Los amparos otorgados a Enrique Peña y a los exgobernadores Tomás Yarrington...

Los amparos otorgados a Enrique Peña y a los exgobernadores Tomás Yarrington y Roberto Borge, una gran canallada de la Suprema Corte al servicio del presidente, y la suprema evidencia de que quienes más debieran defender la justicia más la destruyen

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No fue una coincidencia: Mientras la polémica generada por la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la capital del país ocupaba la atención de todos los medios nacionales e internacionales -más por los múltiples augurios de calamidad hechos por quienes vieron afectados sus intereses económicos que por su anticipado resultado-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó al aún presidente Enrique Peña Nieto un amparo que lo protege de ser investigado o detenido como resultado de las indagaciones que se siguen por el desvío de recursos públicos en los Estados de Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo (donde parece, en este último Estado, que el caso del Sistema Quintanarroense Comunicación Social y la triangulación, desde la Sedesol de Rosario Robles, de casi 900 millones de pesos para la campañas electorales del PRI, sobre todo la del Estado de México, a través de empresas fantasmas, ya se olvidó, y las promesas de justicia, del titular de la Contraloría del Gobierno del Estado, Rafael del Pozo, contra el exjefe de ese Sistema de Comunicación estatal, no fueron sino uno más de sus acostumbrados cuentos chinos, abono a la convicción popular de que los órganos de transparencia no sirven para denunciar, sino para amparar a los delincuentes públicos); recursos desviados del erario, como se sabe, a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional,al amparo del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, y hoy canciller, Luis Videgaray Caso, y con la participación en dichas operaciones del crimen organizado peñanietista, del exdirigente nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones. Se trata –la malversación de recursos públicos y la protección desde la más alta investidura del Poder Judicial Federal-, de dos de los últimos y más desmedidos actos de corrupción de los que el presidente y su séquito de colaboradores hicieron gala en el curso de los últimos seis años y con el concurso de quienes más deberían -porque además son los ‘servidores públicos’ que más cobran en el país, y cobran en serio, mucho más que sus iguales en los países más ricos del mundo- cuidar y defender el Estado de Derecho y el ejercicio de la ley en el país: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el siniestro ejemplo dado al mundo de su catadura con el caso de la llamada ‘casa blanca’ y pasando por la llamada ‘estafa maestra’ de Rosario Robles, y la protección a exgobernadores que participaron en el referido desvío de recursos –los que perdieron las elecciones sucesorias, a través de sus candidatos, en sus respectivos, porque los que ganaron se sacaron también la lotería de la impunidad, cual el caso de Ivonne Ortega en Yucatán-,como el tamaulipeco Egidio Torre Cantú, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y el quintanarroense Roberto Borge Angulo -éstos dos últimos detenidos por la Procuraduría General de la República por dos razones: para impedir que ‘cantaran’ en caso de ser aprehendidos por la Justicia de sus respectivos Estados y para utilizarlos como chivos expiatorios de la propaganda de reivindicación moral del mandato presidencial y de su partido durante la temporada de elecciones-creyendo que la opinión pública y el electorado se comerían el cuento de que el Gobierno federal aplicaba la ley sin distinciones-. Y así, mientras el veracruzano Javier Duarte podría salir libre en menos de tres años a pesar de haber dejado una entidad en bancarrota, apenas esta semana que acaba de culminar Borge y el también exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba –preso en los Estados Unidos por narcotráfico- recibieron sendos amparos por parte de jueces federales que dejan sin efecto la vinculación a proceso por el delito de lavado de dinero. Yarrington seguirá preso en los Estados Unidos porque lo extraditaron desde Italia, a donde se fue huyendo con la idea de que estaría más a salvo allá de la DEA y el FBI que protegido por Peña (y los jueces federales al servicio de Peña por eso lo exoneraron de los delitos en México, puesto que ya estaba preso en los Estados Unidos), pero Borge dejará el presidio en los próximos días, antes de que entre en funciones la nueva administración federal. En alguna ocasión Peña Nieto expresó que ningún presidente se levanta por la mañana pensando en “cómo joder a México”, pero hoy está entregando un país que en buena parte del mismo ha sido gobernado y esquilmado por criminales de su calaña y que está en las peores condiciones del periodo posrevolucionario, con la mayor deuda y el peor déficit fiscal, con un incremento brutal en el costo de los insumos básicos, una moneda aún más devaluada y una violencia desatada incluso en ciudades donde los grupos delictivos se mantuvieron al margen durante años, como la Ciudad de México y Cancún. Sus cacareadas reformas constitucionales sacadas mediante el efímero y burdo Pacto por México fueron rotundos fracasos que no sólo no ayudaron a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sino que terminaron por sumirlos en la pobreza. A menos de un mes de que abandone los Pinos, Peña ha pasado a la historia como el primer presidente mexicano en solicitar el amparo de la Justicia, pues hay Gobiernos como el de Chihuahua y muchos otros agraviados con poder que quieren ponerle la mano encima, y es el primero de los tiempos de la democracia que ha recibido ese blindaje gracia a la complicidad que tejió con la Suprema Corte, en cuyo Pleno sentó como ministro a uno de sus incondicionales: Eduardo Medina Mora.

