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“Missing”, en el México de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y el Gobierno de Andrés Manuel busca a 40 mil desaparecidos

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Desaparecido” (título original: “Missing”) es una película de 1982 dirigida por Costa-Gavras y protagonizada por Jack Lemmon y SissySpacek. La película está basada en el libro “The Execution of Charles Horman: An American Sacrifice” de Thomas Hauser. El largometraje obtuvo, entre otros premios, la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Oscar al mejor guion adaptado. Esta película fue censurada por la dictadura militar de Augusto Pinochet tras el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende el ‘primer’ 11 de septiembre de 1973. Cuando Charlie Horman, un joven e idealista periodista norteamericano, desaparece de su domicilio en Santiago tras el golpe de Estado del general comandante en jefe del Ejército chileno, su padre (Jack Lemmon) y su mujer (SissySpacek) decidirán buscarlo, cueste lo que cueste. Durante la búsqueda tendrán que darse cuenta, que, por alguna razón, la Embajada norteamericana no está dispuesta a ayudar en su búsqueda como debería. Está basada en el caso real del desaparecido Charles Horman. Durante la dictadura se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos. Pinochet persiguió a izquierdistas, socialistas y críticos políticos, lo que provocó el asesinato de entre 1,200 y 3,200 personas, la detención de unas 80,000 personas y la tortura de decenas de miles. El número de ejecuciones y desapariciones forzadas fue de 3,095. Si comparamos estas cifras con las que estamos manejando en estos momentos en México, éstas últimas superan con creces a las del Chile de Augusto Pinochet, quien fuera arrestado en Londres, Inglaterra, donde permaneció más de un año, tras la orden de detención dictada por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, por su presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas.

El Gobierno de México,de Andrés Manuel López Obrador,ha puesto en marcha un programa para esclarecer la desaparición de 40,000 personas e identificar unos 26,000 cuerpos aparecidos en 1,100 fosas clandestinas durante los años de ‘la guerra contra el crimen organizado’. Éste es un nuevo intento para resolver una de las cicatrices más dolorosas del país, y contempla la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, la formación de brigadas de búsqueda, bancos de datos de ADN así como la compra de laboratorios y equipo para exhumaciones. El encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha reconocido este mismo mes de febrero, durante la presentación de este plan, que se enfrenta una crisis sin precedentes. “Se ha convertido en una enorme fosa clandestina nuestro territorio”, ha dicho. Para implementar la estrategia, este año se desembolsarán 400 millones de pesos o unos 21 millones de dólares. La crisis de derechos humanos se ha agravado en el país durante la última década. Las desapariciones, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y secuestros repuntaron a raíz de la guerra contra el narcotráfico. Ante la indiferencia de las autoridades y la lentitud de las investigaciones, los familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos. En este nuevo intento para dar una respuesta a miles de familias que siguen en la angustia por no conocer el paradero de sus seres queridos, Encinas ha insistido en que habrá una mayor coordinación con organismos internacionales y con colectivos. “Ésta es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado mexicano y por supuesto estableceremos los protocolos de acompañamiento”, ha indicado.

Alejandro Encinas ha calificado como una “simulación” las acciones para esclarecer la desaparición en la administración anterior del priista Enrique Peña Nieto. Para familiares de las víctimas y colectivos, los esfuerzos por atajar este drama por parte del Gobierno anterior solo quedaron en el papel. Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, organización civil especializada en litigios de desaparición y violaciones graves a derechos humanos, señala que es un plan positivo el de Ejecutivo morenistaporque está articulado con la ley de desaparición forzada de 2017 e incluye mecanismos novedosos como los “beneficios por colaboración eficaz”. Esta figura, retomada de la ‘comisión de la verdad para Iguala’, pretende ofrecer incentivos para las personas que proporcionen información sobre estos casos. No obstante, también ha advertido que se deben de fortalecer las fiscalías y comisiones de búsqueda estatales para garantizar la implementación del programa. Lucy Díaz Henao, directora del colectivo Solecito, en el Estado mexicano de Veracruz, recibe con una mezcla de esperanza y escepticismo este nuevo programa de López Obrador. “Ojalá no sea una simulación más, porque de simulaciones estamos hartas”. No es la primera vez que se anuncia el despliegue de tecnología y de expertos para acabar con este drama, y sin embargo, ella espera que esta vez este plan sí ataque definitiva este problema que se ceba en los jóvenes de 17 a 29 años de las zonas más marginadas del país. Díaz Henao insiste en que en estos años su labor de búsqueda se ha visto obstaculizada por las propias autoridades. “Nosotras hemos sufrido de un bloqueo y de un repudio terrible, nos maltratan (los policías), tampoco tenemos maquinaria para trabajar, ha sido una lucha campal”, relata la integrante de este colectivo, que por su cuenta ha logrado hallar 298 cuerpos sólo en esta entidad del sureste mexicano. Jorge Galván, director del Comité Eureka, una de las primeras asociaciones en denunciar la desaparición forzada en México en los años 60, 70 y 80, ha celebrado la intención del nuevo Gobierno por saldar la deuda histórica para reconocer a las víctimas. El representante del Comité Eureka reconoce que la prioridad de estas nuevas comisiones de búsqueda se centrará en los desaparecidos con mayor posibilidad de encontrar con vida.El regreso del infierno, los desaparecidos que están vivos, el cártel les ofreció un trabajo con engaños, pero los esclavizó y los retiene a la fuerza…

