La impunidad en favor del abuso sexual, que castiga sobre todo a...

La impunidad en favor del abuso sexual, que castiga sobre todo a los niños, es culpa de quienes legislan y preservan un sistema penal que atenta contra los derechos humanos de las víctimas y ampara a los criminales más depravados

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Si el ultraje sexual es, en general, un delito y un hecho cruel e inhumano de enormes dimensiones, el que somete a los niños no tiene nombre, y, en Quintana Roo, el 60 por ciento de ese sadismo se ejerce contra menores. Está tipificado en el Código Penal, pero parece que lo mismo da que legalmente sea delito o no.Porque es casi imposible combatirlo y castigarlo, resarcir el daño, y convertir la sanción que merece el colosal agravio en una práctica ejemplar que advierta a los depravados criminales cuán mal pueden pasarla ante la ley, y en un arma eficaz, por tanto, contra esos crímenes y su reincidencia. Probar los hechos en los términos establecidos por la norma es a menudo imposible en el contexto de la inoperancia y la corrupción que privan en los ámbitos policiales y procesales, y en el de la insensibilidad generalizada y la falta de delicadeza judicial frente a un hecho tan doloso y tan impune, que por sus características e implicaciones morales, familiares y sicológicas, y por las perturbaciones emocionales y anímicas vitalicias tan determinantes que suele provocar entre las víctimas, sobre todo infantiles, y su entorno afectivo, requiere un tratamiento judicial tanto de la mayor discreción como de la mayor dedicación de las autoridades responsables, cuyo desinterés y ausencia de profesionalismo y de humanidad obran, en cambio, a favor de los victimarios, de la impunidad y de la multiplicación de la flagrancia, particularmente en una entidad caribe donde se acumulan los factores más favorables para ese tipo de delitos y ese tipo de fenómenos de la degradación social: la mayor inmigración indigente, la mayor marginalidad, el mayor hacinamiento, la mayor promiscuidad, el mayor analfabetismo funcional, el mayor descontrol poblacional, el mayor desinterés político, la menor solidaridad comunitaria, y una de las peores institucionalidades de seguridad pública, promotora de niveles de violencia y de inseguridad ciudadana de los más altos del país, como los de los Municipios de mayor dinamismo turístico, rentabilidad económica y consumo de drogas, que son Benito Juárez y Solidaridad, o los de Cancún y Playa del Carmen, ciudades receptoras del mayor número de turistas drogadictos y del mayor número de vendedores de estupefacientes al menudeo. Y ya sea por vergüenza o por miedo, o por la conciencia sobre la incapacidad o la desidia de las autoridades, sólo un pequeño porcentaje de delitos sexuales son denunciados, y apenas un mínimo insignificante de esas denuncias se resuelve a satisfacción de los afectados. En lugar de realizar un trabajo de investigación completo, minucioso y humanizado,los responsables ministeriales se limitan a una sesión pericial de apenas unos 15 minutos para conocer si una víctima en efecto fue violentada sexualmente. Así, los agraviados tienen que pasar de nuevo por una serie de estudios clínicos y sicológicos que sólo incrementan el trauma padecido, razón por la que muchos de ellos o de ellas flaquean en sus declaraciones o deciden no seguir con la denuncia. Y todos los procesos están tan plagados de inconsistencias e irregularidades, que aun cuando se llega a comprobar la culpabilidad de los agresores se les dictan sentencias ridículas que constituyen una burla y una doble violación de la integridad y los derechos fundamentales de los agredidos: cuatro años de cárcel, cuando mucho, a quien le destrozó por completo la vida a un niño o a una niña, por ejemplo.Ese tipo de legislaciones, de sistemas de Justicia, de instituciones y autoridades defensoras de la ley y del interés público, son tan lesivas y tan ofensivas y tan enemigas del interés público como los peores criminales a los que protegen. Las víctimas de éstos son las de los culpables del poder público que los encubren, por acción o por omisión, por corrupción o por indolencia e incompetencia. En tal ilegitimidad institucional debe encontrarse, por tanto, a los peores enemigos de la sociedad. Es el factor primario de la impunidad, de la reincidencia en el crimen, de la desconfianza social casi absoluta en el Estado Derecho, de la indefensión de cada vez más numerosas víctimas frente a la violencia y a todos los delitos, y de la consideración general de que la ley está hecha y siempre está del lado de los criminales, y que la inseguridad es explicable a partir de un sistema democrático perverso donde se encubre el acceso al poder político de representantes populares espurios y mendaces, que reforman leyes y producen instituciones y autoridades al servicio sólo de sí mismos y de grupos de interés a los que en efecto representan y son a los únicos que sirven.

