La inminente aprobación de la marihuana en México no llegará muy lejos...

La inminente aprobación de la marihuana en México no llegará muy lejos en un país sin leyes ni instituciones ni autoridades que sirvan para regular nada; como permitir la portación de armas donde matar sin licencia ha convertido al país –como en las regiones más violentas e ingobernables del mundo- en un cementerio clandestino: se prohíbe, e igual se mata

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En noviembre de 2015, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitiera el cultivo, posesión y consumo de la marihuana, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que comenzarían en el país una serie de debates sobre el tema de la legalización de la yerba, aunque él abiertamente dijo estar en contra porque se había acreditado que su consumo es nocivo para el desarrollo de la juventud, además de que su legalización no haría más fácil combatir al crimen organizado. Los resultados de los referidos foros fueron presentados por el presidente en abril de 2016 durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Enervantes (UNGASS, por sus siglas en inglés), en la que participaron México, Colombia y Guatemala, en donde propuso un “cambio de fondo” para atender el tema de las drogas. A su regreso al país, firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que autorizaría el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana o ingredientes activos, así como la investigación clínica de productos que contengan cannabis. Ésta, finalmente fue aprobada en diciembre de ese año. Sin embargo, y como diversos estudios demostraron, la iniciativa se había quedado corta al ser elaborada sólo para quedar bien ante la opinión pública internacional. El tema volvió a ser tocado por el Gobierno federal a principios de este año, cuando el titular de Turismo, Enrique de la Madrid, pidió en un evento en Cancún que se reabriera el debate, porque legalizar la droga “contribuiría a reducir la violencia en las zonas turísticas”, pero su postura paso inadvertida. Parecía que el tema no sería tocado en mucho tiempo, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó a finales de octubre dos amparos relacionados con el uso lúdico de la marihuana, con lo que se generó una nueva jurisprudencia que ordenaría al Congreso de la Unión legislar sobre su uso. Finalmente, la senadora por Morena y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó el pasado 8 de noviembre una iniciativa de ley que propone autorizar el consumo personal de 30 gramos de marihuana para fines recreativos, aun en espacios públicos que no sean 100% libres de humo. La propuesta fue apoyada por otros partidos, como el PRI y el PRD, por lo que es sólo cuestión de tiempo para su aprobación. Con esto, México se convertiría en el tercer país en regular el consumo recreativo de la hierba, luego de Uruguay y Canadá. Pero legalizar dicha droga implicará realizar varias reformas a leyes federales con el fin de atender los efectos que esta tendrá en materia de salud y justicia, una tarea difícil en un país donde las adicciones aumentan, sobre todo en los jóvenes, y no hay el suficiente apoyo de las instituciones públicas para atenderlas. Y ojalá terminara de entenderse el punto central de la cuestión: no son las drogas las que matan a una sociedad (ni el alcohol hace a los borrachos ni las iglesias a los fanáticos de la fe), sino la inconsistencia de la ley y de las instituciones para regular su producción y su consumo. Estados Unidos es una sociedad de la violencia, de amplios sectores adictos a todo tipo de estimulantes, al hilo de los peores instintos y proclives a la infelicidad de la sobrevivencia hedonista. Es una sociedad de las peores y más brutales y mortíferas tendencias.Sobre la violencia y la adrenalina de conquista se fundó el espíritu imperial. Armas, drogas, alcohol y dinero, y la implacable y voraz sed de nunca terminar de conquistarlo todo y de morir en el intento, está en el alma del Destino Manifiesto. Vivir al límite es un placer y una condición de su naturaleza. Y por eso los Padres Fundadores concibieron leyes e instituciones tan rigurosas para regular y contener esa locura incomparable en el mundo entero, y donde el imperio americano de hoy y de Donald Trump sólo tiene un punto de contacto con la Roma de Calígula. La ley y las instituciones implacables son l única garantía contra las tendencias al caos de los excesos. Y donde haya esas garantías, pues que se suelten las libertades que sean capaces de controlar. De otra manera, el libertinaje se cobra las imprudencias de permitir lo que no se sabe administrar. De modo que no habrá ni más ni menos adictos, y ni más ni menos sicarios,bandas criminales y muertos. Reformas y hacer leyes como si fueran remedios, es creer que inventando más profetas y santos se hacen más milagros. No es hacer leyes lo que funciona, es hacerlas cumplir y que las instituciones y las autoridades reguladoras funcionen. Puede venderse marihuana en la farmacia de la esquina, y a ver quién impide que los criminales roben o extorsionen.

