Las imágenes del atentado terrorista a la Cervecería Chapultepec de Playa del...

Las imágenes del atentado terrorista a la Cervecería Chapultepec de Playa del Carmen nos ‘trasladan’ al París del 13 de noviembre de 2015

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El Bestiario

Desde los atentados de enero, Francia vivía en el máximo estado de alerta. “Desbaratamos atentados a diario”, decía el ministro del Interior Bernard Cazaneuve. El último de ellos databa del 29 de octubre. Las autoridades detenían a un joven de Toulon, de 25 años, que preparaba un atentado terrorista. Los atentados del 13 de noviembe no se pudieron evitar y se producían justo el primer día en que Francia restauraba las fronteras interiores de la Unión Europea para reforzar la seguridad de la Cumbre del Clima que se celebraba en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. Francia era el país occidental más amenazado por los yihadistas. En guerra contra los radicales en varios frentes, los atentados de Charlie Hebdo y el supermercado HiperCacher, que costaron la vida a 17 personas, fueron una dramática llamada de alerta. Desde entonces, se había librado in extremis de ocho atentados, al menos dos de ellos programados para causar auténticas matanzas. Casi 2,000 ciudadanos franceses habían emprendido el viaje a Siria o Irak -muchos por Barcelona o Madrid- y 500 empuñan ya las armas. Los aspirantes al combate habían aumentado un 212% en lo que va de año. Y el dato más preocupante: de Siria e Irak habían regresado entre 200 y 300. El temor a un nuevo gran atentado estaba en el ambiente. El fiscal de la República François Molins llegó a hablar de un próximo “11 de septiembre a la francesa”.

El arsenal de nuevas medidas antiterroristas también crece mes tras mes. Desde enero, patrullan las calles entre 7,000 y 10,000 militares. Otros 25,000 policías vigilaban 5,000 lugares sensibles. El Gobierno había sacado adelante una polémica Ley de Servicios Secretos que autorizaba la recogida masiva de datos de la red. A la vez, había aumentado en 736 millones el presupuesto para reclutar expertos y comprar material más moderno. El joven detenido en Toulon estaba fichado por la policía desde el verano de 2014 en razón, justamente, de sus proyectos de viajar a Siria y por su intensa actividad en Facebook con mensajes próximos al ISIS. Una vez detenido, confesó su intención de pelear en Francia, ya que no podía ir a Siria. Uno de los ataques abortados más importantes fue el del francés Yassine Salhi, que intentó en junio volar unos depósitos de gas en Saint-Quentin-Fallavier tras decapitar a su jefe. Como en casi todos los casos, el terrorista tenía ficha policial como sospechoso de extremismo islamista. También estaba fichado el marroquí Ayoub El Khazzani, que en agosto intentó una matanza en el tren Thalys que se dirigía de Bruselas a París con todo un arsenal de armas. Las críticas en Francia ante la escasa eficacia policial habían sido muy escasas. La policía recordaba que había 5,000 fichados por presunto radicalismo y que era imposible seguir a todos 24 horas al día. El fiscal Molins aseguraba que se vigilaba a 1,733, y no continuamente. Y destacaba la dificultad añadida de que no había una organización, unas células, una cadena de mando. “Nos enfrentamos a comportamientos individuales, a lobos solitarios”. Desde 2012, 326 personas habían sido detenidas por conexiones con actos violentos.

Los atentados en París de noviembre de 2015 fueron varios ataques terroristas cometidos en la noche del 13 de noviembre de 2015 en la capital francesa y su suburbio de Saint-Denis, perpetrados en su mayoría por atacantes suicidas islamistas en los que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. Un tiroteo en el restaurante Petit Cambodge, en el X Distrito de París, se saldó con al menos cuatro muertos. Un segundo tiroteo tuvo lugar en el teatro Bataclan, en el XI Distrito de París, con al menos 100 rehenes. En una brasserie cercana al Estadio de Francia, una explosión dejó al menos 10 muertos o heridos. La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización yihadista ‘Estado Islámico’. El entonces presidente de la República, François Hollande, se encontraba en el palco del Estadio de Francia con el ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, para ver el partido de fútbol amistoso entre las selecciones francesa y la alemana. Hollande y Steinmeier fueron evacuados por personal del lugar. El presidente francés se dirigió al Ministerio del Interior para presidir un gabinete de crisis. Se produjeron al menos seis tiroteos y tres explosiones, los cuales fueron reportados en los alrededores de la calle de la Fontaine-au-Roi, calle de Charonne y en el teatro Bataclan situado en el número 50 del bulevar Voltaire. En este último escenario, durante el concierto del grupo de hard rock estadounidense ‘Eagles of Death Metal’, según la agencia AssociatedPress, cerca de 80 personas fueron asesinadas cuando al menos cuatro hombres entraron a la sala principal del teatro y dispararon durante diez a quince minutos hacia la multitud, para luego rematar a quienes aún se movían y después mantener retenidos a 120 rehenes. Algunos de ellos afirmaron haber escuchado a uno de los atacantes gritar ‘¡Allahu Akbar!’ (‘¡Alá es grande!’). Eran alrededor de cinco o seis terroristas armados con fusiles de asalto AK-47…

Santiago J. Santamaría Gurtubay

En terrazas similares a la Cervecería Chapultepec, como la de los bares y restaurantes Le Petit Cambodge, Le Carillon, La Casa Nostra, La Belle Équipe y en Le Comptoir Voltaire, decenas de clientes murieron a consecuencia de los disparos recibidos. Su delito, estar divirtiéndose. De dos años a esta parte nuestro Quintana Roo ha sido escenario, casi a diario, de asesinatos entre integrantes de cárteles o pandillas; atentados contra miembros de Seguridad Pública; explosión de una bomba en un barco que transportaba pasajeros entre Solidaridad y Cozumel, sin que se informara a la opinión pública del resultado de las investigaciones realizadas; tiroteos en el centro de la ciudad de Cancún, a la altura de la Glorieta del Ceviche; asalto a las instalaciones de la Fiscalía; muertes violentas de varios periodistas, el último, apenas hace unas horas; disparos a bocajarro contra todos los clientes que se encontraban en la Cervecería Chapultepec… Si sumamos el número de ciudadanos asesinados y con secuelas por heridas graves, superamos con creces las cifras de lo ocurrido otro día 13, del 2015, en la capital de Francia. Conocida también como ‘La Ciudad Luz’ (La Ville Lumière), es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año.