La impunidad en favor del abuso sexual, que castiga sobre todo a los niños, es culpa de quienes legislan y preservan un sistema penal que atenta contra los derechos humanos de las víctimas y ampara a los criminales más depravados

Armando Galera

Como se está haciendo costumbre, ante la incapacidad de combatir ejecuciones, asaltos, robos y demás delitos de alto impacto que asolan principalmente la Zona Norte de la entidad, la Fiscalía General de Quintana Roo se ha dedicado a emitir boletines en los que presume la detención de sujetos involucrados en casos criminales registrados hace varios años. De esta manera, el pasado 14 de enero dio a conocer la aprehensión de José C. (por ley se omiten los nombres reales de los procesados) por el delito de abuso sexual cometido en 2014 contra una menor de cuatro años de edad en un domicilio del Fraccionamiento Caribe de Chetumal.

¿El castigo por destruir la vida de un niño o una niña?:sólo cuatro años de prisión y 20 mil pesos para la ‘reparación’ del daño moral.¡20 mil pesos para reparar la destrucción moral de un ser humano en la primera etapa de su vida! ¡Cuatro años por un crimen atroz contra una criatura inocente e indefensa! ¿Puede llamarse a eso una ley de interés público, más que un sistema legal oprobioso y atentatorio contra los derechos humanos de las personas y del interés común que en una democracia civilizada debería defender?

Si bien Quintana Roo encabeza la lista de los Estados con mayor número de denuncias por ataques sexuales (casi 12.40 denuncias de violación por cada 100 mil habitantes, mientras que Morelos ocupa la segunda posición con 8.67 denuncias) sólo en 7 por ciento de los casos el agresor termina en la cárcel, la mayoría purgando penas menores acinco años de cárcel, sin contar los casos de las víctimas que no denuncian, ya sea por vergüenza o por miedo. Se estima que 6 de cada 10 violaciones no llegan al Ministerio Público.

 Porque en Quintana Roo, los jueces consideran que es más grave robarse un automóvil, que el hecho de que un hombre violente a su hijastra.

Violadores, los más impunes

 Guadalupe López Ramírez, de 35 años y originario de Yucatán, fue detenido por un grupo de vecinos de la Supermanzana 308 de Cancún tras abusar sexualmente de la hija de su pareja, de apenas cinco años.

Emilio Balam Bernal fue identificado por tres mujeres taxistas en Playa del Carmen, como su agresor sexual. Su modo de operar consistía en solicitar el servicio de transporte a taxistas mujeres con dirección a lugares apartados, donde las atacaba.

Pablo Monroy Leonarda fue acusado de violar a tres mujeres en Cancún, siendo sus principales lugares de asaltolos paraderos de transporte público de la Colonia Talleres.

Alejandro Vázquez, de 26 años, fue atrapado por un grupo de personas que respondieron al llamado de auxilio de una madre, quien lo ubicó como la persona que había entrado a su casa horas antes y violado a su hija de apenas 3 años de edad.

José Luis Chablé fue acusado por sus alumnas de secundaria en Playa del Carmen de acosarlas y amenazar con reprobarlas si no tenían sexo con él.

