Quintana Roo, el paraíso caribe de México, es también el infierno de...

Quintana Roo, el paraíso caribe de México, es también el infierno de las mujeres más vulnerables y los seres más indefensos y necesitados del amparo de la ley ante la violencia que padecen

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En Quintana Roo, la justicia es casi un sueño imposible.El crimen no discrimina. Pero en el caso particular de la violencia padecida por las mujeres (o lo que se llama violencia machista, porque en el caso de la violencia de género las definiciones se complican según las clasificaciones y reclasificaciones de los tales géneros, que a su vez se confunden con las denominaciones de sexo, más allá de masculino y femenino,de hembra y macho -del llamado bisexualismo a lo denominado ‘transgénero’-; o si la violencia de una mujer contra un hombre o un homosexual o un transexual también se cataloga como de género y en qué circunstancias, o de si es machista o no la agresión de un homosexual varón contra otro en un matrimonio del mismo sexo y también por razones de estricta superioridad física y discriminación de valor humano, o cuál es su diferenciación respecto del mismo tipo de violencia en una relación o un matrimonio entre lesbianas o transexuales; una confusión relativa al modernismo formalista del sistema de Justicia en el orden de lo políticamente correcto y que puede generar más inequidades –e iniquidades- de las que se pretenden remediar poniendo al varón heterosexual agresor al margen de otros agresores de la misma condición de poder destructivo y represivo, en la virtud de que en términos de justicia real bastaría con que la ley y las instituciones del complejo penal y jurisdiccional cumplieran con las determinaciones de igualdad humana y sin exclusiones ni excepciones de ninguna especie, y donde las penas se impusieran y se cumplieran a cabalidad según las dimensiones de los agravios, puesto que los títulos y las clasificaciones –así se denominen infanticidios o sexicidios o feminicidios, o masculinicidios o parricidios, en el caso de los homicidios, por ejemplo- no hacen la justicia real necesaria ni sirven de nada si las instituciones coercitivas y las autoridades que las representan son omisas, corruptas e incompetentes; porque el dolo, la vileza y la hondura de la perfidia y de sus daños y sus delitos no tienen géneros ni sexos diferenciados más allá de las palabras que los definen, masculinas o femeninas que éstas sean), y entonces en ese caso particular del maltrato ejercido por los hombres contra las mujeres como tales y para efectos de referencia específica de lo que hoy día el mandato constitucional tipifica como ataques por discriminación, menosprecio y abuso por inferioridad femenina de fuerza física para su defensa contra los hombres violentos identificados como ‘machos’, cada día tres personas del sexo femenino –mal denominado género- son víctimas de violencia física a manos de esos tipos, algunas de tal gravedad que terminarán en el hospital o, peor aún, incapacitadas y destruidas de por vida, cuando no sepultadas bajo la tierra y el olvido. El caso de la cubana –ahora, por disposiciones de ley para la divulgación del hecho- A.P., quien fue golpeada y torturada con salvajismo extremo por su pareja, un enloquecido empresario chetumaleño que de la manera más inconcebible e inverosímil -en una sociedad civilizada- contó con la ayuda de las autoridades para poder escapar –por acción y por omisión de las mismas; por impericia e irresponsabilidad absolutas en una parte, y deliberada complicidad complementaria en la otra, lo que ha revelado, con meridiana e indeseable claridad, un escenario de impunidad e impresionante exhibición de la catástrofe institucional que padece la entidad en el orden de la seguridad y la protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos, muestra inequívoca y patética de cómo ha de funcionar la vida pública en todo lo demás-, ha llevado este suceso de depravación humana e institucional al Congreso de la Unión y a los principales medios de opinión pública nacionales, a donde ha trascendido una vez más la peste de las cloacas tras la ficción del paraíso turístico, que es un infierno para las mujeres indefensas y víctimas tanto de la barbarie de los canallas como de la autoridades que se esmeran en encubrirlos y protegerlos como lo que son: su imagen y semejanza representativas. Porque todos los Gobiernos no sólo han incumplido su promesa de protegerlas, falaces e impostados como son, sino que han solapado a sus agresores. La violencia contra las mujeres vulnerables y los seres que más necesitan ser defendidos por la ley y las instituciones de un Estado de Derecho justo y democrático, es sólo una muestra de la descomposición social que impera en la entidad. De modo que si la intención presidencial de dignificar a México es cierta, debe empezarse cuanto antes por entender e inhibir los factores que fomentan la degradación social y moral,y las aberraciones humanas, en las ciudades de mayor crecimiento del Caribe mexicano, donde los beneficios del turismo tendrían que revisarse en relación con ese contrastante abismo que supone el crecimiento expansivo infernal de la indigencia –espiritual y material-y la violencia, y de tantas patologías asociadas que hacen del Estado caribe el de las tendencias más consistentes en delitos y fenómenos tan abominables como el suicidio, los ataques sexuales -en todas sus variables-, la prostitución infantil, las adicciones -en adultos y menores-, la violencia doméstica y otras relativas a la naturaleza de su lumpenizado poblamiento, y al abandono de las responsabilidades públicas, a la corrupción, y a la falta de interés y liderazgo de sus autoridades. Porque a la entidad se le complican los problemas generales de su caótica demografía y su ingobernable y desmedido crecimiento, como consecuencia directa del ejercicio pernicioso del poder de autoridades y liderazgos políticos cada vez más inoperantes y corruptos, y de la falta de políticas públicas y de responsables institucionales a la medida de las circunstancias. De ahí que sucesos criminales tan aterradores y tan graves pero tan fáciles de atender por la autoridades policiales y ministeriales en un Estado de Derecho funcional, como el ataque violento de un desquiciado criminal contra su pareja indefensa, ocurrido hace unos días en Chetumal, la capital del Estado, se conviertan en un escándalo de confusiones, incapacidades, complicidades y turbiedades que asesinan toda posibilidad de justicia y exhiben a una autoridad administrativa y política imposibilitada para desempeñar sus más elementales funciones, como la de responder contra los delitos más graves y recurrentes que atentan contra los derechos esenciales de los ciudadanos, y castigar a sus culpables de manera expedita, ejemplar e incuestionable. Porque la impunidad sólo patrocina más violencia y más impunidad, en un círculo vicioso de descomposición y decadencia.