París cuenta con muchos de los monumentos más famosos y admirados del orbe: la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del Sacré Cœur, el Palacio de Los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Garnier o el barrio de Montmartre, entre otros. También alberga instituciones de reconocimiento mundial: el Louvre, el Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia y ocupa un lugar importante en el ámbito de la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo. Durante estos últimos cuatro años, la inseguridad motivó un descenso importante en el número de visitantes, afectando al Turismo. Recuperada la tranquilidad en las calles, su principal industria está en recuperación. La Riviera Maya, Cancún y el Caribe Mexicano no son una excepción. El turismo es clave en su economía. Los turistas exigen seguridad. La ausencia de violencia en nuestras calles es la más efectiva campaña de promoción turística. No confundamos los deseos con la realidad. Es clave la unión de todos los factores que lograron que Cancún sea el primer destino mundial del producto caribeño. No podemos permitirnos el lujo de acompañar las imágenes de las cámaras de seguridad de la ‘Cervecería Chapultepec’ con polémicas acusaciones de empresarios hoteleros contra la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas. Son tiempos de sumar esfuerzos para devolver la ‘Paxcancunense’ de la que disfrutamos durante muchos años. Era nuestra ‘Pax romana’ (Paz romana), una expresión en latín utilizada para referirse al largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio romano, caracterizado tanto por su calma interior como por su seguridad exterior, lo que le permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y expansión territorial…El fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca, descartó que el móvil del ataque a balazos en la ‘Cervecería Chapultepec’, fuera el cobro de ‘derecho de piso’. Lo anterior contrasta con la versión inicial que dio la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad, la cual afirmó dicho móvil del caso que derivó en la muerte de una persona y otras 11 que resultaron heridas en la noche del 13 de mayo.

La ‘acción’ no pretende otra cosa que aumentar el terror en la ciudadanía para que exija a sus autoridades que ‘negocien’ un ‘alto el fuego’

De acuerdo con la actual tendencia regional de implicar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, se hace particularmente importante contemplar la eficacia de los mecanismos de prevención anticorrupción en dichas instituciones, puesto que el crimen organizado busca la complicidad de las fuerzas e instituciones que lo combaten para asegurar su complicidad. Frente al secretismo, en este momento la transparencia es el mejor instrumento para la seguridad nacional, en especial en Playa del Carmen y Cancún en nuestro Estado de Quintana Roo, ‘bajo fuego’ del crimen organizado, ametrallando, indiscriminadamente, contra los clientes de una terraza. La ‘acción’ no pretende otra cosa que aumentar el terror en la ciudadanía para que exija a sus autoridades que ‘negocien’ un ‘alto el fuego’. En la actualidad existe una tendencia dominante en América Latina basada en la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado que obliga a contemplar la corrupción como un elemento más en el proceso de transformación abierto en todo el continente. La doctrina, la educación, el equipamiento y el marco legal son algunos de los aspectos que han de ser contemplados. Sin embargo, no se da la misma trascendencia a la formulación de mecanismos de control y de rendición de cuentas que prevenga la corrupción, instrumento principal del crimen organizado para garantizar su desarrollo y fortalecimiento. La propuesta, en consecuencia, es contemplar la importancia de los mecanismos anticorrupción como un elemento tan imprescindible como el resto para el proceso de cambio abierto en el que se encuentran la mayoría de las Fuerzas Armadas en la región. Lo cierto es que si se lograra diseñar una fuerza de seguridad militar adaptada a las misiones que realiza en la actualidad –en doctrina, educación, adiestramiento y equipamiento– se correría el riesgo de fracasar si no se contemplaran en su diseño institucional mecanismos efectivos de prevención de la corrupción.

Sin embargo, de acuerdo con los escasos datos existentes, las Fuerzas Armadas, ciertamente, no tendrían ningún problema de corrupción, al contrario del resto de las instituciones privadas y públicas de la región, donde existen altos índices de corrupción. ¿Que explicaría esta particularidad? ¿Realmente no hay corrupción, o es menos visible? ¿Cuán hermética o transparentes son estas instituciones? ¿Qué mecanismos de control preventivo contra la corrupción tienen las Fuerzas Armadas? ¿Son estos mecanismos los que explican los supuestos niveles particularmente bajo de corrupción?, ¿Por qué la implicación en el combate al crimen organizado no ha aumentado los casos de corrupción, cuando afecta al resto de las instituciones, como la policía y la justicia? En otras palabras, ¿es necesario, entonces, contemplar la lucha contra la corrupción en las Fuerzas Armadas para afrontar de manera eficaz y eficiente la lucha contra el crimen organizado?

