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Para favorecerlos, el Gobierno federal arrecia su intervención en los procesos penales de Duarte Jáquez y Borge Angulo, dos de los principales operadores del PRI en el desvío de recursos del pasado proceso electoral

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El enfrentamiento que mantiene el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, con el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto, tomó fuerza una vez más, luego de que un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México ordenara al Gobierno de esa entidad poner a disposición de un Juzgado federal los casos de Enrique Tarín y Gerardo Villegas, colaboradores durante el Gobierno de César Duarte, así como de Alejandro Gutiérrez, también excolaborador de Duarte y exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, detenido en diciembre pasado por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos del erario chihuahuense para favorecer las campañas electorales del tricolor en 2016, durante la administración del referido Duarte Jáquez, hoy prófugo de la Justicia. La decisión del tribunal fue tomada luego de que en febrero pasado Corral se opusiera a entregar a un juez federal la carpeta de investigación y las copias de la causa penal del caso. En esa ocasión, el gobernador acusó al Gobierno federal de haber iniciado un “plan de impunidad”, dijo, para el exsecretario general adjunto priista y, de paso, sentar un precedente en todo México para que otros Gobiernos e instancias atraigan casos que pueden afectar a importantes actores políticos. Se trata del segundo revés que recibe Javier Corral del Gobierno federal en poco menos de un mes, pues apenas en marzo pasado, unos días después de que la Fiscalía estatal asegurara un rancho de 30 mil hectáreas a Duarte Jáquez, la Procuraduría General de la República determinó no ejercer acción penal en su contra al considerar que no existían elementos para juzgarlo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario o defraudación fiscal. En entrevistas concedidas a diversos medios, el mandatario panista aseguró que Peña Nieto quiso “quitarle” al exsecretario del PRI desde que fue detenido, porque “tiene miedo de que éste se doble y hable”. Según él, a pesar de que se contó con la colaboración de la Policía Federal durante su detención, las ‘altas esferas’ no sabían exactamente a quién estaban deteniendo en diciembre. Por su parte, la Secretaría de Gobernación rechazó las declaraciones de Corral, acusándolo de infundios contra el presidente Peña Nieto y de tratar de engañar a la sociedad. Por lo pronto, Corral analiza interponer un recurso de revisión de la resolución del Tribunal Colegiado ante la Suprema Corte de Justicia, la misma que a inicios de este mes considerara como ilegal la remoción del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua –uno de los aspectos principales de la reforma judicial impulsada por el gobernador, junto con la remoción del fiscal general del Estado-. Es cierto, Corral no es ningún ejemplo de rectitud moral (habría preparado un esquema para financiar con recursos públicos la precandidatura presidencial de Ricardo Anaya), pero las acciones que ha emprendido el Gobierno de Peña para evitar llevar ante la Justicia a César Duarte han llegado a niveles de vulgaridad inéditos, empezando por el hecho de que el chihuahuense es el único exgobernador priista que se mantiene en las filas del tricolor a pesar de las acusaciones de corrupción y los cargos criminales que pesan en su contra, cuando sus homólogos de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo-Javier Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge, respectivamente-, todos ya en prisión, fueron expulsados en medio de antorchas y dedos inquisidores luego de dejar el cargo. La explicación, sin embargo, es sencilla: César Duarte es el único que tiene indagatorias que lo vinculan de manera directa tanto con el Gobierno federal como con el Partido Revolucionario Institucional. Su detención, o la confesión de Gutiérrez, podrían provocar la caída de importantes piezas del Gobierno peñista, empezando por el hoy flamante secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien en su calidad de secretario federal de Hacienda habría avalado la triangulación de recursos públicos a las campañas del PRI. Precisamente por ello, también estarían moviendo las piezas para que Borge Angulo, quien también desvió recursos a favor de candidatos priistas, deje la cárcel próximamente, empezando por el hecho de que un Tribunal de Circuito de Quintana Roo le otorgó la posibilidad de pagar una fianza de 85 millones de pesos para enfrentar en libertad el proceso que se le sigue. Y aunque las autoridades locales de inmediato salieron a negar que el exgobernador saldrá de prisión, es sólo cuestión de tiempo para que el Gobierno federal se imponga y evite que dé a conocer la manera en la que el exdirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, y funcionarios federales, incluidos el propio Peña Nieto, robaron a los erarios estatales. De modo que si Andrés Manuel López Obrador gana las presidenciales de julio, los exgobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, y sus bandas delictivas, estarán libres y fuera del alcance de la Justicia. Se lo deberán a PeñaNieto, eso es seguro. Lo que no es seguro es si Peña no acabaría peor que ellos.

