Tal como se había previsto, el corrupto exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo...

Tal como se había previsto, el corrupto exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo hoy es hombre libre gracias a la ayuda brindada por el Poder Judicial de dicha entidad, encabezada por el también exmandatario Enrique Priego Oropeza

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Sólo cuatro meses tuvieron que pasar, desde que un juez de Distrito concediera la prisión preventiva domiciliaria para que el exgobernador priista de Tabasco, Andrés Granier Melo, fuera absuelto por la Justicia del delito de peculado y quedara finalmente en libertad. Hoy está listo para regresar a su terruño, al lado de su hijo, Fabián Granier Calles, un consumado defraudador del fisco que también logró brincar la cárcel en abril pasado gracias al pago de una millonaria multa. La ayuda que recibió el exmandatario por parte de los jueces y magistrados no sólo fue rápida sino también descarada –gracias a las bondades que a la delincuencia ofrece el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio-, pues apenas asumieron éstos sus cargos a principios de año, se dedicaron a mover sus influencias en beneficio de éste. Y así, otro exgobernador del PRI se ha beneficiado de la corrupción que persiste en el Poder Judicial –el último había sidoel de Nayarit, Roberto Sandoval, quien en 2018 consiguió que se suspendieran investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito-, por lo que parece que no hay límites para los criminales que lucran en la vida pública. En ese sentido, pareciera que sólo es cuestión de tiempo para que conocido exmandatario quintanarroense, oriundo de Cozumel, reciba pronto el beneficio de una condena mínima –como la que recibió su excolega veracruzano Javier Duarte- o, de plano, la liberación.

Javier Ramírez

Cuando parecía que por fin había comenzado una nueva manera de hacer justicia en el país –gracias a un movimiento que en julio pasado derivó en una nueva conformación política que dejó fuera a los partidos y políticas neoliberales que durante décadas se dedicaron a sangrar el erario sin temor a sufrir las consecuencias-, salen a la luz noticias que ensucian la poca credibilidad en las leyes y las instituciones judiciales mexicanas.

La liberación de Andrés Granier Melo, quien apenas el año pasado había recibido sentencia de poco más de 10 años de prisión por peculado, es una burla al Estado de Derecho y una muestra clara de la legitimización de la corrupción que deriva del nuevo Sistema de Justicia Penal, que nació en el Gobierno panista de Felipe Calderón pero que se implementó en el sexenio de Enrique Peña Nieto para favorecer más a los criminales -sobre todo a los de cuello blanco, como los exgobernadores priistas- que a las víctimas.

Tráfico de influencias

La carrera delictiva de Andrés Granier Melo comenzó en 1983, cuando siendo director de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET) fue investigado por el entonces titular de la Secretaría estatal de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas, Humberto Mayans, por el desvío de varios millones de pesos. Fue en esa ocasión cuando usó por primera vez el tráfico de influencias para salir bien librado, pues el procurador de Justicia de ese entonces, Armando Melo Abarrategui, familiar cercano, dio carpetazo al asunto.

Tras escalar en la política local asumió la gubernatura de Tabasco en 2007. Y aunque fomentó el turismo, amplió la infraestructura de salud y modernizó el transporte público, a finales de su administración comenzaron a salir a la luz las evidencias de corrupción.

A finales de 2012, el Gobierno del Estado había caído en bancarrota, por lo que en las elecciones a gobernador, el PRI terminó perdiendo ante Arturo Núñez Jiménez, un expriista que había brincado al PRD, el cual ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar a Granier Melo por el quebranto financiero de más de 12 mil millones de pesos.

Detenido en el DF

El primero en caer fue su exsecretario de Finanzas, José Sainz Pineda, quien fue detenido el 8 de junio de 2013 cuando intentó escapar a Estados Unidos. Sainz Pineda fue clave para formular cargos en contra de Granier Melo, quien fue llamado a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y aunque en todo momento negó estar al tanto de los negocios ilícitos de su excolaborador, el 24 de ese mismo mes el juez Cuarto de Distrito de Tabasco liberó dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.  De esta manera fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a prisión.

Cinco años después, en marzo del año pasado, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia lo encontró responsable del delito de peculado y lo sentenció a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como el pago de una multa de 196 millones de pesos, cantidad que corresponde al desvío de recursos que su Gobierno realizó en el sector Salud en 2012.

Para cuando recibió la sentencia, Granier Melo ya llevaba varios años recluido en la Torre Médica del reclusorio femenil de Tepepan, en la capital del país, debido a su avanzada edad y mal estado de salud.

La ayuda de los magistrados

Andrés Granier tuvo su primera victoria en junio del año pasado cuando magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco decretaron auto de libertad a su favor y de su extesorero, por falta de elementos para procesarlos por el delito de uso indebido de funciones. Sin embargo, ambos continuaron en prisión  por la sentencia otorgada previamente a Granier y porque Sainz Pineda tenía otros procesos pendientes en contra.

Sin embargo, el 7 de enero de este año, el juez Cuarto de Distrito con sede en Villahermosa concedió al exmandatario la prisión preventiva domiciliaria en su casa ubicada en la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México.

Lo verdaderamente turbio se registró tres días después, cuando la juez que condenó a Granier Melo a más de 10 años de cárcel, Guadalupe Cadena Sánchez, fue removida del cargo por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el exgobernador Enrique Priego Oropeza, quien -con apenas unos días de haber sido elegido titular del Poder Judicial del Estado- justificó la remoción como parte de un proceso de rotación de personal.

De igual manera, a finales del año pasado el que fuera procurador de Justicia deGranier Melo –y padre de su actual abogado, Miguel Alberto Romero Pérez-, Gregorio Romero Tequextle, había rendido protesta como nuevo magistrado del TSJ.

Absueltos, los tres

La mesa estaba puesta entonces para la liberación de Granier Melo, lo que finalmente se cumplió el pasado 8 de este mes, cuando la juez que sustituyó a Guadalupe Cadena Sánchez, Leda Ferrer Ruiz, le concedió la libertad bajo fianza por la causa penal número 157/2013, acusado del presunto desvío de 196 millones de pesos en agravio del Sector Salud.

Se trató de la cereza del pastel que benefició también al extitular de Finanzas, José Sainz –quien quedó en libertad el 18 de enero de este año- y al hijo del exmandatario, Fabián Granier Calles – liberado el pasado 25 de abril por incumplir disposiciones de una fianza que le permitió salir libre en abril de 2016, cuando estuvo detenido 12 días por evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre sus ingresos reales-.

Tras darse a conocer la noticia, el actual gobernador tabasqueño, Adán López Hernández, afirmó que su administración es respetuosa de lo que determinen los órganos jurisdiccionales y no abundó sobre el particular.

Por su parte, y de manera cínica, el presidente del Poder Judicial del Estado, Priego Oropeza, confirmó que Granier Melo ya no tiene cuentas pendientes con la Justicia local, al haberse resuelto su libertad absoluta en el último juicio que era por delito de peculado debido a que la Segunda Sala no halló responsabilidad en el delito, al igual que el año pasado, cuando se le absolvió del delito de uso indebido de funciones.

Comentó que al exmandatario le queda un expediente federal, pero que aún así “tiene el beneficio de seguir el trámite judicial en casa”.

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