“La respuesta es sí”. Sonia Alda Mejías, investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, del Real Instituto Elcano de Madrid, lo tiene claro. Ha escrito un informe titulado ‘La transparencia en las Fuerzas Armadas latinoamericanas para combatir el crimen organizado’. Este ‘think tank’ de la capital de España -cuya traducción literal del inglés es “tanque de pensamiento”-, laboratorio de ideas, instituto de investigación, gabinete estratégico, centro de pensamiento o centro de reflexión es una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos. Los ‘think tanks’ suelen ser organizaciones sin ánimo de lucro, y a menudo están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Normalmente en ellos trabajan teóricos e intelectuales multidisciplinares, que elaboran análisis o recomendaciones políticas. Defienden diversas ideas, y sus trabajos tienen habitualmente un peso importante en la política y la opinión pública. Además de promover la adopción de políticas, entre las funciones que cumplen los ‘think tanks’ están las de crear y fortalecer espacios de diálogo y debate, desarrollar y capacitar a futuros paneles políticos en su toma de decisiones, legitimar las narrativas y políticas de los regímenes de turno o los movimientos de oposición, ofrecer un rol de auditor de los actores públicos y canalizar fondos a movimientos y otros actores políticos.

No hay ninguna particularidad en las Fuerzas Armadas que asegure que no puedan estar contaminadas por la corrupción

La aparente ausencia de corrupción o la noticia de únicamente casos aislados en las Fuerzas Armadas, sin embargo, no necesariamente indica que no exista. En principio no hay ninguna particularidad en las Fuerzas Armadas que asegure que no puedan estar contaminadas por esta lacra, como de hecho lo están otras fuerzas de seguridad y de justicia. Y no sólo éstas, en realidad el crimen organizado ha penetrado en todos los poderes del Estado. Lo cierto es que no puede constatarse si hay más o menos corrupción, pues posiblemente el hermetismo tradicional de estas fuerzas impide conocer realmente los niveles que les afectan. Bajo este planteamiento no se pretende suponer, a priori, que las Fuerzas Armadas, o parte de sus miembros, sean corruptos. La idea es que esta institución es como cualquier otra y que, por tanto, está expuesta a la corrupción si no cuenta con mecanismos preventivos de fiscalización necesarios. En consecuencia y de acuerdo con la participación en la lucha contra el crimen organizado es imprescindible contar con estos mecanismos. No sólo por motivos legales y éticos, sino también por lograr la mayor eficacia, en términos estrictamente profesionales, de las Fuerzas Armadas en su participación en esta misión.

En el análisis de Sonia Alda Mejías se justifica la importancia de la transparencia y se propone que sea un elemento vertebral en los procesos de transformación o adaptación que están viviendo las Fuerzas Armadas latinoamericanas y en especial en nuestro país, con la incorporación a la sociedad de la Guardia Nacional de México. Esta es una institución armada de naturaleza civil que fungirá como policía nacional de los Estados Unidos Mexicanos realizando las funciones de la seguridad pública a cargo de la Federación. El secretario de seguridad es el titular del mando originario de la institución, conduciendo la actuación de la misma mediante el Comandante de la Guardia Nacional. Esta organización en los hechos será híbrida, ya que su entrenamiento y disciplina estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) y su mando en la Secretaría de Seguridad. Será integrada por policías militares, navales y federales lo que supondrá la absorción de esas tres instituciones por la Guardia. La institución fue creada a base de la crisis de seguridad que sufre el país desde el inicio de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ en 2006, siendo propuesta inicialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y modificada en el Congreso de la Unión, siendo aprobada por éste, de manera definitiva el 28 de febrero de 2019, siendo turnado a los Congresos estatales, los cuales la aprobaron el 13 de marzo de 2019, siendo creada el 26 de marzo del mismo año con la publicación del decreto de reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación.

Durante el proceso de transición gubernamental de Andrés Manuel López Obrador fue anunciada, el 14 de noviembre de 2018, la intención de crear un nuevo cuerpo de seguridad llamado Guardia Nacional militarizada. La Cámara de Diputados recibió la propuesta, sin embargo, anunció modificaciones. Se efectuaron mesas abiertas, dando lugar a algunos cambios3 que fueron enviados como minuta al Senado. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto.5 La turnaron nuevamente a la Cámara de Diputados quienes con una mayoría absoluta la aprobaron. Para ser aprobada como reforma constitucional, era necesaria la aprobación de al menos 17 legislaturas locales. Este requisito se logró superar el 6 de marzo con el respaldo de Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas. La aprobación por unanimidad de las 32 entidades, llegó el 13 de marzo.

Aparentemente no revestiría tanta importancia la transparencia en los organismos militares si se contemplan los bajísimos índices de percepción de corrupción que existen sobre estas instituciones de acuerdo a la ciudadanía. También son anecdóticas las denuncias de corrupción en su seno. No obstante, y a pesar de estos datos, sigue siendo oportuna la transparencia ya que cabe preguntarse si ello se debe a que la corrupción es inexistente en las Fuerzas Armadas en América Latina o si en realidad sí hay corrupción, como en cualquier otra institución, pero no es visible por su hermetismo y opacidad. La implicación en esta misión, así como en otras, ha abierto un proceso de adaptación y transformación que está igualmente presente en toda la región. El reto es particularmente complejo porque la idea es configurar unas Fuerzas Armadas multipropósito o multifunción que, de manera simultánea, realicen numerosas misiones de muy diferente naturaleza. Estas misiones van desde el desarrollo nacional hasta la ayuda ante desastres naturales, la protección del medio ambiente, la lucha contra tráficos ilegales (drogas, minería, tala…) y, según los países, también la seguridad ciudadana. Ciertamente hay diferencias entre países en relación con la importancia otorgada a cada misión y a su nivel de implicación en cada una de ellas, pero todos coinciden en este modelo multifunción o multipropósito.

