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La transparencia y el combate a la corrupción definen el primer año de la XV Legislatura

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Por primera vez en su historia, el Congreso de Quintana Roo puso a los exfuncionarios de una administración saliente a dar la cara ante la ciudadanía, por las acusaciones de irregularidades y malversación de recursos durante su gestión. La XV Legislatura, la primera en acompañar a un Gobierno ‘de transición’ que vino a poner fin a varias décadas de administraciones priístas en las que no había rastros de pluralidad,  también abonó para que los servidores públicos del pasado sexenio enfrenten procesos penales. ‘Desarmó’ el llamado ‘paquete de impunidad’ con el que el exgobernador, Roberto Borge Angulo, intentó protegerse al final de su mandato para evitar procesos judiciales en su contra por las acusaciones de despojos de terrenos propiedad del Estado, en contubernio con integrantes de su gabinete y algunos presidentes municipales que en los últimos meses han buscado desesperadamente un amparo que les evite sufrir el mismo destino que su antiguo jefe. Asimismo, la actual Legislatura creó un Sistema Estatal Anticorrupción y eliminó el fuero para combatir las prácticas corruptas y la impunidad en el Estado. Y esto tan sólo en su primer año. Atrás quedaron los tiempos en que los diputados se escondían en fastuosos hoteles y detrás de vallas y policías antimotines para trabajar, tanto así, que se organizaron foros de consulta ciudadanos en varios municipios para recopilar propuestas que ayudaron a conformar la agenda legislativa, destaca el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, en entrevista para este semanario.

La transparencia y el combate a la corrupción definen el primer año de la XV Legislatura

Armando Galera

 A la pregunta sobre cuál considera ha sido el mayor acierto de la XV Legislatura en su primer año, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, afirma sin titubear que fue echar abajo el ‘paquete de impunidad’ que el exgobernador Roberto Borge impulsó por medio de la anterior Legislatura al cierre de su administración, para blindarlo de cualquier acción judicial.

“Apenas tomamos posesión, y una de las primeras acciones de los diputados de la coalición UNE fue el llamar a cuentas a los integrantes del gabinete de Roberto Borge. Nunca antes habían comparecido de esta manera los exsecretarios de una administración anterior, pues se acostumbraba que se ‘taparan’ sus irregularidades.

“Pero de las comparecencias que realizamos se obtuvo información importante que llevó a detectar irregularidades y desvío de recursos en distintas dependencias, lo que derivó en denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE)”, explica.

Sin embargo, estas acciones no bastaban para responder al reclamo ciudadano de someter a la Justicia a quienes supuestamente habían desfalcado al Estado.

“Se derogaron las reformas a la Constitución Política del Estado que aprobó la XIV Legislatura, reestableciendo sanciones que se preveían por ciertos delitos, que fueron modificadas para que los exfuncionarios no enfrenten la Justicia por delitos de peculado (la malversación de recursos públicos).

“También revertimos el otorgamiento por 15 años de protección con escoltas a los exgobernadores, así como se eliminó a los legisladores como sujetos a protección de escoltas y se redujo el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los exservidores públicos, a no más de la mitad de los que contaban mientras desempeñaron el encargo”, dice Eduardo Martínez.

El diputado panista agrega que apenas en la cuarta Sesión Ordinaria se dio entrada a un punto de acuerdo para realizar una revisión de irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y requisitos de proceso del auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, uno de los funcionarios que Borge había impuesto ‘a modo’ para garantizar que no fuera auditada su administración.

Primero renunció Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal general del Estado. Luego, en marzo, hizo lo mismo Javier Félix Zetina (quien había sido designado en junio del año pasado auditor del Estado por los anteriores legisladores en una polémica sesión a puerta cerrada celebrada en un hotel de Cancún).

Un mes después otro personaje que el Congreso tenía ‘en la mira’, Carlos Lima Carvajal, renunció a su cargo como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, luego de haber sido señalado de haber inscrito de manera irregular propiedades resultados de despojos a empresarios y particulares durante el Gobierno de Roberto Borge.

“Una vez que se habían retirado quienes fueron colocados para tapar las irregularidades cometidas en el sexenio anterior, los diputados instruimos a la Aseqroo ampliar las auditorías de las cuentas públicas de los once Ayuntamientos, así como de áreas del Gobierno estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2015, que prácticamente habían sido aprobadas al vapor para ocultar varios manejos”.

Eduardo Martínez explica que el pasado 30 de agosto estas auditorías rindieron frutos, al descubrirse un desfalco que asciende a 11 mil 813 millones de pesos durante el penúltimo año de ejercicio de Roberto Borge, lo que derivó en 27 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de 84 funcionarios estatales y municipales.

“No hay ningún precedente histórico de investigaciones de este tipo en el Estado. Era por todos sabido que la Auditoría era un órgano cuya principal función era el de maquillar cifras. Hoy es distinto, porque se rompió con ese ciclo vicioso y la Aseqroo está cumpliendo su función para la que fue creada”.

Entre las dependencias donde se llevaron a cabo desfalcos se encuentra la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, Vip Saesa, CAPA;, así como las anteriores administraciones de Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas.

