Vinculación a proceso de Javier Duarte: pírrica victoria de la PGR, que...

Vinculación a proceso de Javier Duarte: pírrica victoria de la PGR, que podría terminar en una colosal derrota y en ejemplo de que la institucionalidad acusatoria no podría con las reformas penales ni con la ‘presunción de inocencia’ de los más poderosos criminales, aunque “hay que tener fe”, ruega Osorio Chong

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El caso del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa tiene prioridad dentro del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y no tanto por el deseo de hacer cumplir la ley, sino porque con tenerlo tras las rejas, el Partido Revolucionario Institucional busca lavar un poco su imagen de cara al ya próximo proceso electoral federal del 2018. Por eso, tras la desastrosa audiencia inicial llevada a cabo el pasado 17 de julio en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México -donde el equipo de abogados de Duarte, encabezado por Marco Antonio del Toro, quien fuera defensor de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, celebró una victoria al dejar en evidencia la nula preparación y los rudimentarios procedimientos de averiguación y consignación de los fiscales encargados del caso-, la Procuraduría General de la República se tuvo que reforzar, no sin la ayuda y la influencia política del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para poder dar batalla legal en lo que parecía ser una inminente liberación del exmandatario veracruzano. Sin embargo, aunque éste fue finalmente vinculado a proceso y mantenido en prisión como medida cautelar, sus abogados tendrán seis meses para echar por tierra los señalamientos de la Justicia federal, plazo por demás holgado para la firma de abogados que hace algunos años consiguió grandes beneficios para la maestra Elba Esther, como en otros casos, gracias al poder económico de los imputados y a la corrupción o poca capacidad que impera en los Ministerio Públicos, y ahora con la ventaja –para los criminales y sus defensores- de que con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las corruptas e incompetentes fuerzas acusadoras de la Fiscalías –que son las que representan a la sociedad- tendrán que vérselas con verdaderos tiburones empresariales del Derecho y su vasto poder de influencia en los Juzgados, que ya tienen consigo, además, y del lado de sus poderosos criminales defendidos, una presunción de inocencia contra la que tendrán que batallar policías y agentes ministeriales que nunca se han preocupado por eso y a quienes difícilmente les importe la ‘nueva’ Justicia mexicana acusatoria, si es que no son vulnerables a la compra o a las amenazas de los más peligrosos ‘presuntos inocentes’.

Vinculación a proceso de Javier Duarte: pírrica victoria de la PGR, que podría terminar en una colosal derrota y en ejemplo de que la institucionalidad acusatoria no podría con las reformas penales ni con la ‘presunción de inocencia’ de los más poderosos criminales, aunque “hay que tener fe”, ruega Osorio Chong

Javier Ramírez

El 17 de octubre de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) libró orden de aprehensión contra el entonces aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de más de 438 millones de pesos del erario. De acuerdo con la investigación efectuada por la dependencia federal, Duarte -quien fuera en sus tiempos de mayor gloria y rapiña, junto con el también detenido exgobernador Roberto Borge Angulo, la imagen del ‘nuevo PRI’ de Enrique Peña Nieto- encabezó una compleja red con varios de sus subalternos, entre éstos el secretario estatal de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, para  desviar recursos de las arcas públicas veracruzanas e introducirlos al sistema financiero mexicano con el fin de darles apariencia lícita mediante la creación de empresas fantasma.

Sin embargo, cinco días antes, Duarte solicitó licencia para ausentarse del cargo “por congruencia y honorabilidad”, y para dedicar tiempo a “limpiar su reputación y la de su familia”. Se mantuvo prófugo durante varios meses, hasta que la PGR lo encontró y detuvo el 15 de abril de este año cuando se hospedaba en un hotel de Panajachel, en el Departamento de Sololá, Guatemala.