En la policía y la justicia, en contacto también con el mundo criminal, la corrupción es un problema sistémico

De acuerdo con este modelo de Fuerzas Armadas, la única posibilidad de ser más eficiente y eficaz pasa necesariamente por un proceso de transformación. Máxime si se considera que la estructura y la configuración de las Fuerzas Armadas está diseñada para otra misión diferente a las mencionadas: la defensa frente a un enemigo externo, que continúa siendo en todos los países la principal y primera tarea militar. Esto explica que todas las Fuerzas Armadas de la región se encuentren inmersas, con mayor o menor intensidad, en un proceso de transformación, adaptación o revisión de su doctrina, de su sistema de educación y de su entrenamiento y/o equipamiento. La elección de la dimensión y profundidad que adopte este proceso de cambio depende de cada país, pero con el fin de lograr que sea coherente debe ser integral y global. No obstante, en estos momentos no parece que esté claro cuál es su diseño y tampoco el tipo de fuerza que va a evolucionar con los cambios que se introduzcan. Hasta el momento las transformaciones se han basado en la improvisación y una aplicación parcial y no integrada de un determinado modelo.

Dicho esto, el objetivo es agregar un factor más a considerar, con el fin de lograr la máxima eficiencia y eficacia para el desempeño de las misiones que se están llevando a cabo. El punto de partida es que, pese a que tuviera lugar un proceso de transformación coherente, integral y global de las Fuerzas Armadas, en coherencia con las misiones que desempeñan, si no se incluyen mecanismos de control y de transparencia, para impedir la corrupción, no es posible alcanzar la máxima eficiencia y eficacia de estas fuerzas. Sus miembros corren el mismo riesgo de ser corrompidos por el crimen organizado, de ahí que sea imprescindible contemplar mecanismos de control y fiscalización. Dichos mecanismos son necesarios porque no hay ninguna particularidad ni en las Fuerzas Armadas ni en sus miembros que garanticen que no puedan verse tentados, como los representantes de otras instituciones estatales, por sustanciosos sobornos. En la policía y la justicia, en contacto también con el mundo criminal, la corrupción es un problema sistémico en la mayoría de los países de la región. Por tanto, cuanto mayor sea la implicación de las Fuerzas Armadas en este ámbito, mayor será el riesgo de caer en la corrupción y en la imposibilidad de luchar eficiente y eficazmente contra esta amenaza.

La corrupción, primer o segundo problema en México, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, República Dominicana y Bolivia

Según el último informe de Latinobarómetro de 2018, hay siete países donde la corrupción aparece como el primer o segundo problema de mayor importancia: Colombia, Perú, Brasil, México, Paraguay, República Dominicana y Bolivia. Esta sensibilización en relación con la corrupción ha ido creciendo en la medida en que se han hecho públicos escándalos en esta materia en todos los poderes de los Estados latinoamericanos. Ciertamente este es un problema que viene de atrás, pero no visibilizado como en los últimos años. Las iniciativas llevadas a cabo por el poder judicial en buena parte de las repúblicas latinoamericanas han dado lugar a que toda institución y cargo del Estado, sin excepción, sea objeto de investigación, enjuiciamiento, condena y, según el caso, encarcelamiento de representantes de todos los niveles e instancias estatales. Estos procesos han alcanzado a la Presidencia de varias repúblicas, al legislativo y al mismo poder judicial. Como se está demostrando, nadie está libre de ser denunciado, investigado, juzgado y llegado el caso condenado por corrupción.

Por ello, no deja de ser llamativo que no existan sino de manera excepcional casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, al menos no públicos. En 2018 fue denunciada una trama de corrupción de importantes dimensiones en las Fuerzas Armadas chilenas, pero es un episodio aislado con respecto al resto de la región. La inexistencia de este tipo de casos explica, en parte, el alto apoyo y reconocimiento popular en comparación con otras instancias. La media regional indica que el 44% de la población latinoamericana apoya a las Fuerzas Armadas y su labor. La comparación con otras instituciones pone aún más de manifiesto el destacado grado de confianza y aprobación de la ciudadanía respecto al resto de las instituciones en toda la región. La percepción que tiene la ciudadanía sobre los representantes estatales es que son más corruptos. Las Fuerzas Armadas ni siquiera figuran entre las instituciones sospechosas de serlo.

Hay varios factores que explican esta percepción sobre las Fuerzas Armadas y la primera es su buen hacer. En muchas regiones son la única representación estatal y proporcionan servicios de todo tipo a la ciudadanía. Su labor en materia de asistencia social, obras públicas y auxilio ante desastres naturales se realiza con extraordinaria voluntad y tenacidad, aunque no cuenten con los medios más adecuados, y explica en buena medida el apoyo y la confianza ganados, pero sin duda también contribuye a la baja percepción de corrupción existente respecto a éstas. Más allá del buen hacer de las Fuerzas Armadas, que se encuentra fuera de toda duda, es preciso preguntarse si pese a todo no habrá casos de corrupción. Los datos dejan claro que la percepción ciudadana así lo considera, pero ¿hasta qué punto es una realidad? Es difícil suponer que no exista corrupción, porque existe en todas las sociedades e instituciones del planeta. La diferencia radica en los niveles existentes, que pueden ser desde muy reducidos a muy altos. En América Latina los índices son muy altos según Transparencia Internacional y se mantienen así año tras año. Los motivos que explican estos niveles en la región no dependen de la buena o mala naturaleza de las personas, ya que nada explica que los latinoamericanos sean más corruptos por naturaleza o que sean menos éticos o menos íntegros que el resto de los habitantes del mundo. Ni por el mismo motivo es posible suponer que todas las personas buenas e íntegras se concentran en las Fuerzas Armadas. En realidad, los niveles de corrupción en el mundo entero dependen de la existencia de adecuados mecanismos preventivos de anticorrupción y de su sistemática aplicación, así como de la cultura de legalidad existente.

