Tras la exhibición de uno más de sus millonarios negocios inmobiliarios, Ricardo...

Tras la exhibición de uno más de sus millonarios negocios inmobiliarios, Ricardo Anaya asegura que hay una ‘guerra sucia’ en su contra y, mientras tanto, Javier Corral gana en su enfrentamiento con el Gobierno de Peña y suma puntos a la campaña panista, bajo el leve fuego declarativo de Meade, que acusa al chihuahuense de ejercer un mandato económicamente mediocre

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En los últimos meses, diversos medios se han encargado de sacar a la luz el presunto enriquecimiento ilícito del hoy precandidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya. El primero de ellos fue El Universal, que en agosto del año pasado divulgó información acerca del vertiginoso y desmedido incremento del patrimonio del aspirante y de algunos familiares directos de su esposa, como sus padres y hermanos, a los que habría usado de prestanombres para multiplicar en más de diez veces el patrimonio con el que comenzó su también meteórica carrera política como modesto secretario particular de un gobernador de Querétaro, su Estado natal. Para disminuir el impacto de esa noticia, Anaya, en su calidad aún de dirigente nacional del PAN, convocó a sus homólogos del PRD y el MC para conformar el denominado Frente Ciudadano con México con el fin, nada menos, de “combatir la impunidad, la corrupción y la desigualdad”. El primer acto de este grupo fue bloquear la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en tanto no se diera reversa al ‘pase automático’ del entonces procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, como fiscal General de la Nación. El paro legislativo finalizó siete días después y el líder priista, Enrique Ochoa de Reza, acusó a Anaya de chantaje político y lo exhortó a enfrentar las acusaciones en su contra y dejar de chantajear con cortinas de humo. Pero éste nunca respondió y aprovechó la conformación del Frente para impulsarse como candidato presidencial del PAN, sacando del camino con sus decisiones autoritarias y de grupo de poder partidista a todo aquel que tuviera aspiraciones de participar en el proceso, entre ellos Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, con el apoyo de gente como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien el PRI denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por presunto desvío de recursos a favor de la campaña de Anaya, en respuesta a la denuncia que el mandatario hizo a inicios de año al acusar al Gobierno federal de detener la entrega de recursos a su Estado en represalia por la detención de un poderoso priista chihuahuense vinculado al prófugo exgobernador César Duarte, antecesor de Corral y al que se le siguen diversas causas penales por corrupción. Tras el reportaje del semanario Proceso que exhibió la manera en que Anaya concretó un millonario negocio inmobiliario utilizado una fundación que creó en 2009, cuando apenas era secretario particular del gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, Anaya hoy asegura ser víctima de una guerra sucia orquestada por el PRI, pese a que las críticas también vienen de los panistas Ernesto Cordero y Felipe Calderón, quienes pidieron a las autoridades investigar el caso. Mientras tanto, Javier Corral, luego de encabezar una llamada ‘Caravana por la dignidad’, consiguió torcer el brazo del Gobierno federal para comprometer públicamente y a través del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la entrega de 900 millones de pesos a Chihuahua, la extradición y el seguimiento preciso del caso penal de César Duarte, y el respeto constitucional y sin ingredientes políticos y electorales de los respectivos ámbitos –estatal y federal- de poder republicano. Y si bien Corral consiguió esa importante victoria política como un abono, asimismo, a la campaña presidencial de Anaya y su grupo, el desangelado precandidato priista y verdecologista, José Antonio Meade, fue a decir a Chihuahua, en el curso de su campaña presidencial, que el Gobierno de Corral sólo se distinguía en la beligerancia política, pero era uno de los peores en lo esencial: la administración de los recursos y la creación de empleos. Pero ya los bonos de Corral se iban al cielo y en las especulaciones de algunos se veía compitiendo en una siguiente elección presidencial, mientras Meade… Meade parecía estar cada vez más lejos de Los Pinos.

Tras la exhibición de uno más de sus millonarios negocios inmobiliarios, Ricardo Anaya asegura que hay una ‘guerra sucia’ en su contra y, mientras tanto, Javier Corral gana en su enfrentamiento con el Gobierno de Peña y suma puntos a la campaña panista, bajo el leve fuego declarativo de Meade, que acusa al chihuahuense de ejercer un mandato económicamente mediocre

Javier Ramírez

A inicios de febrero, el semanario Proceso documentó la manera en que, siendo aún secretario particular del gobernador queretano Francisco Garrido Patrón, el precandidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, creó una fundación que sirvió para concretar un millonario negocio inmobiliario. De acuerdo con el reportaje, Anaya conformó la organización denominada Por Más Humanismo A.C. en 2009 con la finalidad de favorecer a algunos empresarios cercanos al panismo de esa entidad. Un año después recibió en la cuenta bancaria de dicha fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles, cantidad con la que adquirió un terreno donde construyó un edificio que en 2016 se vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados Asfaltos, propiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro.