Para favorecerlos, el Gobierno federal arrecia su intervención en los procesos penales de Duarte Jáquez y Borge Angulo, dos de los principales operadores del PRI en el desvío de recursos del pasado proceso electoral

Javier Ramírez

La intromisión del Gobierno de Peña Nieto en el proceso judicial que se sigue contra el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y sus cómplices, en un quebranto total de 824 millones de pesos al erario estatal, comenzó en febrero pasado, cuando el juez federal Gerardo Moreno García, quien también instruye el proceso en contra del exgobernador veracruzano Javier Duarte, determinó que los señalamientos en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno de los principales cómplices de César Duarte, son de orden federal debido a que los recursos presuntamente desviados por éste eran destinados para el ramo educativo, y que, por lo tanto, el fuero común de Chihuahua no tiene competencia para llevar el proceso.

Lo anterior provocó que el gobernador Javier Corral Jurado acusara al Gobierno federal de establecer un “plan de impunidad” para el exsecretario general adjunto del PRI, afirmando que se trataba de una resolución “a modo” de los objetivos que planteaba la defensa de Gutiérrez. Por ello aseguró que su Gobierno defendería la competencia local y el carácter de ofendido del pueblo de Chihuahua por el delito de peculado. Además, aseguró que el traslado únicamente se haría y se aceptaría al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 9 de Ciudad Juárez, que es jurisdicción de Chihuahua. Sin embargo, luego de dos meses, el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ordenó poner el caso a disposición de un Juzgado federal.

Javier Corral asegura que el presidente Peña Nieto “está temblando” de miedo ante la posibilidad de que la cárcel quebrante la lealtad de Gutiérrez y finalmente hable.

El embate de Corral

La Justicia parecía haber llegado a Chihuahua con la alternancia política encabezada por el panista Javier Corral, quien apenas asumió la gubernatura en octubre de 2016 comenzó una serie de investigaciones en contra de su antecesor, el priista César Duarte, quien había cerrado su administración contratando una deuda pública de más de seis mil millones de pesos, que se sumarían a los 43 mil millones ya existentes.

De esta manera, basándose en la información de la entrega-recepción de las dependencias, así como de denuncias presentadas por asociaciones civiles, incluida la interpuesta por el abogado Jaime García Chávez, dirigente de Unión Ciudadana, en marzo de 2017, el Gobierno del Estado puso en marcha la ‘Operación justicia para Chihuahua’, con la que se logró la detención, en cuestión de horas, de los extitulares de las secretarías estatales de Obras Públicas, de Hacienda y de Educación Pública, acusados de un quebranto total de 824 millones de pesos mediante la simulación de contratos de bienes y servicios.

Luego de varios de investigaciones, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó la detención de César Duarte, tras integrar un expediente con pruebas de que desvió recursos públicos a favor del PRI, al ordenar descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal. Un total de 700 trabajadores resultaron afectados con la retención de ese porcentaje, el cual se concentraba en una cuenta de la Secretaría estatal de Hacienda.

El entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, advirtió que en el delito no sólo estaría involucrado César Duarte, sino también los líderes del partido  que recibieron el dinero, por lo que Corral Jurado no quitó el dedo del renglón.

