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¿Será el hundimiento de Barcos Caribe la bandera electoral de los priistas en Cozumel?

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De ser un pasivo priista por su cuestionada conformación como empresa presumiblemente financiada con recursos del erario público estatal, durante el gobierno que encabezó en Quintana Roo Roberto Borge Angulo hasta hace apenas 17 meses, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, propietaria de “Barcos Caribe”, pudiera convertirse en una de las principales banderas de campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Cozumel, como resultado de los acontecimientos que se han suscitado a raíz de la explosión que se registró en una de sus embarcaciones el pasado 21 de febrero que llevó a las autoridades a suspender sus operaciones de manera temporal.

De esa manera, la explosión en el barco Caribe I mientras se encontraba atracado en el muelle fiscal de Playa del Carmen, puso de relieve el escándalo que se cierne sobre la empresa desde su creación como una tercera alternativa de transportación marítima entre Cozumel y Playa del Carmen, con tarifas a un menor costo que las que mantenían hasta entonces de manera acordada las empresas Ultramar de Germán Orozco Sarro y Cruceros Marítimos del Caribe de Barcos México, propiedad de la familia Molina Casares.

Tocada por los escándalos de corrupción que salieron a la luz pública a raíz de que el PRI perdió las elecciones de Gobernador del Estado en junio de 2016 y las ganaron el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) con el actual gobernador Carlos Joaquín González como su abanderado, la empresa Barcos Caribe un año antes, en febrero de 2015 había nacido con la bendición del Gobierno federal y el arropamiento político y financiero del Gobierno del Estado de Quintana Roo encabezado por Borge Angulo.

El Gobierno federal en 2015 no sólo se hizo el desentendido en cuanto a los orígenes poco claros del financiamiento de la empresa Barcos Caribe, que hasta el 2016, ya con Borge Angulo derrotado y perseguido por la justicia, puso en tela de juicio a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino que hasta avaló sus operaciones con la presencia de Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la inauguración de las actividades de la empresa.

El Gobierno federal de Peña Nieto incluso fue más allá, pues en su campaña publicitaria sobre los logros oficiales “Lo bueno también cuenta…” hizo propio el proyecto de Barcos Caribe de impactar a la baja las tarifas del cruce marítimo entre Cozumel y Playa del Carmen.

Sin embargo, ese mismo Gobierno federal, a través de la Dirección General de Marina Mercante de la SCT, es el que suspendió la operación de Barcos Caribe por tener vencidos varios permisos y seguros desde un mes antes de la explosión que se suscitó en la única de sus embarcaciones que se mantenía activa cuando recién había atracado en el muelle de Playa del Carmen.

No fueron ni la Fiscalía General del Estado ni la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, sobre las que tiene influencia el Gobierno estatal, las que determinaron la salida temporal de Barcos Caribe de la ruta marítima Playa del Carmen-Cozumel. Fue la misma SCT del Gobierno peñista que hace dos años festinaba su nacimiento, la que ahora canceló sus operaciones cuando se observaba ya la picada en que se encontraba Barcos Caribe tanto administrativa como operativamente.

La explosión del 21 de febrero en uno de sus barcos sólo aceleró lo que parece el hundimiento de Barcos Caribe, al que ya se le está dando un uso político en la isla de Cozumel, azuzando a los cozumeleños con el temor de que la Ultramar de Orozco y Barcos México de los Molina vuelvan a hacer de las suyas, imponiendo las altas tarifas por cruce marítimo como en sus mejores tiempos de duopolio.

Cierto que Barcos Caribe tiene serios señalamientos sobre el origen de su financiamiento como también lo es que tuvo un impacto favorable para la población cozumeleña en lo particular y la quintanarroense en lo general, al ofrecer una alternativa de cruce entre Playa del Carmen y la “Isla de las Golondrinas”, a un costo mucho más bajo que las ofertadas por Ultramar y Barcos México, obligándolas, sobre todo a ésta última a ser más agresiva en sus descuentos tarifarios, lo cual benefició a los usuarios locales del servicio.

Y es de lo positivo que tuvo la incursión de Barcos Caribe en la ruta marítima Playa del Carmen-Cozumel, que se están agarrando los políticos ligados a esta polémica empresa, para hacer una defensa popular de la misma y al mismo tiempo sacar provecho electoral de su hundimiento.

El caso deja a la alcaldesa panista de la isla, Perla Tun Pech, en una difícil disyuntiva ahora que pretende reelegirse, pues por un lado la causa del pueblo que gobierna es más que justa en sus demandas de que se conserven las tarifas bajas para el cruce a Playa del Carmen, aunque equivocada en la idea de asociar esta condición a la continuidad de Barcos Caribe en la ruta. Y si ella apoya esta causa así como se presenta, estaría apoyando a sus adversarios políticos; pero si no lo hace se echaría encima a unos cozumeleños que son muy susceptibles en estos asuntos que tanto los afectan.

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