Javier Ramírez

En la recta final de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, las cosas parecen acelerarse para que el mandatario y algunos exgobernadores logren librar la cárcel o, en su defecto, reciban una sentencia demasiado corta para la cantidad de dinero y bienes que robaron durante sus gestiones. Ya se vio en septiembre pasado con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien aprovechando que el nuevo Sistema de Justicia Penal permite el juicio abreviado en delitos no graves se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, consiguiendo así que el juez de Control lo sentenciara a sólo nueve años de prisión –que serán tres, cuando mucho- y le impusiera una multa de sólo 58 mil 890 pesos y el aseguramiento de 40 inmuebles a su nombre para reparar el daño.

Así, en unas cuantas horas, se esfumaron los 30 años de prisión que en 2016 la PGR estimó que recibiría Duarte –es un decir: la PGR es el instrumento de la justicia política que al supremo poder conviene- por el desvío de 223 millones de pesos y por lavar dinero. Ahora los abogados del reo preparan pedir la reducción del 50 por ciento de la pena, por lo que podría salir de prisión en unos tres años.

Ahora parece ser turno para que Roberto Borge, Tomás Yarrington y el mismo Peña Nieto reciban el mismo beneficio de una justicia amañada, como la que mereció el exgobernador chihuahuense César Duarte, que ni siquiera fue tocado por la PGR y no pisó la cárcel.

Los escándalos de Peña

Fue en 2014, cuando se cumplirían apenas dos años de su Gobierno, cuando la administración del presidente Enrique Peña Nieto quedó manchada por la corrupción. Una investigación de la periodista Carmen Aristegui –que le acarrearía el despido de la cadena MVS- reveló que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, que en aquel entonces no tenía mucho de haber dejado atrás su pasado como actriz de Televisa, había comprado una mansión de siete millones de dólares en la capital del país. La llamada ‘casa blanca’ había sido adquirida al empresario Juan Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, uno de los contratistas favoritos y prestanombres de Peña Nieto desde su Gobierno en el Estado de México.

Para no inmiscuirse, Peña dejó que Rivera Hurtado –mejor conocida como la Gaviota, un personaje telenovelero- saliera a dar la cara por el caso, y ella dijo, sobre un libreto aprendido, que había compradola casa con sus ahorros como actriz, y que al no ser formalmente una funcionaria pública no estaba obligada a dar a conocer sus bienes. La ‘compra’ se ‘canceló’, y sería dos años después, el 16 de julio de 2016, justo durante la presentación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando Peña Nieto pidió perdón por “el agravio y la indignación” que le causó a los ciudadanos, asegurando que “vivió en carne propia la irritación de los mexicanos”.

Desde entonces, el nivel de aceptación del presidente descendió a niveles nunca antes alcanzados por algún gobernante mexicano.