Sin embargo, hasta el momento, el exgobernador está prófugo, al parecer escondido en los Estados Unidos y sin mayores urgencias del Gobierno mexicano por ‘encontrarlo’.

Mientras tanto, las investigaciones y las detenciones continuaron. De esta manera cayeron el exdirector de Adquisiciones, el exauditor del Estado y la exdirectora de Administración de la Secretaría de Educación.

Los desvíos al PRI

Pero la detención más importante fue la de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado de participar en una red que desvió 250 millones de pesos de fondos públicos de Chihuahua para favorecer las campañas electorales del tricolor en 2016. En su declaración, confirmó que los montos desviados de la Federación fueron avalados por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso. De igual manera, un testigo protegido afirmó que Alejandro Gutiérrez le dijo que existió desvío de dinero en seis entidades, con ‘blindaje’ del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que no podían devolver el dinero desviado desde Chihuahua.

Temiendo un proceso en su contra, Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI durante la administración estatal de César Duarte, interpuso un recurso de amparo para evitar ser detenido y emitió un comunicado en el que rechazó haber realizadoacuerdos con Gobiernos estatales para transferir recursos federales a las campañas de su partido. Al mismo tiempo, y para tratar de desviar la atención, integrantes del PRI interpusieron ante la Fepade una denuncia en contra de Javier Corral por el presunto desvío de recursos a favor de la campaña de Anaya.

La revelación de que el PRI desviaba recursos estatales para financiar sus campañas ahondó el conflicto entre la Federación y Chihuahua, al grado de que, a comienzos de este año, Javier Corral denunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se había negado a entregar 700 millones de pesos de recursos extraordinarios, por lo que solicitó a Peña Nieto que rectificara la decisión y que diera curso a la solicitud de extradición de Duarte Jáquez. Luego de que el panista realizara su ‘Caravana por la dignidad’, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció un acuerdo para que la PGR solicitara la extradición de César Duarte, además de que el Gobierno estatal recibiría 900 millones de pesos de recursos federales.

El ‘carpetazo’

Pero la reconciliación no duraría mucho, pues la PGR determinó no ejercer acción penal en contra de Duarte Jáquez al considerar que no existían elementos para juzgarlo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario o defraudación fiscal. El gobernador chihuahuense aseguró que dicha determinación era “un mensaje a la sociedad, brutal: impunidad, exoneración, protección, para los pillos que pertenezcan al PRI; persecución política, uso faccioso de las instituciones PGR y Hacienda, en contra de opositores políticos al presidente de la República”.

Poco después, el juez federal Gerardo Moreno García determinó que el proceso penal contra Alejandro Gutiérrez fuese atraído por la Federación, argumentando que el Gobierno de Chihuahua no tenía competencia en los recursos desviados del ramo educativo. Asimismo, dio un plazo de cinco días a la Fiscalía de Chihuahua para que entregara la carpeta de investigación y las copias de la causa penal en contra del priista, advirtiendo que de no hacerlo se haría acreedora a una multa.

En entrevista, Corral comentó que “Chihuahua posee información privilegiada de la actuación de los Ministerios Públicos federales, de la PGR, que vienen actuando como coadyuvantes de la defensa. Están preocupados de que este asunto pueda tocar a otros actores políticos del país”.

Finalmente, luego de varias semanas en ‘stand by’, el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito ordenó poner a disposición de Moreno García el caso de Alejandro Gutiérrez y de los exdirectores de Adquisiciones y del DIF Estatal, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas, respectivamente.

Corral criticó que en cuestión de horas se haya listado, discutido y resuelto un caso que, dijo, comúnmente tarda entre seis meses y un año, y en un mensaje difundido en redes sociales convocó a una “asamblea informativa” que se realizaría el domingo 15 de abril en la Plaza del Ángel de Chihuahua, donde daría a conocer, dijo, “las medidas a tomar ante la abierta protección de Enrique Peña Nieto a César Duarte y sus cómplices”.

