La mediática, electorera y urgente persecución de Karime Macías, por parte de...

La mediática, electorera y urgente persecución de Karime Macías, por parte de Yunes Linares, para favorecer la sucesión gubernamental en Veracruz a favordel júnior Yunes Zorrilla, quienpodría perder frente al Morena

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Luego de varios meses sin tener noticias de los procesos que se siguen en contra de alguno de los  exgobernadores –priistas y expriistas, prófugos o presos, pero en todos los casos beneficiarios de un respaldo presidencial invasivo de las facultades constitucionales del Poder Judicial federal para que éste atraiga sus más flagrantes casos penales y pueda pagar con su liberación los favores electorales recibidos por el presidente de la República con la financiación ilegal de los Gobiernos estatales que dichos delincuentes presidieron- detenidos por desvío de recursos, peculado, delincuencia organizada y otros delitos, el pasado 27 de mayo, la Fiscalía General de Veracruz informó que un juez libró orden de aprehensión en contra de la esposa del veracruzano Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, por presunto daño patrimonial al Sistema DIF de esa entidad por la cantidad de 112 millones de pesos. A los pocos días, la Interpol emitió la llamada Ficha Roja, con lo que la búsqueda de la susodicha se extendió a 192 países. Pero de manera insólita la esposa de Duarte fue ubicada y exhibida a los pocos días por el mismo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien en conferencia de prensa informó que ésta vive en un exclusivo barrio de Londres, Inglaterra, y que sus gastos al mes ascienden a un millón 620 mil pesos al tener una vida llena de lujos junto con sus hijos. El mandatario pidió entonces a las autoridades su detención, lo cual hasta el momento no ocurre, pese a que un corresponsal de Televisa logró llegar hasta ella y ubicar el lugar donde vive. Incluso la amante de Duarte, la extitular del Instituto de Espacios Educativos, Xóchitl Tress Rodríguez, vinculada también con desvío de recursos, cayó más rápido. El asunto entonces parece más como un intento personal de Yunes Linares de lucirse, de cara a la elección de este 1 de julio, en que se elegirá al nuevo gobernador veracruzano de entre cuatro aspirantes: el hijo de Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez, de la coalición oficialista PAN-PRD-MC; Cuitláhuac García Jiménez, de la del Morena-PT-PES; José Yunes Zorrilla, dela del PRI-PVEM; y Miriam Judith Sheridan, del Panal. Y es que, de acuerdo con diversos sondeos, el candidato morenista tiene una ligera ventaja frente a Yunes Márquez, con 33 y 31 por ciento de preferencia electoral, respectivamente, pese a los financiamientos ilegales de los que bien se sabe Yunes es capaz. Por eso no sorprende que la alianza Por Veracruz al Frente esté necesitada de noticias y anuncios de relumbrón como los de la búsqueda de Macías, que apelen a la idea, falaz que sea, de que la actual administración busca justicia, y que pasar la estafeta al hijo pródigo garantizará la continuidad de la misma. Mientras tanto, el proceso de Javier Duarte, al igual que el del quintanarroense Roberto Borge –quien podría quedar libre debido a que varios delitos de los que se le acusan prescribieron en Quintana Roo y otros fueron atraídos por la Justicia federal pervertida por el presidente Peña-, está en ‘stand by’ luego de que se concediera a su defensa seis meses para reunir pruebas a favor de éste, por lo que se espera que sea una vez terminada la elección cuando se resuelva.

Javier Ramírez

Al contrario de otros casos en que los familiares de exgobernadores ahora detenidos habrían sido meros prestanombres o cómplices ‘pasivos’ (lo que de ninguna manera los exime de responsabilidades, ni penales ni morales; y menos tratándose de los padres, responsables primarios de la educación y de los valores de sus hijos, lo que, como en el caso de Roberto Borge y por las evidencias disponibles, habla de un contubernio y una colisión de intereses familiares donde tan culpables son unos como otros, y Rosa Angulo Castilla tiene que pagar como cómplice de los crímenes de su hijo), la esposa del veracruzano Javier Duarte operó por su cuenta aprovechando su puesto de presidenta estatal del DIF para desviar 112 millones de pesos, mediante la suscripción de contratos de compra-venta con empresas fantasmas. Sin embargo, el exmandatario fue detenido solo en un lujoso hotel de Guatemala y no se supo nada de ésta, o de algún proceso en su contra, sino hasta hace unos días. La exprimera dama ya fue ubicada y sería sólo cuestión de tiempo para que se haga valer una orden de aprehensión en su contra.

La caída de Duarte

Fue a mediados de 2016 cuando las autoridades comenzaron a investigar al todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el desvío de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), Duarte, quien alguna vez fuera junto con Roberto Borge la imagen ejemplar del ‘nuevo PRI’ de Enrique Peña Nieto, encabezó una compleja red con varios de sus subalternos, entre éstos, el secretario estatal de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, para desviar recursos del erario e introducirlos al sistema financiero mexicano con el fin de darles apariencia lícita mediante la creación de empresas fantasma. Otras denuncias a su administración, como la de la presunta falsificación de pruebas de VIH y la aplicación de quimioterapias falsas a niños, ocasionaron que la situación del mandatario fuera ya insostenible, por lo que se vio obligado a solicitar licencia al cargo, a unas semanas de pasar la estafeta al panista Miguel Ángel Yunes Linares, “por congruencia y honorabilidad”, según dijo, y para “poder limpiar su reputación”, añadió sin pudor ninguno. Se mantuvo prófugo durante varios meses, hasta que la PGR lo encontró y detuvo el 15 de abril de 2017 cuando se hospedaba en un hotel de Panajachel, en el Departamento de Sololá, Guatemala.

