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Se triplican y siguen creciendo sin soluciones de pago las deudas del 90 por ciento de los burócratas estatales, cuyos ingresos de nómina para el pago de las mismas fueron hurtados por Roberto Borge

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A más del 90 por ciento de los burócratas de Quintana Roo se les retiene un porcentaje de su sueldo para pagar deudas que contrajeron con financieras y otras empresas, de modo que los trabajadores deudores se atienen a que el Gobierno cubre las deudas de ellos con el dinero que les retiene. ¿Pero qué ocurre si los responsables de ese Gobierno elegido en las urnas con todos los avales de la institucionalidad electoral autónoma, se roban ese dinero sin que los trabajadores se percaten de ello o sin que pueden impedirlo, como hizo Roberto Borge con tantos patrimonios públicos y privados de los que pudo disponer durante su ‘mandato popular’ con todos los avales, además, de la institucionalidad de transparencia y fiscalización, como las también muy autónomas Auditoría Superior del Estado y Auditoría Superior de la Federación? Pues ocurre que si esos trabajadores deudores no revisan los saldos de sus cuentas y confían en que su gobernador no es un ladrón, o si no pueden evitar que los robe, pues continuarán endeudándose -con intereses sobre capital y sobre intereses, como está ocurriendo, en efecto- mientras no se resuelva la recuperación del dinero robado, no se le pague a los acreedores a quienes se les debe, y no se renegocien con éstos los saldos insolutos. Precisamente una de las denuncias contra Roberto Borge es por el desvío de más de 780 millones de pesos que fueron descontados a los trabajadores del servicio público para el pago de sus compromisos y nunca llegaron a su destino. Pero la cosa se complica aún más, porque en el hipotético y muy remoto y casi imposible caso de que Borge regresara ese dinero, resulta que ahora la deuda de todos los deudores casi triplica el monto original y asciende a 2 mil 240 millones de pesos, porque, como ha de suponerse, se sumaron intereses y recargos. Y sigue la mata dando, porque si el Gobierno en turno, de Carlos Joaquín González, pudiera lograr que lo robado retornara a las arcas públicas, a lo más que podría llegar, si quisiera y aunque nada lo obligase, es a resarcir los 780 millones a los acreedores de los burócratas estafados, ¿pero y los mil 460 millones faltantes? El atraco es mayúsculo y de muy graves consecuencias; tan graves como que la deuda sigue creciendo, los deudores son cada uno de los trabajadores financiados –que contrataron sus deudas por cuenta propia- y no el Gobierno que retiene el salario de nómina para pagar las deudas de ellos, las garantías de pago a terceros sobre esos ingresos de nómina no están sostenidas en contratos públicos, y el Gobierno entrante puede recuperar o no el dinero de nómina desviado pero no necesariamente destinarlo de nuevo a los efectos a los que estaba destinado –es decir a los acreedores-, porque el dinero pertenece al erario y la administración decidiría cuál sería su nuevo objetivo sin que nadie le impusiera lo que debería hacer con él, puesto que si de otro modo fuera serían los acreedores de los burócratas defraudados o éstos mismos los demandantes contra el Gobierno, y aquí el único demandante es el Gobierno y el único demandado es Roberto Borge. A los trabajadores en desgracia sólo les quedaría esperar que el dinero se recuperara, que se destinase a sus créditos insolutos, y que les ayudaran a renegociar sus pasivos con ‘quitas’ y nuevos planes de cobertura.

Armando Galera

La Procuraduría General de la República declaró que el exgobernador Roberto Borge Angulo “desapareció” alrededor de 3 mil 500 millones de pesos de los recursos públicos, de los cuales al menos 780 millones fueron descontados a los trabajadores del Gobierno del Estado para el pago de créditos y seguros de vida.

Esta información la manejó puntualmente Estosdías en marzo pasado. Más de 5 mil 700 burócratas estatales y profesores enfrentan procesos de embargo o tienen problemas con el pago de sus deudas porque el Gobierno de Borge les descontó el dinero de su sueldo pero nunca pagó a las concesionarias.

