Peña salva a Borge y a Duarte, y acaso acabe peor...

Peña salva a Borge y a Duarte, y acaso acabe peor que ellos

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Signos

Hemos llegado a un grado de arbitrariedad intolerable, diría José Arcadio.

Ya no hay reserva ninguna de pudor político.

Si los peores tiempos del país son los de la democracia nacida con el milenio -y en menos de dos décadas hemos pulverizado la prosperidad y el prestigio mexicanos de los mejores años del autoritarismo, cuando el entorno internacional era de satrapías, discriminación y coloniaje-, las instituciones democráticas no están funcionando y están sirviendo sólo a los grupos más nocivos del país, empezando por la institución presidencial y la cínica mafia de su entorno.

De la manera más lépera y grotesca, la Presidencia de Peña se burla de los mandamientos constitucionales de la República que más debiera defender y hacer valer, como los de la separación de Poderes, condición primaria de soberanía y garantía de justicia en una verdadera democracia.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ha denunciado el sucio y vil maniobreo que está operando el Poder Judicial de la Federación en favor de los delincuentes presos Alejandro Gutiérrez, Enrique Tarín y Gerardo Villegas, funcionarios esenciales en la administración del hoy exgobernador prófugo César Duarte, y cómplices suyos en los multimillonarios negocios de poder promovidos por éste y en el colosal desfalco al erario estatal con que financiaron a su partido, el PRI, y a algunos de sus candidatos, en los niveles local y nacional, y con lo que se granjearon la venia presidencial para robarse cuanto pudieron y hundir a su entidad en una deuda y un déficit públicos tan astronómicos como los más graves e imperdonables en la historia de México, y cuyo fraude monumental incluye la fundación misma de un banco -sí, una institución financiera- particular, de su propiedad, con los recursos públicos robados.

Tal sucio manoseo del supremo mandato político y de la ley -o el sometimiento maloliente de la Justicia a los vergonzantes y punitivos intereses del Ejecutivo Federal-, en la era de la naciente democracia mexicana, es la más objetiva y oprobiosa evidencia de la descomposición extrema del Estado de Derecho, y de que la creación de vastas estructuras burocráticas para la transparencia, la limpieza electoral y contra la corrupción, no sólo son inútiles e incapaces de contrarrestarla, sino que el caudal presupuestario que se despilfarra en ellas sólo contribuye a degradar las finanzas, la calidad ética y el servicio social de las instituciones nacionales.

Porque la perfidia democrática ha puesto al Estado mexicano en su circunstancia más catastrófica, vulnerable y de inminente quiebra. Y, por esa vía, por supuesto, ni remotamente puede nadie imaginarse en su sano juicio, que el pobre candidato presidencial priista, José Antonio Meade, tenga alguna oportunidad en las elecciones federales del próximo julio, a menos que así como están torciendo de manera tan burda y descarada la ley penal en el caso de Chihuahua -y de Quintana Roo, con Roberto Borge, como está quedando también tan claro-, se atrevan a hacerlo con la ley y la institucionalidad electoral, cuya autonomía cuenta tanto para Peña como la de todo el Poder Judicial federal.

La elección pasada en el Estado de México fue un golpe de Estado con la legitimación inequívoca de la norma y las instituciones electorales. Y los casos de Chihuahua y Quintana Roo (del Duarte veracruzano no se sabe nada, pero es posible que ande en la misma juerga), donde delincuentes como los exgobernadores César Duarte y Roberto Borge están en camino de ser exonerados y quedar impunes con sus bandas de cómplices y testaferros, pueden ser un muestreo previsible de que la elección presidencial que viene acaso sea otro golpe de Estado. Porque el vertedero en que el Gobierno de Peña y sus cómplices del Poder Judicial de la Federación están convirtiendo la Justicia -con el gran servicio instrumental del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio- no augura nada bueno. El presidente podría terminar como expresidente presidiario, y podría preferir un golpe electoral de Estado, como el del Estado de México, que verse en el espejo de algunos consentidos correligionarios y excorreligionarios suyos, como los exgobernadores Duarte y Borge, hoy día a punto de librar el ‘bote’, el primero, o de salir de él, el segundo.

