La herencia constitucionalista de Raúl

La herencia constitucionalista de Raúl

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Signos

Cuba tendrá una nueva Constitución política. Será la última gran reforma legislativa del modelo revolucionario fundado y dirigido por los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz. Y sería, como fundamento jurídico de los cambios históricos y la modernización de las estructuras del poder del Estado que dice proponerse –según la presentación del proyecto respectivo,que fue discutido y aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o parlamento cubano, en La Habana, entre el sábado y el domingo, 21 y 22 de julio, para convertirse en Carta Magna dentro delas celebraciones del sesentaicinco aniversario del asalto al Cuartel Moncada e inicio de la lucha revolucionaria, del ciento cincuenta de la gesta independentista, y del noventa del natalicio del Che Guevara-, el gran legado para una transición decisiva hacia una República, una sociedad y un socialismo más institucionales y menos dependientes de decisiones personales, como han sido las de sus líderes históricos absolutos, Fidel y Raúl, pero también de otros de la primera jerarquía del Partido Comunista, cuya edad los hace inviables para las transformaciones y la modernización necesarias, y aun para el futuro inmediato.

Raúl y sus colaboradores generacionales en el Buró Político y en los niveles estratégicos de los principales órganos militares y civiles del Estado, siguen dominando las directrices e iniciativas esenciales del poder revolucionario, en la medida en que presiden, también, las comisiones vitales de la Asamblea Nacional, y ocupan posiciones estratégicas de control y vigilancia en torno a la jefatura de los Consejos de Estado y de Ministros –donde se ejercen la política exterior, la interior, la de defensa y seguridad nacional, la administración central del país y el sistema de Justicia-; pero en el nuevo mandato constitucional (y transgeneracional) se apunta hacia una mayor autonomía relativa de gestión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con un reforzamiento del peso específico de cada cual, y con acotamientos de temporalidad en los cargos de elección que no podrán ser ignorados mediante disposiciones fácticas y comicios a modo,donde la perpetuidad ha sido el signo, a menudo, de quienes los han ocupado merced a una voluntad superior, encubierta en una norma casuística y en unos procesos del todo manipulables.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (ahora Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ejemplar discípulo de Fidel y dirigente de la mayor cualidad ética, intelectual,política y administrativa) seguirá siendo elegido, primero que nada, por el voto popular, a la Asamblea Nacional; y, una vez diputado –antes también habríasido electo como representante a la Asamblea Municipal de su pertenencia-, será elegido por las dos terceras partes de la misma al cargo que sintetizará el de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el de Presidente de la República, en cuya calidad tendrá la facultad de nombrar a un Vicepresidente y a un Primer Ministro, que serán subordinados suyos,luego de ser ratificados por la Asamblea Nacional. El cargo de Presidente de la República tendrá una vigencia de cinco años con la posibilidad de sólo una reelección para un periodo más, que sería sucesivo. El Vicepresidente sólo tendrá funciones de relevo del Presidente y las que éste le asigne, y el Primer Ministro será responsable sólo de la administración del gobierno interior. El Presidente de la República asumirá las funciones de Estado y de Gobierno (la política exterior e interior, y las de defensa y seguridad nacional, y propondrá a la Asamblea los nombramientos del Fiscal General –ahora Ministro de Justicia- y del Contralor General de la República, que quedarán, también, bajo sus órdenes, pero los miembros del Consejo de Ministros ya no tendrán participación, como hasta ahora, en el Consejo de Estado (en el que decidirán los dirigentes de la Asamblea y del Comité Central del Partido no pertenecientes a la administración del Gobierno). El Presidente de Cuba lo será también de la Asamblea Nacional, pero sólo durante los periodos sin sesiones parlamentarias, y será relevado por el Vicepresidente si llegara a faltar. El Presidente de la Asamblea Nacional lo será de manera interina del país en falta del Presidente y el Vicepresidente, hasta que un nuevo jefe de Estado y de Gobierno electo –que deberá ser cubano por nacimiento, sin dobles nacionalidad y residencia, y con más de treinta años de edad,pero no más de sesenta- entre en funciones y nombre a su Vicepresidente y a su Primer Ministro.