Armando Galera

En los primeros días de diciembre, Chetumal fue noticia mayor: el caso de la demencial tortura e intento de homicidio contra la cantante cubana A.P. Y no sólo por la brutalidad complementaria de la divulgación morbosa, mercenaria y lucrativa, en el espacio mediático, de las imágenes de su crítico estado, las que levantaron una oleada de indignación entre los sectores de opinión pública bien nacidos y de buena fe, sino porque evidenció que el sistema de procuración e impartición de justicia en la entidad es rupestre, incompetente y corrupto en grados tan violentos y letales como el del ultraje mismo de la víctima, doblemente atacada: por su victimario, primero, y por los policías, agentes ministeriales, abogados y jueces que se confabularon -con su dolo, su incompetencia y su proceder inmoral e ilegal- para intentar encubrir el crimen; un entorno de redonda impunidad y de derogación absoluta de la imagen del poder público, que como mínima rectificación exigiría la consignación penal y la sentencia definitiva más rigurosa contra el culpable directo, y contra los cómplices que pervirtieron la escena del crimen y que lo ayudaron a fugarse en medio de todas las evidencias que lo incriminaban.

La historia ya es de sobra conocida en sus episodios fundamentales, y más allá de las motivaciones particulares y personales del hecho, que no tienen relevancia procesal ni informativa.

En la madrugada del pasado 3 de diciembre, un sujeto enloquecido torturó a conciencia y durante casi cuatro horas a una mujer en su propio domicilio. Poco antes de que saliera el sol, la sacó a la calle, desnuda, ensangrentada, desfigurada, con las uñas arrancadas, con los ojos estallados por los golpes, y con la intención final de rematarla bajo las ruedas de su vehículo.