La “tentación” siempre puede vencer, no todos sus miembros tienen los mismos niveles de exigencia éticos y morales

En relación a las Fuerzas Armadas, la impresión es que la corrupción ha disminuido en los últimos años, salvo excepciones. Existen mecanismos de fiscalización interna que han avanzado en el control de la corrupción, pero en este tipo de controles hay ciertas limitaciones ya que el órgano fiscalizador o inspectoría es juez y parte. En la actualidad hay muchos países donde el órgano constitucional que fiscaliza al resto de las instituciones del Estado, como las contralorías, también han comenzado a revisar las cuentas de las instituciones militares. Con todo, aún hay espacios importantes por controlar y por fomentar la cultura de legalidad. Los esfuerzos gubernamentales son innegables y también la voluntad institucional de las Fuerzas Armadas. Ha habido varios Planes de Integridad y Lucha contra la corrupción en el sector defensa en el cual se han identificado, mediante completo diagnóstico, los riesgos existentes de corrupción en el Ministerio y en las Fuerzas Armadas, y se formulan acciones para prevenir dichos riesgos. Los documentos manejan múltiples indicadores para hacer un completo y riguroso diagnóstico, aunque no contemplan uno de los aspectos que han favorecido el hermetismo histórico de las Fuerzas Armadas y la falta de transparencia, la información y las iniciativas reservadas o secretas, que no ha favorecido la transparencia.

Las particularidades institucionales de las Fuerzas Armadas: ¿las inmunizan contra la corrupción? Habría que pensar en las causas que hacen aparentemente inmunes a las instituciones armadas del riesgo de contaminación de esta lacra. La indagación se hace más necesaria ante la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Si se asume que las Fuerzas Armadas están integradas por seres humanos, iguales al resto, no es posible explicar la inexistencia de corrupción por la naturaleza de sus integrantes. Aunque una parte importante de la identidad militar y de los valores vocacionales de muchas Fuerzas Armadas se basan en destacar la superioridad moral y ética de sus miembros frente al resto de la sociedad, lo cierto es que los valores morales por sí mismos sin duda contribuyen a, pero no garantizan, la inmunidad ante la corrupción. Si, pese a estos valores, existen márgenes de poder discrecional y falta de medidas de control y rendición de cuentas, la “tentación”, según el Real Instituto Elcano de España, siempre puede vencer, máxime si, como en todo colectivo humano, no todos sus miembros tienen los mismos niveles de exigencia éticos y morales.

Tampoco ayuda a evitar la corrupción los bajos salarios que perciben las Fuerzas Armadas, en general, salvo casos excepcionales

La disciplina y la estructura jerárquica militar también podrían pensarse como un medio de disuasión ante la corrupción. Sin embargo, pese a las ventajas que proporcionan ambas características para el buen funcionamiento de la institución en relación con otras, no necesariamente inmunizan a los militares de la corrupción. De hecho, mal empleados pueden facilitar la corrupción mediante el abuso de autoridad en una estructura jerarquizada y disciplinada sin los mecanismos adecuados de control. Otro aspecto que tampoco ayuda a evitar la corrupción son los bajos salarios que perciben las Fuerzas Armadas, en general, en la región salvo algunos casos excepcionales. El hermetismo es otra de las características de las instituciones militares, favorecido, en buena parte, por la necesaria prerrogativa de poder clasificar como secreta o reservada información e iniciativas por motivos de seguridad nacional. Nuevamente, este principio, si es mal empleado, puede otorgar márgenes de impunidad ya que, por su naturaleza, no se precisa rendir cuentas. Es, por tanto, un espacio que de no regularse puede favorecer la corrupción e impedir la transparencia. Por este motivo, los principios de Lima de 2000 y los de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional y Acceso a la Información de 1996 establecen que el secreto o la información reservada ha de estar regulada por una ley con el mayor detalle posible y que ésta debe ser de conocimiento público. E incluso, los principios de Lima contemplan la necesidad de justificar los motivos por los cuales la información que se pretende clasificar como reservada afectan a la seguridad nacional.

Con todo, no se pretende afirmar que las singularidades organizativas de las Fuerzas Armadas favorezcan la corrupción, sino que, en caso de darse, no favorecen la transparencia y el control. Esta falta de transparencia es la que explica que se desconozca en qué medida la corrupción está afectando a las Fuerzas Armadas por proximidad al crimen organizado, aun cuando sea para combatirlo. La posibilidad no debe ser descartada cuando el crimen organizado ha sido capaz de corromper a todo tipo de autoridades, a todos los niveles y en todos los ámbitos. Como se ha comentado, no parece que haya nada que inmunice más a las Fuerzas Armadas que a otra institución, a pesar de las particularidades que presentan en relación a otras. La efectividad del control de la corrupción se logra con mecanismos legales anticorrupción y con su aplicación sin excepciones. Sin duda, ha habido un avance en este sentido en el seno de la mayoría de las Fuerzas Armadas de la región, pero no parece que sea suficiente. Quedan importantes aspectos que regular, como el mayor control externo y la regulación de la información secreta o reservada, entre otros aspectos.

