“Prospera” marcha hacia el 2018

“Prospera” marcha hacia el 2018

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Desde que la Secretaría de Desarrollo Social -la Sedesol, o sus equivalentes- existe, los presidentes de la República, los titulares y delegados de la dependencia, los gobernadores y alcaldes del partido en el poder presidencial, han usado con fines electorales y en absoluta flagrancia de la ley, los programas y los cuantiosos recursos presupuestarios de la Secretaría destinados a combatir la pobreza y la precariedad de los sectores populares más vulnerables y dependientes de la asistencia del Estado. La Sedesol es el sector representativo por excelencia de lo que ha quedado de la herencia ideológica de la justicia social del Estado de la Revolución Mexicana, que el neoliberalismo que transformó al PRI en los ochenta en un partido sólo de los grupos oligárquicos privilegiados del entorno presidencial redujo a un mero asistencialismo populista y clientelar, y a sólo un ámbito institucional de la administración pública, cuyo financiamiento serviría más que nada para manipular la necesidad de los destinatarios y beneficiarios de los recursos de la ‘caridad’ oficial –mediante programas como “Solidaridad”, “Oportunidades”, “Prospera”, “Cruzada Nacional contra el Hambre” o “Sin Hambre” (fracasos rotundos estos últimos de la demagogia peñista), y otros- y estimularlos, con esas dádivas, a respaldar electoralmente a los candidatos, propios o aliados, del partido del Gobierno federal en turno. Se trata, desde luego, de una consistente y aberrante práctica ‘política’ que ha podido pasar, casi siempre sin ser vista –según parece-, delante de los ojos fiscalizadores de toda la costosa institucionalidad electoral ‘autónoma’ y de toda la también autónoma, masiva, diversa y muy costosa burocracia para la transparencia y contra la corrupción, que la derecha panista ‘del cambio’, de la primera alternancia presidencial, no cambió en nada, porque más allá del nombre mantuvo intacto el sentido electorero de los programas de la Sedesol. Esos programas asistencialistas le otorgan -a través de sus representaciones en los Estados y los Municipios- al Gobierno federal y a su partido, la información completa y pormenorizada de todos los electores de los masivos núcleos populares de la pobreza y el hambre registrados en sus ‘nóminas’ o padrones, entre los cuales pueden identificar a los más dóciles, urgidos e influenciables; y les otorgan, por supuesto, la disponibilidad discrecional de los recursos del erario para comprar su voto o para condicionar la ‘ayuda’ –‘del Gobierno federal y su partido’- a esa prioridad. Es el clientelismo electoral institucionalizado por el neoliberalismo, que se ha seguido de largo y por encima de las alternancias democráticas de ida y de regreso, de la herencia revolucionaria tricolor a las gestiones presidenciales opositoras que prometieron desterrar tan abrumadoras y elocuentes formas de la corrupción pública, y no han hecho sino reforzarlas y servirse de ellas. Quintana Roo, donde el PRI perdió por primera vez la gubernatura en las pasadas elecciones -pese a haber usado sin el menor recato y con el más denodado empeño de un delegado federal de las más íntimas confianzas del gobernador de entonces, ese modelo delictivo de financiamiento con ‘dinero negro’ para su candidato-; Quintana Roo no es sino un ejemplo más de la comisión artera de ese descomunal y recurrente delito. Más de 800 millones de pesos anuales se ejercen a través de “Prospera” –el programa eje de la Sedesol- para repartir entre un ejército del orden de los 80 mil ciudadanos, muchos de ellos dispuestos a vender su voluntad electora por un apoyo de mil pesos mensuales, aunque muchos otros, claro, cada vez más, sólo toman el dinero de la dádiva y le dan ‘atole con el dedo’ a los ya muy bien identificados compradores de conciencias, como quedó de manifiesto en los comicios de junio en la entidad igual que en muchas otras. Y con el actual titular federal de la Sedesol, Luis Miranda, compadre del repudiado presidente de la República y fracasado negociador desde Gobernación -donde era subsecretario- con la disidencia magisterial, no se augura mayor éxito electoral para el PRI mediante el derroche del erario federal en el asistencialismo electorero. Parece que el pésimo espíritu ético y político de esa gente del partido y del poder presidencial ya no se recupera de la condena popular ‘ni yendo a bailar a Chalma’, como se decía antes.