Una vez en México, casi tres meses después de la detención, fue notificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal correspondiente, quedando a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. Marco Antonio del Toro asumió la defensa del exgobernador y de inmediato aseguró que las acusaciones contra éste tienen “flaquezas impresionantes” y que el expediente del caso “denota su plena inocencia”.

Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron a un punto en que el juez de Control, Gerardo Moreno García, advirtió a los fiscales que estaban exponiendo datos que se contradecían directamente con los que la Procuraduría le había dado hacía meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión. Esta situación fue aprovechada por los abogados de Duarte para hacer más de 20 preguntas a la PGR respecto a la imputación, provocando que los fiscales cayeran en varias dudas que se convirtieron en fallas y contradicciones.

La PGR había imputado al exmandatario el ‘lavado’ de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos; sin embargo, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, los fiscales sólo pudieron explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz, es decir: menos del 10 por ciento de los recursos presuntamente desviados.

Al día siguiente, la juez federal de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, suspendió dos órdenes de aprehensión libradas contra Duarte por un juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa por cinco delitos no graves (abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición) y que no prevén la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior sistema de Justicia penal.

Pero cinco días después, a diferencia de la primera audiencia cuando envío a sólo tres fiscales, la PGR contó con seis agentes del Ministerio Público, entre ellos el subprocurador de Delincuencia Organizada, Israel Lira Salas, y el representante jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SCHP.

Durante casi dos horas, la PGR describió 82 datos de prueba que consideró fundamentales para comprobar que Duarte era la cabeza de una organización criminal que saqueó recursos públicos de Veracruz, y que por medio de prestanombres adquirió propiedades y bienes con dinero cuyo origen éstos se encargaron de ocultar.

Luego de más de 12 horas de audiencia, Javier Duarte fue vinculado formalmente a proceso por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez fijó como plazo el 22 de enero de 2018 para concluir las investigaciones en torno al caso. Sin embargo, la defensa logró que el juez les concediera seis meses más para la investigación, además de que se invaliden los datos bancarios que obtuvo la PGR a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así, el juez les dio hasta el 31 de julio próximo para obtener más pruebas a favor del exgobernador.

Caso Karime

Mientras su esposo comenzaba su vida en la cárcel, Karime Macías continuó libre, refugiada en el Reino Unido, desde donde envió una carta al Gobierno de Veracruz para exigir que le devuelvan obras de arte, cristalería y hasta palos de golf que le habían sido confiscados en una mansión, donde encontraron el famoso ‘diario’ de la locura que sólo tenía escrito de manera compulsiva, una y otra vez, la frase: “Sí, merezco abundancia”.

(Macías no había sido acusada de ningún crimen en ese entonces; no así la amante de Duarte, Xóchitl Tress Rodríguez –apodada en algunos medios como ‘la viuda negra’, debido a sus antecedentes familiares, donde aparece, entre otros, el homicidio contra su esposo y el nexo pasional de ella con el homicida- quien fue aprehendida el 31 de julio de 2017 por el desvío de recursos de programas sociales dentro del Instituto de Espacios Educativos, en el que era titular hasta que Karime ordenó que fuera separada del cargo luego de que tuviera pruebas de la infidelidad por medio de mensajes de celular).

Sin embargo, el 27 de mayo pasado, un juez emitió una orden de aprehensión contra Karimepor presunto desvío de recursos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.

La Fiscalía estatal, encabezada por Jorge Winckler Ortiz, determinó de manera preliminar un daño patrimonial al DIF de Veracruz por 112 millones de pesos en el período en que ésta estuvo al frente de ese organismo asistencial. Detalló que por medio de empresas fantasmas se simuló la adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistemas de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrónicos, paquetes escolares y otros enseres, sin que existiera evidencia de que éstos fueran entregados a la población destinataria.

Dos días después fue el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien con bombo y platillo anunció que ya habían localizado el paradero de Karime Macías, y presentó imágenes de ésta caminando en calles de Londres, asegurando que vive en Belgrave, uno de los barrios más exclusivos de esa ciudad, ubicado a un kilómetro de distancia del palacio realque habita la reina Isabel.

El mandatario pidió a las autoridades su inmediata detención, recordando que la Interpol había ya emitido la Ficha Roja para localizarla y aprehenderla.

La detención hasta el momento no ha ocurrido, pero reporteros de Televisa se dieron a la tarea de ubicarla y seguirla hasta su casa, donde se refugió de inmediato, incluso dejando en la calle a uno de sus hijos.

Finalmente, este 31 de mayo, un juez federal de la Ciudad de México turnó a uno de sus homólogos de Veracruz el amparo que presentó Karime Macías contra la orden de aprehensión librada en su contra, al declararse incompetente para instruir el juicio de garantías presentado por ésta el mismo día que fue denunciada por Yunes Linares.

Con todo, el caso que las autoridades veracruzanas tienen contra la esposa de Duarte parece estar más sustentado, o al menos con más posibilidades de finalizar en la aprehensión, que la que tienen en Quintana Roo sus homólogas contra la madre de Roberto Borge, la señora Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien es acusada de apropiarse de varios terrenos que eran propiedad del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (Ipae), cuando Borge, enfermo de poder, la usó de prestanombres, y ella accedió, teniendo como cómplice a la extitular de la referida dependencia, Claudia Romanillos, quien hasta el momento sigue libre, como lo están los principales miembros de la vasta trama de corrupción del exgobernador, quien quedará libre en el mes entrante o en el de las elecciones, según ha trascendido.

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