Tulum, a merced de la anarquía poblacional, de la inseguridad pública y...

Tulum, a merced de la anarquía poblacional, de la inseguridad pública y jurídica, del hampa política y empresarial, de las mafias ejidales y del ‘narco’, y reino indiscutible del asalto y la ocupación ilegal e impune de costosos patrimonios playeros

91
0
Compartir

Tulum era el paraíso en la Tierra, el territorio de la quietud y la belleza natural, el delicado hábitat de una vida silvestre de especies únicas; un ámbito de selva y mar que como los demás del Caribe mexicano debía ser preservado como una prioridad estratégica del Estad nacional, y al que hoy, en cambio, las autoridades de los tres niveles de ese Estado nacional han condenado a perecer del modo más raudo e irreversible que pudiera concebirse en el mundo civilizado.Porque la corrupción, la voracidad y la complicidad de las autoridades han promovido que todos los males del peor crecimiento económico, poblacional y urbano rompan los equilibrios posibles de la sustentabilidad y destruyan su entorno ecológico, social y cultural, y que Tulum, apenas hace unos años convertido en una nueva municipalidad del Estado de Quintana Roo sólo para ser disputado por los intereses más nocivos de los grupos políticos y empresariales en turno, siga a toda prisa los peores pasos del caos y la degradación que consumen a los Municipios de Solidaridad y Benito Juárez –es decir, los de Playa del Carmen y Cancún-, y como ellos sea invadido por el turismo drogadicto y por las bandas criminales que se matan para abastecerlo, y que sea envilecido como un territorio sin ley envuelto en la violencia, el vicio, la inseguridad púbica y jurídica, el precarismo y la vertiginosa colonización irregular, la contaminación y la insalubridad, el descontrol urbano y todas las pestes asociadas al desregulado arribo de inversiones depredadoras que sólo podrían tener cabida en un país dominado por el hampa (empresarial, política y del ‘narco’). El naciente Municipio de Tulum es ya también el del ocaso y la inviabilidad. Es una tierra de nadie de violencia, secuestros, amenazas y asesinatos, en el contexto terminal de una disputa de más de 30 años por casi 10 mil hectáreas de tierras de un escenario paradisiaco de arenas blancas frente a un horizonte azul caribe interminable, cuyo valor conjunto bordea los 600 millones de dólares.De acuerdo con los registros históricos, hace casi 45 años el entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, y el titular del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,la cuestionada Sedatu), Augusto Gómez Villanueva, crearon por decreto el Ejido José María Pino Suárez en la zona costera de Tulum, una demarcación sometida hoy día a la especulación inmobiliaria y a los pleitos rabiosos entre caciques ejidales y socios inversores de la peor ralea.La idea era aprovechar la región selvática del ejido para la explotación de maderas preciosas y el desarrollo de la actividad agrícola (una de las tantas ideas absurdas y necesariamente fallidas de un populismo echeverrista autoritario y desbocado, que quiso devastar la selva para hacerla zona de producción rural mecanizada cuando el suelo peninsular calcáreo es el menos apto del planeta para ese tipo de actividades, y lo que salió de esos experimentos ruinosos fue la destrucción del hábitat natural y del patrimonio maderable, el sobrepoblamiento del ámbito rural y su empobrecimiento progresivo en algunas zonas del Estado, y la conversión de grupos de ejidatarios privilegiados, en los sitios de mayor plusvalía urbana y turística, en mafias empresariales asociadas a las del poder político y a las de la construcción y la urbanización expansivas, para derribar las selvas, pervertir la vida silvestre y la salud ambiental, y agotar en tiempo récord los recursos y las posibilidades de un desarrollo y una sostenible prosperidad de largo plazo). Sin embargo, las playas y las áreas de fábula aledañas a la zona arqueológica de Tulum, y el horizonte interminable de mar y selva que debía ser cuidado con la mayor dedicación y con todas las reservas de un aprovechamiento sustentable y moderado, pronto se convirtieron en un botín de mercenarios de la política, de la empresa privada y ejidal, y ahora del crimen organizado, porque la corrupción y la anarquía institucional al servicio del mejor postor, hicieron de la plusvalía turística e inmobiliaria –sin respetar de ningún modo ni las áreas naturales protegidas del Parque Nacional y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an-, una zona de guerra de los más demoledores intereses. Empezaron a surgir y a multiplicarse los inversores llegadosa pelear por lo que a todas luces se vislumbraba como un millonario negocio en el corto y el largo plazos, desde extranjeros ‘ecologistas’ que no respetaron las legislaciones ambientales porque a la autoridad sólo le importaba participar en los dividendos privados de su actividad, pasando por ejidatarios ambiciosos de la misma calaña y empresarios de toda layay procedencia acaparadores de tierras, y todas suerte de gobernantes y funcionarios federales y locales que han hecho de Tulum y de toda la Riviera Maya una violenta cueva de Alí Babá y una nutrida legión de ladrones.

