Peña no le debe favores y Eugenio Hernández no tiene salvación

Peña no le debe favores y Eugenio Hernández no tiene salvación

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Como en Quintana Roo, en Tamaulipas y en casi todos los Estados del país, los gobernadores de la era del ‘cambio democrático’ –en el tránsito de la gestiones presidenciales del priista Zedillo y los panistas Fox y Calderón- aprovecharon la caótica rebatinga pluralista por el poder y el vacío de autoridad en el Ejecutivo Federal para entronizar en su nombre y poner al servicio de sus intereses personales y de sus grupos económicos y políticos a los sucesores suyos más serviles e incompetentes que, al cabo, terminarían hundiendo a sus entidades –algunas con el más alto potencial productivo y la mayor viabilidad económica, como Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo- en los infiernos de la violencia y la corrupción, donde las mafias del poder público vendieron a las del crimen organizado el control institucional y la seguridad pública, y compartieron con ellas los negocios y los beneficios del ‘narco’ y de todas las empresas ilícitas posibles que fraguaron en esos entornos tan favorables al delito y la impunidad.

Y así se multiplicaron liderazgos gubernamentales tan perniciosos como los de Fidel Herrera y Javier Duarte en Veracruz, Joaquín Hendricks, Félix González y Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua, y Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre en Tamaulipas –promotores del vasto reino del terror impuesto por las bandas criminales más sanguinarias del mundo entero-, entre los más destacados rufianes al frente de las entidades que les fueron legadas con el visto bueno de una institucionalidad electoral elástica y fallida que lo permitió en nombre de las conquistas democráticas de México.

Y si bien su caso no es –por lo menos hasta hoy día- tan mediático como el de otros exgobernadores priistas puestos tras las rejas -o librados de ellas merced al pago de cuentas políticas pendientes por el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto, cual es el caso de César Duarte- como Javier Duarte y Roberto Borge (con procesos judiciales tan benignos y desproporcionados que saldrán libres luego de un lapso muy breve en presidio pese a sus desmesurados delitos), o como el de Tomás Yarrington (encarcelado en Estados Unidos por nexos con el ‘narco’), el del exmandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores (heredero de Yarrington y también protector y socio de narcos, como esperan la DEA y el FBI que su padrino político lo incrimine y complete las pruebas para procesarlo tras un largo periodo de investigación criminal), es otro claro ejemplo de cómo los mandatarios estatales del PRI ultrajaron a sus entidades y consiguieron, o están a punto de conseguirlo casi todos ellos, salir bien librados –en lo que a sus cargos en México se refiere- gracias a la subordinación y la complicidad del Poder Judicial de la Federación (donde la Suprema Corte hoy litiga, de manera por demás indecorosa, el mantenimiento de las onerosas prerrogativas de salario y prestaciones de sus ministros y magistrados, frente a las iniciativas parlamentarias y del presidente electo de la República de reducirlas a niveles de austeridad consecuentes con los valores profesionales del servicio público general de un país con severas limitaciones fiscales y afectado severamente por los excesos de una élite burocrática con ínfulas de merecimientos aristocráticos) con el Ejecutivo Federal.

SM

estosdias@gmail.com

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Durante el tiempo en que Eugenio Hernández ‘gobernó’, no sólo hizo nexos con los salvajes grupos delictivos que impusieron su ley en Tamaulipas y a quienes garantizó absoluta impunidad, como hizo su antecesor Yarrington y su sucesor Egidio Torre –investigado, asimismo, en los Estados Unidos-, sino también se dedicó a lavar dinero y a multiplicar su fortuna personal mediante la compraventa de inmuebles a través de varias empresas propiedad de Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como el ‘Rey de los Dragones’ –por tener la exclusividad en México de la máquina para pavimentar calles llamada ‘Dragón’, que rentaba a decenas de Ayuntamientos, incluido el que presidió Greg Sánchez en Benito Juárez-. Castillo Cervantes hizo negocios en su momento con algunos que fueron gobernadores, empezando por el citado ‘narco’ ahora preso en Estados Unidos,Tomás Yarrington; el de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat –excarcelado el año pasado-,y los coahuilenses Humberto Moreira -a quien Peña ayudó a salir de España, en donde fue detenido en 2016 tras ser acusado de malversación de recursos y lavado de dinero-, y Enrique Martínez y Martínez -hoy embajador en Cuba-. Hernández Flores cumple este 6 de octubre un año de haber sido detenido por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, y desde entonces ha logrado evitar la extradición a los Estados Unidos, donde es acusado de peculado y lavado de dinero del narcotráfico, delitos por los que podría enfrentar condenas de hasta 25 años de cárcel y muchos miles de dólares en multas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con Borge y los Duarte, quienes hasta el momento han hecho gala del apoyo que tienen del Gobierno federal –gracias a que la Procuraduría General de la República y tribunales federales atrajeron sus casos antes de que las Fiscalías y estrados locales de sus respectivas entidades actuaran y pudieran vincularlos con los graves casos de corrupción de la administración peñista-, Hernández Flores, luego de haber sido exonerado de cargos federales por la PGR y de recuperar diez propiedades mal habidas, está siendo juzgado, empero, en su Estado natal, donde son pocas las posibilidades de que salga libre, puesto que a él ya no le debe favores políticos el Gobierno peñista ni cuenta, por tanto, con el amparo de la Justicia federal, y el pasado 4 de este mes fue vinculado a proceso por su participación en el delito de enriquecimiento ilícito, luego de una investigación efectuada por autoridades de la Secretaría estatal de Finanzas del Gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La justicia en México contra la corrupción pública responde a decisiones políticas, y ahora toca el turno al priista exgobernador tamaulipeco Eugenio Hernández, preso en ciudad victoria por enriquecimiento ilícito y acusado en Estados Unidos de ‘narco’, como su antecesor Tomás Yarrington, y sin ser amparado por el presidente Peña y sus cómplices del poder judicial federal puesto que a él ya no le debe favores políticos como a Borge y los Duarte

