Los ‘superdelegados’ morenistas le harán ‘la vida de cuadritos’ a los gobernadores...

Los ‘superdelegados’ morenistas le harán ‘la vida de cuadritos’ a los gobernadores de oposición, y no sólo podrán dar al traste con sus personales proyectos sucesorios sino relevarlos en el poder, ajustar las cuentas de sus excesos y garantizar el control del partido presidencial en sus entidades mediante el beneficio político de los programas sociales

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Con la finalidad de disminuir el gasto público de la burocracia federal en los Estados, en julio pasado el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que las Delegaciones sectoriales que el Gobierno de la República tenía en cada entidad serían sustituidas por jefaturas delegacionales que permitirían, además, una mayor coordinación y control de los recursos, debido a que hasta ahora han existido hasta 20 Delegaciones Federales en una sola entidad. La iniciativa, sin embargo, no cayó bien a los gobernadores y a los líderes de los partidos opositores al presidencial, quienes expresaron que la medida da poder a una sola persona, centraliza el poder y “violenta el Pacto Federal”. Las críticas más fuertes vinieron del hoy gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien advirtió que en su entidad -una de las más sometidas por la violencia y donde manda el Cártel de Jalisco Nueva Generación, al que López Obrador puso en la mira como el más peligroso para el país y para su proyecto de pacificación- no habría autoridades intermedias y que él no trataría con ellas sino, directamente, con el presidente. Su rechazo es mayor debido a que el ‘superdelegado’ de esa entidad es Carlos Lomelí Bolaños, candidato perdedor del Morena a la gubernatura; una situación que también se repite en Yucatán, donde el mandatario estatal panista Mauricio Vila tampoco quiere saber nada del delegado Joaquín Díaz Mena, excandidato morenista al Gobierno estatal, y en el Estado de México, donde la delegada Delfina Gómez contendió contra Alfredo del Mazo por la gubernatura. Otros mandatarios también expresaron su molestia por la presencia de los ‘superdelegados’ en las llamadas Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Por ejemplo, el gobernador perredista de Michoacán –otra de las entidades sometidas por el crimen- y excorreligionario y ahora enemigo político de López Obrador, Silvano Aureoles, exigió respeto a la soberanía de Poderes al suponer que los delegados serían los secretarios técnicos de las estrategias de seguridad, e incluso amagó con acudir a la Suprema Corte para interponer una controversia contra los ‘superdelegados’. Ante dichas declaraciones, el presidente tuvo que aclarar a ese respecto, durante su participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) efectuada el día 4 de este mes, que se trató de un malentendido y confirmó que los secretarios técnicos serán designados por el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Los mandatarios estatales terminaron respaldando la figura de los superdelegados, aunque afirmaron que los irán evaluando conforme avance la administración, recordando que éstos no decidirán en los temas de seguridad locales, pues la responsabilidad recae en los gobernadores. La última edición de la Conago sirvió entonces para zanjar diferencias entre el presidente de la República y algunos de los mandatarios locales, pues ambas partes acordaron establecer una agenda sobre los 25 proyectos prioritarios del Gobierno federal, además de que se incrementarán las participaciones federales en 10 por ciento nominal.  Lo cierto es que no es cierto que los gobernadores de oposición acepten la presencia de los delegados lopezobradoristas, puesto que ahora la Federación tendrá un mayor control del dinero suyo que se destina a las entidades, donde los delegados federales tanto del PAN como del PRI solían derrochar todo el presupuesto que les destinaban en sus gastos personales y en los electorales de sus partidos sin tener la necesidad de presentar resultados a nadie. Y sí, puede ser muy polémica la designación de ‘jefes delegacionales’ -o delegados especiales- del Gobierno federal en los Estados. Pero no deja de ser una muy buena idea en términos estratégicos de control de los recursos y de operación política de los programas sociales; la política social es una herencia clientelar casi genética de la era posrevolucionaria, en cuyo autoritarismo partidista se formó el actual presidente de la República. No son equívocas ni perniciosas ambas ideas de control del erario federal y de posicionamiento político estatal a través de los ‘superdelegados’, siempre y cuando el uso de los recursos públicos no sea irregular y con propósitos deliberados e indebidos de beneficio electorero. Por supuesto que lesionará la discrecionalidad y el abuso -todo eso sí ilegal y antidemocrático como ha sido- con que han usado esos presupuestos federales y esos programas sociales los gobernadores en beneficio de sus particulares intereses electorales, y que ahora los afectados no han tenido más remedio que lamentar la medida objetándola como inconstitucional. Pero de que es legítima y servicial, lo es. Que le da mayores capacidades de control presupuestario y de posicionamiento político al nuevo jefe de la nación y a su partido, también. Y que es una gran idea para hacer política de conveniencia sin violentar el mandato constitucional, es innegable, asimismo. Pero ni es ilegal, ni mucho menos inmoral, usar el poder de modo que los resultados generales puedan ser mejores que nunca, y que eso tenga consecuencias políticas favorables al liderazgo y al partido que los hace posibles. Porque no se quiere ni se sube al poder político sólo para hacer el bien de los más, como los misioneros y los buenos samaritanos, sino para que ese bien general redunde en un éxito personal y en una fortaleza política propia, que promuevan la espiral del progreso de todos. No podría ser sino evidente que los gobernadores de la oposición se sintieran lastimados. Ahora tendrán sobre su espalda a pesados adversarios respirándoles en la nuca y mirando sobre sus hombros. Le llaman abuso contra la soberanía estatal. No le pueden llamar irritación personal y aun terror a lo que les viene: un horizonte sucesorio muy comprometido para ellos, y peor todavía en los casos en que los sucesores podrían ser los mayores enemigos suyos. No los dejarán meter las manos en el erario federal y en los programas sociales para promover a sus candidatos, y pueden ser víctimas de ajustes de cuentas y de consignaciones sobre sus excesos, lo que podría ser particularmente catastrófico en el caso de rivalidades personales y de persecuciones legitimadas en los abusos de la gestión, como donde los superdelegados morenistas fueron antes candidatos derrotados por los actuales mandatarios estatales, y ahora tendrán todo el poder presidencial y sobrados recursos políticos para imponerse a los grupos y a los intereses de los gobernadores y llamarlos a comparecer por sus fechorías. Los casos del Estado de México, Jalisco y Yucatán, por ejemplo, será por demás interesantes, del mismo modo que lo será el proceder de los relevistas del Morena en las entidades que fueron gobernadas por rufianes, como Veracruz, donde además de rufián, Yunes lo apostó todo en una propaganda de muy soeces y sonoras acusaciones contra el ahora presidente de la República, que podrían costarle muy caras.