Tulum, a merced de la anarquía poblacional, de la inseguridad pública y jurídica, del hampa política y empresarial, de las mafias ejidales y del ‘narco’, y reino indiscutible del asalto y la ocupación ilegal e impune de costosos patrimonios playeros

Armando Galera

Iniciando la década de los noventa del pasado siglo pasado y con el pleno auge del turismo europeo en la ciudad vecina de Cancún, algunos visitantes del “viejo mundo” se interesaron por la tranquilidad y la ‘virginidad’ de Tulum, comprando en los siguientes diez años casi 2 mil 300 hectáreas de tierras costeras a los ejidatarios, a un precio promedio de mil dólares el metro cuadrado, para construir cabañas y hoteles ‘ecológicos’ (que a la postre resultarían todo lo rústicos y exóticos que parecieran, menos ecológicos, porque a falta de infraestructura de drenaje y saneamiento, las aguas negras de sus instalaciones han terminado contaminando los mantos freáticos durante decenas de años y, en el caso de los inmuebles playeros, fluyendo también al mar en caudales cada vez más nutridos y patológicos, a medida que la playa se satura de esos inmuebles ecológicos –incluso tierra adentro de las áreas naturales protegidas- con la abierta complicidad de las autoridades ambientales y de todas las responsables de impedir ese desastre).

Todo parecía transcurrir en paz, pero a partir de 2005 se recrudeció la pelea por los cotizados predios, luego de que el Tribunal Unitario Agrario declarara que la mayoría de las tierras que los ‘campesinos’ vendieron a empresarios nacionales y europeos estaban categorizadas como “Selva tropical”, mismas que no se podían parcelar ni vender, de acuerdo con el Artículo 59 de la Ley Agraria,además de que la zona costera era propiedad nacional, no de los ejidatarios cuyas cúpulas se estaban convirtiendo en empresas inmobiliarias.

En 2009, una pandilla a sueldo de golpeadores y gatilleros del lumpen criminal, armadas con palos, machetes y escopetas comenzó a invadir las cabañas y los hoteles costeros de Tulum, siendo el primero el Hotel Ocho Tulum, propiedad de Ken Wolf, un empresario estadounidense.

La xenofobia y el chovinismo analfabeto sirvieron como banderas falaces del desalojo: bastaba con que una cabecilla se presentara en las colonias más pobres y en expansión de la ciudady declarara a sus pobladores que era necesario expulsar a los europeos dueños de las paradisiacas tierras, pues “las playas son para los mexicanos”.

Por supuesto que las turbas de pobres no se quedaban con las tierras reclamadas, sino que éstas cambiaban de dueño hacia otros empresarios o funcionarios federales o locales.

Pero a partir de 2011, el desalojo criminal se ‘institucionalizó’ con el Gobierno de Roberto Borge Angulo, utilizando para ello el aparato estatal de poder a su absoluto albedrío.

En marzo de 2013, por ejemplo, se asaltaron y se‘confiscaron’ cuatro hoteles a la orilla del mar en la zona conocida como Punta Piedra, por una orden judicial en la que dos hombres demandaron a los propietarios argumentando que les debían 22 millones de dólares en sueldos por su trabajo de cuatro años como intendentes. Así que el juez les dio las cuatro propiedades como pago.

Era el modus operandi del entonces gobernador, hoy preso entre otras razones por ese tipo de crímenes suyos y de su pandilla de policías y gatilleros a sueldo.