Todos estos casos tienen en común que sucedieron en los últimos dos años, y al igual que en el 93 por ciento de las veces en que se denuncia una violación, el agresor quedó impune por la falta de pruebas.

“Esto sucede porque la labor del Ministerio Público y de otros órganos y organismos del Estado en temas de probar los abusos sexuales a menores es nefasta”, dice a Estosdías el abogado Rafael Ramírez Cruz, quien ha defendido a más de 40 víctimas de violación en la entidad.

“Y esto sucede en parte porque los delitos de violación son extremadamente complejos. De entrada, ¿cómo podemos estar seguros de que el presunto culpable cometió el delito? Salvo que haya sido pillado in fraganti, tenemos que remitirnos a las pruebas, y es entonces cuando todo se vuelve muy subjetivo”, dice.

Cita el caso de L.F.T., una niña de 3 años de edad que habría sido violada por su tío en el Municipio de Lázaro Cárdenas. En este caso, el juez estimó que la niña no podía dar su declaración, porque era traumático para ella relatar el abuso.

“Y aquí entra en juego otro problema: en el 60 por ciento de los casos de víctimas de violación en Quintana Roo, se trata de menores de 12 años. Tal como sucedió con la niña de Lázaro Cárdenas, muchas veces los padres o el juez se niegan a que la víctima rinda su declaración o sea sometida a pruebas físicas porque consideran que es una tortura.

Pero en otros casos, debido a su escasa edad, la víctima no puede dar un relato completo y detallado del abuso. ¿O cómo se espera que un infante de cuatro años explique todo un hecho traumático? Además, los padres, los abogados de la defensa y los peritos los llegan a presionar con tantas preguntas que sucumben ante el nerviosismo y terminan por cometer errores, lo cual es aprovechado para desestimar la denuncia.

En estos casos, los peritos no cuentan con la debida preparación para atender a la víctima, mucho menos para buscar las pruebas que demuestren que sufrieron el delito. Les llegan con un niño que fue violado, le hacen preguntas, y si el menor no respondió bien, desestiman el caso. No le dan seguimiento, o la parte defensora del acusado se empeña en alargar el proceso para que la víctima se canse o comience a flaquear en su declaración”.

Esto es determinante, porque el juez resuelve el caso a través de su percepción subjetiva, algo que los agresores saben y aprovechan.

Y en cuanto a las pruebas físicas, refiere que ocho de cada 10 víctimas se niegan a la revisión clínica para verificar si fue violada, pues presentan un trauma sicológico que provoca una cerrazón que puede tardar hasta ocho meses en promedio en su primera etapa. Y ya cuando lo superan y aceptan someterse a los análisis clínicos es demasiado tarde: su cuerpo ya no presenta ninguna prueba del abuso sexual.

Las cifras en el Estado

Lo dicho por el abogado Rafael Ramírez fue comprobado por Estosdías al indagar en la Fiscalía General del Estado sobre todo el proceso al que se someten las víctimas.

En 2017 se registraron 570 denuncias de violación en Quintana Roo. El año anterior fueron 546 y en 2015, 498. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado calcula que el número real por año supera los 3 mil casos, pues sólo una mínima parte son denunciados.

El tiempo promedio desde que la víctima sufre el abuso hasta que rompe su silencio para presentar la denuncia y someterse a un informe pericial forense es de 10 meses, tiempo en el cual desaparecieron las evidencias físicas de abuso sexual en su cuerpo.

Y por falta de personal, sólo se dedica a las víctimas dos sesiones de 15 minutos para obtener su testimonio, tiempo insuficiente para conseguir una declaración fiable, menos si se trata de un niño que siente culpa y vergüenza. Si se recibieran los casi 3 mil casos anuales de violación, las sesiones durarían menos de 3 minutos.