Javier Ramírez

Fue el 6 de octubre del año pasado cuando la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ordenó la detención del exgobernador de esa entidad, Eugenio Hernández Flores, por los delitos de peculado y lavado de dinero, luego de que en contubernio con prestanombres y excolaboradores de su administración adquiriera un terreno propiedad del Gobierno estatal, valuado en mil 584 millones de pesos, en sólo 16 millones. Tras un cateo a una de sus propiedades, seis días después el juez Segundo Penal de Ciudad Victoria le dictó auto de formal prisión, por lo que desde entonces permanece preso en el Centro de Ejecuciones de Sanciones (Cedes) de esa ciudad.

En 2015, la Interpol emitió una ‘Ficha roja’ en su contra por ‘blanquear’ al menos 30 millones de dólares durante su mandato, por lo que el Gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición, y aunque hasta el momento ha conseguido librarla, en Tamaulipas fue finalmente vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito. Ahora las autoridades de ese Estado tienen tres meses para reunir y presentar las pruebas necesarias para respaldar las imputaciones, y para entonces y a diferencias de sus excolegas criminales de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, ya no tendrá de su lado a la PGR y a los tribunales federales subordinados a una Presidencia de la República priista para que metan las manos por él.

Gobernador del ‘narco’

La carrera de Eugenio Hernández inició en 1999, cuando el PRI lo designó como coordinador estatal de campaña del entonces candidato presidencial –finalmente perdedor- Francisco Labastida Ochoa. Al año siguiente obtuvo la diputación federal, pero la dejó en cuestión de meses para buscar la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, cargo que asumiría en 2001. Cuatro años después buscaría y ganaría la gubernatura.

Durante su administración, siguió los pasos de su antecesor y padrino político, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien desde que fue alcalde de Matamoros vinculó su proyecto de poder a los negocios del Cártel del Golfo, mismo que en gran medidafinanció su campaña ganadora a la gubernatura y al que, en consecuencia, permitió el libre paso de la droga proveniente de Veracruz y el control de las principales instituciones de seguridad del Estado y de los Municipios subordinados a él

Con Hernández,el narcotráfico y la violenciase expandieron por toda la entidad sin el más leve obstáculo de su parte y de su Gobierno, mientras él recibió millones de dólares del Cártel del Golfo y luego de Los Zetas, lo que llamó la atención de las autoridades estadounidenses, quienes interceptaron sus llamadas, mensajes y correos electrónicos. Así se supo de los sobornos que recibía del crimen organizado y de los grandes contratos de obra pública con una constructora que tenía en sociedad con quien sería el siguiente mandatario de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, también investigado en los Estados Unidos.

Ante tan serias acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló en 2012 las cuentas de Hernández, pero un juez federal le otorgó un amparo que le permitió mover su dinero y sacarlo del país. La PGR, por su parte, dio ‘carpetazo’ a la averiguación que tenía en su contra y le devolvió 10 propiedades que le habían sido incautadas.

Los nexos con el ‘Rey de los Dragones’

A mediados de 2017 salió a la luz pública una red de corrupción que involucraba a cinco exgobernadores y a funcionarios y exfuncionarios públicos con el llamado ‘Rey de los Dragones’, el empresario tamaulipeco Luis Carlos Castillo Cervantes, quien se hizo millonario gracias a que obtuvo la exclusividad sobre la renta y venta en México de una maquinaria que recicla asfalto y reencarpeta tramos carreteros, así como por concretar una alianza con la empresa Cutler Repaving Inc., líder mundial en el ramo.

Gracias al poder que tenía, financió las campañas de políticos de todos los partidos, principalmente del Revolucionario Institucional, como Humberto Moreira, a quien habría financiado para lograr la gubernatura de Coahuila.

En elcurso de varios sexenios, tejió una red de empresas y cuentas fantasmas –que dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no son delitos graves, por lo cual el presidente electo y las mayorías de su partido en el Congreso de la Unión quieren que lo sean mediante nuevas reformas penales- con las que realizaba convenios de compraventa con al menos cinco gobernadores de ese entonces, incluidos Humberto Moreira y Jorge Juan Torres López, de Coahuila; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; y Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas.