La publicación señala que lejos de cumplir su cometido de fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política, la fundación únicamente “sirvió para encubrir una complicada triangulación de recursos, en un negocio inmobiliario que les dejó jugosas ganancias”.

Tras darse a conocer el reportaje, Anaya reconoció haber comprado el terreno como presidente de la fundación, pero que había dejado el cargo en 2014 e ignoraba lo que había sucedido. Aseguró que la fundación actuó “siempre apegada a Derecho y sin fines de lucro”, además de que negó que el terreno en el que se asentó hubiese sido expropiado por el Gobierno panista de Garrido Patrón.

Afirmó que tras haberse cumplido el propósito de promover el civismo y que el Comité Ejecutivo del PAN tuviera sede propia, se dio por finalizada la fundación y se procedió a la venta del edificio, que era el único activo de la misma, y se procedió a pagar los pasivos, que eran las deudas derivadas de la compra del terreno y la construcción, que había quedado inconclusa.

Posteriormente, en su cuenta de Twitter expresó que la publicación era el inicio de la guerra sucia del PRI, partido que, aseguró, está desesperado y no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato José Antonio Meade. “Tienen miedo, no le creas a los del PRI”, aseveró.

Enriquecimiento familiar

Pero la de Proceso no es la primera denuncia pública que se ha hecho del presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Anaya. En agosto pasado, El Universal destacó que durante el tiempo que Anaya fue secretario general del gobernador Francisco Garrido Patrón, de 2003 a 2009, su suegro, Donino Ángel Martínez, pasó de administrar un hotel y tres sucursales del restaurante La Parrilla Leonesa, a constituir cinco empresas inmobiliarias y comprar 16 propiedades.

Al revisar actas en el Registro Público de la Propiedad de esa entidad, salió a relucir que Ángel Martínez tiene participación en al menos 16 empresas y su esposa, Meribel Franco, en 10. Pero no sólo ellos: los hermanos del suegro de Anaya -Jesús, Manuel, Alonso, Mercedes Martínez y José Luis-, e incluso sus primos políticos, Lorena y Diego Martínez Rodríguez, tienen participación en esa red empresarial.

En lo que a propiedades se refiere, en el año 2002, antes de que Anaya laborara para el gobernador de Querétaro y de contraer matrimonio con Carolina Martínez, su familia contaba con seis inmuebles con un valor total de 21.9 millones de pesos. Pero a partir del 2003 las propiedades se multiplicaron, al comprar otras 27, incluida las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El negocio más rentable fue la transmisión accionaria de un inmueble denominado Plaza Juriquilla, que cuenta con 120 locales. De este modo, la familia de Anaya Cortés posee actualmente 17 empresas con un valor de 308 millones de pesos.

El entonces dirigente nacional del PAN aseguró que se trataba de una infamia de los medios de comunicación, y que el Gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional estaban detrás de ella en represalia porque el PAN se oponía al pase automático de Raúl Cervantes de procurador General de la República a Fiscal General.

Conformación del Frente Ciudadano

A los pocos días, Anaya hizo gala de su autoritarismo, y sin tomar en cuenta la opinión de sus compañeros concretó una alianza con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), al que denominó Frente Ciudadano por México, cuyo fin, aseguró, era “trabajar en conjunto para lograr un Gobierno de coalición, así como el combate a la impunidad, la corrupción y la desigualdad”.

La primera acción del Frente fue bloquear durante casi una semana la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para exigir que el bloque del PRI dictaminara la iniciativa que frenaría el pase automático de Raúl Cervantes como fiscal general.

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó a Anaya de haber mantenido al Congreso de rehén, en un intento por poner una cortina de humo que desviara la atención pública de su escandaloso enriquecimiento ilícito. Lo exhortó a hacer una aclaración pública de su patrimonio, pero Anaya lo ignoró completamente.

A partir de ese momento, Anaya empleó todos sus recursos para consolidarse como precandidato del PAN, y del Frente, a la Presidencia de la República.

