Reformas judiciales demagogas para incrementar la impunidad y la reincidencia criminales

Reformas judiciales demagogas para incrementar la impunidad y la reincidencia criminales

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Uno de los problemas más graves que acusa México, después de la corrupción generalizada del poder político que invalida el Estado de Derecho y hace inviables las potencialidades del modelo democrático, es el de la simulación legislativa y judicial que complementa ese panorama del desastre; que produce entelequias constitucionales cuyos idealismos retóricos derivan en que las leyes para el perfeccionamiento y la modernización de los procesos institucionales que debieran conducir al bienestar social y a la justicia, choquen de frente con la realidad de una idiosincrasia y una cultura empobrecidas por el atraso educativo que determinan la disfuncionalidad de los mecanismos representativos y la inviabilidad legal.

El entorno más peligroso a ese respecto es el sistema de Justicia, donde la renovación de los procesos penales con la finalidad de defender los derechos de los acusados, se convierte en el instrumento de impunidad más propicio para los peores criminales y en un atentado contra sus víctimas, reales y potenciales, y contra la sociedad entera.

México suscribe o importa disposiciones jurídicas prevalecientes en Estados nacionales con instituciones democráticas sustentadas en una genética educativa y una cultura de la ley con las que se corresponden, a las que representan y por las que son funcionales y eficaces, y en su ejercicio dichas reformas se convierten en su antítesis, fomentan la anarquía jurisdiccional, y multiplican los vacíos legales, las coartadas jurídicas de los delincuentes, y la complicidad de los funcionarios ministeriales y los jueces.

Es el caso de las reformas que crearon el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para fortalecer el “debido proceso” y la defensa de los derechos humanos de los inculpados a partir de la presunción de su inocencia, que ha favorecido la indebida liberación de sicarios y de culpables de crímenes mayores, y ha multiplicado la reincidencia delictiva, la violencia y la doble injusticia cometida contra las víctimas inocentes: la perpetrada por sus victimarios, primero, y por quienes permitieron su liberación, después.

Y es el caso también del Sistema de Justicia para Adolescentes, que a menudo deja en libertad a depredadores consumados que siguen destruyendo vidas y derechos de otros porque el diseño de la institucionalidad responsable, copiado en el papel de países desarrollados y con democracias funcionales, en un país gobernado por la corrupción y la politiquería, no funciona, y menores del más alto potencial delictivo, como cualquier peligroso criminal adulto –que es el futuro de los adolescentes que son violentos por naturaleza o por el influjo de su entorno familiar y social o por ambas cosas- son mantenidos en las calles o devueltos a ellas sólo para cumplir con acuerdos internacionales que en los países civilizados son realidades y en los que pretenden simularlo son contraproducentes y regresivos.

La idoneidad, la funcionalidad, la sinceridad y el sentido común tendrían que reemplazar el idealismo o la demagogia y el postureo politiquero de gobernantes, legisladores y funcionarios judiciales.

Seguir por la vía de las reformas anticorrupción, penales y electorales sin verdaderas intenciones de renovación estructural -cultural, educativa, ética, idiosincrática, ciudadana y política- es seguir avanzando sobre los artificios de la simulación democrática, que es decir hacia el atraso, el primitivismo, la desigualdad, la injusticia, la violencia, la ingobernabilidad y el fracaso.

En el caso de las reformas penales se trata no sólo de un reformismo irresponsable sino, acaso, en el más peligroso atentado del Estado nacional contra sí mismo, puesto que en la condiciones de violencia, de inseguridad, de ingobernabilidad y debilidad del Estado de Derecho, se trata de un activismo constitucionalista cómplice y promotor de la debacle.

Por supuesto que se requieren leyes e instituciones que defiendan la corrección de los procesos penales y los derechos humanos de los procesados, pero eso requiere armonía entre la retórica política, legislativa y constitucionalista, y la calidad de las instituciones y las autoridades que deben operar y hacer cumplir los propósitos de superación democrática del Estado de Derecho.

Y no sólo no existe esa armonía, sino que a medida que avanza la farsa del legalismo constitucionalista más se aleja de la educación, de la civilidad, de la calidad ética y competitiva de las autoridades, y de la eficacia, por tanto, de las instituciones.

El Derecho y la Justicia son cada vez más entelequias. La demagogia democrática es peor y más ruinosa que la del autoritarismo, porque se hace pasar por la verdad necesaria contra las injusticias del pasado.

La demagogia que dice combatir la corrupción es peor que ella: es el camino mejor pavimentado de la impunidad. La demagogia pública es, en realidad, un golpe de Estado.

SM

estosdias@gmail.com

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