El 19 de abril, Duarte fue trasladado al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en donde rechazó la opción de “allanarse” para ser extraditado y se reservó el derecho de acogerse a un trámite para ser repatriado y sometido a la Justicia mexicana por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mientras tanto, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que preparaban la solicitud formal de extradición, en términos de la legislación de Guatemala, y abarcando todas las investigaciones en las que hubiese una orden de aprehensión contra del exgobernador, de modo que existiera “claridad y certeza jurídica”.

Este proceso concluyó casi tres meses después, cuando el 17 de julio fue trasladado al Aeropuerto Internacional de La Aurora para ser extraditado finalmente a México. El presidente de aquella nación, Jimmy Morales, aseguró que la extradición del político mexicano era una forma de fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países, además de que servía de ejemplo del combate a la corrupción en América Latina.

Regreso a México

El exmandatario estatal veracruzano llegó esa misma tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un avión de la Procuraduría General de la República. Apenas tocó tierra, fue notificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal correspondiente y que era solicitado en la audiencia de ley para ser puesto a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. Su llegada se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad que inició en la zona de hangares y continuó durante su traslado al Reclusorio Norte.

Su abogado en Guatemala, Pablo Campuzano de la Mora, del despacho Del Toro Cavazos Abogados -que anteriormente había conseguido para la exlideresa sindical de la SNTE, Elba Esther Gordillo, la prisión domiciliaria-, aceptó que los delitos federales por los cuales Duarte es investigado no alcanzan libertad bajo caución. Sin embargo, una vez que llegó a México, Marco Antonio del Toro, jefe del referido despacho, asumió la defensa de Duarte y de inmediato aseguró que las acusaciones contra Javier Duarte tienen “flaquezas impresionantes” y que el expediente del caso “denota su plena inocencia”. Adelantó que durante la audiencia inicial tomarían la decisión estratégica de pedir o no la duplicidad del término, que les daría 144 horas para reunir indicios a su favor, antes de que el juez determinara si vinculaba a proceso al exgobernador.

La primera audiencia

 Esa misma tarde inició en el Reclusorio Norte la primera audiencia del exgobernador Javier Duarte. El abogado Del Toro solicitó un receso de una hora para conocer la carpeta de investigación y los requerimientos técnicos para llevar a cabo una defensa adecuada. El litigante parecía prever lo que pasaría durante las próximas cuatro horas. El sitio de noticias Animal Político, informó los pormenores de esta audiencia.

Y es que, a diferencia de lo sucedido en audiencias de otros detenidos por el caso -como la de las hermanas Nadia y Eva Arzate Peralta-, a la de Duarte no asistió algún representante de la Secretaría de Hacienda y los fiscales de la PGR no conocían los detalles del expediente.

Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron a un punto en el que el juez de Control, Gerardo Moreno García, advirtió a los fiscales que estaban exponiendo datos incongruentes, pues incluso se contradecían directamente con los que la Procuraduría le había dado hacía unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.

Esta situación fue aprovechada por los abogados de Duarte para hacer más de 20 preguntas a la PGR respecto a la imputación, provocando que los fiscales cayeran en varias dudas que se convirtieron en fallas y contradicciones.

Por ejemplo, Duarte pidió que se le explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como quiénes eran los dueños originales. Pero los fiscales de la Procuraduría tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos.

La PGR había imputado al exmandatario el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos; sin embargo, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, los fiscales sólo pudieron explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz, es decir: menos del 10 por ciento de los recursos presuntamente desviados. “¿Eso es todo?”, cuestionó el juez.

Las fallas continuaron. La defensa solicitó que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre, de Ixtapa, Veracruz, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se registró con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del abogado Ortega.

Los fiscales tampoco pudieron responder si la Secretaría de Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.

“Estamos en el punto en que ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando”, dijo el abogado Marco Antonio del Toro.

Al día siguiente, la juez federal de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, suspendió dos órdenes de aprehensión libradas contra Duarte por un juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, por cinco delitos no graves (abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición) y que no requieren la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior Sistema de Justicia Penal.

