá sigue siendo un cero a la izquierda en términos constitucionales y operativos

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Antes de que finalice este mes de enero, la XV Legislatura local habrá elegido a quien será el próximo titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. A diferencia de años anteriores, esta ocasión los diputados han impuesto ‘candados’ para que sea una persona sin nexos de interés particular con algún partido o con el poder político quien ocupe el cargo, argumentando que de esta manera se garantizará la imparcialidad del proceso. Además, también han puesto como requisito que los interesados sean postulados por alguna asociación civil legalmente establecida que avale su experiencia. Pero más allá de las verdaderas intenciones de los legisladores locales, lo cierto es que el nuevo ombudsman tendrá entre sus manos una causa perdida, pues el organismo ni cuenta ni ha contado nunca ni con el personal ni con las recursos ni con la facultades mínimas necesarias para atender siquiera el 10 por ciento de las denuncias presentadas por los ciudadanos en contra de servidores públicos de los que se dicen agraviados en sus garantías fundamentales, sobre todo autoridades policiacas que incurren en detenciones arbitrarias, torturas y extorsión,médicos que hacen mala práctica de su oficio, maestros que acosan a sus alumnos o abusan sexualmente de ellos, y tantos otros victimarios impunes cuya condición de injusticia les otorga licencia para repetir sus abusos. Además, las pocas acusaciones a las que pueda dar seguimiento la Comisión sólo derivarán en simples ‘recomendaciones’ que por lo general nunca son acatadas porque tales observaciones son como los llamados a misa: los atiende quien quiere porque las autoridades involucradas no están obligadas a hacerlo. No por nada Quintana Roo es de las entidades con mayor número de violaciones de derechos humanos en el país.

La elección del próximo ombudsman estatal seguirá siendo un mero trámite anecdótico si la institución ‘autónoma’ que presidirá sigue siendo un cero a la izquierda en términos constitucionales y operativos

Javier Ramírez

El Congreso de Quintana Roo inició el proceso para elegir al nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo). Antes de finalizar enero, la XV Legislatura debe tomar una decisión sobre quién será el nuevo ombudsman.

Una serie de reformas aprobadas en días pasados por los legisladores locales estipula como nuevos requisitos para ser ungido que no debe haber desempeñado el cargo de secretario, director general o su equivalente en la administración pública paraestatal, ni de fiscal general del Estado, senador, diputado federal o local ni de presidente municipal, ni haber ocupado un puesto de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político durante el año previo al de su designación.

De acuerdo con la diputada Eugenia Solís, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura de Quintana Roo (encargada de llevar a cabo el proceso), estos cambios garantizan la imparcialidad de la persona que sea elegida, al estar desvinculada de la administración pública.

“Además, ahora será necesario que los interesados en participar sean postulados por una asociación civil legalmente establecida y dedicada a la defensa de los derechos humanos, para asegurarnos de que los candidatos son personas con experiencia en el tema”, dice la legisladora.

Como sea, quien ocupe el sillón del máximo despacho de protección y garantía de los derechos fundamentales en la entidad, va a enfrentar un panorama de mucho trabajo para remontar tan sobradas adversidades e imposibles que han hecho que Quintana Roo ocupe uno de los primeros lugares en violaciones impunes a los derechos humanos.

La lista es larga: las cárceles del Estado son de las peor calificadas del país, por ejemplo,y no sólo por el hacinamiento y las condiciones antihigiénicas en la que se encuentran los reos, sino porque muchos de ellos tienen varios años tras las rejas –algunos más de los que la peor sentencia les hubiese determinado- sin siquiera haber recibido un juicio, y porque inocentes o culpables son víctimas silentes del cavernícola sistema de autogobierno de los presidiarios, donde los más crueles e inhumanos de ellos, sicarios y personeros del ‘narco’, les imponen su ley inapelable de extorsión y venta de derecho a la vida y otros privilegios carcelarios, donde los inocentes pagan el triple castigo de no ser culpables de lo que se les imputa, de estar privados de su libertad sin causa probada, y de ser rehenes además del salvajismo legal de un ‘autogobierno’ operado por el crimen organizado con el aval de la autoridad y del sistema penitenciario.

También está el tema del acoso enfermizo y el abuso de muchos docentes contra alumnos suyos, donde desde 2012 se han registrado más de 58 denuncias contra profesores por obligar a sus alumnos a tener relaciones sexuales con ellos, sin que hasta el momento haya un solo maestro bajo proceso, o sentenciado y preso por los delitos propios de ese tipo de conductas donde también la entidad destaca entre las primeras del país, como campeona indisputable que es, asimismo, de ataques y crímenes sexuales.