A los dueños nunca se les notificó que sus propiedades estaban siendo objeto de una disputa legal, ni mucho menos que estaban siendo demandados por un juicio laboral, porque se trataba de un vil atraco con la participación de todas las autoridades políticas, policiales, laborales y judiciales a merced del delincuente ‘mandatario’. También presentaron como prueba que no tenían registros de que los dos hombres trabajaran para ellos.

Las tierras de estos cuatro hoteles estaban valuadas en 9.8 millones de pesos, con un costo por metro cuadrado de mil 370 pesos.

Tuvieron que pasar casi cuatro años para que luego de las auditorías al anterior Gobierno se descubriera el destino de estas tierras: fueron vendidas en agosto de 2013 a César González Hermosillo, prestanombres del ahora exgobernador preso, Roberto Borge, a un precio de 89 pesos el metro cuadrado, un robo monumental.

Hoy, a pesar del enorme potencial turístico que representa Tulum, el 60 por ciento de los proyectos se encuentran detenidos por el litigio de las tierras (aunque diversos inmuebles se siguen construyendo y otros siguen operando con la complacencia de autoridades como las de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que a pesar de que los empresarios o los dueños de esas propiedades realizan sus obras en el territorio prohibido de las áreas protegidas, cuando llegan a clausurarlas lo hacen una vez que las obras están terminadas y sin que la sanción administrativa rinda efecto, pues se trata apenas de multas menores que los empresarios o los dueños cubren para seguir sirviéndose de ellas sin novedad).

El nuevo Comisariado Ejidal, presidido por Hiladio Ramírez Gutiérrez, desconoce el 80 por ciento de las tierras vendidas durante el periodo 1992-2005 y ha presentado varios juicios ante el Tribunal Unitario Agrario para recuperarlas (y, por supuesto, volverlas a vender después).

Además, los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza (de gran cercanía con el expresidente Felipe Calderón), afirman que alrededor de mil 700 hectáreas costeras les pertenecen, amparándose con el título de propiedad número 673, de fecha 27 de diciembre de 1948.

También están las 3 mil 450 hectáreas que fueron ‘adquiridas’ por el Gobierno estatal durante el sexenio de Roberto Borge, y luego vendidas a funcionarios y prestanombres vinculados al entonces gobernador.

Luego del arresto del exmandatario, existe el temor, al comprar un predio en Tulum, de que éste se encuentre relacionado con un caso de corrupción y despojo de tierras, lo que significaría su pérdida.

Y asociada a dicho tipo de industria del despojo y la extorsión de las mafias políticas, empresariales y ejidales, está la del ‘narco’, que además de la venta de drogas en un creciente mercado de turistas adictos, del secuestro ydel cobro de derecho de piso, ha encontrado en el acaparamiento de tierras cercanas a la playa (a través de prestanombres, claro está) un negocio igual de redituable en el corto plazo.

La versión de los extranjeros

El francés JacquetRenaud es uno de los 48 empresarios extranjeros despojados de sus predios en Tulum. Contactado por Estosdías, cuenta que en 2004 adquirió una parcela de tierra en la playa conocida como Punta Piedra, comprándola a 950 dólares el metro cuadrado a un grupo de‘campesinos’ del Ejido José María Pino Suárez.

“En ese entonces la zona de playa estaba poco desarrollada. No había energía eléctrica y el acceso era por caminos de terracería. Incluso tuvimos que organizarnos, un grupo de cuatro hoteleros, para traer postes de luz a la zona y mejorar la entrada, porque el Gobierno local [se refiere a la administración de Solidaridad, a la cual pertenecía el ahora Municipio de Tulum en ese entonces] no estaba interesada en invertir en el lugar”, dice Renaud.

Aclara que él no fue uno de los primeros extranjeros en adquirir terrenos en la playa de Tulum. Señala tener conocimiento de que, desde 1992, franceses, españoles, alemanes, estadounidenses y argentinos comenzaron a adquirir predios en el lugar, aprovechando la disposición del Ejido para vender las propiedades. Sin embargo, en un principio sólo eran utilizadas para la recreación personal: “un pedacito de cielo” para relajarse durante vacaciones o en la jubilación.

Fue a partir de 2002 que comenzaron a aparecer los primeros hoteles sencillos, atrayendo a los turistas mayores de 40 años y con alto poder adquisitivo, quienes buscaban espacios más tranquilos que el bullicioso Cancún, que empezaba a ser abarrotado por estudiantes estadounidenses que sólobuscaban alcohol, sexo y drogas.