“PROSPERA”: UN DERROCHE ELECTORERO INSTITUCIONALIZADO QUE SE AVITUALLA PARA EL 2018, AUNQUE CON PEORES PERSPECTIVAS QUE LAS DE LAS ELECCIONES DEL PASADO JUNIO

Emmanuel Martínez

La coordinadora nacional del programa “Prospera”, Paula Hernández Olmos, está utilizando la dependencia federal a la que pertenece, la Sedesol –sin preocuparse ‘del qué dirán’ ni de las huellas de manos sucias que pudieran ser rastreadas por las casi siempre omisas instituciones electorales y anticorrupción, por lo que acaso se preocupe menos y se afane más en su cometido- para favorecer al Partido Revolucionario Institucional en las próximas elecciones del 2018, utilizando tanto los recursos como el Padrón de Beneficiarios de dicho programa con fines electorales.

Paula Hernández
Paula Hernández

Nada nuevo. Lo sabe el mundo entero: el asistencialismo federal de los programas sociales tiene una etiqueta electoral indeleble e inocultable, y Paula Hernández tiene experiencia de sobra en esos trinquetes delictivos de los que siempre ha salido indemne: con un costal de denuncias y pruebas de corrupción a cuestas y por delitos electorales, pero sin una sola sentencia condenatoria de los tribunales.

Tan sólo en Quintana Roo, “Prospera” entrega al año más de 800 millones de pesos a casi 80 mil afiliados a ese programa federal, lo que representa un 10 por ciento del padrón electoral del Estado, pero un 40 por ciento de la gente que acude a votar en cada elección.

Y dentro de la dinámica electoral de la que es especialista, Hernández Olmos está tejiendo una red de corrupción e influencia con los jefes del área de Fortalecimiento Comunitario, dejándolos a cargo del programa en los Estados donde no hay delegados del mismo.

Estos funcionarios, arropados por la coordinadora nacional, además de tener el control del Padrón de Beneficiarios son el enlace con las llamadas (son mujeres) “Vocales de los Comités de Promoción Comunitaria”, representantes de cada comunidad y encargadas de acercar la información del programa a sus grupos de beneficiarios.

En el caso de Quintana Roo, tras la renuncia de Mariano Angulo Alamilla el pasado 31 de enero a la delegación de “Prospera”, Hernández Olmos impuso como encargado a Christian David Briceño, precisamente uno de los ya mencionados jefes de Fortalecimiento Comunitario.

Christian David, priista y ahijado de bodas de la diputada federal Arlet Mólgora, fue denunciado en las pasadas elecciones por aprovechar su influencia con las mujeres vocales y la información que posee del padrón de afiliados para apoyar en ese entonces a los candidatos –al Ayuntamiento de Othón P. Blanco y al Gobierno estatal, que a la postre resultaron perdedores- Arlet Mólgora y Mauricio Góngora.

Y planea hacer lo mismo para el proceso electoral del 2018, y acaso con más desastrosos resultados. Esas faenas de inaudita corrupción son las que han hundido en los pantanos de la impopularidad a su partido.

El clientelismo institucional

Originaria de Hidalgo y cercana al grupo del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Paula Angélica Hernández Olmos ya había sido acusada de usar recursos públicos para favorecer candidatos del PRI en los procesos electorales, desde que fue nombrada Coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”, a mediados del 2012, en la Presidencia panista de Felipe Calderón, casi inmediatamente después de que concluyera su periodo como diputada en la LXL Legislatura federal.

Su nombre figuró en la lista de implicados por utilizar el Padrón de Beneficiarios, fondos y recursos federales, para promover candidatos del Revolucionario Institucional en Veracruz para las elecciones locales del 2013, delito en el que también estuvo involucrado el exgobernador y hoy prófugo de la Justicia, Javier Duarte.

Sin embargo y cobijada por su madrina política, Rosario Robles -entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social y hoy de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; socia política del exgobernador y senador quintanarroense, Félix González Canto, y también madrina política del exalcalde de Cozumel, Fredy Marrufo, a quien acaba de nombrar delegado de la Sedatu en Quintana Roo, donde se ‘perdieron’, por cierto, 800 millones de pesos destinados al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (que fue donde ‘desaparecieron’, de hecho) durante la pasada administración del mismo, y que debieron haberse invertido para la promoción oficial de la Sedatu-, Hernández Olmos logró salvar las acusaciones que se presentaron en su contra. En septiembre de 2014 fue nombrada Coordinadora Nacional de “Prospera”.

Hacia las elecciones del 2015 fue acusada de nuevo por los partidos PAN, PRD y Morena de utilizar el programa a su cargo con el objetivo de influir en los comicios de Baja California, Campeche, Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Yucatán.

Y de nueva cuenta logró evadir todas las imputaciones electorales en su contra y la inminente acción de la Justicia, pues a pesar de que se presentaron como pruebas los videos de vocales y promotores de “Prospera” condicionando la afiliación y entrega de apoyos a cambio del voto de los beneficiarios, incluso con amenazas de sacarlos del padrón, los delitos fueron adjudicados a los trabajadores, deslindándose a los funcionarios de alto nivel de todo cargo de complicidad, autoría intelectual y demás agravios ciertos y punibles.