Santiago J. Santamaría Gurtubay

Cuando me escapé me fui muy lejos porque sabía que donde me vieran me iban a matar. Pensé que si iba directamente al Gobierno ellos me iban a entregar al cártel, y después de un tiempo salió a la luz en las noticias que alguien estuvo en la misma situación que yo y se animó a hablar y pues yo dije que mi objetivo al escapar de allá arriba era tratar de brindarle paz y tranquilidad a aquellas personas que perdieron la pista de sus seres queridos. Muchos de ellos son las personas que yo vi calcinar y que nadie de sus familiares se dio cuenta cómo murieron y cómo desaparecieron a menos que yo hable, entonces voy a arriesgarme a platicar mi historia y llevar un poco de paz a sus familias y que no sigan esperanzados a que van a encontrarlos. Fue que me comuniqué con la Fiscalía de Jalisco y les comenté que yo también fui privado de mi libertad en la sierra de Navajas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que podía identificar a 17 desaparecidos que vi con mis propios ojos morir en las manos de nuestros captores”. Luis (los nombres son falsos por cuestiones de seguridad) es superviviente de campamentos donde el cártel obligaba a jóvenes a entrenarse como sicarios. A principios de 2017 él trabajaba en un centro de rehabilitación. No le llegaba el salario y quería alejarse del ambiente de las adicciones. Buscó un nuevo trabajo utilizando las redes sociales. En abril de ese año se unió a la página de Facebook Bolsa de Trabajo GDL y Trabajos Guadalajara. Por inbox lo conectaron para una oferta laboral: 4,000 pesos a la semana como guardia de seguridad. Contactó a la mujer que le envió el mensaje y ella le pidió que se comunicara con Mario, el supervisor de la empresa. Una semana después lo agregaron a un grupo de WhatsApp junto con otras 15 personas interesadas en el trabajo. Les pidieron acudir a un entrenamiento al municipio de Tala y les darían los 4,000 pesos por adelantado.

Luis iba ilusionado. Jamás pensó que al llegar a su primer día de trabajo los meterían en casas de seguridad y luego los subirían a campamentos de la sierra de Ahuisculco, pero no para matarlos, sino para entrenarlos y obligarlos a trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las familias de algunos de ellos informaron de su desaparición, sin saber que estaban vivos en manos del crimen organizado. La Fiscalía de Jalisco realizó operativos en julio de 2017 y encontró campamentos de entrenamiento. En uno de ellos detuvieron a 15 hombres, de los cuales tres constaban como desaparecidos y pudieron comprobar que estaban retenidos contra su voluntad. Los tres fueron liberados y su testimonio quedó recogido en la carpeta de investigación 1611/2017, al igual que el de Luis. Gracias a su relato y a testimonios anónimos se sabe ahora que a la sierra de Ahuisculco se llevaron a decenas de hombres de los valles de la región de Tequila, del área metropolitana de Guadalajara, de otros Estados e incluso inmigrantes centroamericanos, y que la esclavitud y el trabajo forzado han sido un modus operandi del Cártel Jalisco Nueva Generación para asegurar el funcionamiento de sus negocios. Entre los reclutados de los que se tiene registro había jornaleros, desempleados, lavacoches, albañiles, cargadores del mercado de abastos, deportados, expolicías, exmilitares, jóvenes recién salidos de centros de rehabilitación de adicciones. Incluso uno de los supervivientes narra en su declaración ministerial que iba caminando de noche por el centro de Guadalajara, sintió un golpe en la cabeza, perdió la conciencia y cuando despertó estaba en una casa de seguridad.

“En el WhatsApp nos inscribimos en Facebook para el trabajo de escolta o guardia de seguridad por 4,000 a la semana”

Cuando la Fiscalía realizó el operativo, Luis ya no estaba ahí. Había escapado, pero tiempo después decidió declarar a pesar del riesgo que puede suponer hacerlo. “Al contactarme para el trabajo pregunté si todo era legal. ‘Mira, si fuera ilegal no te mandábamos a entrenamiento para que puedas portar un arma. No te apures, todo será legal’. Le dije: ‘Oiga, pero ¿todo va a estar bien? Tengo a mi mamá enferma y necesito comunicación con ella’. Ahí fue cuando me dijo Mario que le caí a toda madre, que iba a llegar recomendado por él. Agarré un taxi al periférico. A los 10 minutos llegó un carro. Me preguntaron si me llamaba Luis. Les dije que sí. Me subí y fuimos por otro muchacho, nos metimos a un lugar muy enredoso. Salió un güero con barba, pelo poco chinito, gordito, de ojos verdes, ahora sé que se llama Ignacio. Dos mujeres salieron a despedirlo, no se quitaron de la entrada hasta que nos fuimos. Vi nervioso al chófer, fumaba un cigarro tras otro. Le hice plática y me dijo que tenía apenas una semana trabajando, pero que no le habían pagado viajes anteriores. Era el 1 de mayo. Nos dejaron en la carretera y ahí llegó una pick up con otros tres muchachos que venían del Estado de México. Uno tenía ojo postizo, otro era delgado con pierna postiza y el tercero era gordito con un mechón de pelo que le salía de la frente. El chófer era un gordo sucio que nos ordenó subirnos a la caja. En el camino supimos que los cinco habíamos estado en el WhatsApp un día anterior y habíamos sido contactados por medio de bolsas de trabajo a las que nos inscribimos en Facebook para el trabajo de escolta o guardia de seguridad por 4,000 a la semana. Era muy atractivo para mis necesidades”, cuenta Luis.

“Nos cambiaron a otro carro. Dimos vuelta rumbo a Tala, nos metimos en una brecha y llegamos a una finca abandonada, con alambres de púas, palos de madera, había un hombre con cuerno de chivo que nos decía que siguiéramos hacia adentro. Observé que no había muebles, solo personas en el piso, 38 amontonadas en el suelo. Fue cuando me di cuenta que me había metido en un problema porque no era normal eso. Al entrar al cuarto nos ordenaron guardar silencio y sentarnos, diciéndonos que no podíamos ni ir al baño a menos que pidiéramos permiso. Éramos puras personas humildes y pobres, había gente que tenían cara de malandrines y otros que tenían cara de que no tenían nada que perder en la vida. Me di cuenta que había cruzado la línea de no regresar y que quizá pasaría algo malo, de hecho se percibía un olor extraño, se veía la mirada de tristeza y miseria en las personas”.

Tala, Ahuisculco, Las Navajas, Cuisillos son poblados que están a menos de una hora de Guadalajara, justo detrás del bosque de La Primavera. Se llega por la carretera libre a Puerto Vallarta. Pasando el bosque hay que girar a la izquierda para entrar al valle del río Ameca, donde hay tierras fértiles llenas de cañaverales y viejas haciendas. Después de Tala, la siguiente delegación es Ahuisculco, una antigua comunidad indígena que aún resguarda el bosque y protege sus ojos de agua. El pueblo está en la falda de la sierra del mismo nombre, una formación volcánica que es en realidad la continuación del bosque La Primavera. Del otro lado de los cerros está el pueblo Las Navajas, donde -dicen los de Ahuisculco- “sí penetró el crimen; la gente aceptó cosas que terminó comprometiéndolas”.