JacquetRenaud reconoce que la mayoría de los nuevos hoteles se construyeron sin cumplir con todos los permisos gubernamentales, mucho menos las disposiciones ambientales.

“Sólo llegábamos, poníamos los cimientos de concreto en la playa, y listo. Nadie nos decía nada porque nadie estaba interesado en el área, hasta ese momento”.

Hoy se sabe que nueve de cada 10 hoteles en la zona de playas de Tulum cometieron alguna falta ambiental, desde el relleno de manglares, a la tala de flora protegida, y hasta la construcción de obras en zonas prohibidas y sin drenaje, y la descarga de aguas negras a los mantos freáticos o a las playas, entre otras graves o muy graves, tratándose de una zona silvestre de alta fragilidad biótica y muy vulnerable a la densidad poblacional e inmobiliaria y a la contaminación.

En 2009, un año después de que Tulum fuera establecido como un Municipio más de la entidad, llegó un grupo de personas que se identificaron como representantes de la familia Garza Ponce, de Nuevo León, quienes aseguraban que las tierras les pertenecían a ellos desde antes que fueran entregadas al Ejido de José María Pino Suárez.

“A partir de entonces varios perdimos nuestras propiedades con juicios, amenazas y desalojos. Supuestamente, cuando compramos las tierras al Ejido no se ratificó en una asamblea, por lo que las transacciones eran inválidas. Algunos intentamos negociar de nueva cuenta con el Ejido Pino Suárez, pero a unos nos intentaron revender la tierra en cinco veces su precio, casi 4 mil 500 dólares el metro cuadrado. A otros les dijeron que no se podía, pues ya tenían planes para el terreno. Fue así como poco a poco fuimos abandonando nuestros hoteles y restaurantes”.

El despojo y la extorsión se habían consumado al mejor estilo de la delincuencia organizada.

Hasta el día de hoy, 24 de estos inmuebles permanecen abandonados y la mayoría de ellos ya fueron saqueados. Y aún ahora su situación es incierta: unos meses, su propiedades del Ejido, pero no tarda y pronto son desalojados por grupos armados que,a su vez, reclaman la propiedad. Los enfrentamientos están a la orden del día, y de acuerdo con los reportes policialeshan dejado un saldo de 27 heridos y cuatro muertos sóloentre 2013 y 2016.

La razón de los ejidatarios

Unos meses después de que el presidente Luis Echeverría decretara la conformación del Estado de Quintana Roo, se creó el Ejido Pino Suárez de Tulum, otorgándoles más de 10 mil hectáreas de tierras, las cuales colindaban con las playas del Mar Caribe.

Sin embargo, al paso de un año, Antonio González Avilés y Felipe Hernández Collí, dos empresarios de Nuevo León, reclamaron 380 hectáreas de tierra frente al mar, presentando como prueba títulos locales de propiedad expedidos desde diciembre de 1948.

Para evitar conflictos, el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización repartió 200 hectáreas a cada uno de los regiomontanos.

Durante 20 años todo transcurrió con relativa normalidad. Los ejidatarios vivían en el pueblo ejidal con carencias, pues nunca llegó el apoyo federal para cultivar una tierra que, por lo demás, tampoco era cultivable. Sin embargo, con la llegada de los europeos y su interés en adquirir terrenos cercanos al mar, surgió un negocio redituable para los ejidatarios.

“Muchos compañeros decidieron vender sus terrenos, aunque no lo hicieron de la manera correcta, pues no pidieron permiso a la Asamblea Ejidal. Además, estaba prohibido en ese entonces vender las tierras sin antes llevar a cabo los trámites correspondientes ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, por lo que no tenían validez”.

Hidalio Martínez expresa que, sin embargo, decidieron pasar por alto este hecho, pues era la única manera de que pudieran ganar dinero. Se llegó al acuerdo de que el 50 por ciento de lo recaudado por la venta de un terreno debía ser repartido por igual entre los ejidatarios, a fin de apoyar a los campesinos que no contaban con tierras frente al mar y, por tanto, era una posibilidad remota que concretaran una transacción.

