¿Parar la violencia, con una pastillita electoral?…

¿Parar la violencia, con una pastillita electoral?…

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Signos

La pregunta, imperiosa, rebota en el silencio, ominoso: ¿quién y cuándo va a frenar la violencia homicida y la inseguridad incontenibles que desangran y dejan mal heridas a ciudades turísticas que han sido tan importantes como Cancún y Playa del Carmen, y ahora también Tulum, un árbol que nació torcido y está siendo talado por el crimen, por la politiquería de pueblito rabón y por los gobiernos municipales enanos? Pero la respuesta es tan simple como descorazonadora: nadie, nunca, si junto a las soluciones contingentes y coyunturales que hacen falta, no se entienden y no se asumen ni se hace nada para empezar a atajar de inmediato y de una vez por todas las causas estructurales propiciatorias de todas las patologías –ambientales, sociales, culturales, urbanas y humanas- que se conjugan y se aglomeran en una desmesura poblacional incontinente, donde la miseria, la marginalidad, la criminalidad y las perversiones de todo tipo están ligadas a un expansionismo inversor y un desbocado despliegue inmobiliario –turístico, habitacional, comercial y de todo tipo- irracional e irresponsable, propiciado por la voracidad catastrófica de autoridades ilegítimas, ignorantes y ruines para las cuales el ejercicio público no sólo no es de interés público, sino sólo la oportunidad de hacer rápidos y sucios negocios y fortunas personales con el poder, y donde la naturaleza rapaz del poder es, por eso, el mayor de los males por erradicar.

La violencia no es una causa, sino una consecuencia. Combatirla como lo segundo es fortalecer los factores de su génesis, entre ellos la incapacidad para entenderla. Sin Logos ni concepto todo es lo que ha sido la lucha del Estado contra el crimen: palos de ciego y campañas falaces sostenidas en la demagogia. Quintana Roo y sus ciudades de mayor crecimiento tienen campeonatos universales de aberraciones humanas que manifiestan una ausencia profunda de solidaridad comunitaria, de valores esenciales de identidad, y de instituciones primarias de cohesión y defensa de los derechos y los principios éticos de los individuos, que favorece la debilidad y la derogación de todos los sistemas de organización social y política, que pervierte la democracia en formas fallidas de la misma, y que impide la promoción de una genética educativa y de una cultura del conocimiento, sobre las que debe fundarse una nueva civilidad política y ciudadana, y una nueva conciencia del servicio y el liderazgopúblicos que reduzcan la corrupción a niveles mínimos relativos y fomenten en su lugar las virtudes de la competitividad, la legitimidad y la representatividad en función de las aptitudes críticas de los electores.

El suicidio, el homicidio, las adicciones, los ataques sexuales, el vicio y la criminalidad infantil y juvenil, y todas sus condiciones asociadas –analfabetismo funcional, hacinamiento, incompetencia laboral, precarismo, pírrico desarrollo humano, improductividad, incapacidad profesional y humanística, etcétera-, no pueden producir sino un contexto de representatividad política y de institucionalidad administrativa que sólo ha de redundar en más derogación general: social, cultural, ambiental, etcétera.

Combatir la violencia criminal equivale a combatir del mismo modo el suicidio. Si se puede acabar con el mercado de las drogas, se puede acabar con las mafias que lo operan. Si se acaba con el crimen organizado, se acaba con el crimen común y viceversa. Si se formulan y se cumplen buenas políticas poblacionales y de sustentabilidad urbana y ambiental, se controlará la inmigración y la colonización irregular con todos sus perjuicios. Si se armoniza la demografía con la calidad inversora y la eficiencia fiscal, se reducirán los rezagos sociales, la desigualdad, el analfabetismo funcional, el fracaso educativo y laboral, y la injusticia. Pero, ¿se puede?

En este país se sigue creyendo o, peor, haciendo como que se cree, porque es fácil, que con nuevas leyes y nuevas instituciones se resuelven los males mayores, mientras la educación sigue siendo un cáncer y las elecciones siguen produciendo vileza política y vagancia representativa.

Se multiplican las fuerzas policiales y de seguridad, y se multiplican las ejecuciones y los cadáveres. Crecen los financiamientos partidistas y de la institucionalidad electoral y anticorrupción, y se reproducen las evidencias del tráfico de intereses y las subordinaciones al supremo poder. Se reforma el sistema de Justicia, y ese supremo poder salva a sus peores cómplices y criminales de ser castigados por la Justicia (Beto Borge y los Duarte, por ejemplo).

¿Se puede acabar con la delincuencia? Hágase un balance de los saldos democráticos posibles: cuántos liderazgos populares auténticos y solventes tomarán las grandes decisiones que vienen luego de las elecciones de julio. ¿Mara Lezama, Chanito Toledo o alguien como ellos tienen la medida de los problemas profundos y las decisiones estructurales, históricas, que requiere el reordenamiento sustentable de Cancún, las políticas poblacionales que le urgen, las disposiciones para limitar el precarismo y la marginalidad, y de ahí las enfermedades sociales de la incontinencia demográfica y la indigencia criminal?

¿Puede haber democracia efectiva y liderazgos eficaces contra las desmesuras patológicas provocadas por la ilegitimidad representativa y la bribonería institucional cifradas en la incivilidad masiva y el creciente analfabetismo funcional?…

Pues, bueno…

SM

estosdias@gmail.com

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