La jerarquía y la disciplina han sido elementos trascendentales para proporcionar eficiencia y eficacia en su funcionamiento

Las repercusiones fatales, en múltiples sentidos, de la corrupción son bien sabidas. Uno de sus efectos es la erosión de la credibilidad institucional ante los ciudadanos y, en consecuencia, de la gobernabilidad, ya que supone una violación de principios legales y éticos fundamentales por aquellos que han de aplicar la ley. El perjuicio a nivel de desarrollo también es evidente. Sin embargo, no se insiste suficientemente en los perjuicios en términos de eficiencia y eficacia las instituciones y sus representantes por el mismo motivo. En el caso de la seguridad, la corrupción proporciona inseguridad, ya que mediante la corrupción el crimen organizado acaba logrando la complicidad de las instituciones que deben combatirlo. Por todo ello, la propuesta inicial se confirma después de la reflexión realizada. Parece imprescindible incorporar o reforzar, según los casos, la implantación de mecanismos de prevención de la corrupción en las Fuerzas Armadas por dos motivos. En primer lugar, porque la corrupción es la antítesis de la transparencia y esta es una exigencia dentro del marco democrático. En el caso de las Fuerzas Armadas este particular se corresponde también como una exigencia de las relaciones civiles-militares. En segundo lugar, es una condición sine qua non para que las fuerzas de seguridad, incluidas las militares, puedan proporcionar seguridad de manera eficiente y eficaz. Las Fuerzas Armadas han de ser incluidas puesto que sus cometidos son más próximos a los policiales y, por tanto, también es mayor su contacto con criminales y delincuentes. Debido a ello es preciso tener en cuenta que en la misma proporción que aumenta este contacto, también lo hace el riesgo de corrupción. Ciertamente, el riesgo siempre existe, pero las Fuerzas Armadas, de acuerdo a su misión principal, están acuarteladas y únicamente se despliegan para enfrentarse a otro ejército enemigo, de ahí que los riesgos de corrupción serían menores. Sin embargo, en la actualidad, aunque ésta siga siendo en toda la región su principal misión constitucional, también están desempeñando otras –asimismo constitucionales– que, aunque secundarias, en realidad ocupan la mayor parte de su esfuerzo, entre ellas el combate al crimen organizado. En consecuencia, para preparar a las Fuerzas Armadas en el desempeño de estas tareas es necesario contemplar cuestiones que vayan más allá de las estrictamente técnicas, como doctrina, educación, adiestramiento y equipación. En el nuevo contexto de inseguridad y de acuerdo con las misiones asumidas es imprescindible contemplar otros componentes, como la creación y aplicación de mecanismos anticorrupción.

Conviene volver a insistir que no se trata de considerar a las Fuerzas Armadas como instituciones corruptas, ni que sus particularidades organizativas favorezcan este problema. Muy al contrario, la jerarquía y la disciplina han sido elementos trascendentales para fortalecer su configuración institucional y proporcionar eficiencia y eficacia en su funcionamiento. Pero tampoco debe suponerse que están dotadas de una particular inmunidad ante este problema. La “inmunidad” sólo se garantiza con mecanismos de prevención bien diseñados y con una aplicación implacable y sin excepciones. El reto no es sencillo y exige incluso un cambio en la misma cultura institucional, pues la transparencia ha sido eclipsada por el hermetismo empleado en aras de la seguridad nacional. Sin embargo, precisamente ahora, en aras también de la seguridad nacional es más importante que nunca la transparencia. Por este motivo, la propuesta de este análisis de Sonia Alda Mejías es incorporar esta variable en los aspectos que han de contemplarse en los procesos de transformación abiertos en toda la región.

“Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social”

El terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra. La palabra ‘terrorismo’ tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa. Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel académico, se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores. Algunos medios de comunicación como la británica BBC, que desean enfatizar su imparcialidad, sugieren en sus guías de estilo evitar el término terrorista y terrorismo.

Definir el concepto de terrorismo ha sido un asunto complejo para las ciencias sociales por una razón: es muy difícil diferenciar los actos legítimos de los luchadores por la libertad y el terrorismo. El Diccionario de la Real Academia Española, en el avance de su vigésima tercera edición modifica la anterior incluyendo una tercera acepción, define el término ‘terrorismo’ como: “Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.

El Código Penal Español de 1995 en el artículo 573 tipifica el delito de terrorismo: “Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; y provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella…”.

Nicolás Maquiavelo recomendaba en su clásico libro ‘El príncipe’ (1532) que “es más seguro ser temido que ser amado”

Para acceder a una mayor comprensión de la naturaleza del terrorismo, es conveniente un análisis más detallado, de la evolución en el uso del término. La palabra ‘terror’ proviene del idioma latín ‘terror’ o ‘terroris’, sinónimo de ‘Deimos’. En la Antigua Grecia, Ares, Dios de la Guerra, tenía dos hijos: Phobos y Deimos (Miedo y Terror). Nicolás Maquiavelo recomendaba en su clásico libro ‘El príncipe’ (1532) que “es más seguro ser temido que ser amado”. Estas recomendaciones políticas de Maquiavelo se relacionan con el concepto moderno de ‘terrorismo de Estado’, aplicado a las autoridades públicas cuando buscan aterrorizar a la población. La frase ‘el árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos’, atribuida a Thomas Jefferson, se toma como una apología del tiranicidio y es uno de los tópicos de la Independencia de Estados Unidos (1776). El terrorismo, como acto realizado por los ciudadanos o los súbditos, encuentra sus antecedentes en las doctrinas del tiranicidio y el derecho a la resistencia, de antiguos orígenes, pero que se consolidaron como tales en la Edad Moderna, como respuesta de los particulares a los abusos de poder del Estado.