Javier Ramírez

El tema de la legalización de la marihuana no es algo nuevo en el país. Desde hace años diversos grupos que están a favor de su consumo; ya sea por salud o simple vicio,han tratado de llevar el tema ante los legisladores, con muy poco éxito. El último intento se registró en 2012, cuando el diputado perredista Fernando Belaunzarán presentó un proyecto de ley que proponía legalizar la producción, venta y consumo de la marihuana en el país, en un intento por emular la propuesta que había sido aprobada en Estados Unidos en aquellos días.

Sin embargo, la iniciativa iba en contra de la estrategia de seguridad que en ese entonces mantenía el presidente Felipe Calderón, además de que quien sería el próximo mandatario, Enrique Peña Nieto, también se había expresado en contra de la despenalización. Finalmente la propuesta del perredista no prosperó.

Los avances sobre el tema, sin embargo, se darían por el lado del Poder Judicial.

El caso de Graciela

Durante varios años, los padres de la niña Graciela Elizalde, originarios de Nuevo León, sostuvieron una batalla legal con las autoridades mexicanas para que les permitieran importar un jarabe denominado Charlotte´s Web, que contiene cannabidiol, un componente no psicoactivo del cannabis pero prohibido por la Ley General de Salud, que ayudaría a disminuir los ataques de epilepsia de la niña, quien había desarrollado el síndrome de Lennox-Gastout.

El 17 de agosto de 2015, luego de refutar varios artículos de la Ley General del Salud por inconstitucionales, el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa les concedió un amparo para que las autoridades les permitieran importar el fármaco. De esta manera, Graciela se convirtió en la primera paciente en la historia del país en obtener cannabidiol de manera legal. Tras un año de ingerir el medicamento, sus ataques epilépticos se habían reducido en 90 por ciento.

Su padre, Raúl Elizalde, fue nombrado en enero pasado presidente de HempsMeds en América Latina, empresa filial de la compañía estadounidense Medical Marijuana, la cual perfilaba una inversión millonaria con el fin de producir medicamentos con dicha sustancia en México para abastecer el mercado latinoamericano, valorado en miles de millones de pesos.

El amparo de Graciela aumentó el interés por estudiar el impacto positivo de la marihuana en la salud de las personas.

El amparo de la SCJN

Poco después, el 3 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, por cuatro votos a uno, el cultivo, transporte y consumo de mariguana con fines lúdicos o recreativos para cuatro mexicanos: Josefina Ricaño, Armando Santacruz, Juan Francisco Torres y José Pablo Girault, quienes en 2013 se ampararon contra los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, que los magistrados declararon inconstitucionales.

La entonces ministra Olga Sánchez dijo que al igual que en casos como el aborto o los matrimonios gay, la Corte estaba reconociendo el justo alcance de la libre autodeterminación de la persona a decidir cómo llevar el rumbo de sus vidas.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cosío fue más crítico con el proyecto, pues, aunque se pronunció a favor, advirtió sobre lo limitado de su alcance y efectos, pues sólo beneficia a cuatro personas, y criticó que no se haya consultado a expertos. Finalmente, sugirió que la SCJN haga un exhorto al Ejecutivo y al Legislativo para realizar un debate nacional, que permitiera replantear las políticas públicas y leyes tanto administrativas como penales en materia de drogas.

Tras el fallo, el presidente Peña Nieto aclaró que la decisión de la Primera Sala abría un debate amplio “para eventualmente llevar una regulación en el tema del consumo de la mariguana, de inhibir su consumo y establecer políticas para que entre la población haya claridad sobre cuáles son los efectos nocivos o no del consumo de la mariguana”.

A debate nacional

Pese a su postura en contra, y tras haber participado en una sesión especial de la ONU sobre el tema, Peña Nieto instruyó al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,para que anunciara el inicio de un debate en todo el país sobre la legalización de la marihuana, a efecto de que“todos los ciudadanos tengan la posibilidad de expresar opiniones y posturas sobre este tema y que todos los mexicanos puedan dar seguimiento a este ejercicio”. En dichos foros se convocaría a especialistas, investigadores, académicos, juristas y profesionales, quienes debatirían sobre cinco ejes-Salud pública y prevención,Implicaciones éticas y jurídicas, yAspectos económicos, de regulación y seguridad ciudadana-, con el fin de estudiar las repercusiones del consumo de la marihuana en la salud, sus efectos adictivos, sus usos medicinales, las implicaciones económicas y su impacto tanto en la producción, el trasiego y venta de ilícitos, como en la violencia.