Pero las cosas se complicaron cuando aumentó la demanda de predios costeros y algunos ejidatarios comenzaron a concretar ventas sin dar parte a la Asamblea Ejidal. Al menos mil 800 hectáreas fueron vendidas de esta manera entre 2002 y 2010, con un valor aproximado de 180 millones de dólares por todas ellas.

Fue en 2002 cuando entraron en escena los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villareal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, quienes argumentaron que, en 1984, Antonio González Avilés les vendió sus terrenos que colindan con el mar, lo cual fue rechazado por las autoridades agrarias.

No obstante,la familia Garza ha promovido operativos de desalojo de varios hoteles pertenecientes a extranjeros y ejidatarios, aun y cuando, en noviembre de 2011, el Tribunal Agrario 44 emitió sentencia a favor de los ejidatarios, declarando juicio de nulidad de los títulos de propiedad de Garza Ponce y los empresarios regiomontanos.

Un año después, en mayo de 2012, fue asesinado el abogado encargado de defender las propiedades del Ejido, Luis Hernández Patiño. Los ejidatarios aseguran que su defensor fue asesinado por mandato de José María Garza Ponce. Hasta el momento no se ha encontrado al culpable de su homicidio.

La turbia mano de Borge

En mayo de 2016 se reveló que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue el principal orquestador del despojo de casi 2 mil hectáreas de terrenos costeros en Tulum, haciendo uso de la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social, mediante el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda, para fabricar litigios laborales promovidos por supuestos empleados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, y así despojar a propietarios particulares de terrenos, casas en zonas residenciales y hoteles en Tulum.

Uno de ellos fue el juicio laboral JECA/PC/1164/2011, en contra de los dueños de los negocios turísticos Puerta del Cielo, Hotel Playa Azul, Cabañas Ixchel y Cabañas dos Ceibas.

Borge utilizó tanto a la Policía Municipal como a agentes judiciales para ‘cuidar’ los terrenos más cotizados, despojandoa sus legítimos dueños. Nadie se había atrevido a presentar una denuncia en su contra, hasta después de que, ya como exmandatario, Borge pisara la cárcel en Panamá acusado de corrupción y malversación de fondos.

El abogado Edgar Mauricio Pumaro de la Cruz representaba a seis ejidatarios víctimas de despojo por parte de una persona identificada como Rodríguez García.

Miembros de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez aseguran que Pumaro renunció a llevar todos los casos luego de que en mayo del 2014 se presentaron en sus oficinas siete hombres que viajaban en camionetas de lujo. Estaban armados y le exigieron que se retirara de la defensa legal, “o se las vería directamente con el gobernador”.

El 18 de marzo del 2017,la señora Columba Archundiaalzó la voz por primera vez en tres años en contra de estos despojos, afirmando que en ninguno de ellos había orden judicial.

“Los policías llegaban armados a sacarnos como si fuéramos ladronas, traían una carta simple que decía que estaban asegurando el predio por un juicio laboral”, cuenta. “Conmigo entró la Policía Judicial. Traían armas largas.Detrás venían cuatro encapuchados con armas de alto poder. ¿Y me va usted a decir que eso pasaba sin conocimiento del gobernador? ¡Si salieron las fotos en el periódico! Todas nuestras denuncias penales han desaparecido de la Procuraduría del Estado. Cuando nos expulsaron de nuestras casas y negocios, Chabela, de la junta ejidal, le llamó al jefe de la Policía de Tulum para pedir que vinieran en nuestra ayuda, porque teníamos todos los papeles para demostrar que estos terrenos son nuestros. Le dijeron: ‘No la puedo atender porque esta orden viene desde arriba’”.

Chabela confirma: “Sí, yo le hablé al jefe de la Policía y me dijo: ‘No la puedo atender porque esta orden viene desde arriba’”.

Aún se desconoce cuántos son los predios que se adjudicó el exgobernador para él, sus familiares, allegados y prestanombres.

Mientras tanto, cientos de terrenos permanecen en el limbo jurídico, afectando a sus legítimos dueños, la imagen de estabilidad y seguridad pública y jurídica que requiere la inversión y la actividad turística, y el desarrollo económico y social del lugar.

 

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

No hay comentarios

Dejar una respuesta