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Otro exgobernador priista, Roberto Sandoval, es reconocido por las autoridades de Estados Unidos como criminal, pero, para no variar, continúa libre e impune en la Riviera Nayarit

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En la pasada edición de este semanario se comentó que uno de los últimos exmandatarios del PRI en recibir la protección de las autoridades mexicanas como el delincuente que era, había sido el nayarita Roberto Sandoval Castañeda, quien en marzo del año pasado obtuvo de un juez la suspensión definitiva para que no pudiese ser detenido o afectado en sus bienes por algún señalamiento penal en su contra. Meses después, el Congreso de esa entidad lo inhabilitó por casi 13 años y ahora la Justicia estadounidense lo ha exhibido por sus nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero de poco o nada han servido todas las denuncias y sanciones por parte de ambos Gobiernos, pues al final el delincuente sigue en libertad y viviendo con todos los lujos en su rancho de Tepic. Su caso es igual de condenable que el de otros exgobernadores que amasaron sus fortunas gracias al hurto del erario, los sobornos y la venta de terrenos propiedad del Estado, y sin embargo ha pasado casi inadvertido gracias a que supo de alguna manera mantener un perfil bajo. Hasta hace un par de años, Nayarit nunca había sido una entidad que llamara la atención por alguna crisis económica o su violencia –existía, pero se mantenía bajo control con la ayuda del referido gobernador-, sino porque se había convertido poco a poco en un atractivo turístico de clase mundial. La llamada Riviera Nayarit guarda una fuerte semejanza con Cancún y la Riviera Maya –con la diferencia de que no se ha ahogado en el deterioro ambiental, urbano, social y de todo orden que destruye el ámbito del Caribe mexicano- al ser un lugar que en apenas unas cuantas décadas se llenó de grandes cadenas hoteleras que supieron explotar las regiones naturales del lugar, por lo que hoy está al mismo nivel de los clásicos, pero ya muy gastados y violentados, destinos del sur. Sin embargo, el año pasado se convirtió en el quinto Estado con mayor incremento de violencia del país, cuando en 2014 se mantenía en los últimos lugares. El cambio de administración en 2017, del PRI de Roberto Sandoval al PAN de Antonio Echevarría, derivó en el aumento de una guerra entre narcos por esa millonaria plaza, de una manera similar a lo que se vive hoy en Quintana Roo. Pero al menos Roberto Borge está pagando con cárcel la parte que le tocó en esos negocios sucios. Al menos hasta ahora.

Javier Ramírez

Como la mayoría de los políticos mexicanos, Roberto Sandoval Castañeda escaló poco a poco dentro de las organizaciones sindicales clientelares del Partido Revolucionario Institucional, presumiendo de su origen humilde, hasta llegar a ser alcalde de su natal Tepic y brincar a la gubernatura de Nayarit en 2011.

Y, como casi todos los exmandatarios que hoy están detenidos y acusados de algún delito, aprovechó el cargo para amasar una fortuna y, de paso, hacer alianzas con algún cártel de la droga, en una entidad que fue despuntando tanto en el mapa turístico como en el Semáforo Delictivo del país.

Presumía ‘humildad’

En 2009, cuando aún era edil de Tepic, Ricardo Sandoval presentó una declaración patrimonial en la que sólo tenía reportada la adquisición de una casa en Guadalajara, para la que solicitó un préstamo al banco de 2 millones de pesos, así como dos automóviles que aún no terminaba de pagar, un terreno en Nayarit valorado en 220 mil pesos y una inversión no especificada de ganado. En 2013, dos años después de haber alcanzado la gubernatura, presentó otra declaración que nunca hizo pública, pero se sabía que había comprado caballerizas en El Tizape y Villa Hidalgo, así como 300 hectáreas en el rancho ganadero La Resolana.

La mayoría de los nayaritas sabía que el entonces mandatario tenía especial pasión por los caballos y el ganado, pues incluso él mismo había dejado entrar a la prensa a su rancho, donde presumió la cría de varias razas, principalmente Azteca y Español.

Hasta ese entonces no se conocía que mantuviera otra clase de negocios, pese a las recurrentes denuncias de sus rivales en el Partido Acción Nacional, quienes le exigían que dejara el cargo para ser investigado por el nexo que tenía con el fiscal Édgar Veytia, quien había sido detenido en los Estados Unidos por narcotráfico.

