La prisión domiciliaria para el exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo es la...

La prisión domiciliaria para el exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo es la última de las artimañas judiciales que en los últimos años han beneficiado a exfuncionarios que amasaron sus fortunas dilapidando los recursos de los Estados y Municipios

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En medio de la expectativa que está causando en el país el combate a los ‘huachicoleros’ por parte del Gobierno federal, cuya estrategia estaría dando resultados al disminuir drásticamente el robo de combustible dentro de Pemex, pasó casi inadvertida la noticia de que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien el año pasado fue sentenciado a casi 11 años de cárcel por el desvío de 196 millones de pesos durante su administración, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Granier, uno de los primeros exgobernadores priistas en ser denunciado y detenido en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, dejará finalmente la Torre Médica del reclusorio femenil en el que ha estado internado desde 2013 por presuntos problemas de salud, para terminar su sentencia en su residencia ubicada en la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Pero es probable que su condena cambie en los próximos meses, debido a que en el Poder Judicial de Tabasco la mesa estaría siendo puesta para que Granier –y probablemente también su extesorero- libre ésta y otras acusaciones en su contra, pues la juez que le impuso la sentencia fue removida del Juzgado Tercero de lo Penal por órdenes del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Enrique Priego Oropeza, además de que el padre del abogado de Granier, quien fue procurador de Justicia en la administración del exgobernador, fue designado como magistrado a finales del año pasado. Previamente, autoridades judiciales de esa entidad lo habían declarado inocente del delito de peculado argumentando que no había pruebas suficientes para condenarlo. Mientras tanto, su hijo Fabián Granier Calles fue reaprehendido en noviembre pasado debido a que ya no se había presentado a firmar en el Juzgado Tercero de Distrito, luego de ser detenido y encarcelado en el Reclusorio Oriente en abril de 2016 por el delito de defraudación fiscal. El caso del exgobernador tabasqueño se suma al de los ya anteriormente recopilados en las páginas de este semanario, como el del veracruzano Javier Duarte, el quintanarroense Roberto Borge, el tamaulipeco Tomás Yarrington, el nayarita Roberto Sandoval, el sonorense Guillermo Padrés y el chihuahueño César Duarte, quienes a pesar de las graves denuncias que tienen en contra por haber endeudado a sus respectivos Estados y/o tener nexos con el crimen organizado, han recibido ayuda de los jueces para recibir penas mínimas o, de plano, evitar la cárcel.

Javier Ramírez

El pasado 7 de enero el exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, detenido en 2013 por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y sentenciado el año pasado a 11 años de cárcel por el delito de peculado, recibió del juez Cuarto de Distrito con sede en Villahermosa el beneficio de la prisión preventiva domiciliara argumentando su avanzada edad (70 años) y problemas de salud.

Se trata del último exgobernador priista en recibir un beneficio judicial, luego de que en marzo de 2018 el exmandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, obtuvo suspensiones definitivas para que no pueda ser detenido por las investigaciones por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía de esa entidad le sigue, y de que en septiembre pasado el veracruzano Javier Duarte recibiría la ridícula sentencia de nueve años de prisión por el desvío de 223 millones de pesos y por lavar dinero.

Ahora Granier Melo estaría a punto de dejar el centro médico del Reclusorio Femenil Tepepan para ser trasladado a su residencia en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, donde cumpliría el resto de su condena.

Delincuente desde sus inicios

Granier Melo comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue apoyado para convertirse en director de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET), en el año de 1983. Fue en dicho cargo donde recibió la primera denuncia en su contra, cuando el entonces secretario estatal de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas, Humberto Mayans Canabal, lo investigó por un millonario desvío de recursos. Sin embargo, la investigación no prosperó debido a que el procurador de Justicia era Armando Melo Abarrategui, familiar cercano de Granier Melo.

No sería sino hasta 1995 cuando volvería a ocupar un cargo público, ahora como director de Desarrollo del Municipio de Centro, lo que aprovechó para malversar recursos con los que prepararía su plataforma a la presidencia de dicho Ayuntamiento, a la que llegó finalmente en el año 2000.

Luego de finalizado su periodo como alcalde en 2003, comenzó a preparar su postulación a la gubernatura con el apoyo del PRI nacional, que en ese entonces era presidido por su paisano Roberto Madrazo Pintado, compitiendo finalmente en 2006. Tras ganar la elección con más de 80 mil votos de diferencia, Granier Melo asumió la gubernatura el 1 de enero de 2007.

Durante su administración impulsó el turismo de la región, modernizó el transporte público y amplió la infraestructura educativa y de salud, sobre todo luego de que le tocó enfrentar las inundaciones registradas en 2007, que inundaron el 80 por ciento de Villahermosa y casi el 70 por ciento el Estado, en lo que fue una de las peores catástrofes naturales registradas en México.

Las acusaciones

Sin embargo, a finales de 2012, ya en la recta final de su Gobierno, los señalamientos en su contra por corrupción comenzaron a aparecer. En diciembre de ese año el Sistema Estatal de Salud sufrió la peor crisis de su historia al quedarse los hospitales sin recursos para adquirir medicamentos y materiales quirúrgicos, además de que miles de pensionados,  burócratas y proveedores del Gobierno estatal no habían podido cobrar al quedarse la administración en bancarrota. Esta situación orilló a Granier a huir del Estado dos días antes de terminar su sexenio.

