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Tras fracasar en su intento de heredar la gubernatura a su hijo, el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares recurre a la táctica que utilizó el hoy detenido Javier Duarte, para tratar de salvar el pellejo de la acción de la Justicia

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A mediados de 2016, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya planeaba una manera de escapar de la Justicia luego de que por primera vez en la historia de esa entidad un candidato ajeno al Partido Revolucionario Institucional ganara la gubernatura. El panista Miguel Ángel Yunes Linares había resultado electo en las elecciones de junio de ese año -a pesar de las acusaciones de corrupción y de tener vínculos con una red de pederastas encabezada por Kamel Nacif y Jean Succar Kuri-,  al derrotar a su primo, Héctor Yunes Landa, candidato del PRI, y a Cuitláhuac García Jiménez, del Movimiento de Regeneración Nacional. Su victoria no obedeció a una buena trayectoria o logros políticos (su cargo más importante lo tuvo en 2006, cuando Felipe Calderón lo designó titular del ISSSTE), sino al oscuro y violento Gobierno de Duarte, quien para entonces era visto como uno de los gobernadores más corruptos del país, junto con su amigo, el quintanarroense Roberto Borge Angulo. Cuando ambos vieron que iban a dejar el cargo a personajes ajenos al PRI y que iban a ser investigados por las nuevas autoridades estatales, utilizaron a sus respectivos Congresos para tratar de imponer a ‘fiscales carnales’ que pudieran cubrirles las espaldas. Sin embargo, fueron ‘traicionados’ por el presidente Enrique Peña Nieto, quien para deslindarse de ellos, y olvidándose que alguna vez los presumió como los rostros del ‘nuevo PRI’, instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambos Estados por acotar leyes del orden estatal ‘a modo’ que ponían en duda el Sistema Anticorrupción Nacional. Así, al contrario de Borge, Duarte decidió recular y pidió al Congreso declarar desierta la convocatoria.  Yunes aplaudió que la PGR frenara el llamado ‘paquete de impunidad’ de Javier Duarte y junto con el entonces líder nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, comenzaron a pedir juicio político para el todavía mandatario. Tampoco fue necesario. Duarte abandonó el cargo y escapó del país cuando observó que la situación era ya insostenible, aunque unos meses después fue finalmente atrapado en Guatemala y ahora permanece preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad. Pero hoy la historia parece repetirse: Yunes Linares no consiguió ‘heredar’ la gubernatura a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien perdió el 1 de julio pasado frente al morenista Cuitláhuac García Jiménez, y  puso en marcha la misma estrategia que le criticó a su antecesor. Utilizando a los diputados del PAN y a algunos independientes postuló a su ‘fiscal a modo’, Marcos Even Torres Zamudio, quien en 2014 fue investigado por el mal uso de 800 millones de pesos cuando fungía como director jurídico de los Juegos Centroamericanos. Desafortunadamente para Yunes, los legisladores del Morena tendrán mayoría en el Congreso local, por lo que es casi un hecho que darán marcha atrás a esta y otras acciones que podría poner en marcha de aquí al 30 de noviembre próximo en un vano intento por salirse con la suya. Así que es probable que, en una de esas, sufra el mismo destino de su antecesor.

Javier Ramírez

Los veracruzanos han tenido en los últimos años diversas dificultades. La violencia aumentó con los enfrentamientos y homicidios atribuidos al crimen organizado, al grado de convertir a Veracruz en una de las entidades con el mayor número de periodistas asesinados del país. Además, el entonces gobernador Javier Duarte hacía y deshacía a su completo antojo. Por ello no fue sorpresa que en 2016 decidieran poner fin a décadas de gubernaturas priistas y apostaran por el ‘cambio’ que representaba el panista Miguel Ángel Yunes, aunque con el fin de homologar fecha de elecciones sólo estuviera en el cargo dos años.