Sin embargo, que la PGR confirmara este agravio en contra de los trabajadores del Estado y que el exgobernador haya sido aprehendido no significa que se arreglará la situación crediticia de los burócratas esquilmados por él.

Consultado por este semanario, José Antonio Crespo Mendoza, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), explica que no existe algún antecedente de que un exgobernador haya devuelto el dinero del erario que se robó durante su administración.

“En este último año hemos observado una cascada de exgobernadores detenidos por irregularidades que incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y desvío de dinero durante sus gestiones. Todos ellos utilizaron las prestaciones y los descuentos de los burócratas como su ‘caja chica’, comprometiendo la situación crediticia de los trabajadores del Gobierno, y están siendo procesados por ello.

Pero no existe ninguna garantía de que devuelvan el dinero del erario que se hayan robado. Y aunque los Gobiernos de sus respectivos Estados logran recuperar algo de esos recursos, tampoco significa que serán destinados a saldar las deudas de los trabajadores del servicio público, ya que jurídicamente los Gobiernos no están obligados a pagar los contratos de deuda de los burócratas”, puntualiza Crespo.

El especialista explica que esto se debe a que legalmente el Gobierno del Estado ni siquiera es el aval de los compromisos financieros adquiridos entre los burócratas y terceros. Sólo facilita el pago de las deudas a través de las nóminas estatales o municipales.

Es decir, que más de 5 mil trabajadores del servicio público de Quintana Roo están en riesgo de perder su patrimonio, y es muy poco lo que se puede hacer para resolverlo, excepto que los deudores liquiden sus saldos, los cuales se han triplicado por los intereses.

Un problema heredado

El problema es el siguiente: durante el Gobierno de Roberto Borge desaparecieron casi 800 millones de pesos destinados al pago de los créditos adquiridos por los trabajadores con terceros involucrados: agencias de automóviles, aseguradoras, inmobiliarias e instituciones de vivienda, financieras y prestamistas en efectivo, etcétera.

El Gobierno les descontaba vía nómina el dinero, pero no entregaba el recurso a las empresas y las instituciones acreedoras, ocasionando que los trabajadores terminaran en el Buró de Crédito con calificaciones negativas o en peligro de ser embargados por falta de pago.

De acuerdo con la administración del gobernador Carlos Joaquín González, al menos 450 burócratas perdieron sus automóviles luego de que por años recibieron descuentos en sus nóminas, pero el anterior Gobierno nunca pagó a las concesionarias. La mayoría son profesores.

Otros 900 servidores públicos están en peligro de perder sus viviendas, pues en algunos casos durante los últimos 22 meses no se reportaron las aportaciones destinadas a los créditos del Fovissste.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, son 780 millones de pesos la deuda que la administración anterior legó por este concepto –el pago de deuda-, aunque el recurso que se necesita para ‘sanear’ la situación económica de los burócratas es mucho mayor.

Imagine: el Gobierno anterior dejó de pagar durante los dos últimos años de su administración 480 millones de pesos relativos a préstamos contratados por 2 mil 400 profesores de todo el Estado y de todos los niveles educativos.

El problema es que a esos 480 millones de deuda acumulada se le deben sumar otros 300 millones por concepto de intereses, multas y recargos por falta de pago.

Quiere decir que a los 780 millones de pesos que no reportó el anterior Gobierno, se le deben sumar mil 460 millones de pesos por los intereses generados durante todo ese tiempo, lo que significa que la deuda total asciende a 2 mil 240 millones de pesos, que es el equivalente al presupuesto anual de siete Municipios del Estado, y tres veces el presupuesto que planea ejercer durante este año el Gobierno de Othón P. Blanco.