Luego de varios meses, el Gobierno federal dio a conocer los resultados, centrados en los referidos ejes, indicando que se identificaron posiciones contrastantes: La necesidad de atender el tema de las drogas en general y el de la marihuana en particular, desde la perspectiva de los derechos humanos; el consumo de marihuana debe atenderse desde una óptica de salud pública; las adicciones deben tratarse con prevención y soluciones terapéuticas integrales, sin criminalizar a los consumidores; se deben reforzar las acciones para prevenir el consumo de drogas, incluyendo la marihuana, especialmente las campañas orientadas a niños y jóvenes, y se debe facilitar el acceso a sustancias controladas, para fines terapéuticos e investigación científica.

Así, el presidente envío al Senado una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, la cual fue criticada por varios especialistas y conocedores del tema, entre éstos el exdiputado federal Fernando Belaunzarán, quien afirmó que se trató de una simulación que sólo beneficiaría a una élite.

La propuesta del presidente permitía la siembra, cosecha, cultivo, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, o su resina, “exclusivamente con fines científicos y médicos”. Pero, además, y sin explicar cómo, adelantó que se despenalizaría la portación de la cannabis por menos de 28 gramos. Tampoco detalló en manos de quién quedaría la producción, cultivo y puesta a disposición del producto.

Tres legisladores, la priista Cristina Díaz, el panista Roberto Gil y la perredista Angélica de la Peña presentarían sus respectivas iniciativas, con variaciones a la de Peña que especificaban, por ejemplo, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o la Secretaría de Salud (SSA) se encargarían de establecer los lineamientos para la introducción al país de la cannabis.

La aprobación en el Senado

En diciembre de 2016, con 98 votos a favor, siete en contra y una abstención, el pleno del Senado de la República aprobó el uso y cultivo de la marihuana para fines médicos y científicos. Sin embargo, no se consideró modificar el límite de 5 a 28 gramos para la portación de marihuana para uso personal.

Asimismo, la Secretaría de Salud quedó facultada para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.

Los entonces senadores perredistas Miguel Barbosa, Armando Ríos Píter y Mario Delgado criticaron que el dictamen fuera muy superficial.

Por su parte, el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz, informó que una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación la reglamentación para sembrar y cosechar mariguana con fines científicos y terapéuticos, se podrían elaborar y comercializar los primeros productos con cannabis en el país.

Pero la parte en la que se legalizaba el uso de la droga para propósitos ‘lúdicos’ seguía sin tomarse en cuenta.

La jurisprudencia

A finales de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, sin discusión de por medio y con cuatro votos a favor y uno en contra, dos nuevos amparos sobre el uso lúdico de la marihuana. Debido a que con éstos se sumaron cinco amparos consecutivos aprobados en el mismo sentido, se generó una nueva jurisprudencia que ordena que cualquier juez y Juzgado del país deberán resolver en el mismo sentido cualquier caso similar que se les presente. Además, se ordenó al Congreso de la Unión a que legisle sobre el tema considerando los resolutivos de la Corte.

A los pocos días, el 8 de noviembre, Olga Sánchez Cordero, senadora del Morena, presentó de manera formal la iniciativa de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que propone autorizar el consumo personal de 30 gramos de marihuana para fines recreativos y aun en espacios públicos que no sean 100% libres de humo.

Su propuesta aclara que la venta y consumo excluye a menores de edad y que los adultos deberán solicitar un permiso a un ente público creado exprofeso para la regulación de la cadena productiva de la planta, que se llamaría Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.

De acuerdo con los argumentos de la próxima titular de la Segob, esta legislación propone establecer un modelo de regulación estricta y a su vez un punto medio entre la prohibición absoluta y el libre mercado, mediante la autorización de sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de marihuana destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre que su producción no sobrepase los 480 gramos por año.

También considera que los consumidores deben registrar sus plantas ante el instituto que se creará, y se emitirían reglas para la ubicación de puntos de venta.

La iniciativa propone además sanciones penales para quienes vendan marihuana a menores de edad o los empleen en expendios dedicados a este rubro.

Si el Senado la aprueba –lo cual es de esperarse que suceda debido a que el Morena es mayoría en la Cámara alta- las autoridades federales tendrán, una vez promulgada la ley, un periodo de 30 días para elaborar los programas de excarcelación de personas que se beneficiarán con la nueva ley.

Meses antes, Sánchez Cordero había adelantado que presentaría la iniciativa para despenalizar la siembra y trasiego de la marihuana, y que podría plantear que se permita la siembra de amapola para fines médicos, debido a que esta actividad es la única fuente de ingresos de muchos campesinos.

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