La ratonera

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Pongamos que ‘sólo’ la cuarta parte de los turistas que llegan al Caribe mexicano cada año son drogadictos, y que cada uno de ellos se gasta en promedio unos cien dólares en drogas. Estamos hablando de una ‘derrama’ de cuando menos ciento treinta millones de dólares para el mercado del ‘narcomenudeo’ local.

Antes del invento de las anfetaminas y las drogas baratas de consumo doméstico popular; cuando el país no estaba tan enfermo y las bandas de la industria del ‘narco’ se disputaban sobre todo el abasto y las rutas del tráfico de cocaína entre Colombia y los Estados Unidos a través de México; cuando la jerarquía del poder político imponía su ley -de facto- como garantía de paz social, y los mayores capos la respetaban y le temían; en ese entonces, antes de la democracia y el pluralismo, las guerras entre las mafias eran por el control de los territorios de tránsito y los principales puntos y medios de transporte; por puertos, aeropuertos, caminos y enclaves fronterizos estratégicos. Las bajas de inocentes eran mínimas y en general había poco qué lamentar.

Luego, en la democracia y el pluralismo, la jerarquía del poder político se pulverizó en partidismos, individualismos y divisionismos, en lugar de fortalecerse con la suma de la diversidad ideológica, que se supone es la divisa de la democracia como fuerza invencible de la sociedad y la unidad social. Y fragmentado y atomizado el poder político, fue más susceptible y vulnerable a la corrupción, y más fácil de acometer y avasallar por los grupos del crimen organizado.

En la democracia y el pluralismo, las organizaciones nacionales del ‘narco’ optaron por la estrategia de cambiar el sistema de financiamiento de sus pandillas regionales de apoyo logístico: en lugar de dinero y armas, les pagarían en ‘especie’ -con droga- sus servicios, lo que incrementó los enfrentamientos y la dureza de los mismos entre las mafias mayores y sus células locales.

El abaratamiento de las drogas, la multiplicación de la demanda, la corrupción política, la pulverización del poder institucional, y la derogación de la gran industria del tráfico internacional de cocaína entre Colombia y los Estados Unidos (entró en juego y creció el tráfico de precursores químicos desde el Lejano Oriente), detonó la guerra encarnizada e interminable entre las grandes bandas del ‘narco’, sus filiales y las pandillas locales, y entre los cuerpos de seguridad aliados o enemigos de ellas.

El Caribe mexicano, y casi todos los destinos turísticos de México, son cada día más barateros, menos escrupulosos y selectivos con sus clientelas, y más socorridos por la ralea drogadicta del turismo americano y global, entre otras cosas por el relajamiento de la autoridad, la extrema permisividad de la misma, la complacencia empresarial, y el facilismo para obtener y hacer cualquier cosa prohibida. Si la ley, las instituciones y las empresas no garantizan la seguridad que el turismo caro demanda y está dispuesto a pagar, lo que más ha de aparecerse y abundar por estos rumbos en desgracia es lo menos recomendable, lo más indeseable, y lo más dispuesto a correr los riesgos que haya menester con tal de pagar menos e intoxicarse más. No es casual que a la vera de los bares estén operando a sus anchas y a la luz del día los distribuidores de esta y aquella bandas, con la complicidad y la pagada servidumbre de las autoridades, y que gerentes, cantineros y empleados sean también, en gran medida, vendedores de drogas bien conocidos por medio mundo, empezando por la Policía.

El panorama se complica en otras encrucijadas irresolubles mayores.

Por ejemplo:

Se ha perdido por completo la capacidad y la responsabilidad de legislar, y ese desastre ha obrado el deterioro y la inoperancia del sistema judicial, el enojo y la sensible y progresiva desmovilización de las Fuerzas Armadas, la vulnerabilidad y la corrupción de los jueces, y la consecuente reincidencia, cada vez más impune y violenta, de los sicarios procesados y liberados de inmediato por ‘inconsistencias en los expedientes ministeriales’.

Hoy día, los delitos más numerosos y graves del ‘narco’, como la venta de drogas al menudeo, el secuestro -o la “privación ilegal de la libertad” o los recurrentes ‘levantones’-, los homicidios atroces -por lo regular horrendas masacres anónimas o suscritas con la marca del cártel ejecutor- y la extorsión, son del fuero común, merced al Código Penal vigente; y los jueces locales de esa instancia, indefensos como están frente al asedio de las mafias, prefieren corromperse -si es que no son corruptos- y liberar a los peores culpables con cualquier pretexto legaloide, para protegerse y no arriesgarse a desafiar el cruento castigo de los sicarios. Y así también operan los agentes del Ministerio Público y los celadores y directores de los penales: si no son corruptos, más vale que se corrompan, porque de otra manera serán seres excepcionales, pero seres excepcionales bien muertos, o culpables de la muerte de algunos de sus familiares.

Los sicarios andan en manadas y son miles en el país, y cada uno de ellos es culpable de decenas de crímenes mayores y menores. ¿Cómo consignarlos a todos por cada uno de esos delitos y evitar que cursen sus procesos en libertad, según el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, o que en la libertad que les concede ese Sistema no sigan delinquiendo o no se fuguen, si a eso se dedican?

Esas legislaciones y esos sistemas Penal y de Justicia, en un país de instituciones fallidas y funcionarios corruptos o corrompidos o corrompibles, no obra sino en favor del crimen y en contra de la gente de bien. Son parte del problema, no de su solución.

La falta de legislación sobre seguridad interior y la impostura e hipocresía de los defensores de los derechos humanos, por otra parte, condenan a las Fuerzas Armadas a hacer funciones policiales al margen de la ley –y a cumplirlas, además, bajo la sospecha permanente de abusar de esa función-, mientras los policías de todos los niveles del Estado, cuando no son cómplices del crimen constituyen un poder civil incompetente e insignificante contra la capacidad de organización, de intimidación y de fuego del ‘narco’.

Las Fuerzas Armadas están entrenadas para combatir y matar, y son el único recurso eficaz para enfrentar a tiros a los sicarios. Pero les amarraron las manos, y si abren fuego corren el riesgo de que se les acuse de exceso de fuerza y de atentar contra los derechos humanos. De modo que, ahora sí, ni siquiera esa capacidad de exterminio es confiable para abatir y acabar con la densa plaga de exterminadores.

La reincidencia, procurada por la incompetencia y la corrupción policiales y judiciales, es la causante de más del ochenta por ciento de los asesinatos y demás delitos dolosos que se cometen. Y los sicarios que son aprehendidos suelen ser dejados en libertad o entrar y salir de prisión una y otra vez bajo acusaciones ridículas, o convertirse en la aristocracia carcelaria que desplaza a la autoridad institucional en los presidios. En Quintana Roo ése es el cuento de nunca acabar desde que las mafias conquistaron su territorio y su principal fuente de sustentación: el mercado turístico, nutrido de viciosos adictos a las drogas.

Y así no hay forma de escapar de la ratonera. Si la demagogia sigue amparando la corrupción y estimulando la impunidad y la impiedad de los criminales, la ley del crimen seguirá siendo la ley de Dios, en estos ya ensangrentados y otrora pacíficos y paradisiacos parajes.

SM
estosdias@gmail.com

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