Los incendios del basurero de Chetumal, crímenes mayores de alcaldes impunes

Los incendios del basurero de Chetumal, crímenes mayores de alcaldes impunes

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Desde finales de marzo pasado, un voraz incendio empezó a consumir más de mil 200 metros cuadrados de desechos del basurero municipal de Othón P. Blanco en Chetumal, la capital del Estado. Una semana después, el humo continuaba afectando la salud de más de mil 500 familias que habitan los cinco fraccionamientos ubicados en su cercanía (algunos, por cierto, los más nuevos, construidos de manera indebida en las inmediaciones de dicho tiradero, al violentarse, con la complicidad de las autoridades de todos los órdenes de Gobierno pero sobre todo las municipales, la distancia mínima que debe haber entre éste y la vivienda más cercana, según las exigencias sanitarias y los ordenamientos inmobiliarios vigentes).De acuerdo con la información oficial, el siniestro inició por un cortocircuito en una máquina recolectora. Sin embargo, fuentes consultadas por Estosdías revelan que en realidad el fuego habría sido provocado por el propio Gobierno municipal, con el propósito de reducir el volumen de los residuos a cenizas y así poder seguir depositando más cargas de basura, lo que, de ser cierto, configuraría un grave atentado contra la salud, la integridad y la seguridad de muchas personas de todas las edades –sobre todo niños, las más vulnerables-, y un delito muy grave qué investigar y sancionar penalmente.Lo cierto es que el relleno sanitario del Municipio de Othón P. Blanco terminó su vida útil desde hace casi una década, en 2009, y desde entonces se convirtió en un simple tiradero a cielo abierto operando por encima de su máxima capacidad (lo cual es reconocido por las propias autoridades de ecología y medio ambiente de los tres niveles de Gobierno), incrementando sus peligros contra la salud ambiental y humana, y contra la seguridad de los vecinos más cercanos, en la medida en que la inmigración pobre crece y multiplica los asentamientos irregulares y los hacinamientos –que ninguna autoridad se ocupa de contener y controlar y, por el contrario, estimulan, regularizándolos y urbanizándolos con propósitos meramente clientelares y politiqueros, fomentando con ello la devastación ecológica, los riesgos contra la protección civil, la degradación de la convivencia humana, la inseguridad, los rezagos sociales y el déficit fiscal que los multiplica-, y con ello los volúmenes diarios de desperdicios y las urgencias de espacio adecuado para depositarlos. Autoridades ambientales solicitaron entonces, a finales de la década pasada,al Ayuntamiento, invertir alrededor de 40 millones de pesos, inicialmente, para corregir las irregularidades y establecer un adecuado sistema de separación de desechos, lo que tendría un costo de seis millones de pesos al año. Pero las diferentes administraciones municipales -con alcaldes rapaces, irresponsables y criminales que en todos los casos deberían estar inhabilitados y presos- han optado por una medida más rápida y barata para darle un tiempo más de vida mientras ellos se van del cargo forrados de dinero y se quitan el pendiente del gran problema: mandan incendiar parte de su espacio.Y es que,‘casualmente’, desde 2011 se han registrado 11 grandes quemazones en dicho vertedero, poco más de uno por año. Las ‘investigaciones’ sobre sus causas nunca condujeron a algún culpable, sino que todas concluyeron que fueron accidentales: un cortocircuito o las ondas de calor de verano.Y lo que se suponía sería la solución al problema, el llamado‘relleno sanitario intermunicipal’, que tuvo un costo de 19 millones de pesos, terminó convertido en otro enorme desfalco impune de la pasada administración estatal de Roberto Borge –el exgobernador preso que en meses más meses menos quedará libre como el viento por la prescripción de los cargos estatales, las graves causas penales del fuero federal que le fueron condonadas, y el pago de facturas políticas del Gobierno de la República derivadas del financiamiento de la candidatura presidencial de Enrique Peña, de modo que, si gana Andrés Manuel López Obrador, Roberto Borge ya no estaría tras las rejas, ni ninguno de sus compinches en el gran atraco contra Quintana Roo- al ser construido, dicho relleno sanitario, a poco más de 100 kilómetros de Chetumal, un despropósito perpetrado con la mayor alevosía y el supremo grado de impudor público, puesto que tal ‘obra’ supondría realizar más de 80 viajes diarios para trasladar las 400 toneladas de basura que generan los vecinos en un solo día. Y, peor aún, fue instalado cerca de cuerpos lagunares muy contaminables y en un terreno en el que a sólo dos metros de profundidad hay agua, lo que provocaría un daño definitivo e irreversible en el subsuelo más poroso y permeable del planeta, y en uno de los medios naturales también más ricos, más frágiles y más en riesgo de ese planeta.

