Se exhibe a sí misma la desacreditada procuración de Justicia en Quintana...

Se exhibe a sí misma la desacreditada procuración de Justicia en Quintana Roo…

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         Si algo faltaba para la desacreditación total de la Fiscalía General del Estado como instancia confiable para el combate a la delincuencia común y organizada que asola a las ciudades y comunidades quintanarroenses, sus propios agentes ministeriales y funcionarios operativos lo aportaron la semana pasada durante el paro de labores que realizaron, al revelar las carencias materiales y humanas de las que adolece desde hace años la dependencia de procuración de Justicia en la entidad.

         Ya la delincuencia había venido exhibiendo un día sí y otro también, no sólo la incapacidad de la Fiscalía para combatirla, sino la falta de autoridad y de valor institucional que debería tener como instancia de Estado para hacer valer la ley e infundir temor en quienes la trasgreden, al convertir a sus instalaciones en la ciudad de Cancún en objetivo de sus balas y a sus funcionarios en víctimas propicias de sus amenazas e intimidaciones, sin que luego de más de un año de los hechos se haya sabido de alguna reacción de su parte contra los criminales que la desafiaron y expusieron al oprobio.

         Y no han sido suficientes ni el discurso de su transformación en una instancia pública autónoma ni el cambio de denominación que se le dio desde finales del sexenio pasado para convertirla en la Fiscalía General del Estado que es hoy luego de que durante años se le conoció como Procuraduría General de Justicia, para recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en la función de procurar que la justicia impere en sus diferendos y cuando son víctimas de algún acto que la vulnere.

         Menos podrá la Fiscalía General del Estado y quien la encabeza todavía hasta ahora, recuperar esa confianza ciudadana y ese respeto y temor de los delincuentes a su accionar como ente de Estado con legitimidad para aplicar la fuerza debida y la violencia necesaria a fin de hacer valer la ley, luego de la exhibición pública de sus carencias, debilidades y vicios burocráticos, que hicieron sus propios integrantes la semana pasada.

         ¿Quién se puede tragar el cuento de que los vicios y las irregularidades exhibidas por agentes ministeriales y funcionarios operativos de la Fiscalía General se remediarán con los 5 mil pesos mensuales de bono de riesgo y el aumento en el monto del seguro de vida que consiguieron en sus negociaciones con los representantes de la Secretaría de Gobierno para regresar a sus labores y “normalizar” la operación de la dependencia?

         Los agentes ministeriales y los funcionarios operativos tal vez con lo conseguido mejorarán un poco sus percepciones y sus condiciones laborales, pero la Fiscalía y el propio fiscal, Miguel Angel Cen Pech ¿recuperarán la confianza de los ciudadanos en la procuración de Justicia después de haber escuchado de boca de quienes se encargan de esa función y de combatir a los criminales, los vicios, temores y carencias que ahogan a la dependencia?

         Se antoja harto difícil resarcir el daño ocasionado hasta ahora a la procuración de Justicia en Quintana Roo por quienes han pasado al frente de la Procuraduría y ahora Fiscalía General del Estado.

         Y no sólo es una cuestión de imagen y confianza de la sociedad en su institución, la cual tal vez sufrió el mayor revés de su historia la semana pasada, pues el golpe se antoja más demoledor y letal que la propia incapacidad y lentitud en su accionar exhibidas durante los últimos meses en que día a día la delincuencia se manifiesta de manera más abierta y desinhibida en las calles de las principales ciudades y comunidades quintanarroenses.

         El problema de la Fiscalía es estructural y prioritario. Y como tal debe ser abordado por el Gobierno del Estado, pues no sólo se trata de resolver una situación coyuntural como la expuesta contra el fiscal Cen Pech la semana pasada.

         Urge un cambio, una verdadera transformación de la Fiscalía General del Estado, que la haga más profesional, más eficaz y más fuerte, para que recupere la confianza ciudadana e infunda temor en los delincuentes.

         Porque si continúa como la exhibieron sus propios operadores, seguirá generando desconfianza y temor en los ciudadanos, así como mofa entre quienes no le temen a su accionar y la afrentan día a día con su andar delictivo sin inhibición alguna…

 

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