Javier Ramírez

Fue a finales de julio pasado cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador propuso sustituir las Delegaciones Federales en los Estados por 32 delegados estatales y 264 delegados regionales, éstos últimos coordinados por Gabriel García Hernández, subsecretario de la Secretaría del Bienestar, anteriormente Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Los nuevos delegados estatales –ocho en promedio por Estado- mantendrían contacto directo con el presidente y con los secretarios federales.

El objetivo, explicó el presidente, es no sólo disminuir la burocracia sino también ahorrar muchos millones de pesos, debido a que según el Presupuesto de Egresos de la Federación una Secretaría de Estado -como Sagarpa, Profepa, INAH, etcétera-, puede destinar en promedio cinco millones de pesos por Delegación Federal al año. Sin embargo, según una investigación del periódico Reforma, en Aguascalientes la Secretaría de Educación Pública (SEP) invirtió el año pasado 5 millones 540 mil pesos, pero sólo 307 mil pesos fueron destinados a gastos de inversión. El resto terminó en el concepto de ‘gastos personales’.

Pero como era de esperarse, la propuesta recibió las críticas de gobernadores, partidos y organizaciones populares opositoras, los cuales aseguraron que se trataba de una manera de politizar los más de 155 mil 398 millones de pesos que manejará cada uno.

El rechazo de los gobernadores

La idea del presidente es que sea un solo delegadopor entidad, en vez de los 10 ó más que llegaron a verse en anteriores sexenios, con el fin de erradicar los actos de corrupción. Pero políticos adversarios al nuevo Gobierno federal advirtieron que los candidatos del Morena que resultaron perdedores en las pasadas elecciones de julio iban a terminar designados como ‘superdelegados’, como sucedió en el Estado de México con Delfina Gómez y Carlos Lomelí en Jalisco.

Los mandatarios que expresaron su molestia con esta nueva figura fueron, principalmente, Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Javier Corral, de Chihuahua; Héctor Astudillo, de Guerrero, y Miguel Márquez, de Guanajuato.

El perredista Aureoles aseguró que el Pacto Federal no prevé que existan intermediarios, y advirtió que él no atenderá a mensajeros ni representantes “de quién sabe quién”. El independiente ‘Bronco’ indicó que los puestos intermedios violan la Constitución. “Es como si yo le dijera a algún alcalde: te voy a mandar un delegado para que maneje los recursos del Estado”. Por lo que aseguró que hablaría con el presidente sobre el tema.