Desaparecerán las Asambleas Provinciales del Poder Popular –o Congresos locales-,y los Presidentes Provinciales del Poder Popular serán ahora Gobernadores designados por la Asamblea Nacional a propuesta, asimismo, del Presidente de la República –del que dependerán-, pero se mantendrán las Asambleas Municipales –o Cabildos-, con un diputado presidente municipal electo por los asambleístas –elegidos por voto directo en los comicios locales-, que a su vez será jefe del intendente del Municipio –propuesto a la Asamblea Municipal por el diputado presidente del Municipio- y cuya función será la administración del mismo. (Los nombres oficiales de las jefaturas políticas y las intendencias administrativas municipales, serán definidos e incorporados a la nueva Constitución cuando el proyecto de la misma curse el trámite de la consulta popular al que será sometido entre agosto y noviembre para ser promulgada, y se plasmarán en las leyes reglamentarias que se legislen para hacer efectivo, con su ejercicio, el mandato constitucional.)

Las presidencias municipales tendrán más autonomía (como primeras expresiones representativas directas y soberanas de la voluntad popular), y participarán en la toma de decisiones de los Gobernadores –o delegados del Presidente de la República- sobre sus Municipios. La Asamblea Nacional no perderá sus fueros representativos superiores y de control, y el Partido seguirá ejerciendo los suyos a través de su presencia omnímoda en las Legislaturas y en los Gobiernos. La Presidencia de la República no tendrá facultades de veto (porque no podría oponerse a las decisiones populares tomadas por sus representantes), aunque podrá promover iniciativas de ley y deberá suscribir las que emita el poder legislativo y publicarlas en el diario oficial de la República.

Los tribunales jurisdiccionales seguirán supeditados a las decisiones legislativas de la Asamblea, como órgano representativo superior de la sociedad, y seguirá sin haber un órgano supremo de Justicia que dirima la constitucionalidad de las leyes, justo por eso mismo: porque la Asamblea determina ese control. Lo que habrá de crearse –durante el proceso de legislar la nueva Constitución, en cuya etapa se definirá su nombre- es una instancia especial, dentro del ámbito parlamentario, con dicha competencia, pero no como una estructura judicial autónoma, sino como una comisión o una dependencia del legislativo, dedicada a calificar y verificar la constitucionalidad de las leyes. Se han estudiado a fondo modelos como el estadounidense, se dijo durante la larga sesión de análisis del sábado 21, donde algunas Cortes regionales pueden revocar reformas que consideran inconstitucionales, y otros con expresos órganos de revisión o de tribunales supremos que pueden investirse como tales para esos efectos –de control constitucional-, pero en el caso cubano el espíritu revolucionario impone, como suprema soberanía, la de un pueblo representado en sus dignatarios nacionales, elegidos por el voto de otros dignatarios locales, elegidos, éstos, por el voto popular directo y secreto. (Y si las representaciones en las ‘autonomías judiciales’ dependen de las decisiones políticas de la representación popular en las Legislaturas, tales autonomías no son más legítimas que la derivación a los tribunales de las legislaciones constitucionales y jurisdiccionales. Del mismo modo, la institucionalidad electoral debe depender de la Asamblea Nacional y operar sólo durante los procesos electorales. La confianza y la legitimación otorgadas por los ciudadanos a dicha institucionalidad, no puede ser distinta ni mayor de la depositada en sus asambleístas y en los funcionarios de todos los poderes del Estado elegidos por ellos –los legítimos representantes populares-, como el Presidente de la República que elige al Primer Ministro, al Fiscal General y al Contralor General, con la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pues si la representación popular es ilegítima y no funciona, nada de lo que en ella se apruebe o de ella emane será legítimo y funcional, apunta el razonamiento, por muy autónomo e independiente que la Constitución y las leyes digan que es. El formalismo jurídico no hace la verdad histórica de las instituciones.)