Y nadie en el vecindario inmediato, nadie, tuvo el mínimo valor de humanidad para acudir en auxilio de la victimada e impedir el horror y la consumación del tormento y la tragedia, pese a los gritos de dolor y el estruendo de la masacre; pese a la eternidad del infierno sabido y ocurrido durante muchas horas.

La violencia carnicera no conmovió a nadie alrededor. Y esa comunidad inmediata de vecinos fue también el primer nido de complicidad del carnicero. Supieron del escarnio implacable. Y se taparon los oídos. Y prefirieron consentirlo que evitarlo.

Lo de menos es lamentarlo ahora. Lo de más es descubrir ese otro duelo: el absoluto abandono y la indiferencia y la total insensibilidad y falta de solidaridad y conmiseración de un entorno de personas tan cómplices y tan refractarias e inmutables al dolor ajeno; tan iguales a la autoridad que en vez de intentar hacer justicia y cumplir con su deber humano y constitucional en el momento mismo del delito, prefirió hacerse cómplice del silencio de todos y del autor del crimen.

Y en ese escenario sórdido y de vileza compartida, con el criminal empapado en la sangre de su víctima y en el capítulo final de su ardua jornada de exterminio, fue que llegaron, lerdos y tardíos, los agentes de la Policía Estatal, en respuesta a una trémula y única llamada de auxilio de uno de los vecinos (que a pesar de la tan perturbadora escena de suprema crueldad no intentó jamás socorrer a la víctima, aun cuando las investigaciones revelaron que tenía horas, como muchos otros, escuchando el siniestro ruido y los gritos del infierno de la mujer y la saña encarnizada del sujeto con quien habría compartido alguna parte de su vida, para su desgracia).

Y es entonces cuando comienzan la confusión, las contradicciones y los enredos e imprecisiones de la versión de las diferentes autoridades involucradas.

De acuerdo con los agentes que acudieron, el hombre que fue encontrado en la escena del crimen (con las manos ensangrentadas e hinchadas por los golpes) declaró que él y su víctima en realidad habían sido asaltados por un grupo de sujetos.

Al intentar aprehenderlo, dijeron, éste se negó, motivo por el cual fue llevado a la Policía Municipal por la falta administrativa de alteración del orden y resistirse al arresto, hecho por el cual se hizo acreedor, según declaró el director de la corporación, Osiris Ceballos, “a la multa más alta”; porque así se los dijeron los estatales, y porque ellos, los municipales, no tienen la facultad de investigar el presunto delito de agresión e intento de homicidio.

De modo que así, sin más, y a pesar de todas las apariencias de un crimen mayor, el presunto agresor fue liberado y hasta ahora su ubicación permanece desconocida.

Pero existe otra versión, una que poco a poco se va revelando conforme su sector de la sociedad y organismos civiles y gubernamentales presionan al aparato de Justicia estatal: que los agentes fueron corrompidos con varios miles de pesos; que un asesor jurídico (que ahora enfrenta una carpeta de investigación) fue el que recomendó que el sospechoso fuera arrestado por simple falta administrativa, y también impidió que los peritos tuvieran acceso a las ropas del presunto culpable, alegando que eran ‘propiedad privada’.

Hoy, la víctima se debate entre la vida y la muerte luego de ser trasladada a un hospital de Cancún, en tanto que los policías que facilitaron la huida de su agresor podrían enfrentar la Justicia.

Los números de la vergüenza

El caso de A.P. es tan lamentable como todo el entorno criminal y de impunidad que favorece la multiplicación de ese y todo tipo de atrocidades delictivas en el Estado, donde la reincidencia crece al paso de las omisiones del sistema de Justicia y de las nutridas inconsistencias que hacen la inoperancia del llamado “debido proceso” merced a la incompetencia y la corrupción que identifican el desempeño de todas las instituciones de ese sistema, pero sobre todo a las policiales y las ministeriales, donde las mínimas excepciones confirman la regla de la descomposición general.

Pero en el caso particular de las mujeres, todos los días, al menos tres de ellas, en Quintana Roo, sufren algún tipo de violencia, principalmente en sus hogares.