Pero tampoco resultó como lo esperaban. Así, el próximo 1 de diciembre la gubernatura nuevamente cambiará de partido y estará ocupada por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, quien había perdido la elección dos años atrás. Pero el actual Gobierno no pretende irse sin tener un ‘seguro’ contra la Justicia.

Duarte, último gobernador del PRI

Javier Duarte llegó a la gubernatura de Veracruz a los 37 años de edad, gracias a que formó parte del llamado ‘nuevo PRI’, que apostaba por figuras jóvenes para atraer a votantes nuevos. El quintanarroense, Roberto Borge Angulo, fue otra de ellas. Vino a sustituir a Fidel Herrera Beltrán, quien fue incluido en la lista de las ’10 personas más corruptas en México” de la revista Forbes. Duarte no se quiso quedar atrás.

A lo largo de su administración, Duarte fue duramente por el incremento en la violencia, principalmente en el número de periodistas asesinados, y es que de los 22 comunicadores asesinados en los últimos siete años en esa entidad, 17 fueron durante su gestión. Además, se encargó de conformar una red de empresas fantasma para facilitarles licitaciones públicas o asignarles contratos directamente.

Esta serie de denuncias habían conseguido que uno de sus principales críticos, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, ganara las elecciones de junio de 2016, por lo que de inmediato comenzó a planear la manera de cubrir sus pasos tras su salida del Gobierno. Para ello se apoyó del Congreso local, dominado por completo por el PRI, para aprobar una serie de iniciativas que lo protegerían contra futuras demandas por corrupción y otros ilícitos.

Estas iniciativas preveían la creación de la Fiscalía Anticorrupción, que duraría cinco años, así como la Contraloría General. Duarte intentó dejar en ambos cargos a personajes afines a él, como Fernando Rojas Calderón, Juan Manuel Herrera Sosa y Marco Arturo Rodríguez Nolasco.

Sin embargo, no contó con que un mes después el presidente Enrique Peña Nieto decidiera deslindarse por completo de él e instruyera a la Procuraduría General de la República a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra tanto del Gobierno de Veracruz como el de Quintana Roo.

En esa ocasión, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, explicó que los Gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge, así como sus respectivas legislaciones, realizaron reformas en materia anticorrupción sin esperar a la entrada en vigor de la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que es contrario a la Constitución Mexicana.

Borge hizo caso omiso y continuó con sus planes, pero Duarte reculó y solicitó al Congreso del Estado que declara desierta la convocatoria para el nombramiento del fiscal anticorrupción, al tiempo que afirmó que los magistrados que él había propuesto habían declinado y que por lo tanto no enviaría otra terna.

De igual manera el Congreso retiró la propuesta de basificar a 24 mil trabajadores de confianza, de los cuales la mitad eran ‘aviadores’.

Para octubre de octubre de ese año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que Duarte había creado 69 empresas para realizar operaciones simuladas, principalmente relacionadas con programas de combate a la pobreza o asistencia social.

Así, la Procuraduría General de la República (PGR) libró orden de aprehensión contra él por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos. Y es que de acuerdo con la investigación de la dependencia federal, Duarte encabezó una compleja red con varios de sus subalternos, entre éstos el secretario estatal de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, para  desviar recursos del erario de Veracruz e introducirlos al sistema financiero mexicano con el fin de darles apariencia lícita, esto mediante la creación de empresas fantasma.

Unos días antes de dejar el cargo Duarte solicitó licencia para ausentarse del cargo “por congruencia y honorabilidad”, y para dedicar tiempo a “limpiar su reputación y la de su familia”.  Se mantuvo prófugo durante varios meses, hasta que la PGR lo encontró y detuvo el 15 de abril de 2017, cuando se hospedaba en un hotel de Panajachel, en el Departamento de Sololá, Guatemala.

