La protección a los periodistas

La protección a los periodistas

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  • ¿Cuál es la cuestión? ¿Protegerlos o justificar que se hace?

         Así como a nivel nacional ya se promulgó desde hace años una ley para  buscar garantizar la protección de periodistas y luchadores por los derechos humanos en México, con su respectivo mecanismo operacional, en Quintana Roo fue aprobada la misma legislación que ahora está siendo revisada en el Congreso del Estado y sometida a un proceso de consulta pública para ver si se deroga o se reforma en algunas de sus partes, según sea el sentir de la comunidad periodística y de activistas en pro de la dignidad humana.

         La comunidad periodista quintanarroense ha puesto un gran interés en el tema de la revisión de la referida ley mediante la que se pretende protegerla. Y no obstante algunas diferencias en las formas y los orígenes de la legislación, todos los periodistas estamos de acuerdo en la falta de garantías que existe en el país para el ejercicio de la libertad de expresión y de los grandes riesgos que corre todo aquel que con su pluma o con sus denuncias en contra de las violaciones de derechos humanos llega a confrontarse con el poder formal del Estado que detentan algunos políticos o el informal que ejercen de manera clandestina tanto grupos y personas con poderío económico o ligadas al crimen organizado.

         Es de reconocerse el interés que han puesto en el tema de la legislación para la protección de nuestra actividad y la de los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, es muy realista reconocer que el esfuerzo y la lucha que están dando en esa trinchera solo sirve para hacerle el caldo gordo al Gobierno Federal que justificar la pobre actuación que ha tenido en el esclarecimiento de los crímenes que se han cometido en contra de cientos de periodistas mexicanos sin que hasta ahora hayan sido identificados, detenidos y condenados sus victimarios.

         La ausencia de un operativo de Estado, con la contundencia y la efectividad que se mostró en la primer captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, después de la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, y después en su segunda recaptura, la más reciente, para buscar y detener a los asesinos de los periodistas Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Sinaloa, es el mejor ejemplo de que la voluntad del Gobierno mexicano no es la de proteger a nuestra comunidad.

         La aplicación la fuerza del Estado con contundencia para la persecución y el castigo de los crímenes que se cometen contra periodistas o de luchadores por los derechos humanos, es mucho más disuasiva que los discursos que lamentan las muertes violentas tan frecuentes en nuestro país y que la creación de leyes y comités especiales para la protección de quienes ejercemos estas actividades.

         En algunos países como en Estados Unidos de América, el asesinato de un policía es algo que los criminales estadounidenses se cuidan de cometer por la contundencia de la respuesta del Gobierno norteamericano. Igual se cuidan los narcotraficantes mexicanos de no ejecutar a algún elemento de la agencia antidrogas gringa, mejor conocida como la DEA, porque los disuade la reacción en su contra que vendría del país del norte.

         El ejemplo lo tiene muy claro el Gobierno mexicano. Como los que nos dedicamos al periodismo tenemos muy transparente el hecho de que en nuestro país es la impunidad con la que se cometen crímenes de todo tipo y a cualquier persona, la que alienta su comisión recurrente.

         Y mientras haya impunidad para todos los crímenes y no se persiga con la fuerza del Estado a los que se ejecuten contra quienes somos interlocutores o representantes de la sociedad ante las acciones de los poderes políticos o fácticos, de muy poco servirán las leyes que se promulguen o reformen, así como los comités, fiscalías especializadas o mecanismos que se instituyan para pretender cumplir un papel que no cumple el Estado, en sus respectivos niveles de actuación, con los ciudadanos.

         Ninguna ley de protección a periodistas, con su respectivo mecanismo, hubiese salvado a Manuel Buendía Tellezgirón que el Estado criminal mexicano envió en su contra en mayo de 1984; como tampoco hubiese podido hacer nada contra los atentados que los narcotraficantes perpetraron sin éxito contra el director del semanario tijuanense “Z”, Jesús Blancornelas, ni impedir los asesinos de varios de sus colaboradores. Qué decir de la ejecución de Javier Valdez y de Miroslava Breach, así como de la de decenas de colegas en Veracruz y en otras partes del país.

         La inseguridad que prevalece en el país como consecuencia de la impunidad que propicia un Estado criminal, como ha sido exhibido en muchas ocasiones y circunstancias, es en nuestro país muy abrumadora para cualquier comité o mecanismo de protección a actores sociales tan imprescindibles para un desarrollo democrático saludable de nuestra sociedad, en el caso de que éstos no sólo sean creaciones burocráticas con las que se justifique el “interés” que tiene el Gobierno en “protegernos”…

 

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