El ejército electoral de “Prospera”

Para el siguiente año se repetiría la historia. En Quintana Roo el principal operador identificado de “Prospera” es Christian David Briceño, quien desde el 2014 funge como jefe de Fortalecimiento Comunitario del mismo. De filiación priista y ahijado de Arlet Mólgora, Briceño presentó su renuncia a la representación de “Prospera” a principios del 2016, poco antes de que iniciara el proceso electoral, a fin de integrarse a las campañas priistas de la Zona Sur del Estado.

Christian Briceño
Christian Briceño

Para ese entonces, varias vocales de “Prospera” denunciaron ante la oficina de Enlace Municipal de la Sedesol en Chetumal, que David Briceño entregó la información del Padrón de Beneficiarios del programa a los encargados de trabajar la “estructura electoral” de la candidata priista al Ayuntamiento de la capital de Quintana Roo, Arlet Mólgora.

Argumentaron su acusación en el hecho de que en menos de una semana, justo después de que iniciaran las campañas, la gran mayoría de los 45 mil afiliados del programa en la Zona Sur del Estado fueron visitados por emisarios de los candidatos priistas para promocionar su imagen. Incluso se les amenazó con ser dados de baja del programa si se negaban a votar por el PRI.

“A nosotras también trataron de intimidarnos”, dice una de las vocales consultadas por este semanario, quien prefiere omitir su nombre por temor a represalias. “De repente llegaban dos o tres personas con las camisas del PRI a nuestras casas, preguntando por nosotras. Nos decían que teníamos que apoyar a sus candidatos, y a cambio seríamos las primeras en tener acceso a los apoyos de programas como “Piso Firme” y otros de la Sedesol. Pero si no aceptábamos, ellos se encargarían de quitarnos del Padrón”.

La mujer relata que no se le dio entrada a ninguna de sus denuncias. En la Sedesol “Nos dijeron que tomarían cartas en el asunto, que no nos preocupáramos. No nos pidieron ni el nombre ni las características de quienes nos fueron a amenazar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no nos harían caso”, dice.

Y es que los programas fundamentales de la Sedesol, de “Solidaridad” a “Oportunidades” a “Prospera”, son los perfectos ejemplos del clientelismo electoral institucionalizado: permiten tener una base de datos completa de los sectores más vulnerables (y por tanto más manipulables para ser ‘orientados’ a votar por un determinado partido), así como la posibilidad de condicionarlos por un medio positivo (prometiendo disfrutar de los apoyos a cambio de su voto) o negativo (condicionándolos con que si no lo hacen, perderán todo beneficio).

Estosdías presentó una solicitud a través del Instituto de Transparencia para conocer el padrón y la cantidad de recursos que maneja “Prospera” en Quintana Roo cada año. Nos fue negada, sobre el argumento retórico de que al incluir datos personales se estaría violando la privacidad de las personas afiliadas, aunque no se entiende qué es lo que entiende esa autoridad anticorrupción por “privacidad”, si se trata no más que de recursos públicos destinados a particulares sin más finalidad –por lo menos formal- que la de socorrer su pobreza; ¿qué peor cosa que esa pobreza pudiera revelar la información demandada?

(Por eso esa institucionalidad tan burocrática y tan costosa es más un problema que una alternativa contra la corrupción. Sirve más para ocultar y encubrir con el formalismo de lo políticamente correcto que para transparentar la verdad de los hechos. Por eso difícilmente se consigna y se procesa penalmente a los delincuentes del poder público. Por eso la corrupción se multiplica en lugar de ceder, y tan dispendiosos financiamientos millonarios para la institucionalidad fiscalizadora autónoma del uso de los recursos del erario, son eso: dispendiosos. Casi nunca se pone a nadie tras las rejas con la información para la transparencia. Y por eso los delincuentes electorales y los saqueadores del erario pueden seguir en activo asaltando las arcas y los bienes del Estado. Por eso tanto ‘dinero negro’ del tesoro público es desviado al financiamiento de candidatos y partidos a través de los Gobiernos de todos los niveles y es tan difícil rastrearlo y ponerlo como prueba en los tribunales. La institucionalidad para la transparencia parece, por eso, confeccionada por la delincuencia política parlamentaria para encubrir a toda la comunidad identificada con ella.)

Sin embargo, trabajadores de la propia Delegación de la Sedesol proporcionaron la información: anualmente “Prospera” reparte 855 millones 922 mil 688 pesos entre 86 mil 267 afiliados al programa federal; un promedio de 9 mil 880 pesos por persona al año.