Y lo mismo en términos de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones por parte de elementos policiacos, y de su reiterado y consistente ataque contra inmigrantes pobres que llegan a la entidad, o los multiplicados abusos en el sector salud, como los cometidos contra mujeres gestantes que son forzadas a parir mediante cesárea con el objetivo de acelerar el parto y simplificar tiempo y esfuerzo del personal médico responsable, lo que se llamada violencia obstétrica.

El irremediable sistema de Justicia

Como en todo el país, una de las principales agresiones a los derechos humanos en Quintana Roo tiene que ver con la seguridad pública y con la procuración y la administración de Justicia.

De acuerdo con personal de la Comisión estatal de los Derechos Humanos, son cerros de expedientes los que se acumulan por denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales cometidas agentes policiacos y del Ministerio Público, y por los abusos cometidos en los tribunales y relativos a olvidos o postergaciones dolosas de los jueces en contra de presos sin sentencia y criminales libres beneficiados del mismo modo: por dolo o por olvido en torno de los procesos.

Estosdías solicitó la información sobre el número de quejas ciudadanas de orden policial y ministerial. Y si bien no se ha proporcionado algún dato de manera oficial, fuentes de la Cdheqroo afirman que de cada 20 detenciones operadas por la Policía Judicial, por ejemplo, 15 se realizan sin orden de aprehensión.

Y de esa misma veintena de arrestos, al menos 13 se llevan a cabo mediante fuerza excesiva e innecesaria,y se inducen confesiones preliminares bajo tortura, desde golpes y azotes, hasta tormentos mayores, además de que se cometen actos de extorsión y hasta abusos sexuales.

También, 16 de cada 20 personas que han sido detenidas por la autoridad municipal sufrieron golpes, amenazas y tormentos, y sin ninguna causa legal de por medio.

Si en Cancún se llevan a cabo alrededor de 400 detenciones al mes (de acuerdo con las estadísticas de la Dirección municipal de Tránsito y Policía de Benito Juárez), significa que al menos siete de ellas se realizan a diario violando los derechos humanos.

“Es, por ejemplo, el caso de un hombre de 32 años que fue detenido porque un vecino lo acusó de hacer demasiado ruido en la noche del 20 de diciembre. La Policía Municipal llegó al lugar.El acusado estaba con sus amigos y familiares con unas copas de más y se negó a bajarle el volumen a su música. Dos policías lo molieron a golpes mientras lo subían a la patrulla, lo que resultó en algunas costillas y la nariz rotas. Luego de salir libre presentó su denuncia contra los agentes que lo arrestaron. Hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción en contra de ellos, a pesar de que emitimos la recomendación respectiva para que se tomen cartas en el asunto”, cita la fuente a este semanario.

Y luego está la cantidad de personas tras las rejas de las cárceles del Estado esperando el juicio que dictamine si son culpables o inocentes.

Estosdías ya ha hablado de este tema en números anteriores, y ha revelado que al menos el 50 por ciento de los reos se encuentran en esa situación de extrema irregularidad, en la que se cursan años de cárcel por delitos menores o por otros de los que se acusa a inculpados inocentes que pagan con más tiempo de prisión que el que recibirían si fuesen declarados culpables, una verdadera atrocidad del sistema de Justicia.

Si se toman en cuenta las denuncias por detenciones arbitrarias, reos –culpables o inocentes-sin sentencias y demás arbitrariedades relativas sólo al aparato de Justicia y sólo en los últimos cinco años, la Cdheqroo tiene un rezago de más de siete mil expedientes, refiere el personal consultado por este semanario.

“No nos damos abasto. Tenemos muy poco personal, casi 20 empleados para darle seguimiento a estas denuncias por violación de derechos humanos. Aún trabajando a nuestra máxima capacidad, sólo podemos resolver entre 20 y 30 casos al mes, cuando nos llegan en el mismo periodo más de 200. Y así nunca vamos a terminar”, dice.

Añade que tan sólo en 2017 y sólo por abuso policiaco se recibieron más de mil 500 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Benito Juárez, Municipio donde se concentran el 40 por ciento de estos casos, de las cuales apenas la mitad pudieron ser atendidas.

Pero una cosa es que el organismo defensor de las garantías fundamentales atienda cada caso y otra muy diferente es que los resuelva, y que los resuelva, además, de manera oportuna, que es la condición de que se pueda resarcir de alguna manera el daño y de que se pueda, también de alguna manera, hacer justicia.

