Tráfico de influencias, conflicto de intereses, compadrazgo, asociaciones criminales, derroche y todo...

Tráfico de influencias, conflicto de intereses, compadrazgo, asociaciones criminales, derroche y todo tipo de irregularidades en los contratos de obra pública de la gestión verde de Remberto Estrada en el Ayuntamiento cancunense

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La administración cancunense del verde Remberto Estrada Barba tiene graves irregularidades en la asignación y ejecución de obra pública, sin contar que las empresas con los mejores contratos pertenecen a inversionistas vinculados con exgobernadores presos por fraude o por nexos con el ‘narco’, como Borge y Yarrington. De acuerdo con el presidente municipal de Benito Juárez, durante sus dos años de mandato se invirtieron más de 600 millones de pesos en este rubro, pero omitió aclarar que sólo siete empresas se beneficiaron con licitaciones a modo para que ganaran los contratos. En algunos casos el tráfico de influencias y el conflicto de intereses fue tan grosero, que hasta una empresa que está a nombre de la esposa del mismísimo director de Obras Públicas y Servicios Municipales obtuvo casi 30 millones de pesos en proyectos de construcción. Los costos también fueron inflados, y por alguna ‘extraña’ razón los domos deportivos o la construcción de parques requirieron una inversión hasta cuatro veces mayor al promedio de otros Municipios de la entidad. Si las propuestas legislativas anticorrupción del próximo mandato federal se concretan y se ejercen en todo el país, ese tipo de actos de rapiña pública y de traición a la investidura representativa podrían ser sancionados penalmente, y sus autores y cómplices pagar con cárcel y sin derecho a fianza, además de que quienes financiaran la llegada al poder político de esos truhanes con dinero distraído del erario –para comprar votos y simpatías favorables a sus partidos y sus candidaturas, por ejemplo, cual ha sido costumbre en las campañas del Partido Verde, y el alcalde de Cancún es fiel ejemplo de ese ‘proselitismo’- podrían correr la misma suerte, porque hasta ahora ni las autoridades electorales ni los organismos fiscalizadores de la transparencia ni las auditorías superiores ni ninguna institución autónoma creada de manera expresa para vigilar el ejercicio del gasto público ha servido para impedir que los delincuentes de la política lleguen al poder, ni mucho menos que se roben los cuantiosos bienes que la autoridad debiera administrar, ni que se les castigue por los saqueos, las deudas, las bancarrotas y los enormes daños sociales provocados por sus criminales maneras de proceder. De hecho, tales burocracias autónomas de Estado sólo han legitimado dichos atropellos contra la democracia electoral y contra el interés público, y sus enormes presupuestos y los ingresos de altos ejecutivos financieros de sus élites directivas sólo han servido para incrementar los daños provocados por la delincuencia política.Más que control y combate a la corrupción, lo que ha habido es simulación y complicidad. Cancún, como las ciudades turísticas de mayor crecimiento del Caribe mexicano, ya no puede con su destino anárquico y de un crecimiento incontinente y sin rumbo donde la aglomeración y la marginalidad van de la mano de la incompetencia, la irresponsabilidad y la codicia desenfrenada de gobernantes que no tienen más aspiración que la de hacer todo tipo de negocios particulares a costa del interés público y del poder político. Las ciudades se desbordan y se lumpenizan entre el hacinamiento y la violencia, y los gobernantes se dedican a empeorarlas entregándoselas al hampa, y con obras y servicios de la peor calidad y con los costos más altos, por los que autoridades y empresarios debían pagar, en efecto, con cárcel y sin derecho a fianza, su depredador paso por el poder.

Armando Galera

En el último semestre de su Gobierno, el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, ha favorecido con licitaciones ‘a modo’ a siete constructoras con más de 240 millones de pesos en contratos para la construcción de pozos de absorción, domos, parques, alumbrado público, pavimentación de calles y otras obras.

Algunas de estas empresas incluso están relacionadas con funcionarios municipales, como Tenedora de Obras S.A. de C.V., a nombre de Gabriela Pizano Lázaro, esposa del actual secretario de Obras Públicas y Servicios, Roger Espinoza Rodríguez, o la empresa yucateca Remolcadores para Construcción S.A. de C.V., vinculada a Elías Farah, secretario particular del alcalde y que recibió 26 millones de pesos por la construcción de la tercera celda sanitaria del relleno municipal, un basurero donde también se anidan vastos negocios sucios.