Laura denunció la desaparición de Ignacio, le preguntaron si notó algo extraño los últimos días… “Estaba desesperado porque no tenía trabajo”

El pueblo Las Navajas se llama así por la gran cantidad de obsidiana que hay en sus suelos y que hace siglos comercializaba como navajas con las comunidades indígenas de la región. Cruzando el pueblo hay una brecha que se interna en el cerro. En este camino está una de las casas de seguridad que mencionan los supervivientes y que fue asegurada por la Fiscalía de Jalisco. Más arriba está el lugar conocido como La Reserva, el rancho que los pobladores de la sierra dicen que pertenece a un tal don Pedro, nombre con el que conocían ahí a Rafael Caro Quintero. Cuentan que don Pedro llegó a finales de los años setenta, sembró marihuana, engordó ganado, controló la región. Aún después de los operativos de la Fiscalía de Jalisco, en julio de 2017, el camino seguía custodiado por camionetonas y jovencitos en moto: halcones. Esta es la brecha que todos los supervivientes mencionan en sus testimonios como la ruta para subir al monte.

Esta sierra, sin nombre en los mapas, es estratégica por su conectividad. Por un lado tiene caminos que llevan a la carretera a Colima y Manzanillo y por el otro a la Sierra Madre Occidental, que conduce hacia la costa del Pacífico y Puerto Vallarta. Por el puerto de Manzanillo entran precursores químicos para drogas sintéticas que se trasladan por la carretera a Colima y antes de llegar a Guadalajara toman el Circuito Sur o el Macrolibramiento, que los deja a unos metros de Las Navajas, por donde se internan en la sierra que sirve de escondite de campamentos, fosas y narcolaboratorios. Por Cuisillos pueden salir a la carretera que los lleva al norte del país o a Mascota y Puerto Vallarta. El 29 de julio de 2017 la Fiscalía de Jalisco informó de que entre el 6 y el 13 de junio recibieron seis denuncias por desaparición de personas. Todos ellos avisaron en sus casas que se trasladaban al Municipio de Tala porque habían obtenido trabajo como encuestadores, escoltas o policías municipales. En 2014 se realizó una misa en Tala por los desaparecidos de la región. Las familias llevaron las fotos de sus seres queridos. Después, el sacerdote que la organizó recibió amenazas y tuvo que irse de Tala.

Laura denunció la desaparición de su hijo Ignacio el 22 de julio de 2017. Le preguntaron si notó algo extraño los últimos días que lo vio. “Estaba desesperado porque no tenía trabajo”, declaró la mujer. Tenía 22 años, pesaba más de 100 kilos, cabello castaño claro, ojos verdes, tatuaje en antebrazo. La prepa trunca. Le platicó a su madre que había encontrado un trabajo como guardia de seguridad privada donde le pagarían 4,000 pesos semanales. Se iría a Tala por dos semanas para el entrenamiento. El 1 de mayo de 2017 pasaron por él a su casa en una colonia popular al sur de Zapopan. Ignacio salió con una mochila de lona negra con gris y una cinta cruzada donde guardó tres cambios de ropa: bóxers, calcetines, un cepillo de madera, sandalias de plástico, tenis blancos para hacer deporte. Celular no tenía y tampoco le dejaban llevarlo. Su madre y su hermana salieron a despedirlo. Se subió a un carro café claro en el que iban otros dos hombres: el chofer y otro muchacho que acababan de recoger; era Luis. No volvieron a tener contacto con él. Dos meses después, la hermana vio en las noticias que habían encontrado a gente esclavizada en Tala. Fue entonces que reportaron la desaparición de Ignacio.

A Ernesto también lo reportaron como desaparecido. Robusto, 1.78 de altura, 96 kilos, cara redonda, ojos café claro, sin tatuajes, cicatrices de mordidas en el pecho y brazo izquierdo, llevaba pantalón negro de mezclilla, camisa tipo polo color azul claro. A sus 26 años le urgía encontrar trabajo. A principios de 2017 tuvo un hijo y no tenía ingreso fijo. Estaba desesperado cuando encontró una oferta en Internet. El 30 de abril lo contactaron. Al día siguiente salió temprano, poco antes de las siete de la mañana; lo iban a recoger en Periférico y Mariano Otero para irse a una capacitación a Tala. Les dijo a su mamá y a su esposa que se comunicaría en unos días. Karla, su esposa, le marcó a las diez de la mañana para saber cómo iba todo. Le dijo que aún no llegaban, pero que en cuanto pudiera le mandaría el teléfono del lugar donde sería la capacitación. No lo mandó. Le habían prometido que cada semana podría regresar a ver a la familia. Nunca volvió. Rosa, su madre, informo de su desaparición el 8 de mayo de 2017.

Los campamentos estaban camuflados en el bosque, la Fiscalía de Jalisco identificó puntos de calor en la sierra de Ahuisculco

El tiempo que Luis estuvo atrapado en la primera casa de seguridad, en mayo de 2017, comenzó a observar a quienes los vigilaban; descubrió que algunos habían sido capturados como él, pero ya habían podido salir de vacaciones. “Lo sé porque arriba vi quién tenía mando, que ya habían salido y regresado, que había jerarquías. No importaba que te tomaran confianza, la prueba de fuego para ser de ellos era regresar a trabajar con ellos”. Y continúa: “De esa casa comenzaron a sacarnos por montones para llenar trocas. De la carretera por Cuisillos nos llevaron a Navajas, a otra finca grande, con portón de fierro como de ganado, un metro de alto, no terminada. Había un señor con sombrero como de campesino que nos gritó: ‘¡A ver hijos de su… en línea… ámonos, en caliente! ¿Alguien sabe por qué chingados está aquí?’ Yo no podía decir nada, me podían matar. Agarró el cuerno y disparó hacia arriba de todos nosotros: ‘¡A todos les voy a dar vacaciones a la verga, si regresan aquí va a haber chamba y si no, a chingar a su madre! ¿Quién se quiere ir ahorita?’ Nadie dijo nada.