Los incendios del basurero de Chetumal, crímenes mayores de alcaldes impunes

Javier Ramírez

Los sitios de disposición final de residuos sólidos que no fueron planeados técnicamente son conocidos como tiraderos a cielo abierto, al no contar con la infraestructura necesaria para minimizar los impactos negativos al medio ambiente provocados por el depósito y acumulación de esa basura sin algún tipo de control sanitario y operativo.

En muchos casos, estos sitios se localizan muy cerca de los asentamientos humanos, pues para la disposición final de la basura, en la idea de una autoridad inconsciente y corrupta, sólo basta un espacio libre, y mientras más cerca se ubique de la mancha urbana, mejor; aquí no importa la imagen del entorno o la salud y la integridad física de quienes viven cerca de lugar. Lo de menos, tampoco, es otorgar licencias de construcción a fraccionadores cuyo único interés es su dinero y lo de menos es que hagan ‘viviendas de interés social’ invivibles, mal hechas, inapropiadas en sí mismas para la convivencia humana, y, para colmo, a la vera de muladares municipales que contaminan el agua y el medio natural, y acaban estrangulados por colonias nuevas abastecidas por una incontenible inmigración de la miseria que al cabo se convierte en un negocio de urbanización para las autoridades en turno.

Tal es la situación del tiradero de Chetumal, que desde 2005 y luego de una recomendación emitida por la Secretaría federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fue condicionado como relleno sanitario, gastándose 24 millones de pesos para construir celdas emergentes para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece la clausura de tiraderos a cielo abierto para dar pie a rellenos sanitarios, donde se daría el adecuado manejo a los residuos.

Pero la realidad es que, con su incapacidad de gestión y su interés puesto sólo en su estrategia para saquear las arcas públicas y hacer negocios con el poder,las autoridades municipales nunca dieron cumplimiento a dichas medidas. Al igual que el 89 por ciento de los rellenos sanitarios del país (de acuerdo con datos de la Semarnat), el de Chetumal continuó operando como un vertedero a cielo abierto, donde diariamente ingresaban poco más de 250 toneladas de basura sin ningún tipo de tratamiento.

“Desde 2008 se solicitó al Ayuntamiento que corrigiera las irregularidades con las que operaba el relleno sanitario”, dijo en entrevista el procurador estatal del Medio Ambiente, Rafael Nadal Novelo, “pero nunca se aplicaron las medidas necesarias”.

Y es que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco debía invertir cerca de 14 millones de pesos para confinar los residuos de tal manera que los vectores de contaminación permanecieran bajo control dentro del sitio y recibieran tratamiento para neutralizarlos. Pero ninguna administración lo hizo. Tampoco se acató la exigencia de instaurar un adecuado sistema de separación de desechos para aprovechar los productos reciclables (cuyo costo sería de 30 millones de pesos en un inicio, más 6 millones de pesos anuales para su operación) lo que podría reducir su volumen en 60 por ciento de su total.

Ni siquiera se adquirieron la bomba y los conductos necesarios para evitar que los lixiviados (los líquidos que produce la basura en descomposición y que contienen microorganismos patógenos y otros tipos de residuos peligrosos como plomo, cromo hexevalente, cadmio, níquel y arsénicos) se filtren hacia el subsuelo y los cuerpos lagunares cercanos.

Así, mientras endeudaban a la Comuna con cientos de millones de pesos cada cual y la Auditoría Superior y el Congreso y el Gobierno del Estado se los toleraba en absoluto contubernio,a las administraciones capitalinas se les hizo fácil gastar sólo 18 millones de pesos al año (incluyendo gastos de operación y gasolina de los camiones recolectores) en tirar la basura sin ningún tipo de control en el relleno sanitario, en lugar de los 42 millones que supondría invertir en todas las disposiciones emitidas por la Semarnat, aunque esto acortara la vida útil del vertedero en casi 16 años.