En el transcurso de los siguientes años, otras investigaciones sacaron a la luz otros escándalos, tanto personales como de Gobierno y que involucraban a sus colaboradores, entre ellos el canciller y entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien también había comprado una casa a Hinojosa Cantú por 500 mil dólares. La Oficina de la Función Pública inició una investigación para determinar si se había registrado alguna irregularidad en la compra-venta de ambas casas, pero obviamente tanto Peña como Videgaray salieron limpios.

En 2017, una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad determinó que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias desviaron dinero público a través de 186 empresas -128 de ellas ‘fantasma’- a las que se otorgaron contratos irregulares por hasta 192 millones de dólares. La lista de involucrados fue larga: desde el entonces gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el de Economía, Ildefonso Guajardo, hasta los exdirectores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin, éste último investigado también por el caso Odebrecht –que en todos los países donde ha operado hay procesados por corrupción, menos en México.

De acuerdo con la investigación, once dependencias del Gobierno federal e incluso varias universidades habían sido intermediarias del millonario fraude, a cambio de sustanciosas ‘comisiones’. A este caso se le conoció a nivel internacional como la ‘estafa maestra’, y en Quintana Roo operó a través del Sistema de Comunicación Social con una cantidad de casi 900 millones de pesos, sobre los cuales el titular de la Contraloría del Gobierno estatal prometió hacer las consignaciones penales procedentes, sin que hasta la fecha haya ocurrido nada más allá de esas palabras y los delincuentes visibles de esa triangulación delictiva de dinero durante la gestión gubernamental de Roberto Borge –entre ellos el entonces director del Sistema, Jorge Acevedo Marín, y su administrador, Gerardo Vázquez Handall- sigan libres y sin que nadie los moleste, lo que explica, asimismo, que la Fiscalía estatal tampoco mueva un dedo contra el exgobernador a punto de abandonar el presidio y jefe de todas las tramas de corrupción en gran escala durante su ‘mandato’.

Los desvíos del PRI

Pero lo que hoy tiene a Peña preocupado es el desvío de recursospor 250 millones de pesos que orquestaron el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y el exlíder nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones, en complicidad con muchos gobernadores pero con mayor desgracia con los que no ganaron sus propios procesos sucesorios, los que les habrían garantizado total impunidad, como los de Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo-César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa, Egidio Torre Cantú y Roberto Borge Angulo-, para apoyar las campañas políticas del partido tricolor en losEstados de la República, con particular énfasis en el Estado de México, donde los priistas consideraban que, de ganar, ganarían las presidenciales siguientes, las que perdieron de la manera más estruendosa de la historia y cuyas secuelas catastróficas podrían poner también a Peña tras las rejas.

Como queda dicho, el millonario desvío habría pasado inadvertido de no ser porque en 2016 el PRI, a pesar de la mayor inversión de recursos ilícitos y de todos los esfuerzos de sus más poderosas mafias, recibió la peor derrota de su historia, al perder el control de seis entidades, incluidas Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas, donde ningún otro partido político había obtenido la gubernatura. Una vez que el panista Javier Corral tomó las riendas en Chihuahua, las denuncias tomaron forma.

Y he aquí una vez más el recuento de la ignominia

Como ya se ha citado, Corral puso en marcha la llamada ‘Operación Justicia para Chihuahua’, consiguiendo involucrar a su antecesor César Duarte y al secretario de Hacienda de éste, Jaime Herrera, con los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades, librando orden de aprehensión contra Duarte el 27 de marzo de 2017.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en ese entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo –quien algunos meses después sería cesado de manera absurda-, descubrió que la administración de Duarte ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al PRI estatal. El dinero se concentraba en una cuenta de la Secretaría estatal de Hacienda encabezada por Jaime Herrera y cada mes se expedía un cheque que era entregado al tesorero de dicho partido, sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral u otra instancia local. El monto total de los recursos desviados durante seis años ascendería a más de 79 millones de pesos.

Santiago Nieto advirtió que en el delito estaban involucrados también los líderes del partido que recibieron el dinero, es decir, los dirigentes estatal y nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente. Éste último interpuso un recurso de amparo para evitar ser detenido y emitió un comunicado en el que rechazó haber firmado convenios con los Gobiernos estatales para transferir recursos federales a las campañas de su partido.