De inmediato, el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, minimizó esta suspensión y negó que se cayera el proceso contra Duarte. Sin embargo, urgió a la PGR a agilizar la investigación por las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que se siguen contra Duarte por la supuesta falsificación de pruebas de VIH, las cuales fueron remitidas por la Fiscalía General de Veracruz con datos que ya sustentaban la comisión del delito y la probabilidad de quienes lo habían cometido.

La fe de Osorio Chong

Tras el desastroso desempeño de la PGR en la audiencia inicial, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió al paso del Gobierno federal y pidió esperar el resultado del proceso que realiza la Procuraduría contra el exgobernador, pues, aseguró, está haciendo un buen trabajo. Así, dijo, “hay que tener fe en la institución, hay que tener fe en el trabajo que van a realizar, y esperar a que el proceso siga”. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la actuación de los fiscales, el titular de la Segob precisó: “La ley no es un asunto de fe. Es un asunto de norma. Hay que prepararse para poder dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana”. “Hay que darle tiempo”, afirmó.

Por su parte, diputados federales del PRD, entre ellos la quintanarroense Ivanova Pool, secretaria de la Mesa Directiva de San Lázaro, calificaron de imperdonable el desconocimiento e incapacidad de los fiscales para presentar cargos contra Duarte. De acuerdo con la legisladora, los juicios relacionados con delitos federales de orden público deben ser abiertos y transparentes, no como la primera audiencia de Duarte, en la que se impidió el uso de cámaras y equipos de grabación. Por su parte, el panista Fernando Herrera expresó que “lo que ocurrió suena a simulación y sospecha”.

El contraataque de la PGR

El sábado 22 de julio, Javier Duarte escuchó del juez que sí había pruebas suficientes para iniciar un proceso en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y es que a diferencia de la primera audiencia, cuando envío a sólo tres fiscales, en esta ocasión la PGR contó con seis agentes del Ministerio Público, entre ellos el subprocurador de Delincuencia Organizada, Israel Lira Salas, y el representante jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SCHP.

Al ver al representante de la SHCP en la sala, Marco Antonio del Toro reclamó: “Nos quieren montonear. Esto no es legal”. Pero el juez desechó la acusación. Luego, la defensa pidió que no se tomara en cuenta la declaración de Alfonso Ortega López, exabogado de Duarte y testigo clave de la PGR en la investigación. Argumentó que en el expediente que se le había dado a la defensa no estaba el video de la declaración de Ortega López y que lo tuvieron que conseguir “con muchos trabajos” en Guatemala. Agregó que al comparar el video con una versión transcrita que les entregaron, ésta presentaba variaciones, por lo que era una prueba alterada. Pero el juez explicó que aun con errores en la transcripción era un “dato de prueba” válido.

La tercera y última derrota del abogado ocurrió cuando solicitó al juez que no se leyera la declaración de Ortega López. “¿Y usted cómo pretende entonces que yo y todos los que estamos aquí en esta audiencia sepamos qué dijo esta persona?”, contestó.

Durante casi dos horas, la PGR describió 82 datos de prueba que consideró fundamentales para comprobar que Duarte era la cabeza de una organización criminal que saqueó recursos públicos de Veracruz, y que por medio de prestanombres adquirió propiedades y bienes con dinero que éstos se encargaron de ocultar su origen.

Luego de más de 12 horas de audiencia, Javier Duarte fue vinculado formalmente a proceso por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez fijó como plazo el 22 de enero de 2018 para concluir las investigaciones en torno al caso.

La tarde del miércoles 26 de julio, la defensa de Duarte apeló la decisión del juez con el argumento de que en la audiencia inicial sólo les informaron de una suma de 38.5 millones de pesos de presunto desvío del erario, mientras que en la audiencia de vinculación a proceso la PGR refirió mil 650 millones de pesos.

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