Uber suspende operaciones en la entidad como respuesta al éxito obtenido por...

Uber suspende operaciones en la entidad como respuesta al éxito obtenido por las mafias de taxistas mediante su renuncia clientelar al PRI y su nueva alianza electoral con los partidos en el poder, que le han correspondido bloqueando a la trasnacional en el Congreso

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A finales de noviembre, los gremios de taxistas de Quintana Roo renunciaron a su histórica filiación clientelar priista con un solo motivo: beneficiarse de la alianza con el Gobierno en turno, ahora vinculado con el PAN y el PRD. La estrategia dio resultado casi de inmediato, pues días después el Congreso estatal presentó cambios a los términos de la todavía en análisis Ley de Movilidad, limitando a los socios operadores de Uber con tres condicionantes: no permitir que el usuario pague en efectivo, adquirir vehículos de alto valor para poder ofrecer el servicio, y contar con la autorización de un organismo gubernamental. De esta manera, las autoridades locales dieron marcha atrás a la promesa y a la intención de legalizar las operaciones de Uber en Quintana Roo. Se trata de un conflicto que se ha alargado más de un año, que ha dejado muertos y lesionados, y donde la ley de las mafias tradicionales del transporte –operado en buena medida por una delincuencia organizada que se mueve y se expande con entera impunidad- ha vuelto a imponerse con todas sus arbitrariedades y en contra de los usuarios, del interés público, de la paz social y del Estado de Derecho. Ahora, en su turno de apostar y poner sus cartas sobre la mesa, la gerencia de Uber en México decidió suspender sus operaciones en Quintana Roo. Se trata de una estrategia en la que pierde mucho económicamente (más sus socios, muchos de los cuales aún no han terminado de pagar las unidades que sacaron a crédito) pero quele está redituando excelentes resultados en términos de opinión pública: son los usuarios del transporte quienes están exigiendo una solución al problema y que se permita la operación de la tradicional en el codiciado mercado turístico del Caribe mexicano.

Uber suspende operaciones en la entidad como respuesta al éxito obtenido por las mafias de taxistas mediante su renuncia clientelar al PRI y su nueva alianza electoral con los partidos en el poder, que le han correspondido bloqueando a la trasnacional en el Congreso

Emmanuel Galera

Como si se tratase de una broma del Día de los Santos Inocentes, el pasado 28 de diciembre la plataforma digital Uber dejó de operar en Quintana Roo y Campeche, como una medida de presión hacia los Gobiernos estatales para legalizarla.

Al mismo tiempo de su salida, la Secretaría estatal de Infraestructura y Transporte (Sintra) presentó la aplicación Nesko, cuyo funcionamiento es similar a la de Uber (el usuario ingresa su ubicación y el punto al que quiere ir), con la diferencia de que en lugar de enlazarlos con los socios de Uber, muestra las ubicaciones de los taxistas afiliados a la plataforma.

Es decir: por un lado Sintra sanciona a la empresa Uber al categorizarla como ilegal, y al mismo tiempo fomenta una aplicación idéntica pero vinculada con los sindicatos de taxistas.

¿Quién gana y quién pierde en este momento? De entrada, los principales vencedores son los gremios de taxistas y los partidos de coalición gobernantes en el Gobierno y el Congreso del Estado, en su camino a los comicios de 2018, pues limaron lo que parecían invencibles asperezas entre ambas fuerzas.

Recordemos que entre los sindicatos de taxistas y el ‘Gobierno del cambio’ las cosas no iniciaron nada bien: los primeros, a pesar de haber apoyado el proyecto del actual gobernador, aún eran vistos con recelo por su larga historia clientelar, amafiada con el PRI y contra el interés público. Por su parte, las autoridades legislativas y gubernamentales del Estado emergidas de la oposición, habían prometido desde un principio que se legalizaría el servicio Uber en el Caribe mexicano a fin de modernizar el sistema de transporte ofrecido a los turistas.

Pero luego de poco más de un año de incertidumbre, y de un primer intento por regular la plataforma digital, por fin se anunció la suspensión temporal de operaciones de Uber en Quintana Roo, que en menos de dos años ya se había adueñado del 60 por ciento de la demanda de transporte turístico, y del 70 por ciento de los usuarios de clase media-alta.

¿Los grandes perdedores de la reforma legislativa?: los socios de Uber. Si bien con cada día sin operar la empresa transnacional deja de recibir más de 40 mil pesos en ganancias, quienes verdaderamente sufren la caída del servicio son los socios conductores: de los mil 230 que se registraron para trabajar dentro de la plataforma, el 70 por ciento adquirió un automóvil a crédito para poder brindar el servicio, con mensualidades que van desde los 4 mil 500 hasta los 6 mil pesos.

Sin Uber, no sólo han perdido su principal fuente de ingresos, sino que se quedaron con una deuda que amenaza con mandarlos a la quiebra.

