Las implicaciones de la consulta pública sobre el servicio de taxis…

Las implicaciones de la consulta pública sobre el servicio de taxis…

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Si bien la consulta pública que realizará el Gobierno del Estado para ver si se autoriza la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi a las plataformas digitales, no sólo no satisface ni a los representantes de éstas ni a los integrantes de los integrantes de los sindicatos de taxistas que operan las concesiones otorgadas por el propio Estado, por lo menos deja que cualquier decisión que se tome al respecto quede legitimada con la participación y la opinión de los ciudadanos que acudan a las urnas el próximo 1 de julio.

La consulta en cuestión, puede ser vista desde dos ángulos diferentes y contrapuestos. Uno en el que el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González no se siente con la legitimidad y la fuerza suficiente para enfrentar a los grupos de poder que operan al interior de las organizaciones de taxistas, abriendo como corresponde la prestación del servicio de taxis a cualquier ciudadano o empresa que cumpla con la regulación que para eso establezca. Para lo que tiene en lo formal no sólo la autoridad legal, sino la legítima razón que le confirieron los ciudadanos cuando votaron mayoritariamente por él hace casi dos años, para que se encargara no sólo de administrar los recursos públicos, sino la aplicación de la ley y el ejercicio del gobierno a favor del bien común de la sociedad y por encima de los intereses facciosos de grupos o personas particulares.

Hasta ahora ni los taxistas organizados que operan las concesiones otorgadas por el propio gobierno estatal, ni las empresas globales que pretenden ingresar a la prestación del servicio de taxis mediante plataformas digitales, están conformes con la consulta pública anunciada.

Los primeros, los dirigentes de los sindicatos de taxistas, porque se sienten agredidos e invadidos en el “estanco” de poder que desde siempre les otorgaron los gobiernos estatales en turno a cambio de complicidad en el jugoso negocio del manejo discrecional de las concesiones para la prestación del servicio de transporte público y “lealtad” política con el Gobernador.

Las segundas, las empresas globales que operan plataformas digitales para la prestación del servicio de transporte de pasajeros individualizado, tipo taxi, porque saben de la existencia de leyes internacionales y nacionales que propugnan por la liberación del transporte público a efecto de que el mismo pueda prestarlo quien tenga la capacidad para hacerlo, sin someterse al control de sindicato alguno y sólo a la regulación que establezcan las autoridades para efectos fiscales, de seguridad y confort en la prestación del servicio a la comunidad que lo demande. Para estas empresas y sus representantes las autoridades estatales sólo deben hacer valer el Estado de Derecho que avala la liberación de cualquier actividad económica, dejando que esta se rija por la ley suprema del mercado libre, que es la de la oferta y la demanda.

Sin embargo, lo que para unas parece simple, por la oportunidad que se les presenta de acceder a un atractivo mercado como el turístico que tenemos en las ciudades del norte de Quintana Roo, y para otros una violación a “derechos” adquiridos por antigüedad en la prestación del servicio de taxi, se ha convertido en un verdadero problema político, jurídico y social para el gobernador Carlos Joaquín, quien encontró en la consulta pública sobre el caso, una salida apropiada que le brinde mayor legitimidad democrática a la decisión que está obligado a tomar en uno u otro sentido, es decir en permitir la operación de las plataformas digitales en la prestación del servicio de taxis en la entidad o en dejar que el mismo siga bajo la operación exclusiva de los sindicatos de taxistas que la han venido ejerciendo en cada uno de los municipios, bajo las condiciones que ellos mismos imponen a las propias autoridades y más a los usuarios.

Al condenar a la consulta pública propuesta por el gobierno de Carlos Joaquín, se equivocan tanto los taxistas como los representantes de las empresas globales que desean introducir sus plataformas digitales para la operación de taxis en Quintana Roo.

La consulta pública es sólo un instrumento democrático que le confiere mayor legitimidad a las decisiones de gobierno. En sí misma ni avala ni condena la operación de los taxistas como la vienen realizando hasta ahora, ni la entrada de las plataformas digitales. Serán los ciudadanos que participen en la elección del próximo primer domingo de julio los que indicarán qué hacer a las autoridades en este tema.

Y sí los taxistas tienen la fuerza y la representatividad que dicen tener en sus manifiestos de inconformidad en contra de la consulta pública, que las hagan valer con argumentos razonables que convenzan a los ciudadanos y los pongan de su parte. Porque de ganar esta consulta pública, que es muy posible para ellos, que además de ser los más interesados y organizados que el ciudadano común, son los que mayor experiencia tienen en el acarreo, la disuasión, la cooptación y la inducción en potenciales votantes para que emitan su sufragio y su opinión en el sentido que a ellos o a sus aliados convenga, fortalecerían su posición en contra del ingreso de Uber y otras plataformas digitales a la entidad..

Por eso, más que a lanzar improperios y amenazas contra la consulta pública, se deben avocar a ganarla, porque a como vienen las cosas con la modernidad democrática, un triunfo en la misma prácticamente los blindaría ante la obligatoriedad que tiene el gobierno de abrir tarde o temprano la prestación del servicio de transportación pública de pasajeros, con consulta pública o sin ella.

De ahí, que más que una amenaza para su actividad, la consulta pública es una oportunidad que el gobierno estatal les está abriendo a los sindicatos de taxistas para prolongar el control que vienen ejerciendo sobre uno de los subsectores más dinámicos y redituables de la economía quintanarroense, el del trasporte público de pasajeros.

Sin embargo, la falta de razonamiento y la soberbia que caracteriza a quienes dirigen las mafias sindicales de los taxistas, ya los exhibieron como enemigos de un Gobernador del Estado como Carlos Joaquín, que ha sido muy consecuente con ellos al no aplicar la ley con la pura legitimidad que le da su investidura…

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