En el mismo sentido se expresaron los panistas Corral y Márquez, así como el priista Astudillo, quienes comentaron que la figura deberá sujetarse a la Constitución y al federalismo, y que el presidente debe explicar cuáles serán sus funciones para que no se dupliquen con las del Ejecutivo.

Por su parte, Enrique Alfaro, quien este 6 de diciembre asumió la gubernatura de Jalisco y se convirtió en el primer mandatario emanado del partido Movimiento Ciudadano, aseguró que fiscalizar los recursos y gastos de las entidades es una falta de respeto para los gobernadores. Aseveró que “mi relación con el Gobierno de la República será directa con el presidente y no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del Pacto Federal”.

Pugna por la seguridad

Pero no sólo el tema de los recursos causó molestia en los mandatarios estatales. Días antes de que Andrés Manuel asumiera la Presidencia el pasado 1 de diciembre, comenzaron a realizarse en varios Estados sesiones del Gabinete Estratégico de Seguridad, en las que algunos ‘superdelegados’ han estado presentes, como fue el caso del Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el nombre de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz.

Esta situación ocasionó nuevamente el rechazo de algunos gobernadores, quienes presumieron que los delegados también serían los coordinadores de la seguridad, una de los aspectos más importantes del plan de Gobierno del presidente, quien semanas atrás anunció la creación de la Guardia Nacional, una institución de 50 mil elementos de las policías Militar, Naval y Federal, que incorporará a miembros activos de las Fuerzas Armadas, con el fin de combatir el delito en todo el país.

Pero si bien a partir del 1 de diciembre inició el relevo de los soldados por elementos de la Policía Militar, se espera que la Guardia Nacional esté plenamente funcional hasta 2021, pues es necesario hacer cambios necesarios en la Constitución, pues actualmente se establece que una fuerza militar no puede estar a cargo de las tareas de seguridad pública.

Muchas voces criticaron la propuesta al asegurar que es una continuación de la estrategia de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, la cual, aseguraron, no hizo más que incrementar el número de muertos y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que los efectivos recibirán formación y práctica en procedimientos policiacos, Derecho Penal, derechos humanos, perspectiva de género y demás conocimientos necesarios para su desempeño, por lo que podrán asumir la responsabilidad de la seguridad pública.

Tras las quejas de los gobernadores, el presidente aseguró que no se confrontará ni entrará en polémica con quienes rechazan esta figura, porque se trata de una estrategia de coordinación que están en su derecho de no aceptar. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de comentar que de acuerdo con el informe diario de seguridad, Jalisco y Michoacán son los Estados que registran un mayor número de delitos,una velada crítica a Enrique Alfaro y Silvano Aureoles (el michoacano advirtió días antes que interpondría en la Suprema Corte una controversia contra los ‘superdelegados’).

Liman asperezas

Las aguas se calmaron el pasado 4 de diciembre, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que según el gobernador Javier Corral, el presidente dio la instrucción al secretario de Seguridad de que los delegados ya no participen en los Consejos de Seguridad de los Estados.

Tras concluir la reunión, el presidente de la Conago, el gobernador chiapaneco y senador con licencia,  Manuel Velasco Coello, explicó que el presidente Andrés Manuel ofreció todo el respeto a los Ejecutivos estatales, a quienes refirió que la figura de los delegados federales se crea en el marco del plan de austeridad, para reducir la nómina y la burocracia. El gobernador de Chiapas apuntó que los mandatarios respaldaron la figura, aunque será un modelo que se irá evaluando con su avance.

Al día siguiente, el jefe del Ejecutivo federal informó que se trató de malos entendidos. “Por ejemplo, se pensaba que los coordinadores regionales iban a ser los secretarios técnicos. Aclaré que la Guardia Nacional será la encargada de atender todas las coordinaciones de Seguridad Pública”, dijo. Los mandatarios acordaron que de formalizarse la Guardia Nacional habrá un ejercicio de coordinación con los secretarios técnicos, que serán designados por Alfonso Durazo.

Dos días después, al asumir como gobernador constitucional, Enrique Alfaro indicó que encabezará un Gobierno que respete a la Federación “pero que no se arrodille ante ella”.

Para refrendar el apoyo del Gobierno federal y entablar desde el inicio una buena relación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asistió al acto protocolario, donde expresó que tiene que haber una coordinación de los tres niveles de Gobierno para realmente combatir el crimen, además de que así lo establece la Constitución. Consideró que con la creación de la Guardia Nacional se podrá avanzar y que están en la espera de lo que decida el Congreso federal y las Legislaturas estatales.

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