Taxistas Vs. Uber

Desde el 2014 se había anunciado la llegada de Uber a Cancún y Playa del Carmen, ciudades turísticas con gran demanda de transporte y que también se caracterizan por la pésima calificación de los servicios ofrecidos por los taxistas tradicionales, cuyos gremios están en gran medida, además, controlados por el crimen organizado.

Ante tal amenaza a su monopolio, los 17 sindicatos de taxistas presionaron a la entonces XIV Legislatura para cerrarle el paso a la plataforma digital, al aprobarse en 2015 una serie de reformas a la Ley de Transporte del Estado para especificar que el transporte de pasajeros sólo se puede realizar con concesiones entregadas por el Gobierno estatal, al mismo tiempo que se prohibía el uso de tecnologías digitales para contratar servicios de transporte.

En las elecciones locales de 2016 los líderes taxistas volvieron a formar alianza con el Partido Revolucionario Institucional, tal como había sucedido más de cuatro décadas antes, desde la fundación misma de Quintana Roo como entidad federativa y de Cancún como la principal ciudad turística de México y Latinoamérica. Sin embargo, la mayoría de los socios y ‘martillos’ terminó apoyando el proyecto alterno de Carlos Joaquín, quien abanderaba la alianza PAN-PRD.

El resto de la historia es de sobra conocida: Carlos Joaquín ganó las elecciones y, durante la complicada transición,algunos miembros y voceros importantes de su gabinete declararon que la reforma a modo de la Ley de Transporte formulada por la anterior Legislatura para “blindar” a los taxistas, era un tema que ya traía en la agenda el nuevo mandato.

Incluso Uber anunció el inicio de operaciones en Cancún a unos pocos días de la toma de protesta del gobernador. Hasta se llegó a hablar de un acuerdo entre ambas partes para legalizar a la plataforma digital, lo que de inmediato generó conflictos entre los sindicatos de taxistas, el Gobierno estatal y Uber.

Sin embargo, tal acuerdo nunca llegó. Al contrario, Sintra mantuvo la postura de que Uber no era legal en Quintana Roo, y dio comienzo a una serie de operativos para detener a los socios conductores.

De hecho, esta ‘cacería’ resultó muy redituable a la dependencia estatal. De acuerdo con información solicitada por Estosdías a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, de diciembre de 2016 a noviembre de 2017 se recaudaron 245 millones de pesos en multas a socios de Uber, con más de 5 mil detenciones.

No obstante, esto no mermó las operaciones de la plataforma digital, sino al contrario: si en septiembre de 2016 eran 80 socios operadores, hacia el 27 de este último diciembre se tenía un registro de casi mil 230 socios de Uber en Quintana Roo, y poco más de 5 mil choferes, los cuales habían realizado más de 162 mil viajes con casi 50 mil usuarios.

La impotencia de los gremios de taxistas al ver cómo estaban siendo superados por la plataforma digital –entre otras razones por la delincuencia, el mal servicio y los malos tratos imperantes en el servicio tradicional de pasajeros- terminó en conflictos violentos. Antes eran comunes las noticias de agresiones entre taxistas y operadores de camionetas de transporte tipo Van, peleándose a los turistas a golpes y exhibiendo la vulgaridad y la degradación de algunos servicios fundamentales del mercado turístico local. Después, lo normal fueron los conatos de violencia y los actos delictivos entre taxistas y socios de Uber.

De acuerdo con la información oficial, en el último año se registraron al menos 12 casos de agresiones de taxistas contra socios operadores de Uber (en una ocasión perdió la vida un socio de esta empresa global, mientras que en otra fue un taxista quien falleció), sin que ninguna haya derivado en sanciones para nadie.

Vale la pena destacar que casi a diario surgían evidencias gráficas documentadas en Cancún y Playa del Carmen, donde taxistas amenazaban y hasta secuestraban virtualmente a todo aquel que era considerado trabajador de la plataforma digital.

El berrinche de los taxistas

“Conductor de Uber arrolla a taxista”, fue el titular de la noticia sobre un accidente ocurrido el 26 de octubre pasado, donde una persona había muerto al ser atropellada en el Bulevar Colosio de Cancún.

Pero a las pocas horas la evidencia en video (subida a las redes sociales por los taxistas implicados) y las contradicciones de uno de los trabajadores al volante implicados, desmintieron las primeras versiones del hecho: al parecer fue un camión, y no el conductor de Uber, el que había atropellado al taxista. Incluso se reveló que fueron los taxistas quienes en un principio agredieron al conductor de Uber, luego de perseguirlo.

El gremio de taxistas aprovechó la ocasión para presionar a las autoridades la salida inmediata de la empresa transnacional. En su lugar, y con la nueva información disponible sobre el accidente, se anunció que la nueva Ley de Movilidad que se cocinaba en el Congreso local permitiría que funcionen de manera legal no sólo Uber, sino todas las plataformas celulares, como Cabify.