“Estas acciones permitieron que el exgobernador Roberto Borge se encuentre hoy preso, enfrentando acusaciones por despojos y la venta irregular de terrenos de propiedad estatal, y la Fiscalía General de Quintana Roo tenga abiertas carpetas de investigación en contra de diversos servidores públicos de la pasada administración estatal, para posteriormente ser judicializadas, dependiendo de los delitos acreditados”.

Combatiendo la corrupción

Pero además, el presidente de la Gran Comisión señala que la XV Legislatura se enfocó en eliminar privilegios excesivos y establecer penas severas a servidores públicos que cometan delitos en contra del patrimonio estatal, a fin de combatir la corrupción y la impunidad en Quintana Roo.

“Ahora el Código Penal vuelve a establecer penas severas de hasta 10 años de prisión a delitos como aprovechamiento ilícito del poder, administración fraudulenta, entre otros”, aclara Eduardo Martínez.

A decir del legislador panista, otro punto que se legisló atendiendo las demandas ciudadanos, fue el de eliminar la figura del fuero en Quintana Roo. “Ya no habrá más protección para los funcionarios corruptos. Ahora el que la hizo, que la pague”, dice.

“De esta manera Quintana Roo es uno de los seis Estados que deroga este blindaje legal. Ahora ni los magistrados, presidentes municipales, diputados locales ni el propio gobernador tendrán fuero”.

Esto significa que ahora un diputado local podrá ser arrestado por incurrir, por ejemplo, en una falta administrativa, ser detenido en el alcoholímetro, o causar daños en hechos de tránsito, por ejemplo.

“También en julio pasado el Congreso aprobó en su totalidad las reformas para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción. De esta manera la sociedad quintanarroense contará con una herramienta poderosa para enfrentar a los poderes fácticos que por décadas se aprovecharon de la falta de solidez institucional, de los vacíos legales y la falta de voluntad política para perseguir y castigar la corrupción”.

“El trabajo de este sistema será el ver que se hagan bien las cosas y que se aplique correctamente el recurso público y los bienes del Estado”.

Eduardo Martínez agregó que uno de los puntos principales de este sistema es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, un ordenamiento que abroga la legislación vigente en la materia para incorporar un nuevo marco jurídico que elimina los principios de anualidad y posteridad. Es decir, que la Fiscalía podrá revisar años anteriores al Ejercicio Fiscal en curso.

“También va a entrar la fiscalización en tiempo real, pues los entes obligados tendrán que enviar avances de su gestión cada trimestre. Si en alguno de estos avances se detecta alguna irregularidad, la fiscalía podrá hacer una auditoría completa. De esta manera nos aseguramos de no tener que esperar a más de un año para detectar irregularidades, inhibiendo el desvío y mal ejercicio de los recursos”.

Un nuevo Congreso de ‘puertas abiertas’

La anterior Legislatura fue tristemente célebre por sesionar a puerta cerrada, llegando los diputados de ese entonces incluso hasta trasladarse a un hotel de lujo de Cancún para aprobar el llamado ‘paquete de impunidad’ de Roberto Borge.

Eduardo Martínez comenta que éste fue uno de los puntos que tenían que cambiar desde el inicio. “En campaña apostamos por un Congreso ciudadano, y era lo primero que íbamos a trabajar”.

Empezaron por acabarse las sesiones a puerta cerrada. Se aprobó que el trabajo de los legisladores fuera transmitido en vivo a través de las redes sociales para el escrutinio de los ciudadanos.

“Incluso las comparecencias de los exfuncionarios fueron transmitidas en vivo a través de las redes sociales. Por primera vez, en un hecho histórico, los exsecretarios estuvieron de frente a la ciudadanía explicando las irregularidades encontradas”, puntualiza Eduardo Martínez.

No sólo eso. El órgano de transparencia del Congreso local también se renovó y ahora ofrece la información detallada de los recursos que manejan los diputados, tanto en su dieta como en el gasto de gestiones que realizan.

El panista señala que el Congreso volvió a abrirse a la ciudadanía, por lo que atrás quedaron los tiempos en que los anteriores diputados prohibieron el acceso a la población.

“Hoy las puertas están abiertas para cualquier ciudadano que desee conocer el trabajo del diputado de su distrito o realizar una gestión. Incluso tenemos una campaña permanente para invitar a los jóvenes a las sesiones de la Legislatura. Hacía mucho tiempo que no se tenía una apertura de tal magnitud”, puntualiza.

Lo que viene

Respecto al nuevo Periodo Ordinario de Sesiones próximo a iniciar, el presidente de la Gran Comisión adelanta que será abordado el tema de la reforma electoral para que los comicios en Quintana Roo inicien en la segunda quincena de diciembre.

De esta manera se empalmaría el periodo de precampañas federales con los locales para así evitar que el Estado continúe desfasado del resto del país en cuanto a fechas electorales, y así ahorrar millonarios recursos en elecciones.

“También estaremos trabajando en los procesos de designación para los cargos del Sistema Estatal Anticorrupción, otorgándosele prioridad a la participación ciudadana.

“Pero demás, viene el análisis del presupuesto 2018 para Quintana Roo. También seguiremos con los temas de la agenda legislativa que quedaron pendientes de aprobarse en comisiones, más los que sean añadidos. Sin duda, será un Periodo Ordinario de mucho trabajo”, concluye.

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