Violencia sin fin

Violencia sin fin

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El vertiginoso crecimiento de la violencia del crimen organizado en el país tiene que ver, por supuesto, con la proporcional derogación de las instituciones responsables de combatirla y de garantizar la seguridad pública y la paz social, obligaciones primordiales de todo Estado de Derecho. Violencia es, pues, ingobernabilidad; el nivel de la una es el de la otra.

El Gobierno federal panista de Felipe Calderón atacó desde dos flancos estratégicos: la fuerza militar del Estado y la participación abierta de organismos de seguridad de los Estados Unidos -como la DEA, el FBI y otros- en la persecución de delincuentes de alto perfil en México.

La tropa -con la Armada y la Inteligencia de la DEA en la vanguardia- logró éxitos importantes y plausibles en el exterminio de sicarios y el asesinato y la captura de grandes capos.

Claro: si las instituciones policiales, penales y penitenciarias eran tan incompetentes y corruptas -y el “debido proceso” no era más que un cuento chino de ministros de la Corte y de representantes de las comisiones de Derechos Humanos instalados en el confort de la retórica y los salarios de altos ejecutivos empresariales-, con las bandas del ‘narco’ y la extorsión aterrorizando pueblos y ciudades y regiones enteras del país -y las autoridades civiles confabuladas o sometidas a su poder en todos ellos- el único recurso eficaz del Estado mexicano era el fuego de guerra de sus Fuerzas Armadas contra las nubes de matones, de los más desalmados y bestiales del planeta Tierra; un despliegue por demás agradecible entre las multitudes de víctimas indefensas y abandonadas a su suerte por los Gobiernos locales y por los defensores nacionales e internacionales de los derechos humanos.

El Gobierno federal priista de la segunda alternancia, el de Enrique Peña, llegó con la oferta ilusoria de la eficacia institucional preventiva, la educación y el desarrollo social como factores estructurales decisivos en las zonas más violentas e inseguras, el ejercicio capital de la Inteligencia y las operaciones encubiertas como recurso prioritario de precisión, el fomento de la eficacia y la ética de todas las corporaciones policiales, y el reforzamiento y la depuración de los aparatos de consignación y de sanción del Sistema de Justicia para instrumentar el “debido proceso” y abatir la impunidad. Las políticas de seguridad pública y de combate al crimen organizado quedarían subordinadas a la Secretaría de Gobernación. Pero esa dependencia presidencial responsable de la política interior y la seguridad nacional, fracasó por completo y de manera rotunda en cada uno de los cometidos de la nueva agenda anticrimen, de la que no ha quedado más que el discurso, el desgaste político con ella del titular de Gobernación como posible candidato presidencial, y la propagación e intensificación de la violencia en entidades como Quintana Roo, de pronto atrapadas en carnicerías mafiosas frente a las cuales el poder civil no es más que un testigo presencial de los los acontecimientos.

La falta de una estrategia general, de una legislación federal y del consenso político necesarios que respalden y contribuyan a elevar el papel policial de las Fuerzas Armadas –cuyas aptitudes mayores son la guerra y la muerte del enemigo en combate, no su aprehensión y su presentación ante la fiscalía-, deja a la tropa a merced de sus deficiencias civiles de orden jurídico y logístico, de sus posibles excesos consecuentes, y de la jauría demagoga de los radicales defensores de los derechos humanos, quienes a la menor provocación quieren condenarla por crímenes atroces contra la humanidad, que es como califican las bajas de los más feroces sicarios, si en las refriegas balaceras de los soldados contra éstos las únicas víctimas son éstos, y así conste que combatieron con armas de guerra de alto poder y optaron por no entregarlas ni rendirse. Porque si no caen soldados en un enfrentamiento es que la tropa cometió una matanza injustificable. Tal es la vara de medir de los imparciales humanitaristas.

En la circunstancia de desamparo constitucional, político y civil de las Fuerzas Armadas, y ante la pasividad y la cobardía presidenciales frente a los juicios sumarios, dogmáticos y políticamente correctos de los defensores de los derechos humanos en la guerra contra el hampa organizada, la tropa ha pasado de la actividad implacable contra las bandas homicidas a la inactividad que abona a la impunidad de las mismas y a la posibilidad de ser un blanco cada vez más fácil de sus emboscadas.