Pero además del tráfico de influencias y los conflictos de interés de la autoridad municipal para dar prioridad a estas constructoras vinculadas a los funcionarios del entorno inmediato del jefe de la Comuna, las primeras valoraciones de las obras revelan que se dejaron a medias, no se utilizaron materiales de calidad en ellas y ya presentan sensibles desperfectos, o simplemente eran innecesarias y terminaron por convertirse en ‘elefantes blancos’ (como las casetas de policía o los llamados centros de gestión social de las Supermanzanas 200, 259, 104 y 105).

Irregularidades en la asignación y ejecución de las obras

De acuerdo con información obtenida por Estosdías, la pavimentación de las avenidas 135 y Durango, así como la “construcción de banquetas y guarniciones en zonas prioritarias del Municipio de Benito Juárez”, con números de licitación EO-82300599-N01-2018 y EO-823005999-NOB-2018, respectivamente, con una inversión total de 19 millones 600 mil pesos, fueron entregadas prácticamente de manera ‘directa’ a Inmobiliaria Santa Dolores S.A. de C.V., empresa tamaulipeca que tiene como principal accionista a Seyed Mohammad Faorugh Fatemi Corcuera, quien es investigado en Estados Unidos como lavador de dinero del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington –vinculado a proceso por narcotráfico-, y de su sucesor Eugenio Hernández, impuesto por él y también investigado por sus nexos con las peligrosas bandas criminales del noreste mexicano, a quienes garantizaron entera libertad de operaciones y de las que fueron cómplices fundamentales y protectores de las actividades y los negocios del hampa que ensangrentaron la entidad y destruyeron en gran medida su estabilidad, su paz social y su enorme potencial productivo. De acuerdo con el Gobierno estadounidense, por ejemplo,Fatemi Corcuera fue prestanombres de ambos exmandatarios, quienes se dedicaron a comprar terrenos y hacer grandes inversiones con el dinero que el Cártel del Golfo y Los Zetas les pagaron a cambio de entregarles el control de los aparatos de seguridad pública del Estado y la impunidad suficiente para imponer y desplegar su industria del narcoterror en los territorios bajo su dominio.

Las obras de pavimentación comenzaron en junio pasado.Sin embargo, las primeras lluvias de julio provocaron el surgimiento de baches en gran parte de la carpeta asfáltica, pues en lugar de tener cinco centímetros de espesor y estabilidad Marshall de 700 kgf mínimo, tal como lo señala el contrato (de conformidad con las especificaciones señaladas por la norma N.CMT.4.05.003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), los trabajos finales se realizaron con 2.5 centímetros de espesor y 450 kgf de estabilidad Marshall.

Los pozos de absorción de las regiones 101, 200, 202 y 208, 210 y 260, que tuvieron una inversión de 14.8 millones de pesos y que fueron entregados por la empresa Tenedora de Obras S.A. de C.V., tampoco cumplieron con las especificaciones del contrato.

Las obras de las regiones 200, 202 y 208 ni siquiera han comenzado, a pesar de que debieron estar listas antes del 20 de julio pasado. Y las que sí fueron terminadas no cumplieron con su objetivo de evitar las inundaciones, pues fueron construidas con la mitad de la profundidad necesaria(de 12 metros) y con registros captadores areneros con cadenas de desplantes sin concreto y losas de menos de 10 centímetros de espesor.

La construcción del domo deportivo de Alfredo V. Bonfil (con número de licitación EO-823005999-N02-2018) fue otorgada a la empresa Topicsa Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. con un costo aproximado de obra de 12 millones 800 mil pesos. Sin embargo, domos similares han requerido una inversión de hasta 4 millones de pesos en otros Municipios, como Solidaridad.

Las ‘favoritas’

A pesar de los retrasos en la entrega de las obras, la mala calidad en los materiales usados y la inflación de su costo, durante los dos años de su administración,Remberto Estrada entregó prácticamente toda la obra pública y los servicios municipales a las mismas siete empresas.

La razón, de acuerdo con el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Aguilar Osorio: el pago de favores y el tráfico de influencias.