Uno me traía en jaque, me gritaba “¡ándale moreno, témplate!” Templarse significa agilizarse, actuar, hacer las cosas con inteligencia. Avanzamos hasta la cima, llegamos al campamento que me dio aspecto como de los campos forestales en Estados Unidos, siendo una propiedad privada que una señora le rentaba al del sombrero. Los maltratos y amenazas comenzaban en las casas de seguridad. Además de Luis, hubo otros tres supervivientes rescatados por la Fiscalía. En sus declaraciones ministeriales relataron cómo fueron en busca de trabajo y los enganchadores los llevaron a casas de seguridad. En una de estas casas había como 50 hombres acostados en el suelo, golpeados, amenazados con que si escapaban los mataban. “Todo el día hacíamos ejercicio y decían que quienes obedecían salían de vacaciones o descanso. Estábamos clasificados por nuevos, seminuevos y viejos. A los nuevos nos golpeaban todo el tiempo, siempre había hombres armados vigilando. A la semana me regresaron en camioneta a mí y a cuatro compañeros; otros armados me dejaron en una casa de seguridad donde pude bañarme, ahí ya nos habíamos dado cuenta que era otro rollo, escuché voces que decían que trabajaríamos para el cártel de ellos. Fue cuando me dio miedo. Los que cuidaban usaban drogas y yo nunca he usado: trabajo, tengo familia, hijos. El 23 me regresaron al monte, a un nuevo campamento, nos pusieron a construirlo con palos, nylon, ramas, a acarrear agua, comida, me golpearon todo el cuerpo, me decían ‘vales verga, órale pendejos, perros’. No podíamos dormir hasta las 12 de la noche, quien lo hacía lo ponían para darle con gotcha o lo mataban. Los que cuidaban le tiraron balazos a dos porque se fueron al Oxxo sin permiso. A los demás les pedían que bajaran los cuerpos a una barranca donde pasa un arroyo, a mí me pusieron a cortar leña, ramas, ahí los quemaron… Ya entre pláticas supe que a todos los llevaron con engaños, éramos 20 igual que yo”. Los campamentos estaban camuflados en el bosque para que no los vieran desde el aire. La Fiscalía de Jalisco identificó puntos de calor en la sierra de Ahuisculco y fue así como logró localizarlos. Los campamentos estaban camuflados en el bosque para que no los vieran desde el aire. La Fiscalía de Jalisco identificó puntos de calor en la sierra de Ahuisculco y fue así como logró localizarlos.

Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por la captura de ‘el Mencho’, “enemigo público número 1” en Chicago

Las autoridades han elevado el precio por la captura de Nemesio Oseguera ‘el Mencho’, el hombre más buscado de México. La recompensa ha pasado de dos a 30 millones de pesos (poco más de 1.5 millones de dólares) y es la más alta desde la que se ofreció por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que alcanzó los 60 millones de pesos (tres millones de dólares) cuando se fugó en 2015. ‘El Mencho’ es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso del país. La cúpula antidroga de Estados Unidos anuncia nuevas estrategias para combatir a los carteles mexicanos, según la agencia AP y The Washington Post. El foco será debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales, así como consolidar un nuevo frente binacional. El comunicado de la Procuraduría General de la República urge a los ciudadanos a que proporcionen “información veraz y útil para la localización y detención” de ‘el Mencho’. En el documento se refiere que el capo ha sido rastreado e identificado bajo tres nombres diferentes: Rubén Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Cervantes y Nemesio Oseguera Ramos.

El grupo que lidera ‘el Mencho’ pasó de ser en sus inicios una célula del cartel de Sinaloa hasta ser considerado la organización más peligrosa y con mayor control territorial en los últimos años. El brazo criminal del CJNG se extiende desde Estados Unidos y Latinoamérica hasta África, Europa y Asia. Las autoridades estadounidenses han advertido de la capacidad del cártel de producir y distribuir cantidades exorbitantes de metanfetamina, heroína y cocaína. El rastro de violencia del grupo ha sacudido al Estado de Jalisco, en el occidente de México, donde se le ha vinculado a crímenes como la disolución en ácido de tres estudiantes de cine, el asesinato y la tortura de agentes ministeriales, un atentado contra un exfiscal estatal y la desaparición de tres turistas italianos, entre otros. Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por la captura de ‘el Mencho’, que fue declarado “enemigo público número 1” en marzo pasado por la ciudad de Chicago. Hace dos años, la DEA lo incluyó como uno de los tres capos más buscados por la Justicia estadounidense, junto a Ismael ‘el Mayo’ Zambada (supuesta mano derecha de ‘el Chapo’ Guzmán) y Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos y acusado de asesinar al exagente antidrogas Enrique Kiki Camarena en 1985.

Las autoridades mexicanas detuvieron a su esposa, Rosalinda González Valencia. La captura se produjo en un departamento de lujo en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara (la capital de Jalisco y la segunda ciudad más poblada del país), y fue acusada de lavado de dinero [blanqueo de capitales] para el grupo criminal. Las autoridades mexicanas han detectado que Oseguera ha pisado los Estados de Michoacán y Jalisco en las últimas semanas…

El asesinato del ‘cameraman’ de Canal 10, Javier Valladares en Cancún. No estaba uniformado al igual que Robert Capa

El reportero de guerra Robert Capa no llevaba una camiseta de Life en la Guerra Civil Española cuando logró la instantánea, mundialmente famosa, ‘Muerte de un miliciano’. El asesinato del ‘cameraman’ de Canal 10, Javier Valladares en Cancún, el 29 de agosto del 2018, “nada tiene que ver con su labor periodística, no estaba uniformado…”, recalcaba la Fiscalía del ‘cesado’ Miguel Ángel Pech. Enrique Peña Nieto nunca fue a visitar a los familiares de los 43 desaparecidos en el 2014, ‘Cuando se suscita el evento de Ayotzinapa’. La existencia de un mensaje así confirma la distancia del Gobierno con las víctimas. En un país con decenas de miles de desaparecidos, de asesinados, el presidente se despidió de sus familias negando toda comprensión, tirándoles de las orejas por no aceptar las conclusiones de la investigación de la Fiscalía. “El evento de Ayotzinapa”, dice de la cacería de medio centenar de jóvenes. Como si hubiera empezado a llover, como si hubiera llegado de la nada. Peña hablaba desde su despacho en el video…Al fondo se apreciaban los contornos de una mesa, varias sillas, una bandera de México -el águila, la serpiente-, una estantería de puertas de cristal repleta de libros. El piso brilla como una hilera de dientes dorados. No hay escenario más ajeno al dolor de las víctimas que el que ha elegido para hablarles, su propio despacho, el silencio de su despacho, libre del dolor de las familias, ajeno a la herida del hijo ausente…