Debido a la situación en la que había dejado a la entidad, el PRI perdió el apoyo de la población y por ende la gubernatura en las elecciones de 2012. El 1 de 2013 asumió el cargo Arturo Núñez Jiménez, candidato del PRD-PT-MC, quien años atrás había abandonado al partido tricolor luego de más de 30 años de militancia.

Sin nadie que cubriera sus huellas en el Gobierno, la entonces Procuraduría General de Justicia de Tabasco comenzó  a investigar a Granier y a sus colaboradores por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, acusándolos de un quebranto financiero de más de 12 mil millones de pesos y de las deudas con proveedores y la banca comercial.

Así, el primero en caer fue su exsecretario de Finanzas, José Sainz Pineda, quien fue detenido el 8 de junio de 2013 cuando intentó escapar a Estados Unidos.

(Como tesorero de Granier, Sainz Pineda había adquirido una mansión en una zona residencial de Houston, Texas, con un costo  de un millón de dólares. Para pagarla, realizó siete transferencias a la compañía Partners in Building por un monto de 9 millones 150 mil pesos entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2012).

Sainz Pineda fue pieza clave para formular las acusaciones en contra de su exjefe, quien tuvo que comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) seis días después de la detención de éste al ser acusado de presunto quebranto al erario. Durante el interrogatorio, Granier fue cuestionado acerca de si conocía las operaciones de su extesorero y el destino de los 88.5 millones de pesos que le habían decomisado. En todo momento, el exmandatario negó estar al tanto de los negocios ilícitos de su excolaborador.

Unos días después, el 24 de junio de ese mismo año, el juez Cuarto de Distrito de Tabasco entregó dos órdenes de aprehensión en contra del exgobernador por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Sentenciado a 11 años de cárcel

Luego de casi cinco años detenido en la Ciudad de México, en marzo de 2018 el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia encontró responsable a Granier Melo del delito de peculado y lo sentenció a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como el pago de una multa de 196 millones de pesos para reponer los recursos que habrían sido desviados durante su administración.

Dicha cantidad corresponde al desvío de recursos que su Gobierno realizó en el sector salud en el año 201, y que derivó en la crisis de servicios mencionada anteriormente.

Para cuando recibió la sentencia, el exgobernador ya llevaba varios años recluido en la Torre Médica del reclusorio femenil de Tepepan, debido a su mal estado de salud, mientras que Sainz Pineda continúa preso en el Centro de Readaptación Social de Tabasco.

Meses más tarde, el 30 de noviembre pasado, el hijo de Granier, Fabián Granier Calles, fue reaprehendido  en la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en cumplimiento de una orden emitida por juez de Tabasco debido a que no se había presentado a firmar en el Juzgado Tercero de Distrito, luego de ser detenido y encarcelado en el Reclusorio Oriente en abril de 2016, donde fue liberado mediante el pago de una multa de 7 millones 11 mil pesos.

La PGR había acusado al júnior de defraudación fiscal por evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre sus ingresos reales. Por ejemplo, en 2011 pagó el ISR sobre utilidades por 939 mil 577 pesos, pese a que tuvo ingresos acumulados por siete millones 978 mil 658 pesos.

Además, en 2009 defraudó al fisco con un millón 506 mil 679 pesos, y en 2010 con 2 millones 590 mil 140 pesos.

Asimismo, en años pasados fue señalado por supuestamente haber adquirido un hotel en Cancún, Quintana Roo, por más de 50 millones de dólares.

La ayuda de los magistrados

En junio del año pasado, Andrés Granier tuvo su primera victoria, cuando magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco decretaron auto de libertad a su favor y de su extesorero, por falta de elementos para procesarlos por el delito de peculado en contra del estado de Tabasco por la cantidad de 2 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, ambos continuaron en prisión  por la sentencia otorgada previamente a Granier y porque Sainz Pineda tiene otros procesos pendientes en contra.

Finalmente, el 7 de enero pasado juez Cuarto de Distrito con sede en Villahermosa concedió al exgobernador la prisión preventiva domiciliaria. El juez decidió que el arresto domiciliario sea en su casa ubicada en cerrada de Cerro de la Miel, No. 26, Colonia Romero de Terreros Pedregal de San Francisco, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Tres días después, la jueza Tercero de lo Penal Guadalupe Cadena Sánchez, que en marzo pasado condenó a Granier Melo a más de 10 años de cárcel, fue removida del cargo por el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza, quien justificó la remoción como parte de un proceso de rotación de personal del Poder Judicial, “para trasladarla a otra área importante”.

Cadena Sánchez fue designada coordinadora de Juicios de Oralidad y fue sustituida en el Juzgado Tercero de lo Penal por Leda Ferrer Ruiz, quien continuará llevando el caso Granier.

Cabe destacar que el padre de Miguel Alberto Romero Pérez, abogado del exgobernador, es Gregorio Romero Tequextle, quien a finales del año pasado fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el Congreso de Tabasco, luego de haber sido procurador de Justicia de Andrés Granier.

Asimismo, Priego Oropeza fue elegido presidente del Poder Judicial del Estado a principios de enero de este año.

De esta manera, todo parece indicar que el Poder Judicial de Tabasco está operando a favor del exgobernador, quien hoy está a nada de continuar su sentencia en la comodidad de su residencia y tal vez, en un futuro no tan lejano, salir finalmente libre.

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