El derecho al tiranicidio, es decir, el que se le reconoce a cualquier persona para matar a un gobernante tirano, proviene de la Antigua Grecia, aunque su desarrollo como teoría comienza en la escolástica medieval europea con los aportes de Tomás de Aquino (1225-1274) en un contexto determinado pero solo en esos casos que ocurrían en la edad media, y en determinados casos en la Edad Moderna con las reflexiones de Juan de Mariana (1536-1623) afirmando que el rey también debe cumplir ley moral y del estado y no ser un tirano. El ‘derecho al tiranicidio’ es considerado también uno de los precedentes intelectuales de las revoluciones burguesas, al justificar moralmente la desobediencia contra un poder opresivo y promover incluso el asesinato del rey. El derecho a la resistencia o derecho de rebelión, íntimamente relacionado con la justificación del tiranicidio, encuentra también sus primeras formulaciones teóricas en la escolástica europea, retomando las reflexiones de san Isidoro de Sevilla (560-636) y santo Tomás de Aquino.

La palabra ‘terrorismo’ (así como ‘terrorista’ y ‘aterrorizar’) apareció por primera vez en Francia durante la Revolución francesa (entre 1789-1799), cuando el gobierno jacobino encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los opositores, sin respetar las garantías del debido proceso. El término comenzó a ser utilizado por los monárquicos, como propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario. Al igual que los consejos de Maquiavelo en ‘El príncipe’, el ‘Reinado del Terror’ (1793-1794), es una manifestación del terrorismo de Estado, antes que del terrorismo de los ciudadanos.El terror, como arma política de los ciudadanos, apareció en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX, entre algunos grupos opositores al régimen zarista, tomando como inspiración el terrorismo de Estado de la Revolución francesa. En 1862, PiotrZaichnevski redactó el manifiesto titulado ‘Joven Rusia’ proclamando: “Hemos estudiado la historia de Occidente y sacado sus lecciones: seremos más consecuentes que los lastimosos revolucionarios franceses de 1848; pero sabremos ir más lejos que los grandes campeones del terror de 1792. No retrocederemos, incluso si para derribar el orden establecido nos hace falta verter tres veces más sangre que los jacobinos franceses”.

Naciones Unidas reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror son injustificables

Las primeras críticas teóricas elaboradas contra al terrorismo, y la distinción del concepto con los de ‘derecho a la resistencia’ y ‘tiranicidio’, provienen del propio campo de los revolucionarios rusos antizaristas, como GeorgiPlejánov en su libro ‘Anarquismo y socialismo’ (1894), Lenin en el capítulo ‘¿Qué hay de común entre el economismo y el terrorismo?’ incluido en su libro ‘¿Qué hacer?’ (1902), y sobre todo León Trotsky, que publicó ‘Terrorismo y comunismo’ en 1905. En su sentido actual, el término fue acuñado extensivamente por la propaganda nazi para hacer referencia a los movimientos de resistencia de los países ocupados por el ejército alemán y consolidado por las dictaduras latinomericanas de las décadas de los 70 y 80 y los Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollada desde la Escuela de las Américas. En ambos casos se hizo patente que existen relaciones estrechas entre el terrorismo realizado por ciudadanos y el terrorismo de Estado, siendo aquel, muchas veces, la justificación de éste.

Un estudio de 2003 realizado por el ejército estadounidense afirma que existen más de 100 definiciones de terrorismo. Por todos estos factores, muchos especialistas consideran la palabra terrorismo un término que en su uso ha devenido en un concepto meramente propagandístico para descalificar al enemigo más que definir una situación de forma objetiva.A pesar del reconocimiento y de su conveniencia, no ha sido nunca posible alcanzar un consenso sobre la definición de terrorismo, básicamente por la imposibilidad de conseguir una definición rigurosa que no incluya las acciones terroristas de los estados. El primer intento de definición se produjo en 1937 en tiempos aún de la Sociedad de Naciones: “Cualquier acto criminal dirigido contra un estado y encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, de un grupo de personas o del público en general”. La resolución 51/210, ‘Medidas para eliminar el terrorismo internacional’, adoptada en la 88ª Asamblea Plenaria de 17 de diciembre de 1996, proclama en el punto I.224 que la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlos”.

Asesinado un periodista en Playa del Carmen, el sexto en México en 2019. Francisco Romero había denunciado amenazas

“La violencia contra los periodistas en México no se detiene. El cuerpo de Francisco Romero, excolaborador del semanario Playa News, ha sido encontrado en la madrugada de este jueves en la localidad turística de Playa del Carmen, en el Estado de Quintana Roo, al sur del país. Romero cubría informaciones de sucesos en un popular destino de vacaciones y había denunciado amenazas ante las instituciones, por lo que estaba en un sistema oficial de protección para activistas y comunicadores…”, explicaba en su edición impresa el periódico de mayor tirada en España y en Latinoamérica, El País. Es el sexto reportero asesinado en lo que va de 2019 según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés). El cadáver de Romero fue hallado junto a una motocicleta, en el exterior del bar La Gota del municipio de Solidaridad, y trasladado al servicio forense para determinar las causas de la muerte. Aunque estas todavía no han trascendido, el cuerpo presentaba golpes y el rostro estaba desfigurado, según un informe policial al que ha tenido acceso la agencia Efe.

Romero es el segundo reportero que muere este año pese a estar acogido al programa de defensa de periodistas del Gobierno federal – el comunicador Rafael Murúa, asesinado en enero en Baja California Sur, fue el primero-. Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, señala que estos episodios muestran las fallas de un mecanismo que no cumple su objetivo. “La cobertura es insuficiente para garantizar la protección de los periodistas. Seguimos esperando una política contundente e integral de parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, asegura. Además de formar parte de este mecanismo, Romero había denunciado amenazas hacía tan solo cuatro días ante la Fiscalía estatal, según ha reconocido este jueves la institución en un comunicado.