La ONU conmemora cada 30 de agosto a las víctimas de desapariciones forzadas. Los conflictos, las migraciones o los desastres naturales son las principales causas de este fenómeno que cada año sume a miles de familias en una búsqueda interminable. Varios reportajes periodísticos recuerdan uno de estos casos, el de los hijos de la señora Zenaida: En el pueblo de Iguala, en el Estado mexicano de Guerrero, a tres horas de la capital, detrás del mercado de abastos, en el barrio de la Insurgente, tras un portón negro, junto a un almendro y dos árboles de papaya, en dos cuartos deslucidos con goteras en el techo, allí, vive el dolor…. Esta tarde el dolor tiene tos, malestar en los pulmones, mide algo más de metro y medio, es mujer, separada y tiene 52 años. Se llama Zenaida Candía Espinobarros y llora cada dos por tres porque le faltan dos hijos y, dice, no puede hacer nada, nadie le hace caso. Se suena la nariz con el cuello de la blusa y exclama: “¡Que le quiten al Gobierno a un hijo, a ver qué siente!”, como si el Gobierno mexicano, comandado por Enrique Peña Nieto, del PRI, fuera una persona, una persona que pierde dos hijos como ella: uno en 2012, cuando salió una tarde de la casa y ya no volvió y otro el pasado año, cuando un sicario le disparó desde una moto en la puerta de la casa de su novia.

En España todavía hay quienes buscan a sus padres, abuelos o tíos entre los 114,000 desaparecidos en la Guerra Civil (1936-39) y los años de dictadura franquista (hasta 1976). “Los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas en esta oscura etapa de nuestro país siguen siendo ignorados por el Estado español”, subrayan en una carta dirigida al presidente socialista Pedro Sánchez, del PSOE, quien gobierna el país ibérico tras la moción de censura que sacó del poder al conservador Mariano Rajoy, del Partido Popular. Los gobiernos democráticos han puesto trabas al mandato de la ONU de cumplir con el derecho internacional en este sentido. Así lo cree también Amnistía Internacional, que en un informe sostiene: “En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Las autoridades españolas siguen sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar estos crímenes de derecho internacional. En los últimos dos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar y le han instado a cumplir con sus obligaciones”…

La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas…

Se trata del peor delito que se puede cometer contra un ser humano porque es la conjunción de cuatro crímenes: una detención ilegal, torturas físicas y psicológicas, el asesinato y la ocultación del cadáver para multiplicar el sufrimiento de las personas cercanas al desaparecido. En España hay 114,226 personas desaparecidas, lo que convierte al país en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea. En contraste con esa dura realidad que afecta a miles de familias, ningún Gobierno en la democracia recuperada tras la muerte del dictador Francisco Franco, se ha responsabilizado de la búsqueda de esas personas, de atender a las familias y de garantizarles verdad, justicia y reparación. El Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria recuerda en este día que: “Bajo estas obligaciones, los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas deben inmediatamente buscar a cualquier persona que haya desaparecido. Deben también adoptar políticas públicas para facilitar las búsquedas consultando con los familiares de la persona desaparecida. La búsqueda debe ser llevada a cabo en línea con una estrategia integral en la que todas las hipótesis deben ser diligentemente exploradas”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que llevó a cabo la primera exhumación científica en octubre del año 2000 y que presentó los primeros casos ante la ONU en agosto de 2002 sigue reclamando la responsabilidad del Estado y denunciando la “pasividad de los gobiernos” en un país en el que cada día mueren descendientes de los desaparecidos sin haber recibido la más mínima atención por parte del Gobierno. Ni el poder legislativo, ni el ejecutivo ni el judicial han cumplido sus deberes hacia las víctimas en todos estos años. Hace unas semanas la ARMH remitió por registro un escrito a la presidencia del Gobierno reclamando un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la represión franquista que coordine la labores que ya están llevando a cabo algunas comunidades autónomas y que garantice los derechos de las víctimas después de que muchos miles de ellas hayan muerto esperando angustiadas a un Estado que nunca llegó a atenderlas. La ARMH celebra todos los 30 de agosto un acto de denuncia y reconocimiento en el Museo del Bierzo, que era la antigua cárcel de Ponferrada.Ponferrada es un Municipio y ciudad de España, en la comunidad autónoma de Castilla y León.

“Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos”

La dimensión de este problema global es desconocida “e históricamente no reconocida”, denuncia el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Este organismo ha recogido desde su creación, en 1980, un total de 55,273 casos en 107 Estados, de los que 44,159 siguen en estudio y atañen a un total de 91 países. “Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos”, recuerda el alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos en un comunicado. “Si están con vida, los desaparecidos deben ser localizados y protegidos. Si fallecieron, los restos deben ser buscados, tratados adecuadamente, identificados cuando sea posible y devueltos a sus seres queridos”. Pero, a tenor de las denuncias de esta y otras organizaciones como Amnistía Internacional, falta voluntad política para que así sea. Inexplicablemente. Es difícil saber por qué se produce esa indiferencia por parte de los Estados. Otras organizaciones, sin embargo, sí ponen nombre y apellidos a esta falta de voluntad. Lo ha hecho Rights International Spain, que ha recordado que La ONG destaca en su documento que, además de la necesidad de luchar contra la impunidad y reparar el daño sufrido en el pasado, todavía muchos Estados o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo, hacen desaparecer a personas para acallar la disidencia y eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos o religiosos. No es que se nieguen a investigar los casos, es que son los culpables. “La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, aclara la ONU. “Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las perpetradas por agentes no estatales continúan siendo una práctica generalizada en México. La impunidad por estos crímenes sigue siendo absoluta. Según datos oficiales, 27,638 personas (20,203 hombres y 7,435 mujeres) se hallaban en paradero desconocido en el país al concluir 2015… Por lo general, las pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentaban deficiencias y las autoridades no buscaban a las víctimas”, sostiene Amnistía.