Y como el “debido proceso” y el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la superación policial y ministerial y judicial y penitenciaria siguen siendo no más que entelequias y cuentos chinos, la impunidad y la reincidencia criminal siguen avituallando a las mafias y haciendo cera y pabilo de la autoridad civil y de las instituciones de seguridad pública.

Y en esa inercia de aparcamiento militar y de corrupción e incompetencia policiales contra el crimen organizado, el crimen organizado hace de Cancún y Playa del Carmen, por ejemplo, territorios en sangrienta disputa como han sido los del entorno turístico de Acapulco, mercados de alto valor para el tráfico de drogas y para la extorsión, esa otra industria asociada del ‘narco’ de más poca monta pero más salvaje.

Lo hemos dicho: son cientos de millones de pesos anuales lo que representa sólo el consumo turístico de drogas en el Caribe mexicano más allá de la clientela doméstica, y la inmigración indigente es de la mayor dimensión global y no conoce políticas de regulación y control de ninguna especie, por lo que el desdoblamiento incesante y cotidiano de la marginalidad urbana -en ciudades donde además los Gobiernos son altamente corruptos e incompetentes- hace del caos general el caldo de cultivo más propicio para la incubación de las más peligrosas empresas delictivas, porque se multiplica el número de consumidores de drogas baratas y el de la reserva de mano de obra criminal, adquirida también a precios de ganga.

Los recintos penitenciarios están saturados de delincuentes y están al servicio de las mafias. Las Policías municipales no tienen encima poder político respetable que las controle. Los Ministerios Públicos son dominados por la improvisación y la presión del hampa. El Poder Judicial local vive desde hace muchos años sumido en la frivolidad política y en la prioridad de los intereses de su Presidencia. Y los jueces del fuero común -responsables de los casos de narcomenudeo y extorsión, los principales negocios del ‘narco’ local- son fácil presa del asedio de los pistoleros: para comprarlos, para amenazarlos o para ambas cosas.

De modo que podrán circular caravanas interminables de patrullas por las calles ululando y espantando con sus siniestros aullidos sólo a los atemorizados ciudadanos de bien, y los homicidios y la violencia de los grupos delictivos seguirán haciendo el ruido infernal que se ha vuelto ya tan parte del paisaje natural de los vecinos.

Si el contexto no cambia, nada cambia. Si la política y la democracia fallida mexicanas siguen produciendo engendros como los verdes que gobiernan –por así decirlo- y contribuyen a descomponer Cancún y sus alrededores, la cosa sólo irá de mal en peor. Si los Cabildos sólo existen para hacer negocios inmobiliarios y nadie se preocupa por la lumpenización vertiginosa de las urbes de mayor demografía y por contener y regular su incontinente desbordamiento poblacional con todas sus patologías humanas y culturales –entre ellas el potencial delictivo y el incorregible hacinamiento letal de sus penales-, las siguientes estaciones de la violencia estarán siendo las últimas: terminará gobernando por completo el crimen, y el único turismo visitante será el de los consumidores y compradores de drogas baratas entre los grupos sobrevivientes de las masacres depurativas del ‘narco’.

Y si la tropa sigue sin intimidar a los sicarios y sin apretar el gatillo sanitario porque su comandante en jefe superior se lo impide -amedrentado por la censura de los defensores de los derechos humanos, del mismo modo que a la tropa la reprime la falta de garantías constitucionales para ejercer de policía-, todo seguirá en la lógica de la descomposición.

Porque una cosa es cierta: a lo único que temen los sicarios es a la capacidad de guerra de los militares. Y si los militares no actúan por temor a que los acusen de “exceso de fuerza” en sus operativos, entonces no tendrán temor a nada. Porque los sicarios también le rezan a Dios Padre para que los proteja, porque fue Dios Padre, entienden los creyentes, si no quién, el que los hizo como los hizo.

SM

estosdias@gmail.com

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