Hasta las pasadas elecciones del 2016, “Prospera” –dentro de la Sedesol- era la representación federal más eficiente en el Estado en el cumplimiento de sus objetivos electorales: prácticamente el 90 por ciento de las personas inscritas en el Padrón de Beneficiarios votaba por los candidatos que las vocales, como promotoras del sufragio, les imponían, siempre bajo la tutela de los jefes del área de Fortalecimiento Comunitario, lo que representaba 25 por ciento de los votantes en cada elección, que hasta el 2006 eran en promedio 360 mil en toda la entidad.

En las zonas Sur y Centro, el Padrón de Beneficiarios de “Prospera” se convierte en una ‘nómina’ de casi 50 mil votantes en cada proceso electoral, suficiente para inclinar la balanza hacia un candidato u otro, teniendo en cuenta que en estas regiones el abstencionismo era demasiado elevado (de casi el 60 por ciento) y apenas se registraban 80 mil votos en total.

Al menos así sucedía… hasta el parteaguas de las elecciones del 2016, cuando las expectativas generadas por la coalición UNE (Una Nueva Esperanza, del PAN y el PRD), encabezada por el ahora gobernador Carlos Joaquín, así como el sentimiento de hartazgo producido por la anterior administración estatal y la federal actual, ocasionaron una mayor afluencia a las urnas, reduciendo la influencia de los votantes inducidos por las vocales de “Prospera”.

Sin embargo, y debido a la demora en el cumplimiento de las expectativas de un sector de los electores respecto del castigo esperado para el exgobernador Roberto Borge y para quienes fueron sus colaboradores más rapaces y mejor identificados como tales, se advierte una posible contracción en la tendencia del sufragio de esos grupos hacia los partidos ganadores de la gubernatura, para las elecciones del 2018, un terreno en el que pueden arar de nueva cuenta y con mayor éxito los operadores electorales de “Prospera, porque hacia él se fue una buena parte del ejército de votantes del padrón de afiliados del programa.

Christian Briceño, de los certámenes de belleza a encargado estatal de “Prospera”

Luego de la derrota de los candidatos del PRI en el proceso electoral del 2016, a Christian Briceño le fue devuelto casi de inmediato su lugar como jefe de Fortalecimiento Comunitario o de operaciones electorales estatales de la Sedesol.

Luego de que Mariano Angulo Alamilla presentara su renuncia como jefe estatal de “Prospera” el pasado 31 de mayo, Briceño fue designado como “encargado” del mismo, aunque sin renunciar como jefe de Fortalecimiento Comunitario.

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Desde entonces, se ha ocupado en amedrentar al personal que no manifiesta expresamente su militancia como soldado electoral de “Prospera”, o que se ha atrevido a denunciarlo como virtual ‘mapache’ priista incrustado -con licencia de facto para el efecto- en la Sedesol.

Sólo por citar un ejemplo: los contratos deben ser renovados los días primero de cada mes. Sin embargo, los propios trabajadores revelan que pueden pasar hasta 20 días para que les entreguen sus contratos mensuales, por lo que siempre están en la incertidumbre de si continuarán en su puesto. Todo depende de su militancia incondicional en las labores de proselitismo priista desde las trincheras de los programas sociales de la Sedesol.

Quienes se niegan a seguir las órdenes de David Briceño son castigados con la recisión de su contrato. Hasta el momento una docena de trabajadores han sido despedidos de esta manera.

También acusan que David Briceño está incurriendo en usurpación de funciones al firmar documentos oficiales de la representación de “Prospera” en la Delegación federal de la Sedesol, cuando que estas funciones le corresponden sólo al delegado o representante del programa, puesto que hoy se encuentra acéfalo en tanto el nombramiento de Briceño no ha sido oficializado.

Pero también está incurriendo en otro delito: firmar con el prefijo “Ing.” en cientos de documentos oficiales, a pesar de no tener una cédula profesional expedida por la SEP que lo acredite como ingeniero de algo, lo que supone una dolosa falsificación de documentos.

Como dato ‘curioso’, en el currículum que ingresó para laborar en “Prospera”, si bien no lo acompañó con una cédula profesional que acreditara sus estudios, si presentó, en cambio, un reconocimiento a su “valiosa participación en el XXV Certamen Nacional de Cultura y Belleza de los Institutos Tecnológicos”, realizado en octubre de 2011.

Según David Briceño, este documento que lo señalaría como estudiante del Instituto Tecnológico de Chetumal, así como su cercanía con la coordinadora nacional del programa “Prospera”, Paula Hernández Olmos, y su relación con su madrina de bodas, Arlet Mólgora Glover, son suficientes para acreditar el valor profesional de su permanencia al frente del principal programa de la Sedesol en el Estado.

Claro: siempre hay peores.

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