No se opta por un modelo constitucional –se dijo, acaso en alusión a España- donde el Jefe de Estado es un monarca que se perpetúa en su herencia consanguínea y donde los representantes partidistas y sus candidatos negocian los votos directos de los ciudadanos para sumar minorías y conseguir mayorías parlamentarias arregladas y artificiales sobre leyes, coyunturas políticas y jefaturas de Gobierno más convenientes a sus particulares intereses políticos que a sus pueblos. Se opta por un Jefe de Estado y de Gobierno, pero a partir de un régimen de supremacía parlamentaria, centralista y de partido único, porque el federalismo pluripartidista es un sistema más demagogo y atomizador delas decisiones nacionales, que eficaz. Dijéramos nosotros que es algo entre ruso y chino, donde, en el primer caso, el Presidente pone a su Primer Ministro, y, en el segundo, el Partido manda a través de la Legislatura y el Gobierno; una tendencia que, como en China, cuando los líderes históricos desaparecen –como Deng Xiao Ping, el gran reformador y creador de la moderna potencia económica post-Mao- y las reformas constitucionales postreras de los últimos de éstos obran la transición hacia la despersonalización autoritaria, la consolidación y la modernización institucional del sistema revolucionario socialista, el partido comunista único se abre hacia nuevas corrientes de pensamiento militante, donde la fuerza épica y unigénita de la ideología y los dogmas doctrinarios de origen mutan hacia formas más pragmáticas de administración, propiedad y rentabilidad del ‘Estado socialista de Derecho’ –como habrá de nombrarse en el nuevo texto constitucional el modelo revolucionario cubano de Estado, a diferencia del Estado Social de Derecho, como suscriben las “democracias burguesas” de manera equívoca, se dijo-, cuyo activismo por el poder (de los nuevos grupos y tendencias que, como en China, configuran las fuerzas políticas internas del Partido Comunista que se disputan, desde sus ópticas diversas, los espacios de control del Estado a través de los comicios) se parece cada vez más al de los partidos de la democracia liberal, porque lo que se impone cada vez con mayor rigor en el mundo es la economía de mercado y las leyes globales inflexibles de la especulación financiera que acercan a las socialdemocracias y las centroizquierdas con la centroderecha -en un bipartidismo cada vez menos diferenciado y sólo desplazado por la emergencia de los fascismos y las alianzas oligárquicas racistas, antiinmigrantes y sectarias endurecidas por la miseria y el terrorismo faccioso resultantes de la extrema desigualdad y la progresiva y patológica e irremediable concentración mundial de la riqueza-, y hacen perder y ganar a sus partidos según les vaya a sus Gobiernos en las ferias electorales,tras las crisis bursátiles cada vez más frecuentes, demoledoras e inmunes a todo tipo de resistencias y políticas gubernamentales para combatirlas y atenuarlas. Porque más allá de iniciativas y acciones asistenciales o ‘progresistas’ (y a los progresistas que los inversionistas y banqueros llaman derrochadores por gastar en políticas sociales, propagandistas o no, se les llama populistas), y de recortes y estrictas‘disciplinas’ fiscales y antipopulistas ordenadas por las autoridades financieras regulatorias que condicionan y determinan las decisiones más importantes de los Estados nacionales, las economías dependen de los ciclos de las ganancias astronómicas de los inversores, y de las jaujas y las burbujas especulativas que se revientan con los pinchazos depurativos de los ‘bonos-basura’, sólo para reconcentrar en menos y más obesas manos los patrimonios del mundo entero.