Para ello contó con la ayuda de varias empresas estadounidenses que buscaron blindar los rastros de sus sobornos en cuentas de los ahora exgobernadores, así como el depósito y retiro de recursos públicos en las cuentas de los mismos. Así, el dinero que recibía Castillo Cervantes de los Gobiernos estatales por los trabajos de asfaltado que realizaba era depositado a una cuenta en Estados Unidos vinculada a la empresa Rodmax, de la que posteriormente era enviado a cuentas fantasma abiertas en JP Morgan Chase Bank.

Una investigación posterior detalló que Castillo entregó por medio de Rodmax al menos 730 mil dólares a Moreira a través de su cuenta en International Bank, el equivalente a siete veces el sueldo que su sucesor interino, Jorge Torres López, recibía en un año como gobernador.

La operación en Tamaulipas

El empresario repitió el esquema con el entonces gobernador Eugenio Hernández, cuyo cuñado, Óscar Gómez Guerra, fue varias veces el principal prestanombres para la apertura de cuentas y la compra de propiedades.

Tras su detención en Estados Unidos el año pasado, Castillo Cervantes relató que sobornaba a Hernández a cambio de contratos de pavimentación a precios inflados respecto a los costos promedio del mercado, cuyas ganancias eran repartidas entre ambos.

Hernándezabrió cuentas en International Bank a nombre de empresas fantasma, en las que no sólo se depositaba el dinero que el empresario le pagaba como sobornos, sino también para lavar alrededor de 30 millones de pesos a través de varios esquemas fraudulentos.

Un reportaje de la página Eje Central destaca que en esta trama también figuró el empresario coahuilense Guillermo Flores Cordero, el cual utilizó tres empresas fantasma para lavar 31 millones de pesos procedentes de fondos públicos de Tamaulipas, por medio de depósitos a cuentas de Flores Cordero y de su esposa, alojadas en los bancos estadounidenses International Bank y Wells Fargo Bank.

Flores Cordero, quien fue arrestado en 2013 bajo cargos de lavado de dinero y uso indebido de recursos, ‘blanqueó’ recursos a través de movimientos interbancarios, compró inmuebles en Estados Unidos y ocultó la identidad de sus propietarios, entre éstos Elsa Hernández, hermana de Eugenio, a través de la emisión de certificados de depósitos.

La detención

El breve arresto de Castillo Cervantes en Estados Unidos (fue liberado en junio pasado luego de que el Gobierno de Estados Unidos le decomisó cinco millones de dólares, un avión, automóviles, centenarios y diamantes) aceleró las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas había iniciado hace varios años contra Hernández, por lo que finalmente en octubre pasado le cumplimentó orden de aprehensión por los delitos de peculado y lavado de dinero.

Esta investigación sacó a la luz nombres de otros prestanombres, como Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A. de C.V, de Altamira, con la que en 2007 Hernández compró por 16 millones de pesos un terreno de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira, que es patrimonio del Estado, y cuyo valor real era de 866 millones de pesos.

Según precisó en su momento la Procuraduría, en la operación de compraventa también participó la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, prestanombres de Tomás Yarrington.

En su declaración preparatoria en el Cedes de Ciudad Victoria, Hernández negó ser responsable de la imputación y su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para aportar las pruebas que desacreditaran los señalamientos. Pero seis días después el juez Segundo Penal le dictó finalmente el auto de formal prisión.

Pero la Justicia de Estados Unidos también ha solicitado su detención, luego de que investigaciones de la Corte del Distrito Sur de Texas lo acusaron de encabezar una red criminal que ‘lavó’ al menos 30 millones de dólares durante su administración. Por esta acusación, enfrentaría una condena de hasta 25 años de cárcel y 750 mil dólares de multa.

Aunque en marzo de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que había concedido su extradición al Gobierno de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, en mayo el juez Primero de Distrito en Tamaulipas admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el exgobernador y concedió la suspensión de plano contra el acuerdo que autoriza la extradición. Es decir: al exgobernador quintanarroense Mario Villanueva no le suspendieron la extradición que sí aceptó el juez de la causa del exgobernador Eugenio Hernández.

Sin embargo, en septiembre pasado, la nueva Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas consiguió imputarle dos nuevas acusaciones, ahora por enriquecimiento ilícito y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Finalmente, el pasado 4 de octubre, y luego de una audiencia de más de 14 horas, el juez de Control consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas eran suficientes para iniciar un proceso penal contra el exgobernador, por el delito de enriquecimiento ilícito, estimado en más de 40 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, de 2000 a 2010, Hernández Flores sumó 13 millones 328 mil 675 pesos provenientes de sus salarios y compensaciones por ser diputado federal, alcalde de Ciudad Victoria y gobernador. Pero al revisar su patrimonio legal se descubrió que asciende cuando menos a 54 millones 306 mil 469 pesos en dicho periodo, una diferencia de más de 40 millones de pesos que no corresponden a la comprobación de sus ingresos y egresos.

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