Del casi centenar de víctimas que la llamada –con todas sus confusiones y ambigüedades-‘violencia de género’ cobra cada mes, al menos 30 terminarán en el hospital, con heridas graves, y cinco perderán la vida. Sólo dos casos serán resueltos, porque el 60 por ciento de ellas no denunciará, y las que sí lo hagan nunca obtendrán justicia.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por el INEGI, más de 200 mil mujeres quintanarroenses de entre 15 y 45 años sufren reacciones violentas por parte de su pareja–masculina, no se cuentan las del mismo sexo- o su esposo; el 70 por ciento del tipo ‘agresivo’, es decir golpes, empujones, agresiones físicas y hasta lesiones con arma blanca.

Por esta razón, no sorprende que Quintana Roo ocupe el cuarto lugar en lo que se refiere a proporción de mujeres que sufre algún tipo de agresión, y el segundo en tanto víctimas con lesiones graves o hasta la muerte.

El mismo día y en la misma ciudad en que se dio a conocer el caso de A.P., por ejemplo, otra menor de 17 años fue brutalmente golpeada por su pareja en la Colonia Solidaridad. Costillas rotas y fracturas en el cráneo fue el saldo del arrebato de violencia de su novio.

También una mujer fue asesinada ese lunes, pero en Cancún, aunque la Policía Estatal asegura que el homicidio ocurrió en el contexto de un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado (en cuyo caso, claro está, la violencia es de otro género, así sea violencia entre personas de distinto género y el macho agreda a la hembra).

El 6 de diciembre, una mujer de entre 30 y 35 años fue asesinada en Playa del Carmen. Su cuerpo semidesnudo fue abandonado en un lote baldío de la ciudad, y se presume que fue víctima de violencia sexual. Y otra más fue asesinada en la Colonia Colosio, también de Solidaridad. Hasta ahora se desconocen los motivos detrás de este crimen, y mucho menos se cuenta con algún sospechoso.

Complicidad e incompetencia

Lo peor no es que esta llamada ‘violencia de género’ aumente año con año, sino que los tres niveles de Gobierno en el Estado no hayan sido capaces de atajar el fenómeno ni de ponerlo como prioritario en la agenda política.

Pero es que el crimen es tan abrumador, que las cifras crecen en todos los flancos. Y tan nutrido es el que cometen los hombres contra sus mujeres como el de los abusos contra sus hijos, el de los ataques sexuales contra mayores y menores de edad –consanguíneos o no-, el de la prostitución infantil, el del pandillerismo, el del robo con violencia, el de los ajustes de cuentas, etcétera; un aluvión criminal que se reproduce al ritmo desenfrenado de la inmigración, la lumpenización y la indigencia material y espiritual, de la mano del desinterés, la incompetencia y la corrupción de todas las autoridades responsables de impedirlo.

Y en tal perspectiva criminal, según el Observatorio Ciudadano Nacional de la Violencia contra la Mujer y del Feminicidio en México, el 76 por ciento de los casos de mujeres que fueron asesinadas en Quintana Roo a consecuencia de actos violentos implicaron un uso excesivo de la fuerza física. En cuanto al victimario, el 68 por ciento fue la pareja, un familiar u otro conocido de la víctima.

Del promedio de 560 denuncias que cada año se presentan ante la Fiscalía General del Estado por este tipo de delitos, sólo el 24 por ciento llegan a la etapa de averiguaciones previas, y sólo el 1.2 por ciento terminan en sentencia condenatoria.

De acuerdo con el reporte, en el 73 por ciento de los casos las denuncias no prosperaron porque las autoridades fueron incompetentes a la hora de recabar pruebas o integrar los expedientes necesarios. En el 12 por ciento restante se sospecha que el agresor logró corromper a los funcionarios que llevaban el caso (como sucedió en el crimen de A.P), para asegurar su libertad.

Es por ello que Quintana Roo ocupa el quinto lugar en ‘carpetazos’ e impunidad sobre este tipo de delitos.

En el paraíso caribe, apestan las cloacas de la injusticia contra las mujeres más vulnerables y los seres más indefensos y necesitados del amparo de la ley.

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