El factor Corral

Para conseguir la candidatura, Anaya contó con el apoyo de varios gobernadores panistas, entre éstos el de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien apenas asumió la gubernatura en octubre de 2016 inició una serie de investigaciones en contra de su antecesor, el priista César Duarte Jáquez, que había cerrado su administración contratando una deuda pública de más de seis mil millones de pesos, que se sumarían a los 43 mil millones ya existentes.

Así, basándose en la información de la entrega-recepción de las dependencias, del mismo modo que en denuncias presentadas por asociaciones civiles, en marzo de 2017 su Gobierno puso en marcha la “Operación Justicia para Chihuahua”, con la que se logró la detención, en cuestión de horas, de los extitulares de las secretarías estatales de Obras Públicas, de Hacienda y de Educación Pública, acusados de un quebranto total de 824 millones de pesos mediante la simulación de contratos de bienes y servicios.

El 27 de marzo, Javier Corral confirmó que se había librado orden de aprehensión en contra de César Duarte, quien aparentemente había escapado hacia El Paso, Texas.

Tres meses después, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó la detención de César Duarte, tras integrar un expediente con pruebas de que desvió recursos públicos a favor del Revolucionario Institucional. De acuerdo con las investigaciones, durante su administración ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal.

Como parte de las investigaciones, el 20 de diciembre pasado fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado de participar en una red que desvió 240 millones de pesos de fondos públicos de Chihuahua para favorecer las campañas electorales del tricolor en 2016. En su declaración, confirmó que los montos desviados de la Federación fueron avalados por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

La situación derivó en un enfrentamiento directo entre Javier Corral y el Gobierno federal, al que acusó de que, en represalia por las investigaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se había negado a cumplir con los acuerdos para la entrega de 700 millones de pesos de recursos extraordinarios, por lo que solicitó al presidente Enrique Peña que rectificara la decisión dentro de la relación institucional y que diera curso a la solicitud de extradición de Duarte Jáquez.

Javier Corral también indicó que el actual secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le notificó que Chihuahua había sido la única entidad del país en no recibir recursos para el financiamiento fiscal, argumentando que no había dinero por falta de recaudación, aunque posteriormente le confirmaría que el motivo por el que se dejaron de depositar los recursos era por la investigación que el Gobierno del Estado estaba realizando contra la corrupción.

La ‘Caravana por la dignidad’

Al no recibir respuesta del Gobierno federal, el 20 de enero pasado Javier Corral inició la llamada ‘Caravana por la dignidad’, que partió de Ciudad Juárez, para exigir la entrega de los 700 millones de pesos a su Estado, así como la extradición de César Duarte.

La marcha recorrió cuatro mil 500 kilómetros, atravesando los Estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Morelos, hasta llegar el pasado 2 de febrero a la Ciudad de México, donde se reunió con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.

En conferencia de prensa, Navarrete anunció el acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) solicite la extradición del exgobernador César Duarte y se dé celeridad al caso. Además, el Gobierno federal entregará al Gobierno estatal 900 millones de pesos de recursos federales, es decir, 200 millones de pesos más que lo originalmente solicitado.

Por su parte, el Gobierno de Chihuahua confirmó que declinaba en su intención de presentar controversia constitucional sobre el tema en cuanto se confirmara la recepción de los 900 millones de pesos. De igual manera, manifestó su disposición para que Alejandro Gutiérrez, que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal, sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número nueve, ubicado en esa misma entidad.

“¿Está usted de acuerdo señor Gobernador?”, le preguntó Navarrete antes de ofrecerle su pluma para que firmara el documento. “Ándele, con pluma azul”, dijo Corral.

“Este no es un triunfo de Javier Corral, sino un triunfo colectivo de Chihuahua y México”, sentenció el gobernador.

De esta manera, la campaña mediática emprendida por Javier Corral, enfocada en el combate a la corrupción, había concluido con éxito, sentando un precedente a favor de los Gobiernos estatales panistas, y, por supuesto, de Ricardo Anaya, quien celebró que las dos causas del gobernador, que calificó de “absolutamente correctas”, finalizaran.

Para confirmar el mutuo apoyo, acudió al Primer Informe de Gobierno de Corral ofrecido el jueves 8 de febrero.

Meade, por su parte, cumpliendo su agenda de campaña por Chihuahua dio su tibia lucha retórica en contra del Gobierno panista dela entidad: ha matado la creación de empleos. La gestión estatal es un desastre, dijo.

Pero a partir de esa victoria política, el gobernador chihuahuense ha levantado suficientes simpatías de valor y congruencia que, en la óptica de los adelantados y de la aridez de liderazgos éticos y populares, lo perfilan hacia una ulterior candidatura presidencial.

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