Un relleno sanitario que nunca operó como tal

En 2009, sólo cuatro años después de ser ‘convertido’ en relleno sanitario, el basurero de Chetumal concluyó su vida útil, pues había llegado al 90 por ciento de su capacidad. Sin embargo, se optó por ignorar este problema y en su lugar se decidió invertir 19 millones en los siguientes siete años para realizar “saneamientos periódicos”, que dicho sea de paso no eran otra cosa más que compactar la basura para generar más espacio.

A eso habría que sumarle el problema de que si bien existe una norma que no permite la instalación de un sitio de disposición final de los residuos sólidos a menos de 500 metros de una zona habitada, no hay ninguna restricción para que se construyan fraccionamientos formales y se establezcan y acaben urbanizándose toda suerte de asentamientos irregulares en los alrededores. Basta la complicidad o la sociedad de intereses de los alcaldes con los constructores para que éstos desplieguen sus inversiones donde les dé la gana y sin ningún género de condiciones en materia de espacios e infraestructuras para la mejor convivencia comunitaria.

Esas asociaciones ilícitas bajo el manto de la corrupción, facilitaron la construcción de 980 viviendas en los alrededores del vertedero. La población que vive en las tres diferentes etapas de losfraccionamientos Las Américas, Caribe y Siaan Ka’an, ha sufrido en carne propia el impacto de la contaminación del basurero. En efecto, su salud se ve afectada por la inhalación de gases y pestilentes olores que se dispersan hacia sus colonias y dentro de sus casas de manera constante, y también por los polvos cargados de partículas de residuos pulverizados. De acuerdo con el Centro de Salud Urbano de la Colonia Proterritorio, las enfermedades de piel, ojos, gastrointestinales y otras, son reportadas casi cinco veces más por los habitantes que viven cerca del vertedero, que por aquellos que viven en otras partes de la ciudad.

Ya desde inicios de 2011 se sabía de manera oficial que el tiradero de Calderitas operaba al 120 por ciento de su capacidad. Las montañas de basura incluso se desbordaban de las paredes que limitaban el relleno sanitario.Y para mediados de ese año ya habían surgido dos cerros de basura en el terreno aledaño.

Fue entonces cuando comenzaron los trabajos para encontrar un nuevo lugar donde depositar los desechos. Pero problemas con el Ejido de Calderitas dificultaban la ampliación del basurero o su reubicación. De modo que se planteó como solución construir un basurero intermunicipal en conjunto con Bacalar, Municipio que también tenía problemas para el destino final de sus residuos.

Y el remedio resultó mucho peor que la enfermedad:a la estupidez fue añadida la voracidad gubernamental. Porque el círculo de la incompetencia y la corrupción se cierra. No hay preocupaciones ni políticas urbanas y poblacionales y ambientales para contener y regular la colonización precarista que ocupa todo tipo de espacios prohibidos, genera sobrados rezagos sociales y déficits fiscales que impiden solventarlos, e incrementa en su expansión vastas cantidades de basura y áreas de depredación ecológica –además de todas las patologías humanas inherentes al caos de la marginalidad y el hacinamiento, desde el analfabetismo hasta la delincuencia y todos los vicios-, además de más colonización y nuevos asentamientos irregulares a partir de una urbanización operada por la autoridad con objetivos políticos y partidistas clientelares y que alienta más y más inmigraciones, o con meros criterios de negocio donde urbanizar supone ganancias privadas para los líderes políticos y los funcionarios que la prometen y la convocan.

Los incendios, ¿provocados?

Pero pasaba el tiempo y no se encontraba el lugar adecuado, ya sea porque los terrenos considerados estaban en la incertidumbre jurídica –esa otra peste de la entidad que favorece a paracaidistas e invasores de terrenos y toda suerte de mafias inmobiliarias- o se encontraban demasiado cerca de un asentamiento humano, de un campo de labor agrícola o de un cuerpo lagunar.

Mientras tanto, empezó a surgir una respuesta improvisada que de a poco se convirtió en un ordinario modus operandi de un Ayuntamiento presa de la delincuencia política: incendiar el ‘relleno sanitario’ para generar espacio, una iniciativa de forajidos que llegan al poder a nada más que depredar.

