Seguridad y guerra sin militares

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Causó gran revuelo en el gobierno mexicano la noticia. México es el segundo país  más violento del mundo, después de Siria, según el londinense Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE).

                La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desestimó los datos al señalar que el IIEE ha utilizado cifras cuyo origen desconoce, la terminología jurídica está equivocada y las metodologías usadas reflejan estimaciones inciertas. ¿O será que Trump y sus odios tienen que ver?

                El reporte cuestionado se publicó el martes pasado por el IIEE como ArmedConflictSurvey 2017, Encuesta sobre Conflictos Armados 2017, que ubica a México como la segunda zona de conflicto más mortal.

                El estudio no es veraz, según la SRE. “Sus conclusiones no tienen sustento en el caso de México”, ya que una de sus declaraciones señala que se da un “conflicto armado (no internacional)” que no existe pues el hecho de que haya grupos criminales, no puede ser un criterio suficiente “para hablar de un conflicto armado”.

                El estudio asegura que el número de víctimas fatales en nuestro país fue de 23 mil durante 2016, mientras que en Irak fue de 17 mil y en Afganistán fue de 16 mil.

                Ambos países, estos últimos, han sido reconocidos internacionalmente como zonas de conflicto armado en guerra. Y esa es la palabra que tanto teme el gobierno mexicano: Guerra.

                El hecho de que se haya militarizado al país para mantener el orden, tampoco habla de un conflicto armado según este gobierno, ya que según la SRE el tratamiento que da el IIEE es el mismo entre estos países, pero “son fenómenos no comparables ni medibles entre sí”.

                Sin embargo, John Chipman, director del IIEE, no deja de reconocer que el derramamiento de sangre es sorprendente ya que “México es un conflicto marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviones de combate”.

                Son muchos miedos los que sufre este gobierno. Miedo a reconocer que esta es una guerra, desatada por Felipe Calderón desde el 2006; miedo a legalizar el uso de la mariguana medicinal y de otras drogas. Y sobre todo, pavor a perder las elecciones.

                El caso de Portugal es  digno de reconocimiento y análisis. Al regular y liberalizar el uso de ciertas drogas, el país dejó de ser un campo de batalla citadino entre los cárteles que se disputaban el control. Ahora el control lo tiene el Estado.

                El matadero mexicano está a la vista de todos y todos sufrimos los alcances de esa violencia que ningún gobierno ha podido controlar o cuando menos contrarrestar. Aunado a ello, la extorsión, el secuestro y la violencia de género se dan ante la mirada impasible de las “autoridades”.

                De igual manera, los mexicanos sabemos lo que ha dicho Chipman, muchos Estados de la República se han convertido en campos de batalla por el control de las drogas entre los diversos carteles, cada vez más fragmentados, por lo tanto, cada vez más difíciles de controlar y erradicar.

                Por lo pronto, México ya rebasó los 2 mil homicidios en el mes de marzo, por primera ocasión desde 2011 y ya registró más asesinatos en el transcurso de los 3 primeros meses del año que en cualquier otro trimestre.

                En el 2011 la cantidad de enfrentamientos en Ciudad Juárez abultan el total de muertos, la preocupación aumenta cuando este año los homicidios han ocurrido en diversos Estados. Es decir, han crecido los grupos delincuenciales que se pelean el control de las drogas.

                El Estado de Guerrero es el que encabeza la lista con 550 asesinatos durante esos tres primeros meses del año. Baja California Sur tuvo 17 asesinatos en el primer trimestre del año pasado, ahora lleva 133 homicidios lo que representa un 682 % en comparación con el año pasado y representa el mayor incremento.

                En México ha crecido un 29% la cifra de muertes entre esos dos períodos mencionados.

En el momento en que más violencia existe en el país, los legisladores debaten una ley nacional de seguridad que tendrá implicaciones en el papel que han jugado las Fuerzas Armadas, mismas que están presionando para la aprobación de dicha ley. Quieren regresar a los cuarteles.

De esta manera, las autoridades civiles tendrían que encargarse de la seguridad pública, ya que “el problema tiene más enfoques sociales y económicos”, dijo Alejandro Ramos Flores, jefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Ejército fue involucrado por Felipe Calderón sin que existiera ni una ley que estableciera el papel que iban a desempeñar. Y en absoluta desarticulación con las policías municipales, estatales y federales.

Se sabe que el Ejército ha detenido a criminales en flagrancia, sin embargo los agentes del Ministerio Público no llegan o dejan ir al delincuente. “No cumplen con su trabajo”, acusa el Ejército.

Si la ley nacional de seguridad se aprueba, ¿qué vendrá? ¿Más corrupción gubernamental?  ¿Más asesinatos? ¿Más impunidad?

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