Además, a la fecha no existe algún cuestionario específico que se aplique en las instancias de salud para detectar violencia sexual. Lo que hay es un cuestionario general de salud para identificar, entre otras cosas, rasgos de violencia familiar; pero los reactivos son demasiado genéricos y no están especializados ni en la infancia ni en situaciones específicas bajo las cuales la víctima fue abusada, lo que dificulta tener un diagnóstico y un registro certeros.

Por eso, entre el 30 y el 40 por ciento de los casos quedan archivados, ya sea porque a consideración del perito no son creíbles, o porque la víctima no consiguió explicarse.

Pero incluso si son llevados a juicio, siete de cada 10 agresores son absueltos. Este dato, unido al hecho de que sólo entre el 5 y el 10 por ciento de los abusos que se producen son denunciados, deja ver con entera objetividad el vasto número de delincuentes impunes. El crimen como tal, y la impunidad que lo favorece y estimula su reincidencia y su multiplicación, son de campeonato mundial.

El juicio, otra prueba difícil

El proceso judicial también es duro para la víctima, sobre todo por dos motivos: el reencuentro con el acusado y la confrontación con el delito, que supone tener que revivir los hechos, sobre todo con el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Y aquí es donde todo se complica, porque los agresores, en el 80 por ciento de los casos, son personas cercanas a la víctima, como familiares y conocidos, lo que ocasiona que durante el juicio se arrepientan de la denuncia, ya sea por amenazas o miedo a represalias”, dice Roberto Ojeda Menchaca, experto penalista.

Ya se ha dicho lo difícil que es conseguir las pruebas del ultraje sexual en contra de una persona. Pero ahora viene la parte más difícil: que un juez las analice y determine una sentencia.

“Distintos jueces pueden apreciar de forma diferente las pruebas del Ministerio Público y la defensa. Se supone que las pruebas tienen que ser eso, pruebas, o sea: aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o la certeza de un hecho o una afirmación fáctica, o para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso. Una prueba no puede ser interpretada a la pinta del juez, porque se supone que no sólo un juez, sino cualquier persona, tiene que ver lo mismo en esa prueba: si es o no verdad el hecho”, refiere Menchaca.

“Supongamos que una mujer mató a su esposo. El juez toma en cuenta las huellas en el arma, y otras evidencias en la escena del crimen que comprueban que en efecto ella le disparó, además de los motivos que se llegaran a comprobar.

“Pero en el caso de una violación, muchas veces la única prueba es la palabra de la víctima. Entonces tiene que tomar en cuenta los testimonios de ambas partes, su credibilidad, si existe algún tipo de conflicto entre ambos, y después tomar una decisión con base en lo que él crea que es verdad”, dice.

Añade que se ha vuelto sistemático que haya jueces que, por ejemplo, para acreditar que las víctimas ‘no cooperan’ con los violadores les piden que tengan exámenes toxicológicos que demuestren fehacientemente que estaban intoxicadas con alguna sustancia o droga,o, en caso contrario, que demuestren que hicieron todo lo posible por resistirse a un ataque.

“Detrás de este tipo de decisiones está el estereotipo de que las mujeres deben defenderse, resistir, aun en contra de su vida, y cuando eso no ocurre significa que consintieron. Este tipo de prejuicios son contrarios a la ley”, dice.

Por esa razón, casi todos los delitos de violación quedan impunes en el Estado. Y esa impunidad es la que alienta a los agresores a atreverse a abusar de sus víctimas y a reincidir en ello. Mientras no se cambie o se mejores el Sistema Penal Acusatorio y no se haga compatible con la naturaleza del entorno social, con la realidad del delito y con las deficiencias y la corrupción de las instituciones de Justicia, seguirán en aumento los casos de abusos sexuales impunes en el Estado y la multiplicación de dichos crímenes que hacen de Quintana Roo la entidad con el mayor número de depravados violentos en el país y donde la institucionalidad judicial hace menos por impedirlo.

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