Peña pudo imponer un día nada más y nada menos que como ministro de la Suprema Corte y con la silente y canallesca colaboración de los perredistas (la ‘izquierdista’ senadora Luz María Beristáin, por cierto, de Quintana Roo, se ausentó ese día para que se consumara el siniestro mediante la omisión de los votos necesarios para impedirlo), a un incondicional empleado suyo, Eduardo Medina Mora, que en sus días de procurador general de la República montó un circo para encarcelar a una pandilla de policías y funcionarios ministeriales del Gobierno federal pertenecientes al ‘narco'(le llamó ‘Operación limpieza’) que al cabo salieron todos libres, cual era la idea de integrar mal los expedientes procesales para que la apelación al ‘debido proceso’ completara la función frente a las narices mismas de la DEA, que los quería a todos en los tribunales americanos para que les contaran allá los nexos del Gobierno mexicano y las mafias.

Hoy día, el inefable Peña vuelve a meter las manos para que los jueces federales más a modo que han sido elegidos para el efecto, aligeren en tiempo récord y sin siquiera guardar las formas del tiempo necesario para hacerlo, las cargas delictivas que pesan sobre tres delincuentes de alto rango que formaron parte del equipo de forajidos del Gobierno del ahora prófugo exgobernador chihuahuense César Duarte, como lo ha denunciado y lo sigue denunciando a grito abierto el actual mandatario del entidad norteña, Javier Corral, lo que anticipa, como el propio Corral Jurado advierte, el cierre de la causa penal contra su predecesor prófugo y al amparo del supremo poder de la nación.

Es el mismo caso de Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, que en meses más-meses menos quedará libre como el viento gracias al mismo tipo de arreglo judicial de la Presidencia de la República con los tribunales federales que se encargan de resolver su proceso.

Hay una deuda de por medio: Duarte y Borge arrimaron cerros de recursos mal habidos del erario a la campaña presidencial de Peña y a otras cuyas elecciones había que ganar a toda costa, y Peña los dejó malversar para ello y para sí cuanto pudieron, y, ahora, luego de procesos penales-ficción y para engañar incautos -en un pueblo donde el poder político no enseña a respetar la ley sino a violarla como premisa de éxito-, tuerce la norma para dejarlos libres, como ha de ser también, seguramente, el caso del Duarte veracruzano.

En Chihuahua, Javier Corral no está dispuesto a que el crimen presidencial se consume como escarnio contra su Estado y sus ciudadanos sin alzar la voz de su soberanía republicana. Y, aquí, en Quintana Roo, esperaríamos, también, que la inminente libertad de Roberto Borge Angulo no fuera, asimismo, esa burla presidencial que está en proceso de consumarse, y que el intento se protestara con la misma energía que la del Gobierno panista de Chihuahua.

Y en el colmo de las perversidades presidenciales y del sometimiento a ellas de la institucionalidad que debiera ser autónoma, el vasto aparato de la transparencia electoral también enseña el cobre de su dependencia política y de la insolvencia ética de su autoridad, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autoriza la participación en los comicios federales venideros del candidato ‘independiente’a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, a pesar de todas las irregularidades conocidas en la inscripción de su candidatura, y sin más objetivo lógico que minar en lo posible la avanzada triunfal de López Obrador.

Porque, insistimos, Peña se siente acorralado y sin futuro. Y prefiere que el ‘tigre’ postelectoral despedace lo que queda de gobernabilidad y de orden público y hacer ganar a toda costa a su candidato presidencial, que ir a la cárcel. Sabe que si gana Anaya o López Obrador podría no haber lugar en el mundo donde esconderse.A diferencia de Carlos Salinas de Gortari –a quien sí lo quería el grupo de poder al que enriqueció a costa de la nación como nadie, nunca, a ningún otro grupo empresarial y político en el mundo ha enriquecido del mismo modo-, a Peña no lo quiere nadie. Porque éste no hizo negocios con grupos de poder, sino con empresarios del lumpen criminal que sólo han sabido hacer dinero como intermediarios y prestanombres.

Una de las grandes banderas de campaña contra el PRI debiera ser -más allá del PAN y de los Gobiernos panistas, y del partidismo y las militancias opositoras al PRI (bueno: militancias no, porque se han acabado ya las militancias en la hora del oportunismo democrático)- la de la furia censora contra el impudor peñista que defiende, con el insalubre alcahueteo del Poder Judicial, a sus iguales Duarte y Borge, que, gracias a él y a su poder de Estado, están ganando la batalla contra la justicia y, más pronto que tarde, estarán disfrutando del vasto imperio de riqueza que hizo para ellos su paso de rufianes por el ‘servicio público’ mexicano.

SM

estosdias@gmail.com

 

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