El comunicador se inició en la profesión hace cinco años como fotógrafo y ahora escribía ‘nota roja’, como se conoce en México el género dedicado a cubrir el crimen, para varios medios digitales locales en Playa del Carmen. Esta meca del turismo mexicano se halla inmersa en una fuerte escalada de violencia desde hace dos años. El semanario Playa News, para el que Romero había colaborado, ha sido una víctima importante de esta ola. Su fundador, Rubén Pat, fue asesinado en julio del año pasado, un mes después de que tirotearan a otro colaborador del mismo medio, José Chan Dzib, en vísperas de las elecciones presidenciales. Tras la muerte de Pat, Romero decidió alejarse de Playa del Carmen por un tiempo, pero a los pocos meses regresó para retomar su actividad periodística y volvieron las amenazas, algunas de ellas de parte de funcionarios públicos, según relató en ese momento a CPJ. El trabajo de Romero como reportero de calle que cubría temas de delincuencia le hacía especialmente vulnerable. Aunque todavía no se ha establecido el móvil del crimen, Hootsen apunta a cambios de poder entre bandas y a la volatilidad del ambiente imperante como una posible explicación.

El incremento general de la violencia en el país ha sacudido de manera especialmente intensa a Quintana Roo, el Estado que alberga Playa del Carmen además de otras joyas del turismo como Cancún y Tulúm. El Índice de Paz México, un compendio basado en varios factores como el número de homicidios y de delitos con violencia, sitúa a esta entidad como la cuarta más peligrosa, tras caer seis posiciones en el ránking de un año a otro. El 13 de mayo un ataque armado en un bar de Playa del Carmen dejó un muerto y 11 heridos, algunos de ellos graves. Un día después, el Gobierno de Quintana Roo asumió las competencias de seguridad que antes ejercía el cuerpo municipal. Con seis periodistas asesinados en tan solo cinco meses, 2019 va camino de convertirse en el más mortífero en años para la profesión. Según el conteo de la ONG de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, nueve fueron asesinados en 2018, último año del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, durante el que murieron 47 reporteros. Más del 99% de estos casos se queda sin resolver, según la organización. Frente a esta situación, Artículo 19 ha exigido a la Fiscalía estatal que investigue el ataque a Francisco Romero de “manera inmediata y cabal”.

El rey de Roma Tarquinio Prisco mandó construir la Cloaca Máxima en el siglo VI antes de Cristo para canalizar y verter en el Tíber las infectas marismas junto con todos los desechos de la ciudad. Esa obra monumental ejecutada por etruscos está todavía en servicio. Con el tiempo sobre ella se levantaron templos, palacios, arcos de triunfo, el foro imperial, el Coliseo, el Vaticano y las basílicas cristianas. Por la raíz de estos mármoles sagrados discurría una corriente putrefacta y en ella navegaba toda clase de despojos. El derecho, el arte y la cultura clásica, que nos han nutrido, se elaboraron sobre esta inmundicia. La Cloaca Máxima, que en su origen fue una gran obra de ingeniería, a lo largo de la historia ha tomado otras formas invisibles e igualmente nauseabundas. El Estado moderno, y todos los crímenes que llevan su nombre, se asientan sobre una ciénaga semejante a la de Roma. Los bajos fondos del poder están llenos de reptiles que se pasean con un pistolón colgado de la axila y sobre este pozo ciego gritan y gesticulan los políticos, dictan sentencias los jueces, desfilan los ejércitos. En la actualidad, la Cloaca Máxima discurre a través de las redes sociales. El albañal que soportaba los mármoles de la ciudad eterna y la caja de Pandora, que contiene un nudo de serpientes, fundamento del Estado moderno, se han transformado en esa corriente de odio y frustración que aflora desde el anonimato en millones de tuits llenos de rebuznos, insultos, calumnias, mentiras y venganzas. Sobre la cloaca de las redes se eleva hoy el trono de un invisible rey Tarquinio con todo su poder digital, capaz de alterar el curso de la historia solo con los dedos sobre un teclado. ¿Pero, qué templos, qué palacios, qué arcos de triunfo, qué clase de cultura se puede levantar sobre este basurero?

La sociedad quintanarroense tiene miedo. No es una ‘historia’ exclusiva entre criminales, entre asesinos y policías, es un problema que atañe a todos. Las imágenes de la ‘Cervecería Chapultepec’ es una prueba de que estamos ante una nueva estrategia de terror donde la población civil es un principal objetivo. Lo importante es hacer el mayor daño posible, caiga quien caiga, para que los titulares inunden las portadas de los principales medios impresos y ‘online’. Sembrando el terror ciudadano esperan los asesinos que la población exija una ‘negociación’ con el crimen organizado de los cárteles o ‘desorganizado’ de más de un centenar de pandillas, por ejemplo en Cancún, a las que hemos dejado, en los últimos años, convertirse en un auténtico ‘ejército’ con un modelo de auténtica guerrilla urbana, logrando apoderarse de nuestras plazas y jardines y que la sangre inunden las calles de nuestro Quintana Roo. El resultado que pretenden los delincuentes pudiera ser otro, el que la ciudadanía comience a apoyar operativos donde los autores de las matanzas como la de este lunes, sean ejecutados, sin más.Recuerdo un poema de Berthold Brecht, dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. En sus estrofas Brecht hace referencia a la pasividad de la población alemana y europea ante el fenómeno del nazismo, liderado por Adolf Hitler… “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar…”.

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