El 20 de diciembre del año pasado, Gutiérrez Gutiérrez fue detenido por fiscales de Chihuahua y al día siguiente vinculado y proceso, pero unos meses después, el 31 de agosto, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia determinó dejarlo en libertad, toda vez que la PGR solicitó el sobreseimiento de la causa penal 24/201 en contra de éste, debido a que la Fiscalía de Chihuahua, según dijo, no aportó elementos de prueba suficientes.

Por su parte, la PGR decidió dar ‘carpetazo’ y determinó no ejercer acción penal en contra de César Duarte tras la denuncia hecha por el abogado y activista Jaime García.

En septiembre pasado el periódico Reforma presentó una investigación de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual revela que tres exagentes del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), detenidos en octubre de 2016 por intento de asalto, participaron en el desvío de 246 millones de pesos en Chihuahua, que fueron utilizados para las campañas electorales del PRI.

La investigación reveló que un exfuncionario de Chihuahua declaró a la PGR que el dinero fue a dar a campañas electorales por instrucciones de César Duarte y de Alejandro Gutiérrez, además de que desde diciembre de 2015 había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda “para que a través de los Estados de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua”, encabezados entonces por Duarte de Ochoa, Torre Cantú y Duarte Jáquez, se apoyara la campaña electoral a nivel nacional de 2016. Los 246 millones de pesos habrían sido utilizados en las campañas del PRI en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango.

Hoy, Duarte Jáquez continúa libre, viviendo en los Estados Unidos;Videgaray se mantiene ‘limpio’ en cu cargo de canciller,y Torre Cantú sólo tiene en su haber una denuncia, pero por pagar escoltas para sus antecesores, los hoy presos e investigados por narcos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

Los amparos

A sabiendas de que una vez que entre en funciones el próximo Gobierno federal podría ser investigado por el desvío de recursos a su partido, igual que podrían abrir causas penales en contra Gobiernos estatales como el de Chihuahua, Peña solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia, un amparo para no ser perseguido, detenido o procesado por el referido caso.

El pasado 29 de octubre, el gobernador Javier Corral informó que el ministro Eduardo Medina Mora había admitido la Controversia Constitucional promovida por Peña Nieto, ordenando la suspensión de las investigaciones y la entrega de la información relativa en relación con los actos reclamados por Peña y el Gobierno federal, que no son otra cosa que las investigaciones hechas por el Gobierno de Chihuahua, para poder quedar impune.

Medina Mora fue impuesto por Peña Nieto en la SCJN en 2015, mediante su postulación ante el Senado de la República aprobada, con el PRI, por el PAN y el PRD, que se abstuvo a su favor. Ambos comparten un nexo de corrupción desde 2006, cuando eran secretario federal de Seguridad Pública y gobernador del Estado de México, respectivamente.

Mientras eso sucedía, el juez décimo tercero de Distrito de Amparo en Material Penal ordenó dejar sin efecto una orden de aprehensión en contra del exgobernador Tomás Yarrington.

El exmandatario de Tamaulipas, ahora preso por narco en Estados Unidos, fue acusado en diciembre de 1998 de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita por 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares, con la finalidad de adquirir tres inmuebles en México y los Estados Unidos. Con la resolución del juez se ordena al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México que deje sin efecto el mandato legal para que se pronuncie nuevamente sobre la misma, pero aclarando si se trata de un delito continuado o si éste ya prescribió.

Apenas un día después, el juez sexto de Distrito en el Estado de México otorgó un amparo a Roberto Borge que deja sin efecto la vinculación a proceso que se le dictó como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.

En su sentencia, el juez Samuel Sánchez ordenó valorar nuevamente si Borge debe o no continuar sujeto a proceso por presunto lavado. De esta manera, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl deberá fijar una nueva fecha de audiencia en la que funde la participación de Borge en el referido delito que la PRG le imputó, y que es el único proceso federal iniciado contra Borge, aunque existen tres órdenes de aprehensión en su contra pendientes de ser ejecutadas por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

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