Responde Segob

Ante las declaraciones de Corral, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado para rechazar que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados por casos de corrupción durante la administración de César Duarte. “El gobernador Corral pretende falsamente imputar al presidente de la República conductas y acciones al margen de la ley. El hecho de que la resolución del Poder Judicial no satisfaga los deseos del gobernador no le da derecho a mentir ni a engañar a la sociedad”, y aseveró que sus declaraciones “ponen de manifiesto su desconocimiento” sobre los principios básicos en los que se sustenta el régimen jurídico-político en México.

De igual manera indicó que Corral “quizá no recuerda o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que, en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua, ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos y puso a disposición del juez local al supuesto principal probable responsable del delito”.

En entrevista posterior, el gobernador respondió a esto último asegurando que, aunque se contó con la colaboración de la Policía Federal durante la detención de Gutiérrez, “las altas esferas” no sabían quién era exactamente, “y cuando lo supieron, quisieron retenerlo. Lo voy a explicar cuando el secretario de Gobernación salga a dar respuesta… los policías federales sí sabían, los altos mandos no”, añadió.

“Les voy a contestar todo lo que nos pongan. Yo no me voy a parar, a mí no me van a amedrentar ni a intimidar por ninguna vía y eso deben tenerlo muy claro Navarrete Prida y Peña Nieto -si nos está oyendo-; no les tengo miedo. Todo es una operación para proteger al exgobernador. Tienen un año traduciendo las órdenes de aprehensión contra César Duarte”, sostuvo.

Protegidos del PRI

A pesar de que Duarte Jáquez tiene en contra 10 órdenes de aprehensión y tres solicitudes de extradición, continúa formando parte del Revolucionario Institucional, partido que desde el 21 de julio del 2016 tiene en sus manos una solicitud de expulsión. Este trato preferencial no ha pasado por alto incluso dentro del mismo partido, pues el consejero Armando Bajas Ruiz, quien presentó la solicitud de quitar los derechos partidistas a Duarte Jáquez, Duarte de Ochoa y Borge Angulo, ha expresado que hay anomalías dentro de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. “Pareciera que en el caso de César Duarte hay preferencias. La Comisión de Justicia no está haciendo su trabajo, pero, como partido, no podemos caer en el cinismo”, sentenció.

Y aunque Roberto Borge sigue preso en una cárcel del Estado de Morelos tras su extradición al país a principios de este año, acusado por la Federación de lavado de dinero y por el Gobierno de Quintana Roo de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública, fuentes acreditadas indican que podría quedar en libertad en los próximos meses debido a que varios de esos ilícitos ya prescribieron o fueron atraídos por los tribunales federales –aunque las autoridades estatales lo nieguen- y porque el Gobierno federal estaría negociando su salida para impedir que revele más datos que comprometan a funcionarios federales, pues la administración de Borge fue una de las que más dinero desvió para la campaña presidencial de Peña y para otras del PRI en todo el país.

Al igual que la de Duarte Jáquez, Duarte de Ochoa y Yarrington Ruvalcaba, la situación del exmandatario quintanarroense sería muy diferente de no haberse iniciado en el país un proceso de ‘alternancia’ que llevó al PAN a ocupar dichas gubernaturas e iniciar, con más ánimo revanchista y de propaganda que las ganas de hacer Justicia, investigaciones penales que derivaron en las detenciones que toda la opinión pública conoce y que han puesto a temblar, en efecto, a Peña Nieto, temeroso de que al término de su mandato otra alternancia en el poder lo convierta en vil carne de presidio, lo que podría ocurrir si su candidato presidencial, como todo indica, no lo releva en el poder y por lo que, como en el Estado de México, podría estarse fraguando otro golpe de Estado institucional con la complicidad de las autoridades electorales,que al fin y al cabo para él más vale que se suelte ‘el tigre’ y se incendie el país, que ir a parar ‘con sus chivas’ tras las rejas.

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