Fiscal del ‘narco’

Édgar Veytia había sido uno de los hombres de más confianza de Sandoval Castañeda. Comenzó como director de Tránsito y Vialidad en Tepic cuando Sandoval fue alcalde, y al cabo de unos meses lo designó como secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de la capital. Una vez que Sandoval llegó a la gubernatura, lo hizo subprocurador y luego fiscal, lo que le habría permitido acercarse y pactar con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de los Beltrán Leyva –del que se desprendió el grupo que formó el de Jalisco Nueva Generación-, para permitirle la operación de la droga en el Estado.

Con el aval de los narcotraficantes, Veytia dio luz verde a una serie de ‘levantones’, secuestros, despojos y extorsiones, haciendo que Nayarit se convirtiera en centro de operaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, con el apoyo de la Policía de Nayarit como su brazo armado.

Esto llamó la atención de las autoridades estadounidenses, quienes habían comenzado a investigarlo. Finalmente, en marzo de 2017, agentes fronterizos de aquel país lo detuvieron, acusado de conspiración internacional por importar, fabricar y distribuir heroína, metanfetaminas, marihuana y cocaína.

Negociaba con caballos

Sandoval había permanecido sin denuncia alguna, hasta que el panista Antonio Echevarría García asumió la gubernatura y facilitó a la PRG información sobre el exmandatario. Poco a poco fue saliendo a la luz que Sandoval tenía 10 asociados a quienes había beneficiado con inmuebles, ganado, caballos y contratos de obra pública, incluyendo un desvío de recursos públicos que involucraba al exmandatario de Chihuahua, César Duarte Jácquez, para quien habría importado tres mil cabezas de ganado procedentes de Nueva Zelanda, una parte de los cuales se quedó Sandoval por medio de prestanombres.

Se informó también que su sobrino Hugo Ismael Sánchez, ejecutado en septiembre de 2017, se encargaba de recaudar una cuota de 20 por ciento en las dependencias estatales.

De igual manera, Sandoval se involucró con personajes como el boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, quien fue su socio en la Fundación Ríe, encabezada por la hija mayor del exmandatario, y cuya sede fue asegurada en marzo pasado por la Fiscalía General del Estado al confirmarse que no era más que una fachada para encubrir la compra de caballos finos por parte de Roberto Sandoval.

Fichado por Estados Unidos

En marzo del año pasado, el juez Primero de Distrito en Materia Penal le otorgó una suspensión provisional para que no pudiera ser detenido por las investigaciones que realizaba la Fiscalía General del Estado, mientras que el juez Quinto de Distrito de Jalisco le obsequió la suspensión definitiva.

Eso no le impidió al Congreso de esa entidad someterlo a juicio político en septiembre pasado, inhabilitándolo por 12 años, 10 meses y 15 días para ocupar cualquier cargo público, luego de que se le encontró culpable de haber violado la ley electoral al entrometerse en las elecciones locales de 2017.

El caso del exmandatario había permanecido olvidado, hasta que el pasado 17 de mayo, la subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Sigal Mandelker, en conferencia conjunta con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano, Santiago Nieto Castillo, informó que Sandoval Castañeda había recibido dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación y del de Los Cuinis, un grupo aliado del primero, con sede en Jalisco, comandado por Abigael González Valencia, alias El Cuini, detenido en 2015 en Puerto Vallarta.

De acuerdo con las autoridades, Sandoval y el juez mexicano Isidro Avelar Gutiérrez recibieron sobornos de ambas organizaciones, enriqueciéndose a expensas de sus conciudadanos, además de que participan en otras actividades ilícitas.

La funcionaria estadounidense informó que ambos mexicanos enfrentarán graves consecuencias, incluyendo el “aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos”, explicando que “todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas, o de cualquier entidad que les pertenezca, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más, y se encuentren en Estados Unidos o en control de personas en esa nación, están bloqueados”.

Por su parte, Nieto Castillo detalló que bloquearon cuentas de 42 personas por 24 millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 dólares, que asciende a un total de más de 70 millones de pesos. Al exgobernador se le halló culpable de la adquisición indebida de vehículos de lujo y de uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.

En entrevista telefónica, el exmandatario negó tener nexos con el referido cártel de la droga, asegurando que “ni de cerquitas” ha conocido la labor de dichos criminales. Refirió que está tranquilo, ya que esto le dará la oportunidad de demostrar su inocencia y que su administración entregó cuentas claras.

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