Los militares y la debilidad institucional

Los militares y la debilidad institucional

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“La seguridad interior no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas”, enfatizó el Comandante de la 11 zona militar, Guillermo Almazán Bertotto en una conferencia llamada Panorama de las Fuerzas Armadas Mexicanas y actividades que realizan para contribuir al desarrollo nacional.

Señaló que las FFAA son el último recurso del poder político para proporcionar a la sociedad la gobernabilidad democrática y el estado de derecho para vivir en paz.

La conferencia, llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Zacatecas ante 400 alumnos, es la primera de una serie que será otorgada en todo el país por Generales y oficiales de alto rango, para dar a conocer tanto las actividades militares como la Ley de Seguridad Interior que se debate en el Congreso de la Unión.

Ley que presenta peligros para la sociedad desde el momento que se otorgan más funciones y más fuerza a los militares. Se prevé que esta no traerá mejores resultados ni mayor seguridad, como tampoco el aumento de patrullas, retenes, policías municipales, estatales o federales.

La policía necesita con urgencia una mayor capacitación que incluya Derechos Humanos, Historia de México, Civismo, comidas sanas, más ejercicio, mejores sueldos y seguros de vida, más terapias para bajar la presión, más incentivos para sus familias.

Quizá sería un principio para que entendiera que al ciudadano hay que ayudarlo y servirlo y que las FFAA regresaran al cuartel.

La policía se encontró sobrepasada en armamento, organización y recursos, una vez que Felipe Calderón declaró la guerra al narco, de manera que muchos uniformados murieron y muchos otros se plegaron a las exigencias y negocios del tráfico.

El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se vieron obligados a salir a las calles para subsidiar, no para reemplazar a la policía. Diez años después, la violencia ha empeorado y mucho se debe a la desorganización de los tres niveles de gobierno en todo el territorio nacional.

En todas las Constituciones mexicanas -1824, 1857 y 1917- se enfatizan la seguridad interior y la defensa exterior como temas fundamentales para resguardar la soberanía mexicana, sin embargo, no existe ninguna ley secundaria que señale quiénes son las autoridades responsables que se hagan cargo de estos temas.

En este entramado de responsabilidades, muchas son las autoridades y los funcionarios que supuestamente se encargan de la seguridad de manera oficial, de cualquier manera, la percepción ciudadana es que todas las policías están embarradas de corrupción, no son fiables y hay que tener cuidado con ellas.

Cotidianamente somos testigos de actos de injusticia que cometen aquellas personas que representan la justicia. Policías y jueces asaltan, apalean, torturan o extorsionan al ciudadano común y defienden a los poderosos y corruptos.

La obesidad porosa de nuestra Constitución tampoco ayuda. No existe ley ni corporaciones que puedan parar la entrada a México de 2 mil armas diarias desde Estados Unidos, las cuales no solo llegan a manos de la delincuencia organizada sino de cualquiera que pueda pagarlas.

De 2012 a 2015 las armas legales que Estados Unidos vendió a México ascendieron a 3 mil 500 millones de dólares entre armas de asalto, helicópteros, vehículos blindados y otras aeronaves militares. Sin contar los 2 mil 100 millones de la Iniciativa Mérida.

En mal momento, Trump quiere liberalizar la venta y exportación de armas. Laura Carlsen del Programa de las Américas del Centro Carter –promotora de la democracia- señaló que la venta de armas es un factor esencial de la política de Estados Unidos hacia México.

El Donald pensará: más armas, más violencia, más inestabilidad, más ingobernabilidad, mayor intervencionismo, mayor control, inmejorables relaciones bilaterales.

Para ello refuerza su política racista y antiinmigrante al proponer recortes presupuestarios que ponen en riesgo los programas en contra del crimen organizado, lo que podría  disminuir la cooperación internacional en un 28%, es decir, 10 mil millones de dólares, que afectaría a México, Colombia y América Central.

Ilegales o legales, estas armas que generan muerte, desplazamientos y desaparición forzada en nuestras calles no se pueden explicar sin la complicidad ni la corrupción de las corporaciones y agencias de Estados Unidos.

Estamos en una grave encrucijada. El gobierno de Peña no tiene respuestas ante la creciente violencia, la desorganización prevalece, la justicia no aparece, la impunidad crece y el Secretario de la Defensa el General Salvador Cienfuegosseñala: la gente nos quiere en las calles.

Estos son algunos rasgos de la justicia, la ciega justicia de nuestro país.

 

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