Entrevistados por este semanario, trabajadores del área de Bomberos del Ayuntamiento capitalino aseguran que desde 2011 comenzaron a ser frecuentes los incendios en el basurero municipal con todas las evidencias de ser provocados y en torno de los cuales y a pesar del caudal de pruebas irrefutables, la autoridad municipal nunca investigaba para dar con los autores y fincarles culpas y cargos penales, con cuya omisión se convertía en cómplice de los mismos si es que no era su patrocinadora, como todo indica.

El primero de esos incendios ocurrió a finales de dicho año. Luego, ocurrió otro en mayo del siguiente. Uno más tuvo lugar en noviembre de 2013. En 2014 se reportaron tres incendios con cuatro meses de diferencia. En 2015 fueron dos incendios los que acabaron con la parte norte del basurero municipal, lo cual se repetiría en 2016 y 2017.

“Supuestamente nos dicen que todos fueron provocados por un cortocircuito, cuya chispa al contacto con el gas metano que generan los desechos da paso a los incendios. Pero en nuestra experiencia, un cortocircuito no es suficiente para propagar las llamas, porque la mayor parte de la basura se encuentra húmeda. Y por la forma en que se han extendido los incendios, éstos fueron generados en distintos puntos del basurero, lo que demuestra que no son provocados por accidentes”, dice uno de los bomberos consultados, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

De acuerdo con los bomberos, la persistencia de las autoridades municipales en no investigar a fondo las causas de los siniestros y argumentar cualquier tontería sobre los mismos, así como lo “convenientemente beneficiosos que resultan”, confirman las sospechas de que las llamas son provocadas por la propia autoridad municipal, a fin de darle un poco más de vida al basurero y un tiempo a ellas de dejar la responsabilidad en el cargo.

Porque según comentan los ‘matafuegos’, cada siniestro llega a compactar hasta en 40 por ciento los desechos, lo que permite que ingresen unas 300 mil toneladas de basura más, equivalente a entre cinco y ocho meses más de operación.

“Pero no lo van a reconocer, primero porque antes que nada lo que va a hacer la gente es reclamarles que, por esta acción, cada cinco o seis meses tiene que estar soportando una semana de peste y calor por el humo de las quemazones, y, segundo, porque la quema de basura está prohibida, y tengo entendido que sí te pueden aplicar una muy alta multa por hacerlo. Imagine el escándalo que sucedería si se llegan a enterar que las autoridades municipales son las que lo provocaron”, dice el bombero.

Pero no, el problema no es de multas y sanciones administrativas. El problema implica delitos y sanciones penales, porque supone riesgos civiles y daños contra la salud y la seguridad de la población. Es un atentado criminal que debería denunciarse y sancionarse en consecuencia.

Peor el remedio…

Luego de cinco años de búsqueda, para 2016 se concluyó el relleno sanitario intermunicipal de Bacalar y Othón P. Blanco. Sin embargo, nació entre un cúmulo de irregularidades, errores y corruptelas: ‘algún’ funcionario muy especializado en construcción y obra pública de la administración de Roberto Borge decidió que era buena idea instalarlo a 110 kilómetros de Chetumal y a 76 kilómetros de Bacalar, lo que significaría un costo de casi 64 mil pesos diarios y más de 80 viajes sólo para trasladar las 400 toneladas de basura que genera la capital del Estado en un solo día.

Pero no sólo eso: también ese alguien decidió que era correcto construirlo cerca de cuerpos lagunares y en un terreno donde a dos metros de profundidad se encuentra el agua del subsuelo, lo que supone un enorme riesgo ambiental para toda la zona. Esa ocurrencia apesta a negocio privado tanto como a estupidez técnica y a delito ambiental.

Por estas razones, ni el Ayuntamiento de Bacalar ni el de Othón P. Blanco quieren operarlo, aunque tuvieron que hacerlo iniciando 2017 debido a que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente los amenazó con multarlos si no lo hacían.

No tardó, sin embargo, en convertirse en otro tan pesado ‘elefante blanco’ que costó 19 millones de pesos y que para mediados de 2017 hizo que el suelo del relleno se hundiera, pues los especializados y sabios ingenieros detrás de su construcción no previeron que la tierra fangosa del lugar no resistiría ni el peso de la basura, ni mucho menos de los vehículos que la transportaban, ni, claro, ambas cosas juntas y sus densos volúmenes de incompetencia y corrupción.

Hoy día ese espacio se encuentra inoperante y sin nadie allí. Sólo una cadena advierte que no se puede pasar.

 

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