Y así en un largo listado de países donde por acción u omisión del Estado, las desapariciones forzadas son práctica habitual. Siria, Egipto, Etiopía, Ucrania, Turquía, Guatemala, Irak, Perú… Además de los conflictos y la lucha sucia contra personas incómodas, desde activistas hasta periodistas, las migraciones son un gran agujero negro que se traga la vida de miles de personas. Mueren o se pierden en el camino. Les ocurre a cientos, miles, de los que tratan de llegar a Europa por peligrosas rutas a través de África y Oriente Medio; o en el Mediterráneo, donde se ahogan ante la mirada de un continente rico, pero incapaz de salvar sus vidas. Les sucede a hondureños, salvadoreños o guatemaltecos que tratan de hacer realidad el sueño americano en Estados Unidos huyendo de sus países marcados por la violencia. Y México los engulló.

“Había evidencias”, dice el presidente, “de que muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial”

Enrique Peña Nieto abandonó el silencio postelectoral para encarar la recta final de su presidencia. El mandatario y su equipo prepararon el último informe de Gobierno, repartiendo mensajes en video enlatados, en algunos recordando sus logros, en otros matizando a sus críticos. El presidente dedicó los dos minutos de la cápsula a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La existencia de un mensaje así confirma la distancia del Gobierno con las víctimas. Desde la desaparición de los 43 en septiembre de 2014, Peña Nieto nunca fue a visitar a sus familiares. En octubre de 2014 los recibió en Los Pinos, su residencia, quizá en un despacho parecido al que ha usado para grabar sus mensajes. Peña nunca fue a visitarlos y ahora se despide con un regaño: ustedes no nos quisieron creer. “Había evidencias”, dice el presidente, “de que muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial”. Lo dice pasando por alto los informes del equipo de expertos comisionado por la CIDH, avalado por su mismo Gobierno. Informes que exigen continuar con la búsqueda de los estudiantes, ya que no hay evidencia de la existencia de una hoguera del tamaño necesario para quemar a tanta gente. Lo dice ignorando igualmente el informe de un equipo de antropólogos, el argentino, con décadas de experiencia en materia forense, que concluyó igualmente que no había evidencia de un fuego de tales dimensiones en el célebre basurero de Cocula.

Peña obvia también los señalamientos de tortura contra más de una decena de detenidos cometida por agentes de la fiscalía a la que cree ciegamente. Es a partir de estos testimonios que la fiscalía armó su famosa verdad histórica. Donde no hay más que cenizas, el presidente ve un relato creíble. “Sé”, concluye, “que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de reparar”. Aunque en realidad no lo sabe. No conoce la ansiedad de no saber, el estrés, la culpa que siente una madre, un padre, cuando desea que todo acabe de una vez, que aparezcan por lo menos los huesos de su hijo y concluya este sinvivir. Ayotzinapa, “un hecho lamentable para México”. Así han titulado el vídeo. Como si fuera un accidente, un huracán. Es decir, como si no existiera responsabilidad. Como si el Gobierno, su Gobierno, no hubiera podido hacer nada más. Nada mejor.

Una ‘hoguera’ dio paso al descubrimiento y a la propagación de fuegos cuyas llamas siguen oscureciendo también a Quintana a Roo

La ONU conmemora cada 30 de agosto a las víctimas de desapariciones forzadas. Los conflictos, las migraciones o los desastres naturales son las principales causas de este fenómeno que cada año sume a miles de familias en una búsqueda interminable. Varios reportajes publicados en el primer aniversario de ‘El evento de Ayotzinapa’ en varios periódicos de tirada internacional, recuerdan uno de estos casos, el de dos de los tres hijos de la señora Zenaida, en el pueblo de Iguala, en el Estado mexicano de Guerrero… La PGR estableció que José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala por el PRD, su esposa, María de los Ángeles Pineda, y Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, fueron los responsables de la desaparición de 43 normalistas, el 26 de septiembre del 2014. Todos están en prisión. Ángel Aguirre Rivero, el entonces gobernador perredista quiere seguir en la política. En las últimas elecciones pretendió ser elegido diputado federal por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. 12 padres de los 43 desaparecidos le acusaron de “asesino” en el inicio de su campaña… Sus antiguos votantes le dieron la espalda apoyando masivamente por Morena y sus líderes presididos por Andrés Manuel López Obrador. Una ‘hoguera’ dio paso al descubrimiento y a la propagación de fuegos en todo el país -las llamas alcanzaron también a nuestro Cancún, Riviera Maya y el Caribe Mexicano- cuyas llamas siguen oscureciendo México. La evidente gravedad del caso de Eneida aumenta a tenor de la desidia de quienes deberían protegerla, a ella y a su familia. La señora Zenaida y otros vecinos de Iguala salen a buscar a sus familiares desaparecidos en los cerros que rodean la ciudad. Buscan, en realidad, cementerios clandestinos, fosas comunes donde podrían haber enterrado sus cuerpos. La señora Zenaida busca a su hijo mediano. Se llama Juan Carlos y trabajaba de albañil. La tarde del 3 de septiembre de 2012 salió del cuarto que compartía con su esposa, a la vuelta de la casa de su mamá. Marchó con un amigo y ya no volvió…

Todo empezó semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, sicarios de una banda de delincuentes que opera en la zona, los Guerreros Unidos, secuestraron a los muchachos en Iguala en connivencia con autoridades locales, policías municipales de Iguala y del vecino pueblo de Cocula. Entonces, los padres de los desaparecidos llegaron de otros pueblos de Guerrero a buscar a los suyos en la sierra que rodea la ciudad. Animados por los familiares de los 43 estudiantes, los otros, los de Iguala, los que habían callado por miedo, empezaron a buscar también. Sin embargo, la atención mediática menguó y se quedaron solos, en la sierra, con lo puesto.Algunos empezaron a recibir amenazas, lo que provocó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El 21 de septiembre de este año, el comité envió una carta al Gobierno mexicano para que protegiera a la señora Zenaida, a otros 12 pescadores de fosas y a sus respectivas familias. No le hicieron caso. El 26 de octubre el hijo menor de Zenaida, Luis, fue acribillado cuando iba a acompañar a su novia al médico. Moriría diez días más tarde. El 10 de noviembre la Comisión Interamericano de Derechos Humanos denunció que la familia Candía Espinobarros carecía de protección pese a la petición de la ONU, e insistió al Gobierno de Peña Nieto en que asumiera su responsabilidad. El 9 de diciembre, la ONU exhortó de nuevo al Ejecutivo mexicano a que protegiera la vida de Zenaida y de los otros pescadores. Y, de momento, nada.