En Cuba, la nueva Constitución incorpora el derecho legítimo a la propiedad privada y diferencia la indebida concentración de la propiedad respecto del derecho a la riqueza. (Alguien capaz de ingresos altos, por ejemplo –un deportista o un artista o un científico-, debe tenerlos, pero sus remanentes de utilidad particular deben tener beneficios sociales mediante la contratación de empleos y las debidas aportaciones fiscales, además de que se abre la posibilidad de la participación de empresarios nacidos y radicados en Cuba, en negocios e inversiones mixtas –bipartitas o tripartitas-, con el Estado o con capital del Estado y extranjero). También adhiere el ‘Habeas corpus’, el ‘Debido proceso’ y la presunción de inocencia, en la defensa de los derechos humanos, contra las detenciones arbitrarias y los abusos de la autoridad, y en el proceso de reinserción social de los delincuentes presos. El matrimonio ya no será entre un hombre y una mujer, sino “entre dos personas”, del sexo que sean. Y el nuevo parlamento nacional tiene más del cincuenta por ciento -cincuentaitrés y fracción, para ser más exactos- de mujeres representantes del pueblo cubano, la mayoría de ellas con formación académica y alta competencia profesional.

Los revolucionarios de la generación del Moncada y del Granma están, aunque a cuentagotas y en contra suya, de retirada en el activismo militante y la toma de decisiones, una circunstancia que se advierte en la multiplicación de las últimas condecoraciones a sus incontables méritos. Y la nueva Constitución cubana, herencia suya, en un pueblo renacido con la genética de la jornada alfabetizadora de los sesenta y la conciencia crítica evolucionada sobre los procesos educativos, culturales y científicos, promotores de recursos humanos superiores y liderazgos políticos forjados en la academia y el quehacer intelectual, puede potenciar la modernización y la perdurabilidad del Estado revolucionario, como “Estado Socialista de Derecho” –y en el entorno de una idiosincrasia criolla y caribe, tropical y única en el orbe cual ninguna otra-, al modo de la consolidación y la trascendencia del modelo socialista chino en el otro extremo de la idiosincrasia y del planeta.

Porque el sistema revolucionario de Estado en Cuba ha trascendido la principal objeción de todas: el analfabetismo funcional y la incivilidad ciudadana, política y representativa de una nación. Y eso es definitivo cuando el autoritarismo revolucionario se retira y se hace la hora de las instituciones: o la transición se torna un caos o deriva hacia la consolidación de las transformaciones revolucionarias buscadas. En la transición cubana es la hora del civilismo de Díaz-Canel. Tendrá que afanarse contra los duros sobrevivientes de la ‘nomenclatura’. Fidel le heredó la administración del país. Raúl respetó esa disposición de su hermano mayor –y mentor- y le está heredando una vía constitucional más moderna y constructiva a su mandato. Ahora debe dotarlo también con el poder superior del Partido cuando él, pronto ya, deba dejarlo, para que, si cumple sus diez años de gestión presidencial continuada, pueda consolidar las reformas necesarias del civilismo revolucionario, justo como cuando Deng se fue para disparar a China hacia el futuro. (Claro: China nunca ha padecido el bloqueo estadounidense que pesa sobre Cuba y que con Trump se ha recrudecido, haciendo volar por los aires la esperanza vislumbrada con la distensión efímera concebida por Obama. Tal es uno de los más grandes retos de la lenta pero inevitable transición en curso. En lugar de la resistencia de fierro del castrismo, toca la diplomacia y las instituciones de la nueva generación frente al complejo espectro del embargo y de las relaciones internacionales adversas, y de las alternativas de la competitividad y la productividad internas contra las debilidades económicas y las deficiencias burocráticas de la administración;contra las carencias sostenidas, los agobios familiares y los malestares populares que se acumulan, se propagan y derivan en indisciplinas individuales, inconformidades sociales y tendencias delictivas que incrementan los riesgos de la seguridad pública y la estabilidad política,cuya garantía ha sido una de las expresiones más consistentes del régimen revolucionario, tanto por el éxito educativo que inhibe la violencia y la criminalidad, como por el de la eficacia preventiva, disuasiva y coercitiva del aparato del Estado revolucionario para contenerlas y sancionarlas sin concesiones.)

SM

estosdias@gmail.com

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