La información que contiene la página oficial del Ayuntamiento en el portal Personal de Obra Terrestre S.A. de C.V., revela que uno de los principales beneficiados fue Seyed Mohammad Farough Fatemi Courcuera, principal accionista de las empresas tamaulipecas Inmobiliaria Santa Dolores, Inmobiliaria Canano, Proyectos e Ingeniería Civil Hidalgo, y Personal de Obra Terrestre, que en estos dos años realizaron obras en el Municipio benitojuarense por casi 90 millones de pesos.

Distribuidora Materiales Urcare y Grupo Empresarial Urfisa fueron creadas en Quintana Roo en los últimos tres años, aunque pertenecen al mismo consorcio de Mohammad Fatemi, tamaulipeco paisano de la familia del dueño y jefe máximo del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez, y socio y amigo y compañero del Tec de Monterrey del gobernador quintanarroense preso, Roberto Borge Angulo. Y a pesar de su reciente creación, obtuvo de parte del Ayuntamiento benitojuarense obras por 34.5 millones de pesos, así como el contrato para rentarle cerca de 100 patrullas por 50 millones de pesos anuales.

En tanto, la empresa Construcciones y Urbanizaciones de la Riviera S.A. de C.V., vinculada al extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, recibió el contrato MBJ-DGOP-RF-6-2017 para la instalación del alumbrado público en la Avenida Guayacán.

Por su parte, el actual secretario de Obras Públicas y Servicios Municipales, Roger Espinoza Rodríguez, permitió que su empresa, a nombre de su esposa, Gabriela Pizano Lázaro, ‘ganara’ en 2017 la licitación de dos obras: la construcción del drenaje sanitario de la Región 2019 y la construcción de pozos de absorción en varias regiones de la ciudad, con un presupuesto conjunto de 35 millones de pesos.

A Espinoza Rodríguez también se le vincula con la empresa Topicsa Ingeniería y Construcción, la cual ha ganado los concursos para construir siete domos deportivos con un costo aproximado de 21 millones de pesos en total.

Mientras que la construcción de una cancha de fútbol de pasto sintético tiene un costo aproximado de 380 mil pesos, la empresa yucateca Ilco Construcciones S.A. de C.V., la ‘vende’ al Ayuntamiento de Benito Juárez en 2 millones de pesos cada una.

En total esa empresa ha recibido obras de la administración de Remberto Estrada por un monto total de 23 millones 914 mil pesos.

Elías Farah, actual secretario particular de Estrada Barba, es señalado de favorecer a la empresa yucateca Remolcadores para Construcción S.A. de C.V.,a fin de que ganara la licitación de la celda sanitaria número 3, del basurero de Cancún, con un costo aproximado de 26 millones 448 mil pesos.

También permitió que las empresas Constructora Pozzuolivolla S.A. de C.V., y Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya S.A. de C.V., obtuvieran de manera casi automática los contratos para repavimentar las principales avenidas de la ciudad, como la Kabah, Copán, Cobá, Puertos, La Luna, así como las calles de diferentes regiones de Cancún, por un monto del orden de los 35 millones de pesos.

La razón de este favoritismo está bien documentada, al revelarse la relación entre el secretario particular del presidente municipal y las familias Contreras Pereira y Paredes Góngora, dueñas de las dos empresas mencionadas.

De acuerdo con Remberto Estrada, durante su administración se invirtieron poco más de 650 millones de pesos en obra pública, una cifra ‘histórica’, según él.

Sin embargo, la documentación que existe hasta el momento sólo aclara el destino de 380 millones de pesos, por lo que aún faltan por auditarse los restantes 270 millones.

Pero la identidad de los principales contratistas y beneficiarios de las asignaciones de obras y servicios de la Comuna cancunense, advierte que si el Gobierno municipal morenista que viene es, en efecto, el de la transparencia, como lo anuncia y lo promueve la virtual sucesora del verde Remberto Estrada, Mara Lezama, tendrá tela de sobra de dónde cortar y delincuentes públicos de sobra a los cuales castigar, si, como establece el presidente electo de la República, Andrés ManuelLópez Obrador –y si sobre ese principio ha de gobernar el país-, la corrupción debe ser castigada y erradicada como el más grave de los males de México.

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