México atraviesa la época más sangrienta de su historia, con una tasa de 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes, más de 85 muertes al día

Desde que desapareció su hijo Juan Carlos, la señora Zenaida no ha recibido una sola llamada, una carta, algo que indique que alguien le hace caso, que alguien se preocupa por su dolor. Desde que murió Luis, el pequeño, tampoco. Ella sigue saliendo a los cerros. En estos meses, los buscadores, a veces solos, a veces en compañía de las autoridades, han ubicado más de 60 fosas y 100 cadáveres. Parece que se justifica, como si su búsqueda careciera de un motivo entendible: “Uno sé dónde está, ya lo enterré, a veces voy al panteón. Pero el otro… No sé nada”. Es la incertidumbre, el no saber, la imposibilidad de descansar. A veces, cuenta, se acuerda de que su hijo Luis casi se va a Estados Unidos. Temiendo represalias por buscar al hermano mediano, le convenció para que dejara la fábrica de pan donde trabajaba y probara suerte en el norte. Pero el coyote, dice, le falló. Luis pasó dos días en un túnel esperando su contacto. “Luego me habló y me dijo que estaba muy feo aquello, que en el túnel había mucha calaverita, mucho hueso”. Después llegó la migra y lo mandaron de vuelta a México. “Se hubiera quedado y…”, cuenta, pensando lo que no fue.Esta tarde, que ya es casi noche, la mujer, el dolor, describe cómo ella y su grupo van al cerro, cómo buscan fosas clandestinas, cómo las encuentran. Cuando creen que han encontrado una -por el color de la tierra, por la textura que presenta, por la falta de vegetación-, toman una varilla, la hunden, la sacan y la huelen. Si huele mal, “es que hay muertitos”, dice. El éxito depende del mal olor.

La fragmentación de los cárteles de la droga, por la detención de los grandes capos, la diversificación del negocio y la extensión a nuevos territorios hasta hace años alejados del terror de la violencia, ha provocado un cambio en el mapa del crimen. El país cerró el 2018 con una tasa de 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes, superior a la de Colombia. Unas cifras más alarmantes que las registradas durante los peores años de la guerra contra el narco declarada por el expresidentepanistaFelipe Calderón. En México mueren asesinadas cada día más de 85 personas. Y la tendencia apunta a que 2019 soportará un nuevo récord. El país atraviesa una situación muy diferente a la que vivió en la época de los grandes capos de la droga y la declaración de guerra interpuesta por el expresidente Felipe Calderón (que gobernó de 2006 a 2012). La estrategia de seguridad nacional, centrada en la decapitación de los cárteles históricos y poderosos del país, como fue la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, provocó, además de una pelea por las plazas que habían quedado libres, la fragmentación de las bandas en grupos más pequeños, descentralizados y no solo interesados en el tráfico de drogas. Esto explica el aumento notorio de la criminalidad en zonas tradicionalmente seguras y al margen de la ultraviolencia del narco, como son Baja California Sur, Guanajuato y Quintana Roo.

“Ya no es solo el narcotráfico, es el robo de combustible, la extorsión, el secuestro… Este cambio en el modelo de negocio hace que se dispersen a otras zonas. Antes estaba concentrado en las regiones de producción de drogas o cerca de la frontera. Ahora cualquier lugar es bueno para el negocio”, explica el experto en seguridad Alejandro Hope. “La diversificación y dispersión de los cárteles ha provocado que veamos un cambio en el mapa: mientras que en 2010 el 24% de los homicidios se concentraban en Chihuahua y, concretamente, en el Municipio de Ciudad Juárez; en 2018 no hay ni un solo Estado que concentre más de un 10% de los asesinatos”, añade Hope. Se mata más que en plena guerra contra el narco y la muerte se ha extendido a nuevos territorios.

Quintana Roo, entidad que agrupa las joyas turísticas de México, como Cancún y la Riviera Maya, ha cerrado 2018 con más de medio millar de víctimas, duplicando las cifras del 2016. Una amenaza letal para un país cuya economía depende en gran medida del turismo -este supone una partida del 8.7% del PIB nacional- y esa entidad concentra el 40% de los ingresos de este tipo que recibe el país. Baja California Sur, otro destino de sol y playa por excelencia, ha sufrido un aumento del triple de homicidios en solo un año, pasando de 238 asesinatos a 740. Y Guanajuato, que concentra gran parte de la inversión automotriz, una tierra tradicionalmente al margen del terror del narco, ha registrado 2,252 víctimas por homicidio, casi 10 veces más que hace apenas una década.La estrategia de pacificación del país anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador -que incluye una polémica propuesta de ley de amnistía para todos los que se dediquen al narcotráfico- espera reducir notablemente estos índices, aunque los expertos coinciden en que los resultados se verán a largo plazo. La tendencia de homicidios no ha dejado de crecer desde inicios de 2015 y todo apunta a que en 2019 las cifras vayan a superar a las de este último año.

La excesiva politización de ‘La hoguera que oscureció la noche de Iguala’ hará que quizás nunca conozcamos la verdad

En aquel momento no lo supo, pero el agente le había librado de una muerte segura. No fue por azar ni por piedad, sino por pura y simple saturación. Como Ernesto recordaría semanas después, los policías municipales tenían a decenas de compañeros de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa tumbados boca abajo en el asfalto y se los estaban llevando en camionetas a la comisaría. Iban hasta los topes. Tan ocupados estaban, que habían pedido ayuda a los agentes de la vecina localidad de Cocula, y cuando Ernesto, armado de valor, se acercó a preguntar por la suerte de sus amigos, ya no disponían de tiempo ni espacio para uno más. Directamente le apuntaron con el fusil y le conminaron a irse. “Vi alejarse por la avenida a mis compañeros”, rememora. Esa fue la última vez que supo de ellos. Aquel 26 de septiembre, Ernesto había llegado a Iguala, junto con casi un centenar de alumnos de magisterio, en dos autobuses procedentes de Ayotzinapa. Radicales y revoltosos, los estudiantes iban a recaudar, como otras veces, fondos para sus actividades. Esto significaba pasar el bote por sus calles más céntricas, entrar en unos pocos comercios e incluso cortar alguna avenida.