El propio titular de la Sintra y aspirante al Gobierno municipal de Tulum, Jorge Portilla Mánica, declaró que Uber sí se iba a quedar en Cancún.

La reacción enérgica de los sindicatos de taxistas no se hizo esperar, principalmente con manifestaciones y marchas. Sin embargo, todo parecía encaminado a que Uber por fin sería legal en Quintana Roo. La expectación sobre esta posibilidad ocasionó que incrementara en 20 por ciento el número de socios registrados en la plataforma global.

Sin embargo, todo el escenario cambió en los últimos días de noviembre. Los principales sindicatos de taxistas en Quintana Roo anunciaron a través de ruedas de prensa que sus miembros no apoyarían al PRI, como habían hecho en los últimos cuarenta años, sino que se alinearían a la estructura clientelar de los actuales partidos en el poder estatal, el PAN y el PRD.

El 28 de noviembre, el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, por medio de su dirigente, Eric Castillo Alonso, no tuvo escrúpulos en dar a conocer el carácter eventual y oportunista de sus filiaciones políticas al informar que había decidido borrar de sus unidades el logotipo y las siglas del Sector Popular tricolor, la CNOP, y calificar de “insostenible la permanencia como estructura adherente al PRI debido a que ese partido no se encuentra en el poder y el gremio requiere del ‘amparo estatal’”.

En los siguientes días los sindicatos de taxistas de Tulum, Othón P. Blanco y Solidaridad renovaron a sus dirigencias, quienes como primer acto formal también anunciaron el rompimiento de relaciones con el PRI para sumarse a los partidos de la coalición dirigente del Congreso y de lGobierno estatales rumbo a las elecciones del 2018.

En respuesta, el liderazgo superior de la misma promovió cambios en los términos de la Ley de Movilidad, limitando a los socios operadores de Uber a través de tres limitantes legislativas: no permitir al socio operador cobrar en efectivo,exigirle que adquiera vehículos de alto valor para poder ofrecer el servicio, y obligarlo a contar con autorización de un organismo gubernamental para trabajar.

La salida de Uber

“Tal como quieren aprobar la ley, van a restringirnos al 80 por ciento de nuestros socios actuales”, dice en entrevista con Estosdías, Federico Ranero, director general de la compañía Uber en México, durante su más reciente visita a Cancún.

“Nosotros ponemos ciertos estándares al valor y antigüedad del vehículo en que ofrece el servicio, con base en los requerimientos mínimos de comodidad para los usuarios. Pero ahora nos están exigiendo automóviles muy nuevos y de alto valor, lo que obligaría a ocho de cada diez de nuestros socios a adquirir una nueva unidad”, dice.

Ranero explica que Uber realizó convenios con empresas automotrices para que al menos 800 socios adquirieran vehículos nuevos con comodidades de pago, enganches menores y entrega inmediata para que comenzaran a trabajar.

“Son vehículos con valores que oscilan entre los 180 mil y los 260 mil pesos, a fin de que puedan tener entradas suficientes para pagar la mensualidad y obtener ganancias. Pero con la nueva Ley de Movilidad deberán adquirir vehículos mucho más caros, lo que mermará sus ingresos y los dejará con una deuda de al menos cuatro años, pues el primer vehículo que adquirieron no lo podrán trabajar”, puntualizó.

Y añadió que la intención de prohibir el pago en efectivo será particularmente dañina para Cancún, ya que el 83 por ciento de los viajes de los cancunenses se cubren en efectivo.

“No están dando las facilidades para trabajar en Quintana Roo, a pesar de que el turismo nacional y extranjero nos prefiere como medio de transporte”, observa

El pasado 28 de diciembre, la empresa Uber suspendió sus actividades en Cancún, Quintana Roo. La empresa informó que suspendería de manera provisional sus servicios como un “gesto de colaboración”, mientras el Congreso estatal aprueba la Ley de Movilidad, la cual da entrada a las empresas de redes de transporte también conocidas como ERT’s. Carlos Olivos, director de comunicación de Uber, indicó que la compañía no dejará de operar en el destino turístico, sino que sólo“se tomará una pausa” en lo que cambia la regulación.

Se prevé que la plataforma regrese en el primer semestre de 2018, después de que la iniciativa sea votada (en enero, en el Periodo Extraordinario de Sesiones, o hasta marzo, en el Periodo Ordinario).

“Este es un ejemplo más que demuestra que queremos estar regulados y trabajar de la mano con el Gobierno”, declaró Federico Ranero, gerente general de la empresa en México.

Uber espera con esta medida presionar a las autoridades legislativas y gubernamentales para que den marcha atrás a su reforma de Movilidad, y de una vez por todas se regularice su operación en el Estado. Sin embargo, la cercanía del proceso electoral 2016 y el apoyo que están ofreciendo los sindicatos de taxistas,harán difícil que la situación se resuelva a su favor, al menos en el corto plazo.

 

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