Fuerzas Armadas, punta de lanza del Gobierno mexicano contra la corrupción de las aduanas

Recientemente el titular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que prefiere que los militares hagan “de todo” a que marchen sin beneficio para la sociedad, luego de confirmar que los cerca de mil 500 kilómetros del Tren Maya pasarán a ser patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque las Fuerzas Armadas se han vuelto pilares del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien les ha encargado no sólo la construcción de algunas de las más importantes obras del sexenio, sino también la operación de sectores esenciales como el portuario y el aduanero, al considerar que, además de la capacidad, sus elementos tienen la honestidad suficiente para sanear áreas que durante décadas estuvieron permeadas por la corrupción. Y aunque esta política no ha sido del agrado de muchos, incluso dentro de su propio gabinete, el mandatario está seguro de que tanto el Ejército como la Marina deben ocupar roles más activos para la sociedad, sin menoscabo de la seguridad nacional y de la protección civil. Se trata de una estrategia que contrasta incluso con algunas ideas que el mismo presidente profesaba siendo candidato, pero que en caso de las aduanas tiene el apoyo de las autoridades financieras, pues no sólo genera un ahorro al erario sino también permite combatir a las mafias que operaban en las aduanas y puertos del país, donde el contrabando de gasolina y otras mercancías han provocado millonarias pérdidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 Javier Ramírez

En 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un operativo denominado “Fuerza anticorrupción” para ‘limpiar’ las 49 aduanas del país, presentando denuncias en contra de al menos siete trabajadores de los centros de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, involucrados en el tráfico de armas y dinero.

Sin embargo, iniciar estas acciones en cada una de las aduanas, además de que tomaría tiempo, no garantizaría la ubicación y castigo de todos los agentes corruptos. Por esa razón, en julio del año pasado el Gobierno federal decidió entregar al Ejército y a la Marina el control administrativo de los puertos y aduanas del país.

Desde entonces, ambas fuerzas tienen la difícil misión de contener el tráfico tanto de drogas como de gasolina y demás productos pirata, que ocasionan al Gobierno pérdidas de hasta 200 mil millones de pesos al año.

Combate frontal

“Los puertos y las aduanas son desde hace tiempo enclaves de corrupción”, aseveró el presidente Andrés Manuel el 17 de julio de 2020, cuando anunció la decisión de que las secretarías de Defensa y de Marina se queden a cargo de las 49 aduanas terrestres y marítimas del país, a fin de combatir el tráfico de drogas, principalmente en los Estados del norte, al colindar con el principal consumidor de estas, los Estados Unidos.

De acuerdo con el mandatario, el trasiego de drogas es la razón por la que constantemente se registran ataques y ejecuciones tanto en Colima como en otras partes de la nación, por lo que inhibir su paso por las fronteras significa atacar de raíz el problema, privilegiando la inteligencia antes que a la fuerza.

En octubre de 2020, el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, presentó en el Puerto de Veracruz a los administradores de las 17 aduanas marítimas. Ahí, hizo hincapié en que no se están militarizando las aduanas, puesto que el SAT mantendrá el mando institucional del sistema aduanero, y que los hombres y mujeres que se incorporan pasan al mando civil de la Administración General de Aduanas.

Expuso a los nuevos administradores que actualmente se combaten frontalmente delitos que laceran las finanzas públicas, como es el contrabando de diésel, o el de fentanilo, droga que, además, pone en riesgo la vida y la salud de sus consumidores.

Mencionó que gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, de enero a junio del año pasado no sólo se habían dado duros golpes al crimen organizado en las aduanas, sino que además se habían recaudado 420 mil 900 millones de pesos, con productos que anteriormente entraban de contrabando.

Agentes capacitados y mejor tecnología

Pero la presencia de militares en las aduanas no es algo nuevo. En muchas ciudades fronterizas, incluida Chetumal, durante años se encargaron de revisar todo lo que era enviado al resto del país. Sin embargo, en los puertos de Veracruz y Michoacán, grupos criminales como ‘Los Zetas’ y ‘Los Caballeros Templarios’ rebasaban por mucho a las fuerzas armadas.

Hoy, los militares no sólo tienen más respaldo sino también reciben cursos del SAT para una mejor y más rápida revisión de mercancías.

En este sentido, funcionarios del SAT han precisado que los ejes primordiales son la agilización, facilitación, capacitación y evaluación de los agentes aduanales, la transparencia en los nombramientos de los funcionarios públicos en las aduanas, la permanencia en los cargos y la homologación de procesos internacionales, además de disminuir las multas para los usuarios en las aduanas.

La ‘cuarta transformación’ persigue el cumplimiento de ocho objetivos en el funcionamiento de las aduanas, para poder cubrir los acuerdos del T-MEC: Utilizar más la tecnología, para evitar la importación o exportación de mercancía ilegal; Adherirse al Convenio de Kyoto y lograr estar dentro de las 10 mejores aduanas a nivel mundial; Duplicar la recaudación que se genera en las aduanas del país a 2 billones de pesos; Lograr que la iniciativa privada invierta en las aduanas y sus mejoras; Implementar el despacho conjunto en las 19 aduanas que hay en frontera; Ampliar el horario de las aduanas y puertos para incrementar las operaciones; Agilizar y facilitar los procesos en las aduanas; y Crear el Instituto Nacional de Capacitación Aduanera y De Comercio Exterior.

“Monstruo de 100 cabezas”

No se trata de una tarea fácil, toda vez que Ricardo Peralta Saucedo, exadministrador general de Aduanas, y quien al principio del actual Gobierno adelantó que se llevaría a cabo una reforma aduanera que tendría como objetivo eliminar la corrupción, en la cual se incluiría revisiones conjuntas de las mercancías por parte de las autoridades estadounidenses y las nacionales, encabezó durante años una red de funcionarios corruptos que operaba en el Estado de Baja California.

Su poder era tal que su sucesor, Ricardo Ahued, tuvo que alinearse durante los nueve meses que estuvo en el cargo a las jerarquías que Peralta Saucedo impuso en la oficina. Ahued renunció poco después al reconocer que no había podido acabar con la corrupción de esa área, por lo que entró en su lugar Horacio Duarte.

Tras dar a conocer la renuncia de Ahued, en abril del año pasado, el presidente Andrés Manuel mencionó que la corrupción en las aduanas es un “monstruo de 100 cabezas” que su Gobierno combatirá sin descanso.

En México se mueven más de 14 billones de pesos anuales a través del comercio internacional y los agentes aduanales son los encargados de gestionar dichas operaciones, ya sean del sector público o privado, procurando el correcto pago de impuestos, normas y regulaciones sanitarias, así como con la aplicación de los más de 40 tratados de libre comercio firmados por el país. Por ello, el presidente mantiene puesta su fe en que, así como ha cumplido un buen trabajo en la construcción de obras, las Fuerzas Armadas harán lo propio para recuperar el total control de las aduanas.

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