Su desembarco no había pasado inadvertido. Los halcones del narco, según la reconstrucción de la fiscalía mexicana, habían seguidos sus pasos y alertado a la central de la Policía Municipal. Los normalistas no eran bienvenidos. En junio del año anterior, tras el asesinato y tortura del líder campesino Arturo Hernández Cardona, los estudiantes habían culpado del crimen al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y atacado el ayuntamiento. Los sicarios y los policías, que en Iguala vivían en perfecta simbiosis, creyeron que iban a repetir la algarada, pero esta vez no contra el regidor, sino contra alguien aún más poderoso: su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.Ella, como apuntan las investigaciones policiales, dirigía las finanzas del cartel de Guerreros Unidos en la ciudad. El vínculo con el narco le venía de lejos. Era hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, y sus propios hermanos habían creado por orden de este capo el embrión de la organización criminal con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana. Cuando ambos fueron ejecutados y arrojados a una cuneta de la carretera de Cuernavaca, ella tomó las riendas en Iguala, protagonizando junto con su marido un fulgurante ascenso social que ahora quería completar con su última ambición: ser elegida regidora en 2015. Para ello, ese 26 de septiembre había preparado un gran acto en el zócalo de la villa. Era el inicio de su carrera electoral.

La irrupción en la ciudad de los normalistas, encapuchados, rebeldes, con ganas de protesta, les hizo temer que fuesen a reventar el discurso. El alcalde exigió a sus esbirros que lo impidiesen a toda costa y, según algunas versiones, que los entregasen a Guerreros Unidos. La orden fue acatada ciegamente. Las fauces del horror se abrieron de par en par. Posiblemente nunca se llegue a saber cómo la barbarie llegó a tal extremo, pero lo que las pesquisas policiales han logrado sacar a la luz es que a los normalistas, que seguramente no sabían cuál era la naturaleza del poder municipal en Iguala, se les dio trato de sicarios, se les persiguió con la saña con que se mata a los cárteles rivales. En sucesivas oleadas, la policía atacó a sangre y fuego a los estudiantes. De nada les valieron sus desesperados intentos de huir en autobuses tomados a la fuerza. Dos murieron a tiros, otro fue desollado vivo, tres personas ajenas a los hechos perdieron la vida a balazos al ser confundidas con normalistas. En la cacería, decenas de estudiantes fueron detenidos y conducidos a la comandancia policial de Iguala. Nadie dio orden de parar. El reloj siguió adelante.

El jefe de los sicarios, Gildardo López Astudillo, avisó al líder supremo de Guerreros Unidos, SidronioCasarrubias Salgado. En sus mensajes, siempre según la versión de la fiscalía, le informó de que los responsables de los desórdenes de Iguala pertenecían a Los Rojos, la organización criminal contra la que libraban una salvaje guerra. Sidronio dio orden de “defender el territorio”.En una operación de exterminio bien diseñada, fruto posiblemente de experiencias anteriores, los estudiantes fueron recogidos de la comandancia de Iguala por agentes de Cocula, quienes, cambiando las placas de sus matrículas, les entregaron a los liquidadores del cartel en la brecha de Loma de Coyote. Todo estaba preparado para no dejar huellas.

“Javier Valdez era un valiente, que nos maten a todos por reportear este infierno, pero no al silencio”

Lo que sigue es la reconstrucción a partir de los testimonios recogidos por la fiscalía, segúnel periodista español Jan Martínez Ahrens. “En una noche sin apenas luna, hacinados como ganado en un camión y una camioneta, los normalistas fueron conducidos hacia el basurero de Cocula. Fue un viaje al infierno. Muchos estudiantes, posiblemente una quincena, malheridos y golpeados, murieron de asfixia en ese recorrido. Al llegar al paraje, los supervivientes fueron bajando uno a uno. Con las manos en la cabeza, les obligaban a caminar un trecho, tumbarse en el suelo y contestar a sus preguntas. Querían saber por qué habían acudido a Iguala y si pertenecían al cartel rival. Los normalistas, según las confesiones de los detenidos, respondían aterrorizados que ellos eran estudiantes y que no tenían nada que ver con el narco. De poco les sirvió. Acabado el interrogatorio, siempre según la versión del ministerio público, recibían un tiro en la cabeza. El núcleo del comando ejecutor, aunque contó con la ayuda de más sicarios, lo formaban Patricio Reyes Landa, ‘El Pato’; Jonathan Osorio Gómez, ‘El Jona’, y Agustín García Reyes, ‘El Chereje’. Con bestialidad metódica, mataron a todos los normalistas y, a lo que ya venían muertos, los arrastraron, cogidos de las piernas y los brazos, fuera de los vehículos. Como en un ritual bárbaro, prepararon una inmensa pira en aquel basurero. Sobre una cama de piedras circular, según los detenidos, apiñaron primero una capa de neumáticos y luego otra de leña. Ahí encima colocaron los cadáveres. Los rociaron de gasolina y diésel. La hoguera prendió la noche más oscura de México. Las llamas fueron alimentadas durante horas. Los sicarios, en su impunidad, reconocen que incluso se marcharon a la espera de que el fuego se consumiese solo. Pasadas las cinco de la tarde, tras arrojar tierra encima, se acercaron a los restos. Los desmenuzaron y los metieron en ocho grandes bolsas de basura negras. Al atardecer, los asesinos abandonaron el paraje. En su viaje de vuelta, arrojaron las bolsas a la corriente del río San Juan. México aún tardaría algunos días en despertar al horror”.

El actual corresponsal de El País en Washington, y elegido mejor corresponsal español en el extranjero por sus crónicas desde México, país en el que desempeñó su anterior corresponsalía, fue galardonado con el Periodismo Internacional del Club de Prensa, junto a la escritora española Rosa Montero, en un acto organizado en la Casa de América en Madrid. La ceremonia tuvo dos hilos conductores protagonistas: la forma actual de hacer periodismo y la denuncia por los profesionales que son asesinados cada día por querer contar la verdad. En especial, se hizo referencia al periodista experto en narco, Javier Valdez, asesinado en México a las puertas de la redacción donde trabajaba. “Aquí no se mata por hacer periodismo, somos unos privilegiados, así que es una buena ocasión para homenajear a los menos afortunados”, comentó el presidente del Club Internacional de Prensa, Javier Martín.Jan Martínez Ahrens tuvo palabras para Javier Valdez: “No era un inconsciente, era un valiente”, haciendo alusión a unas de las últimas palabras del periodista asesinado: “Que nos maten a todos por reportear este infierno, pero no al silencio”.

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