Porque de las 750 denuncias a las que dio seguimiento en 2017, la Cdheqroo sólo emitió 16 ‘recomendaciones’ (menos del 4 por ciento sobre las que trabajó el organismo, y 2.1 por ciento del total de denuncias recibidas), y de éstas sólo cinco concluyeron con una sanción al agente policiaco por su conducta inapropiada, o el relajante “disculpe usted, nos equivocamos al aprehenderlo”.

El abuso de los maestros

El nuevo ombudsman también va a tener un gran desafío respecto de las quejas contra el sistema educativo estatal, y no precisamente las relativas a los niños a quienes se negó cambiarse de escuela, sino a las denuncias por abuso y acoso sexuales de maestros contra sus alumnos.

Hacia 2005, las acusaciones en torno de docentes y personal escolar pervertido eran del orden de 40. Para 2009 habían llegado a 80. En 2012 fueron más de 150. Durante 2015 la Cdheqroo recibió más de 180.Y apenas el año pasado se incrementaron a 220.

La tendencia al alza de este tipo de incidentes es inobjetable. Tiene que ver con la calidad demográfica, con la criminalidad que asocia, y con la impunidad que alienta su crecimiento.

La mayoría de los casos ocurre en zonas rurales, sobre todo en telesecundarias y preparatorias. Como ejemplo están los casos del morboso profesor de una secundaria en Felipe Carrillo Puerto que pedía fotos ‘íntimas’ de sus alumnas para permitirles aprobar su materia, o el del no menos aprovechado maestro de Educación Física de la comunidad de Pantera que invitaba a sus alumnas a su casa en Bacalar para tener sexo con ellas,y el de la niña que fue desnudada por la directora de una secundaria de Calderitas como parte de un supuesto ‘Operativo mochila’.

En estos casos, el principal obstáculo a vencer es el amparo del sindicato magisterial a sus criminales miembros, pues a pesar de que la mayoría de las recomendaciones de la Cdheqroo han sido en el sentido de que se castigue al docente al que se prueba que cometió la falta cesándolo de manera definitiva y ejemplar, al final del cuento y con la cobertura cómplice de sus iguales del sindicato y de la autoridad educativa, sólo es cambiado de plantel, sin que exista siquiera la mínima sanción de por medio. Y así, la espiral del delito y de la reincidencia patrocinada por la complicidad, por la impunidad, por la demagogia y por la inoperancia institucional en torno de la defensa de los derechos humanos, sigue ampliando el ámbito de la tragedia. Y si es en las escuelas y entre los maestros donde ocurre –que, es decir, en el territorio donde debe nacer la civilidad y la cultura del respeto a la ley y a los derechos fundamentales de los nuevos ciudadanos-, poco puede esperarse que ese tipo de conductas criminales baje su intensidad en otros ámbitos.

Causa perdida

Sin duda son muchos los retos para quien sea designado defensor del pueblo frente a los abusos de las autoridades, comenzando por la escasez de personal del organismo que tendrá a su cargo, que hace casi imposible atender siquiera a la mitad de los ciudadanos cuyos derechos esenciales han sido y son vulnerados.

Por lo demás,los abusos desde la institucionalidad y las autoridades públicas contra las garantías naturales de las personas son más de orden cultural e idiosincrático que otra cosa; son expresión de la mísera genética educativa y sus manifestaciones en el quehacer político y en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

Para el policía nocivo no existe otra forma de hacer las cosas que a madrazos, y un cambio de ombudsman tampoco significará que el profesor con patologías sexuales irreprimibles y complicidades en una autoridad escolar y un sindicato de colegas con males iguales o peores y una pésima conciencia de sus responsabilidades éticas y sociales, deje de abusar de sus alumnos y contribuya a que superen sus debilidades propias.

La violación a los derechos primarios de los ciudadanos, pues, parece una práctica irremediable fundada en la demagogia y la insinceridad de las causas y las instituciones con que se dice pretender impedirla y erradicarla.

Las pías ‘recomendaciones’ en un pueblo donde ni siquiera el mandato coercitivo de la ley se respeta, son disposiciones constitucionales patéticas y resoluciones legislativas inventadas con el ánimo real de que no sirvan para nada. No son sanciones ni vinculaciones de proceso. Por tanto, la autoridad que haya cometido la falta puede simplemente ignorarlo, tal como lo ha estado haciendo.

Luego entonces, con un organismo que no se da abasto para atender ni el 10 por ciento de las denuncias recibidas, y sin la capacidad de obligar a los acusados a resarcir el daño, la de la Comisión de los Derechos humanos del Estado de Quintana Roo es una causa sabida y constitucionalmente perdida.

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