La modernidad democrática que muy pocos no quieren… entre ellos los taxistas...

La modernidad democrática que muy pocos no quieren… entre ellos los taxistas de Quintana Roo

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La modernidad democrática es como una marejada ineludible. No hay dique que la detenga de manera permanente. Y aunque puedan contenerla de manera temporal, su avance los sorteará tarde o temprano para hacer valer razones universales que en el plano nacional o local están contenidas por intereses particulares, sectarios o de grupos de poder económico y político, que al final de cuentas no son inexpugnables.

Durante mucho tiempo nuestro país se mantuvo cerrado al mundo en lo económico hasta que la crisis de principios de los 80’s obligó al Gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado a integrarse al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés como GATT y el mercado mexicano se abrió a mercaderías del mundo que antes sólo se conseguían de manera ilegal como “fayuca” y se puso fin al monopolio de empresarios nacionales que comerciaban con productos de ínfima calidad y diseño a precios más elevados que las mercancías similares importadas.

Luego vino el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de América y Canadá y con otros países, con lo que se comenzó a imponer en nuestro país las leyes generales del mercado y de la libre competencia, a consta en muchos casos del derrumbe de sectores tan importantes para la soberanía nacional como el agropecuario y el pesquero.

A las leyes del mercado, impuestas sin misericordia ni plan de auxilio para los sectores productivos más vulnerables de nuestra economía, por Gobiernos como los de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce De León, le siguieron otras más universales, que aprovecharon la apertura económica para colarse y contaminar a nuestra sociedad con un espíritu de mayor interés en los asuntos públicos y más participación ciudadana para exigir más transparencia en los procesos electorales, menos intervención del Estado en los mismos, mayor certidumbre en la efectividad del voto ciudadano y menos corrupción en el ejercicio gubernamental.

Inició con eso la transición democrática mexicana y el régimen de partido único en el gobierno se agrietó cuando Salinas de Gortari tuvo que reconocer el triunfo de la oposición panista en la gubernatura de Baja California.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que era el partido del presidente en turno desde que fue fundado en 1929, fue perdiendo el poder en Estados y Municipios paulatinamente, y no sin resistencias irracionales y derramamiento de sangre, hasta que en 1996 perdió la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión así como las elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la capital del país que por vez primera en la historia se sometió al escrutinio de los capitalinos, como paso previo a la entrega de la Presidencia de la República que tuvo que hacer el presidente Zedillo Ponce de León a un sucesor proveniente de un partido opositor, el PAN, en el 2000.

Así fue imperando hasta que se impuso en el Poder Ejecutivo del Gobierno federal la modernidad democrática, que no es más que la decisión de la mayoría de la sociedad en contra de unos cuantos que ostentaban el poder a fuerza de imponer temor e inhibir la participación ciudadana.

Esta modernidad democrática se fue imponiendo también por la presión internacional de los nuevos socios del Gobierno federal que con la apertura y el intercambio comercial, exigieron una estructura jurídica más acorde con el libre mercado, con leyes y reglas que garantizaran equidad en la competencia comercial interna para recibir así una mayor inversión externa en nuestra economía, como ha ocurrido hasta ahora.

Desde el sexenio de Salinas de Gortari se aceleró el aperturismo económico, desmantelando la estructura productiva que estaba en manos del Estado mexicano, para repartirla entre parientes, compadres, amigos y socios del salinismo: la enorme riqueza de Carlos Slim Elú no es sólo resultado de una aguda inteligencia empresarial y financiera, sino también del tráfico de influencias y del favor presidencial salinista que le entregó en bandeja de oro no sólo la empresa telefónica estatal Teléfonos de México (Telmex) con toda su infraestructura y red instalada a lo largo y ancho de la geografía nacional, sino que lo dejó explotar de manera exclusiva por más de 20 años un mercado con un potencial de más de 70 millones de usuarios, a los que se les impusieron tarifas tan elevadas has en diez veces a las cobradas en otros países del mundo por un servicio mucho más deficiente en calidad y cobertura.

Se eliminaron los precios de garantía y los subsidios a los productos agropecuarios que son básicos en la mesa de las familias mexicanas, como el maíz y el frijol, dejando que gran parte de la producción del principal alimento de los mexicanos quedará en manos de uno de los tíos consentidos del salinismo, Roberto Rodríguez González, fundador del Grupo Maseca(Gruma) y de Banorte, consuegro además del político mexiquense Carlos Hank González, a quien se le atribuye la frase que define muy bien la práctica de la política Ica a la mexicana y que dice que “un político pobre es un pobre político”.

Se entregaron de manera gratuita o con simulados contratos de concesión las señales de televisión por todo el país al Grupo Televisa de Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”, padre ya fallecido de Emilio Azcárraga Jean, administrador en decadencia del mismo consorcio televisivo y radiofónico. A Ricardo Salinas Pliego se le entregó la televisión estatal Imevisión, que fue transformada en Televisión Azteca, se entregaron minas, plantas de producción agro química, ferrocarriles, concesiones de telefonía celular regional, aseguradoras, bancos, carreteras de cuota, contratos multimillonarios de construcción y mantenimiento de carreteras, plataformas petroleras y un sin fin de servicios Consepción seis más como el de agua potable de las principales ciudades mexicanas, como Cancun con Aguakan, por ejemplo, a una cleptocracia que está integrada por una larga lista de políticos-empresarios y banqueros a los que el candidato presidencial morenista viene llamando desde hace tiempo como “La mafia del poder”.

Pues bien, con todo el poder económico que tienen y que han sabido aprovechar para su beneficio la modernidad democrática que se ha impuesto en los sectores económicos más desprotegidos que gozaban de ciertas concesiones gubernamentales, sobre todo el el transporte público federal que antes era concesionado y que tuvo que abrirse a la libre competencia, por lo cual fueron desplazados, también han tenido que ceder espacio a la competencia externa.

Por eso Slim y sus empresas de telefonía fija y celular tuvieron que bajar drásticamente sus tarifas en México.

Por eso también la prestación del servicio concesionado de transporte público municipal ya no se deja en manos de una sola empresa. Y el servicio de taxis se ha tenido que abrir a la competencia en varias ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México, en donde las plataformas digitales operan desde hace tiempo.

Y los taxistas de Quintana Roo tendrán que ceder ante la modernidad democrática que ya se había tardado en alcanzarlos. Deben prepararse para hacerle frente con la oferta de un mejor servicio. Y hacen muy mal en condenar y descalificar a la consulta pública convocada por el Gobierno del Estado. Ésta, más que afectarlos y ser un ariete en su contra, es una especie de tableta de salvación que se les está lanzando desde el gobierno para darles un poco más de vida en la prestación del servicio de taxis tal y como lo hacen hasta ahora.

Desde el lanzamiento de la convocatoria para la consulta pública, los taxistas a través de sus dirigentes sindicales, han hecho muy mal en calentar el tema y despertar el interés general de una sociedad que no ha sido muy bien tratada por ellos, en cuanto al servicio que prestan y la forma oscura en cómo los socios concesionarios se han agenciado las placas, cuando es un sector minoritario de la misma la que clama por la entrada de las plataformas digitales a la entidad. Y los taxistas como organización que son, pueden tener más fuerza y control para que los resultados de la consulta los favorezcan y les den más tiempo para prepararse a la llegada de la modernidad democrática que más temprano que tarde les llegará ganen o pierdan en la opinión que emitan los benitojuarenses el 1 de julio venidero…

 

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