Abandonados a su suerte

“Ésta es la principal razón por la que los actuales Gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo no se han involucrado en resolver dicha situación de los trabajadores del Estado; porque necesitan miles de millones de pesos para regularizarlos, recurso con el que no cuentan en estos momentos”, dice el especialista José Antonio Crespo Mendoza.

“Imagina que eres el nuevo administrador de una empresa y tienes 200 millones de pesos disponibles. 80 millones están comprometidos para pagar la nómina de los empleados, 50 millones para mejorar la infraestructura del lugar, 30 millones para pagar las deudas atrasadas y otros 30 millones de pesos para darte un margen de maniobra. Pero desde los primeros días te enteras que el anterior administrador se robó 40 millones de pesos, pues por años no pagó las prestaciones de los trabajadores para sus seguros de vida, créditos y pensiones que se les descontaban a través de la nómina de la empresa. Intentas dar una solución a este problema y hasta consideras pagar el dinero que no se reportó, a pesar de que realmente la deuda no es de la empresa, sino de los trabajadores. Sin embargo, te encuentras con que la deuda por este concepto no es de 40 millones, sino de 150 millones de pesos, una vez que se sumaron los intereses y recargos, algo insostenible para tu presupuesto”, dice.

“Aunque el exadministrador devuelva los 40 millones que se robó, aún quedan 110 millones de pesos por pagar, un gasto imposible para tu presupuesto. Por eso los Gobiernos que heredan este tipo de problemas optan por dejar a su suerte a los trabajadores”, sentencia.

El experto señala que una opción es que el Gobierno interceda ante los acreedores para refinanciar las deudas de los burócratas, permitiendo la condonación de intereses o recargos. Sin embargo, difícilmente se llega a acuerdos satisfactorios de este tipo.

“Sí, los administradores en turno desviaron los recursos que debieron destinarse al pago de aportaciones, retenciones y deudas de los servidores públicos. Pero realmente el Gobierno no los obligó a contraer esos compromisos financieros, sino que fue el trabajador el que decidió adquirir esa deuda. Es decir: el contrato se llevó a cabo entre el empleado y la financiera o empresa acreedora, por lo que no hay manera, jurídicamente hablando, de obligar a la nueva administración a cumplir con dicho compromiso”.

Una salida

Por su parte, la Oficialía Mayor del Estado de Quintana Roo, así como la Secretaría de Finanzas y Planeación, han señalado que buscarán acuerdos para resolver esta situación en la que se encuentran más de 5 mil trabajadores.

Como primer punto se cumplirá con el pago de las retenciones que tienen que ver con el pago de pensiones, seguros de vida, créditos de vivienda e hipotecarios, cuyo monto total asciende a casi mil 350 millones de pesos considerando intereses.

En segundo lugar quedarán los empleados que solicitaron un crédito de automóvil o en efectivo a través de su nómina, aunque aún no se sabe bajo qué condiciones se realizarán las negociaciones para regularizar la situación financiera de los deudores.

La Sefiplan añadió que también se buscará tener un mayor control de los créditos solicitados por los trabajadores de las diferentes dependencias que comprometan porcentajes de sus nóminas. De esta manera se evitará que contraigan más deuda de la que pueden pagar, pues en la actualidad no existe alguna limitación al respecto.

Datos proporcionados por la Sefiplan revelan que el 92 por ciento de los trabajadores del Estado tienen créditos contraídos a través de su nómina mensual. De este porcentaje, el 60 por ciento tiene comprometido más de la mitad de su sueldo para pagar estas deudas, lo que se traduce en que de un sueldo promedio de 6 mil pesos quincenales, 3 mil 500 les son descontados por compromisos crediticios adquiridos, dejándoles un margen de disponibilidad de apenas 2 mil 500 pesos. Y ante el poco margen de maniobra que tienen con su dinero, terminan por adquirir más deudas ofreciendo como aval sus sueldos.

Y así, el 27 por ciento de los burócratas estatales no reciben tres cuartas partes de su sueldo, pues les son retenidos para pagar a financieras, bancos y demás acreedores.

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