Hoy está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La gris administración de Yunes

Durante su etapa de gobernador electo, Miguel Ángel Yunes reprobó la manera en la que Javier Duarte y los priistas en el Congreso local pretendieron obtener impunidad, por lo que con el apoyo del entonces dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que promovería su destitución y que lo llevaría a juicio político en el Congreso de la Unión. Al final eso no sería necesario y Yunes comenzó a gobernar sin tener que hacer adecuaciones como lo hizo su homólogo quintanarroense, Carlos Joaquín González.

Su administración de dos años habría pasado sin pena ni gloria, aunque el número de reporteros asesinados descendió drásticamente a ‘sólo’ tres. Sin embargo, no estuvo exento de denuncias. En abril pasado, la empresa Intermercado, S.A. de C.V., presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz en contra del Gobierno de Yunes por haber retenido recursos que descontaron a tres mil 200 empleados gubernamentales para el pago de créditos, un esquema utilizado en el Gobierno de Javier Duarte, con el que en ese entonces fueron defraudados cuatro mil 500 trabajadores, quienes terminaron con calificación negativa en el Buró de Crédito.

En esta ocasión, el desvío sería de 48 millones de pesos y habría sido ejecutado por el secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini; el subsecretario de Egresos, Francisco Jiménez Rocha, y el director general de Administración, Fernando Martínez Villicaña.

De igual forma, durante el pasado proceso electoral, el entonces candidato del Morena a la gubernatura, Cuitláhuac García, denunció a Yunes por el presunto desvío de recursos públicos para apoyar la campaña de su hijo, Miguel Yunes Márquez, quien estaba abanderado por la coalición PAN-PRD-MC.

García Jiménez interpuso dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Xalapa, en contra del gobernador y de los secretarios estatales de Desarrollo Social y de Finanzas, Rodrigo Marín Franco y Guillermo Moreno.

Incluso el mismo Javier Duarte, desde la cárcel, denunció a Yunes ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su denuncia, Duarte utilizó artículos periodísticos que desde 2013 señalan a Yunes de haber aumentado su patrimonio durante los últimos años de su carrera política. Pidió que se le diera seguimiento a una denuncia que él mismo interpuso contra el panista ante la SEIDO en 2016, cuando aún era gobernador.

El fiscal ‘carnal’

Ante las denuncias que pesan en su contra, Yunes Linares tuvo que recurrir a la misma estrategia que intentó Duarte en 2016 y que él tanto criticó: pese a no sumar las dos terceras partes que requería para el nombramiento, los grupos del PAN y PRD, y dos legisladoras independientes, designaron con 27 votos a Marcos Even Torres Zamudio, vinculado tanto al actual fiscal Jorge Winckler como al gobernador Yunes, como fiscal Anticorrupción por cinco años.

Como hace dos años lo hiciera el PAN, el grupo opositor del Congreso, conformado por Morena y el PRI, tomó la tribuna para tratar de evitar la votación. Sin embargo, los votantes trasladaron la Mesa Directiva al centro del pleno para finalmente realizar la votación. Ahí mismo fue nombrado y tomó protesta Torres Zamudio, entre gritos de “son peor que Duarte”.

El nuevo fiscal dijo no tener duda alguna de la legalidad del proceso llevado a cabo por el Congreso local y que aunque respeta las opiniones de los diputados que no respaldaron su nombramiento y que buscarán impugnarlo, desea que la designación no se revierta.

Marcos Even Torres Zamudio fungía hasta hace unos días como visitador general de la Fiscalía de Veracruz y fue director jurídico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Paracentroamericanos (JCPC) de 2014, mismos que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido al mal uso de más de 800 millones de pesos.

Los otros que conformaban la terna, Gustavo Fernando Vasto Pulido y Andrés Domínguez Fernández, también habían sido criticados por la cercanía que tienen con el gobernador Yunes y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Edel Álvarez Peña.

Sin embargo, aunque el Congreso actual aprobó las iniciativas de Yunes Linares en las que se “protege” contra futuras demandas por corrupción y otros delitos, el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez y la próxima Legislatura –en donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dominará– podrían echar abajo estas reformas, como sucedió en 2016 en Quintana Roo.

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